Periodistas

-Condiciones laborales

 

 

¿Qué se investigó (y qué se omitió) en el asesinato de Gregorio Jiménez?

Animal Político

Tania L. Montalvo

20 de marzo de 2014

 

 

En el secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez las autoridades de Veracruz evadieron investigar si el crimen fue cometido por motivos profesionales pese a las pruebas que indican que al reportero lo mataron por su trabajo, concluyó la Misión de Observación que acudió entre el 15 y 17 de febrero pasado a esa entidad para revisar el caso.

El expediente presenta una serie de deficiencias que, además de que podría beneficiar a quienes actualmente son señalados como presuntos responsables del crimen, muestran el empeño en no reconocer que el atentado contra Goyo es un “ataque directo a la libertad de expresión”.

 

Entre las fallas que la Misión encontró están la falta de órdenes de cateo y de aseguramiento precautorio, la de dictámenes médicos que certifiquen la salud de los acusados antes y después de los interrogatorios —para descartar que declararon tras ser víctimas de tortura—, no se verificó la información que ellos confesaron, la familia no identificó a los presuntos agresores, no se certificaron pruebas encontradas en la casa de seguridad en la que supuestamente llevaron a Goyo tras el secuestro y no se consideraron líneas de investigación en la que la profesión del reportero pudo ser el móvil del crimen.

 

La Misión también destaca que las autoridades no investigaron ni interrogaron a los presuntos responsables sobre lo qué ocurrió en la casa de seguridad, cómo la consiguieron, por qué decidieron matar al reportero o por qué aceptaron el trabajo de asesinarlo.

 

Gregorio Jiménez era un reportero freelance de la región de Villa Allende en Coatzacoalcos, Veracruz; trabajaba principalmente para los diarios NotiSur y El Liberal del Sur, en donde le pagaban 20 y 50 pesos, respectivamente, por nota publicada, sus amigos dicen que el ingreso por su trabajo era de entre 3 mil y 3 mil  500 pesos mensuales.

 

Tras realizar diversas entrevistas, la Misión indica que amigos y colegas describen a Gregorio como “un hombre generoso, de buen humor, a veces introvertido y con una enorme capacidad de trabajo. Su prioridad era el bienestar de su familia y la principal angustia la falta de dinero”.

 

“El refresco era quizá su único vicio. Cristiano evangélico de práctica pentecostés, no bebía, fumaba ni era aficionado a las fiestas. Medía alrededor de un metro con sesenta y cinco centímetros, era obeso y usaba un bigote delgado y siempre bien delineado”, describe el informe.

 

El reportero fue secuestrado el 5 de febrero de 2014 y seis días después su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina. Tenía 43 años.

 

Según consta en el expediente, la primera declaración de José Luis Márquez Hernández, El Pony; Santos González Santiago, El Many o El Gordo; Jesús Antonio Pérez Herrera, La Yegua, y Gerardo Contreras Hernández, El Gotzi; presuntos responsables del crimen, no coincide con lo declarado por los integrantes de la familia de Gregorio que presenciaron el secuestro. Además de que el 13 de febrero pasado negaron las acusaciones y dos de ellos indicaron que los obligaron a confirmar el crimen.

 

Tres móviles, ninguno bien investigado

 

“‘Él es el fotógrafo’, gritó uno de los hombres armados cuando se topó con Gregorio, en ese momento, entre dos hombres, le colocaron el cañón de la pistola en la cabeza y un cuchillo en el abdomen, lo empujaron y se lo llevaron. No hay duda, al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz lo mataron por hacer su trabajo: informar”.

 

En el reporte de periodistas e integrantes de organizaciones en defensa de la libertad de expresión destacan que tras el secuestro, cuando Carmela, esposa de Gregorio, pudo declarar ante un ministerio público, surgieron tres posibles móviles del crimen y aunque finalmente se supone que sólo se indagó uno, en ningún caso se completó una investigación seria.

 

El primero surge cuando Carmela relata que Goyo le había dicho que estaba preocupado por una fotografía que tomó y publicó en diferentes diarios de Veracruz en la que aparece una casa propiedad de la empresaria Mari Sam en donde fueron rescatadas tres personas secuestrados y detenidos dos presuntos plagiarios.

