Gobernación hace cambios en el área de protección a defensores y periodistas
Animal Político
Tania L. Montalvo
17 de marzo de 2014
La Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob) se quedó sin titular desde este 15 de marzo, justo cuando aumentan las denuncias sobre la violencia contra defensores y periodistas y México se somete a una evaluación en el tema ante la comunidad internacional.
Juan Carlos Gutiérrez Contreras, quien fungió como titular de esa unidad desde que comenzó la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, anunció que dejó el cargo en el que era responsable de la agenda de derechos humanos desde Gobernación y de coordinar con las entidades federativas, las dependencias federales y organismos autónomos el funcionamiento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En Gobernación rechazaron precisar quién se hará cargo de la unidad de defensa de derechos humanos más importante del país ligada al gobierno federal, tras argumentar que por tratarse de un fin de semana largo no había funcionarios disponibles para confirmar la información.
Según el reglamento interno de la Secretaría de Gobernación, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos debe fungir como la Coordinación Ejecutiva Nacional detallada en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humas y Periodistas, lo que implica, básicamente, hacerse cargo de la operación del Mecanismo de protección.
El Mecanismo es definido en la Ley como un instrumento “para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”.
Entre otras funciones, que desde el 15 de marzo se quedaron sin responsable en el gobierno federal, están la instrumentación de manuales y protocolos de medidas preventivas, de protección y medidas urgentes de protección hacia periodistas y defensores de derechos humanos que hayan sido agredidos o amenazados en un plazo no mayor a 30 días naturales.
La Comisión que presidía Gutiérrez Contreras está integrada por las instancias federales encargadas de recibir los casos de agresión y reaccionar rápido, hacer la evaluación de riesgos y emitir medidas de prevención, seguimiento y análisis.
El cambio en Gobernación ocurrió un día antes de que Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19 —enfocada en la defensa de la libertad de expresión— denunciara que su casa fue allanada el 16 de marzo y le robaran documentos de trabajo, una computadora y otras pertenencias.
Darío Ramírez dijo el lunes a Animal Político que no podía afirmar ni negar que el allanamiento hubiese ocurrido por la labor de Artículo 19, pero recordó que la organización hace un mes emitió una alerta por hostigamiento a sus integrantes y en abril pasado recibieron una amenaza en sus instalaciones.
Sobre el Mecanismo de Gobernación, Darío Ramírez dijo que es “bastante ineficiente” y hasta el mediodía del lunes no se habían acercado ni comunicado con él para conocer su situación tras la denuncia de allanamiento.
De 2003 a 2013, en México han desaparecido 18 periodistas, según ha documentado Artículo 19.
El Comité para la Protección de Periodistas, por su parte, informó que de 2010 a la fecha en México han sido asesinados 31 periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
El último caso que movilizó al gremio y a organizaciones civiles fue el del reportero de Veracruz Gregorio Jiménez, que tras haber publicado en medios como Notisur y Liberal del Sur sobre el tráfico y secuestro de migrantes, fue interceptado por un grupo armado y seis días después, el 11 de febrero pasado, encontrado muerto.
Defensa y promoción de derechos humanos
Esta área de Gobernación también está a cargo de “promover, coordinar, orientar y dar seguimiento a los trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
Pero en términos más particulares, debe ser un vínculo entre Gobernación y organizaciones civiles y atender las recomendaciones dictadas por organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Del 17 al 20 de marzo, México se someterá a diversas evaluaciones de la comunidad internacional. En Bruselas, este martes se celebra un diálogo político de Alto Nivel en materia de Derechos Humanos entre la Unión Europea y México y en la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo se sesionará sobre la situación en el país.
Mientras que en Ginebra, Suiza, México deberá presentar el jueves 20 de marzo sus conclusiones a las recomendaciones que emitió en octubre pasado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Examen Periódico Universal (EPU).
En esta segunda ocasión que México presentó el EPU en octubre, se solicitó reforzar la protección a defensores y periodistas y mejorar la implementación de Mecanismo de Protección.
Quien hasta este 15 de marzo fue el titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, antes fue director de la organización civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La Comisión y Gutiérrez Contreras encabezaron el litigio en contra del Estado mexicano por la detención y desaparición en 1974 del activista Rosendo Radilla, ocurrida en Guerrero a manos de militares.
En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, pues lo encontró responsable de violaciones al derecho a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica; así como a la integridad física y mental, a las garantías individuales y a la protección de su familia.
-Agresiones
Allanan casa del director de Artículo 19
Animal Político
Rafael Cabrera
17 de marzo de 2014
Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19 -la cual trabaja en defensa de la libertad de expresión-, denunció que su casa fue allanada ayer, 16 de marzo, y le fueron robados documentos de trabajo, computadora y otras pertenencias. El acto delictivo se da en el marco de la presentación de su informe anual de la agrupación, que se realizará este martes 18 de marzo, sobre la violencia que enfrentan los periodistas en México.
“No estamos afirmando, ni negando, que el allanamiento haya sido por motivos del trabajo en Artículo 19. Pero este acto lo debemos poner en un contexto: hace un mes sacamos una alerta sobre hostigamiento a integrantes de Artículo 19, también hacia mí. Todo disfrazado como delincuencia común. Y en abril de 2013 recibimos una amenaza en la oficina de la organización”, señaló Ramírez.
“Por estas razones, no podemos pensar que es un hecho aislado de delincuencia común. Lo que nos preocupa es el contexto de la presentación de un informe sobre el estado de la prensa, la libertad de expresión y la protesta, que presentaremos este martes. No podemos obviarlo”.
Un comunicado difundido por la organización afirma que el allanamiento en la casa de Ramírez “es el quinto incidente de seguridad que personal de la organización ha tenido desde que, en abril de 2013, se recibió una amenaza de muerte contra Darío Ramírez y los defensores que laboramos en ARTICLE 19.”
De acuerdo con el comunicado, hasta hoy “ninguno de estos incidentes ha sido investigado para dar con el paradero de los responsables. La impunidad es un mensaje de permisividad y por lo tanto pone en mayor riesgo a quienes defendemos los derechos humanos.”
Para Artículo 19, “los hechos que hoy se denuncian deben ser investigados para dar con el paradero de los responsables y verificar si los mismos están vinculados con nuestro ejercicio de defensa de la libertad de expresión. ” La organización exigió en el comunicado a las autoridades federales y de la Ciudad de México “la garantía plena a nuestro trabajo, así como de la integridad de todas y todos los que laboramos en ARTICLE 19 y sus familiares.”
El director de Artículo 19 explicó que ya se han presentado dos denuncias: una, ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, por el robo en su hogar; y una segunda, ante el Mecanismo de Protección para Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
“Del bastante ineficiente Mecanismo, hasta ahorita nadie se ha acercado ni comunicado. Es muy natural, así funciona. Vamos a hablar con la Fiscalía de Protección a periodistas de la PGR. En la Procuraduría del DF ya se presentó la denuncia, han sido muy atentos y gente del Gobierno local se ha comunicado para ofrecer apoyo”, agregó.
En el hogar de Ramírez no se dejó ningún tipo de mensaje o amenaza. Los accesos al inmueble fueron forzados, mientras él y su familia se encontraban fuera con motivo del puente vacacional. El domingo por la tarde, al volver, descubrieron lo ocurrido.
“Fueron muy puntuales en lo que se llevaron: instrumentos de trabajo, computadora y objetos de valor pequeños“, dijo.
La presentación del informe anual de Artículo 19, agregó, sigue firme para este martes. La cita es a las 10:00 horas en el Zócalo, para de ahí partir al Centro Cultural España (a espaldas de la Catedral Metropolitana), donde el cronista Juan Villoro, junto con Ramírez, presentarán el informe. También se exhibirá un documental.
-Condiciones laborales
2013, el año más violento para la prensa en México: Artículo 19 (informe íntegro)
Animal Político
Rafael Cabrera
18 de marzo de 2014
Durante el año pasado, en promedio cada 26 horas y media fue agredido un periodista en México. Así de cotidiana y sistemática se ha convertido esta práctica. En la nueva edición de su informe anual, que se presenta hoy 18 de marzo, la organización Artículo 19 es clara: 2013 ha sido el año más violento para la prensa desde 2007, con 330 casos documentados, de los cuales cuatro fueron homicidios. Secuestros, asesinatos, golpes, amenazas y ataques a medios de comunicación amagan la libertad de expresión. Pero hay más: 6 de cada 10 agresiones fueron ejecutadas por funcionarios públicos.