 

El caso incluso fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque los datos aparecieron en distintos medios de la entidad, sólo Gregorio consiguió una imagen y vinculó el crimen con la propiedad de la empresaria. Sin embargo, no se investigó nada sobre el vínculo de la información con el secuestro y asesinato del reportero.

 

El segundo es el que se investigó: “Hace dos meses y medio la señora Teresa de Jesús Hernández Cruz tenía problemas con una de sus hijas de Gregorio, Cindy, porque Raúl Hernández Cruz, quien fue su esposo no le daba pensión a las hijas de Cindy”, dijo Carmela en su declaración, en la que explicó que Teresa y Cindy llegaron a los golpes y Goyo las separó.

 

“Teresa le gritó (dirigiéndose a Gregorio) ‘tú cállate, porque tú te vas a morir, yo te voy a mandar a matar, no sabes ni con quién te metiste, te acuerdas de la nota que sacaste, esa te la tengo reservada y conozco a los Zetas y te voy a mandar a matar’”, explicó Cindy en su declaración sobre lo sucedido.

 

La nota a la que Teresa se refirió es sobre su cantina, El Palmar, en dónde Gregorio escribió que era el lugar en el que Gilberto Torres Reyes había estado antes de que lo atacara un grupo de jóvenes.

 

Las personas que hasta ahora han sido detenidas por el asesinato de Goyo dijeron que Teresa les pagó 20,000 pesos para cumplir con su amenaza, aunque en ningún momento detallan —ni se les cuestiona— por qué aceptaron realizar el crimen, cómo los contacto la presunta autora intelectual, desde cuándo la conocían o cómo se decidió llevar a Gregorio a una casa de seguridad, asesinarlo y enterrarlo en una fosa común.

 

La tercera línea de investigación que destaca la Misión de Observación —y que omitió por completo la Procuraduría General de Justicia de Veracruz— es el trabajo periodístico que Gregorio realizaba en la entidad “y que podría ser uno de los móviles para su asesinato, ante el posible interés de un grupo criminal de que no se publique información sobre sus acciones en la zona, porque ponen en evidencia su presencia y, por tanto, les impiden cometer libremente los delitos”.

 

Si bien Goyo inició escribiendo notas sobre accidentes, robos, peleas o suicidios, conforme aumentó la presencia del crimen organizado en la región de Villa de Allende también cambió el giro del trabajo del reportero a la cobertura de asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones, robos, balaceras y la venta de drogas.

 

Entre las omisiones de la autoridad en este móvil está que su equipo de trabajo no fue revisado, ni su computadora, cámara fotográfica, su memoria USB con  información o el café Internet que utilizaba para enviar sus textos. Tampoco se entrevistó a sus jefes, compañeros de trabajo, o se revisó su perfil de Facebook, en dónde incluso llegó a publicar la información que no era aceptada por los periódicos de la región.

 

Un caso emblemático

 

En diciembre de 2011, la organización Reporteros Sin Fronteras calificó a Veracruz como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En los últimos catorce años, quince periodistas han sido asesinados en esa entidad, 10 desde que el actual gobernador, Javier Duarte, asumió el cargo en 2010.

 

En total, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) indica que de 2010 a la fecha en México se han cometido el asesinado de 31 periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

 

El caso de Gregorio, consideró la periodista Elia Baltazar, integrante de la Misión de Observación, es emblemático porque muestra diferentes formas de violencia contra el ejercicio periodística en el país.

 

“Evidencia las condiciones laborales de periodistas en muchos estados del país, las adversísimas condiciones laborales en que se encuentran. Evidencia esta relación de complicidad y convivencia que a veces prevalece en la relación de la prensa con los medios de comunicación en el estado, mucho de ellos propiedad de los propios políticos y utilizados para sus intereses personales y la falta de responsabilidad de los medios frente a sus periodistas, la falta de garantías de seguridad. Es también una suma de factores: un gobierno que no cumple con su responsabilidad de garantizar el ejercicio de libre expresión, un gobierno que no ha querido otorgar condiciones de seguridad para una prensa libre, medios que actúan más inclinados hacia los intereses publicitarios con el gobierno en turno y periodistas que se encuentran en condiciones laborales bastante adversas”.