“Este es el año con más agresiones documentadas desde 2007”, advierte la organización desde su oficina para México y Centro América, “sorprende el número y sorprende la tendencia. Respecto a 2012, el año pasado reportó un incremento de 59% en agresiones documentadas. Una suma total de 123 casos más”.
Apenas el domingo 16 de marzo, la casa de Darío Ramírez, director de la asociación, fue allanada. Le robaron documentos de trabajo, computadora y objetos de valor. No hay pruebas que vinculen el robo con su trabajo en defensa de reporteros violentados, pero hay antecedentes: hace un mes hostigaron al equipo, y en abril de 2013 llegó una amenaza a las oficinas de Artículo 19.
“No podemos pensar que es un hecho aislado de delincuencia común”, dijo Ramírez.
En su informe anual, la organización reporta 286 casos de periodistas agredidos a causa de su trabajo: 80% son hombres, el resto mujeres.
“De los 286 periodistas agredidos, sólo en un caso fue imposible determinar su cargo, del resto: 124 fueron reporteras o reporteros; 116 periodistas audiovisuales; 30 directivos; cuatro columnistas; cuatro empleados no editoriales del medio; tres caricaturistas; dos escritores; un documentalista; y un estudiante”, advierte la organización.
Durante el mismo año, 39 medios de comunicación fueron objeto de ataques a sus instalaciones: “La concentración geográfica es reveladora, 64% del total ocurrieron en apenas cuatro entidades: 14 ataques en Coahuila; cinco en Quintana Roo; cinco en Durango; cuatro Veracruz”.
En el caso del origen de las agresiones, el reporte es claro: la mayoría fueron ejecutadas por parte de servidores públicos.
“De 330 agresiones totales, en 274 fue posible identificar al perpetrador del acto de violencia en contra del periodista. En 146 de ellas el perpetrador fue un funcionario público; en 49 se trató de una organización social; 39 crimen organizado; 30 un particular, y en 10, un partido político”, agrega el documento.
Cuatro periodistas fueron asesinados el año pasado. En sólo tres casos, se pudo comprobar que bandas del crimen organizado estuvieron detrás de los homicidios.
“Las agresiones se concentran a manos de autoridades gubernamentales, pero los homicidios claramente ocurren a manos del crimen organizado. De los 50 periodistas asesinados desde 2007; en 29 casos no se identificó al perpetrador, en 20 casos se trató del crimen organizado, y en un caso se trató de un funcionario público”, plantea la organización.
Aunque la mayoría de las agresiones están concentradas en estados como Veracruz, Tamaulipas, Chiahuahua y Coahuila, Artículo 19 observa una diseminación hacia otras entidades. En particular, destaca el Distrito Federal por la serie de agresiones cometidas por parte de las autoridades locales en contra de periodistas que daban cobertura a manifestaciones, durante el 1 de septiembre, 2 de octubre o 1 de diciembre pasados. Esto representó 34 casos, la cifra más alta desde 2007.
El informe también cuestiona la efectividad del Mecanismo de Protección para Personas Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, pues se comprobó que el único periodista que se ha acercado a solicitar su apoyo, se encuentra en condiciones precarias.
El informe de Artículo 19 será presentado este martes 18 de marzo. Como primera actividad, se realizará una concentración a las 10:00 horas, en la plancha del Zócalo, de donde se realizara una breve caminata al Centro Cultural España (a espaldas de la Catedral Metropolitana). A las 10:30 horas, el cronista Juan Villoro presentará el documento, seguido de Darío Ramírez. Hacia mediodía se exhibirá un documental sobre la violencia contra periodistas.
Sin Embargo
Redacción/ Sin Embargo
18 de marzo de 2014
Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– El 2013, primero del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, fue el peor para la prensa en México en los últimos siete años, así lo considera Artículo 19 en su más reciente informe. En el documento “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013″, la organización internacional denuncia que durante el año pasado se registraron todo tipo de agresiones contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación. De acuerdo con el informe cada 26.5 horas se agrede a un periodista en México. Sin embargo, no sólo los comunicadores son víctimas de ataques contra la libertad de expresión. Tan sólo ayer, el director de Artículo 19 en México, Dario Ramírez, denunció que su casa fue allanada y le robaron documentos de trabajo, su computadora personal, así como otras pertenencias. A través de un comunicado, la organización dijo que “los hechos en casa del director son de suma preocupación dado el contexto de hostigamiento en el que viven los defensores de derechos humanos y periodistas. Si bien no podemos afirmar que el allanamiento es por razones vinculadas al trabajo de Article 19, tampoco podemos afirmar lo contrario”. Entre 2007 y 2013 se cometieron 726 agresiones a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación. De éstas, el 26 por ciento se cometieron en sólo en 2013, el año más violento en cuanto a agresiones a trabajadores de medios en este periodo, con 192. “Hacer periodismo se convirtió en algo peligroso”, afirma Gil Cruz, quien fue víctima de amenazas y hostigamiento. Él es Director Editorial del periódico Notivisión de Álamo Temapache, en Veracruz, la entidad con el mayor número de agresiones y homicidios relacionados con el trabajo periodístico. “En Veracruz se asesinaron a 4 y 5 periodistas en 2011 y 2012 respectivamente. Desde el comienzo de la gubernatura de Javier Duarte [de Ochoa] se asesinaron en el estado a 10 periodistas, lo que lleva a que Veracruz tenga niveles de violencia contra periodistas similares a los de Pakistán, un país en guerra”, dice Artículo 19. Sin embargo lo que más llama la atención –dice la organización– en cuanto a las agresiones contra trabajadores de la prensa, es que seis de cada 10 periodistas fueron agredidos por un funcionario público. De las 330 agresiones a la prensa documentadas por Artículo 19 en 2013, en 146 casos la agresión provino de un funcionario público. Policías estatales y municipales fueron responsables de 87 ataques. Otros 24 periodistas fueron detenidos ilegalmente por la policía mientras se disponían a realizar una cobertura periodística. En 39 casos, la agresión provino de miembros de la delincuencia organizada, en 49 de organizaciones sociales, 30 de particulares, 10 de fuerzas partidistas y en 56 casos se desconoce al agresor. Artículo 19 destaca que en ninguno de los casos documentados, los comunicadores pudieron retomar su actividad periodística al ciento por ciento. “El miedo a sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado los llevó a modificar su actividad profesional. En ocasiones, dejan de cubrir sucesos policiacos, se autocensuran o directamente cierran los medios”, expone.
Los simuladores: corrupción en la prensa mexicana
Sin Embargo
Alejandro Páez Varela
17 de marzo de 2014
Hace poco tiempo me contaban de un columnista que tiene por costumbre ir de funcionario en funcionario pidiendo dinero, cada equis tiempo, bajo la amenaza de exhibirlos públicamente. Primero los del más alto nivel, luego delegados del Distrito Federal. Me quedé en que varios de ellos se organizaban para grabarlo y ponerle un hasta aquí. No se si lo hicieron, pero así de molestos estaban. Quien me lo contó es uno (no defino su sexo) de primer nivel que no quería darle un peso. No me sorprendió en lo absoluto, ni el periodista ni los funcionarios, porque es conocido que unos y otros se corresponden: los corruptos tienen a la mano a sus corruptores. Esos personajes existen en el medio periodístico porque hay quienes les dan dinero por distintas vías: desde los contratos como “analistas” y “consejeros” hasta supuestos pagos de publicidad. Las oficinas de comunicación social tienen a sus favoritos o de plano, ciertos periodistas se apoderan de esas oficinas de comunicación social. Nada nuevo. Y no sólo es en la Ciudad de México, sino también a nivel local. Muchos periodistas “independientes” son incorporados a nóminas, o reciben “igualas” mensuales, ellos y sus medios “independientes”, por supuesta difusión