 

 

 

Piden perfil con credibilidad para Mecanismo de Protección a Periodistas

Animal Político

Rafael Cabrera

20 de marzo de 2014

 

 

Organizaciones de la sociedad civil, activistas y periodistas enviaron una carta abierta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que la selección titular del “Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” -al cual renunció Juan Carlos Gutiérrez Contreras el pasado 15 de marzo-, sea prioritaria y se elija un perfil con credibilidad.

 

La carta, entre muchos organismos y personas, está suscrita por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro Juárez, la organización Periodistas de a Pie y Clara Jusidman, ex Secretaria de Desarrollo Social del DF. Fue enviada ayer 19 de marzo a Gobernación.

 

“Se requiere de un perfil que tenga credibilidad y capacidad de interlocución para la construcción de acuerdos con periodistas, personas defensoras de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y dependencias gubernamentales a nivel Federal y estatal”, señala el documento.

“Le hacemos un respetuoso llamado a considerar está designación como prioritaria, estratégica y de alta incidencia en la consolidación de escenarios de respeto a los derechos humanos en el país”.

 

El funcionamiento del Mecanismo ha sido criticado por periodistas y defensores de derechos humanos al momento de atraer casos de personas que han sido amenazadas por ejercer su profesión.

 

Para José Antonio Guevara, quien dirige la CMDPDH, explicó que el reto de la Secretaría de Gobernación es elegir un buen perfil, que opere de forma correcta el Mecanismo y se termine de constituir un Fideicomiso creado desde 2012, que hasta la fecha no funciona.

 

“Al Mecanismo le hace falta poner en marcha un Fideicomiso para contar con recursos al momento de instrumentar las medidas de seguridad a favor de periodistas y defensores de derechos humanos que están en peligro. Ese es un reto inmediato que tiene quien tome el cargo”, explicó Guevara.

 

Las reglas de operación del “Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” fueron publicadas en noviembre de 2013 y deberá contar con un millón de pesos como depósito inicial, pero desde entonces no se ha logrado poner en marcha.

 

El Mecanismo forma parte de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de Gobernación, y su objetivo es que “el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”, según la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

Entre las voces críticas hacia el funcionamiento del Mecanismo están Artículo 19 y su director, Darío Ramírez, quien lo ha calificado de “ineficiente”.

 

En su pasado informe sobre la violencia hacia la prensa en México, la organización documentó el caso del periodista Mario Segura, quien fue el primero en acogerse a los beneficios del Mecanismo tras haber sido amenazado por su labor, pero “a poco más de un año, su condición sigue siendo precaria y vulnerable”.

 

“Según mi experiencia, el Mecanismo te ofrece la protección, pero cualquier persona que se quiere poner fuera del alcance de los delincuentes sólo se tiene que irse lejos de su lugar de origen y no comentar a nadie que es una persona perseguida. Esa es la forma de seguir adelante con tu vida”, relató el reportero a Artículo 19.

 

Guevara agrega: “Sería muy triste que nombren a un amigo de un funcionario, sin trayectoria y que sólo estará ahí por un buen sueldo, cuando es un puesto estratégico para la defensa de los derechos humanos y los periodistas”.

 

El Comité para la Protección de Periodistas ha señalado que, desde 2010, han sido asesinados en México 31 periodistas, mientras que Artículo 19 ha documentado la desaparición de 18. El último caso fue el del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, quien fue raptado y posteriormente su cadáver se halló en una fosa.

 

“El mandato de la persona que ocupe la titularidad de la Unidad para la defensa de los derechos humanos es trascendental en tanto participa de la configuración de la promoción y defensa de los derechos humanos en la Administración Pública Federal; coadyuva en la generación de la política nacional de derechos humanos y es el Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, (…) así como dar seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, agrega la misiva enviada a Gobernación.