que no es otra cosa que compra de favores. El cochinero es muy parejo y extendido. El periodista del que me hablaban no es el único y seguramente les había hartado su desfachatez o sus modos (y sí, el tipo es rudo hasta de trato). Se dice que Elba Esther Gordillo le dio una casa o un departamento a cierto periodista poderoso y corrupto como pocos, pero quienes trabajan con él o se benefician de sus “esfuerzos” simulan. Se sabe que muchos cobran “cierto porcentaje” por “coberturas” y que la empresa donde laboran, que a veces es de ellos mismos, cobran el resto. Periodistas y políticos se guardan secretos gracias a estos arreglos ilegales y así la máquina de la corrupción queda enaceitada, durante años. Los que pagan estas prácticas son los contribuyentes, por supuesto; y la sociedad civil, que avanza a cuentagotas porque no hay causa pública, por más ruidosa que sea, que pueda prosperar si no fluye el dinero. Los gobernadores más rudos tienen presencia permanente en los medios nacionales; publicitan todo: carnavales, ferias de libros, ferias y exposiciones y no se diga informes de gobierno. Además pagan por notas específicas sobre temas concretos, independientemente de que sus boletines tienen cause sobre todo en las páginas de internet. El dinero fluye en dirección contraria al camino de la democratización y la profesionalización de la prensa mexicana. Los que pagan por esa perversión son los periodistas, pero sobre todo los ciudadanos. Políticos de todos los niveles pueden mantenerse en la palestra durante años gracias a que tienen dinero; imagínense, por ejemplo, todo lo que habrá pagado Javier Duarte: fue el tesorero en la administración anterior y ahora es el Gobernador. O imagínense lo que han gastado líderes del PRI en el Congreso, o los dirigentes sindicales, o los secretarios de Estado, etcétera. Es una derrama permanente y bien enaceitada. Esa corrupción es, sin más, crimen organizado; le llamamos de otras maneras pero lo es. Y creo que pasarán muchos años antes de que pueda ser erradicada. Es cierto que hay nuevas generaciones de periodistas que crecieron en medio de la podredumbre y se alejan de ciertas prácticas. También es cierto que los medios no educan (analicen la carrera de los directivos de la prensa mexicana) y que es un asunto de vocación personal empujar por la transparencia. Pero siento que vamos demasiado lentos hacia una profesionalización real del periodismo en México por muchas circunstancias que, desgraciadamente, se escapan del control de las mayorías. La transparencia en la asignación de la publicidad, por ejemplo, debería ser una exigencia de todo periodista mexicano. No lo es. Y no lo será, porque los medios no están dispuestos a difundir sus cifras porque revelarán detalles de su línea editorial. Sólo los ciudadanos, los legisladores, los partidos y los mismos gobiernos podrían hacer algo al respecto porque no vendrá de la misma prensa transparentar sus ingresos o empujar a que los gobiernos lo hagan. La cultura de la corrupción es muy poderosa. Los que denuncian se van quedando aislados mientras que los corruptos y corruptores asumen las posiciones de liderazgo. Y esto no es sólo en los medios: es en los partidos, en los gobiernos, en las policías. El poder es un seductor implacable y en estas sociedades, poder es dinero. Desgraciadamente. El “un político pobre es un pobre político” del cínico Carlos Hank González se aplica a todas las profesiones. Por eso, en este México que vivimos, el Presidente Enrique Peña Nieto puede no presentar su declaración patrimonial y hablar de “donaciones” cuando era Gobernador del Estado de México sin decir de quién, por cuánto y para qué. Y nadie dice nada. Al final, la corrupción somos todos: los que callamos y los que nos corrompemos; los que volteamos el rostro y los que ponemos la mano o la extendemos con billetes; los que pudiendo hacer algo (la oposición) no lo hacemos por comodidad: a ver, ¿por qué PRD y PAN no han pugnado por hacer obligatorio que los gobiernos de todos los niveles y las oficinas públicas y los partidos digan exactamente cuánto le dan a cada medio, por qué razones y bajo qué criterios? ¿Por qué no es parte de su agenda? En realidad, un periodista que acostumbra ir de oficina en oficina pidiendo su “moche” es poca cosa frente al mar de corruptelas. Poca cosa. La simulación es uno de los grandes males del mexicano –y de la prensa mexicana–: cerrar los ojos a la corrupción, creo, es lo mismo que ejercerla. Y no tengo una moraleja sobre esto, ni un colofón. Simplemente escribo porque veo.
0 Comments