Más transparencia, más corrupción
El Financiero
Luis Carlos Ugalde
4 de marzo de 2014
México sigue avanzando en materia de transparencia gubernamental: con la última reforma constitucional el IFAI será un órgano autónomo, capaz de revisar resoluciones de órganos locales que nieguen información pública y los partidos y sindicatos serán sujetos de transparencia. Pero a la vez, la corrupción persiste y aumenta como el problema histórico más agudo de México. Los indicadores de percepción (por ejemplo, Transparencia Internacional, LAPOP, Latinobarómetro), los empresariales (KPMG, ITESM), así como las crónicas periodísticas muestran que el fenómeno de la corrupción se acrecienta en México.
Asimismo, las denuncias que ocasionalmente realizan las autoridades en contra de presuntos actos de corrupción muestran que las prácticas de soborno, peculado y desvío de recursos se mantienen. A ese tema debe sumarse el nuevo fenómeno de la corrupción legislativa, inexistente hace una década, que se ha acrecentado conforme los congresos son más importantes para aprobar presupuestos y legislación (el caso de los “moches” es sólo la expresión más pública de un fenómeno preocupante que puede deteriorar enormemente la calidad de la democracia en México).
Quizá el único indicador positivo respecto a la lucha anticorrupción es que la normatividad ha mejorado en los últimos 15 años, aunque con un impacto marginal en atacar el problema. A la legislación en materia de transparencia, se suma aquella que a partir de 1999 dio lugar al nacimiento de la Auditoría Superior de la Federación; aquella que regula las licitaciones de gobierno; la nueva Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas, promulgada en 2012; así como la discusión de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Según Global Integrity, México tiene una buena evaluación respecto a las medidas normativas para combatir la corrupción, pero el problema es la aplicación. De acuerdo con el informe de 2011 de este organismo, México obtuvo una valoración de 83 puntos con respecto a su marco legal, pero una valoración reprobatoria de 51 puntos en cuanto a su aplicación. México ya no requiere tantas reformas legales, sino aplicar la ley, lisa y llanamente.
Al igual que con la democracia electoral que detonó enormes expectativas, la transparencia ha dado menos resultados de los esperados con relación a la integridad de los gobiernos y la honestidad de los gobernantes. Cuando se da la alternancia en la presidencia de la República en el 2000, muchos pensaron que ese solo hecho sería la llave mágica al paraíso democrático. Pero la realidad mostró que la mera alternancia era irrelevante si no cambiaba el resto del andamiaje del sistema político. Lo mismo ocurre con la transparencia: podemos tener gobiernos más trasparentes, pero mientras no se transformen las instituciones encargadas de usarla para sancionar desviaciones, la transparencia será poesía y contribuirá poco para combatir la corrupción.
En 2013 hubo un debate al seno del Pacto por México para crear una comisión anticorrupción que pudiese contar con facultades de perseguir el delito como lo hace el Ministerio Público. En su lugar se optó por crear una fiscalía anticorrupción al interior de la nueva Fiscalía General de la República que sustituirá a la PGR. Esa fiscalía será la encargada de las sanciones penales, mientras que aquellas administrativas serán responsabilidad de la Comisión Nacional Anticorrupción, que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública.
La lucha eficaz contra la corrupción requiere menos teoría y más práctica, menos reformas y más acción. Ciertamente la creación de una comisión anticorrupción puede ser una oportunidad, pero el éxito del combate a la corrupción pasa menos por cambiar reglas y más por aplicarlas. Vale la pena recordar que el debate de cómo combatir ese problema inició en 1982 cuando se pone el tema sobre la mesa por primera vez y en este periodo de 32 años ha habido muchos cambios legales, pero pocos resultados en la práctica.
Debemos festejar la mayor transparencia gubernamental que hay en México, pero más importante ahora es que la transparencia sea un insume eficaz para detectar actos de corrupción y castigarlos. Nadie demanda transparencia o democracia como fines en sí mismos, sino como medios para estimular mejores gobiernos y evitar el abuso del poder.
En medio de la vorágine de la detención de El Chapo, los medios han olvidado los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la fiscalización de la Cuenta Pública de 2012. En estas páginas relataba la semana pasada que seguramente la captura del narcotraficante evaporaría la discusión de los graves señalamientos que hizo la ASF. Desafortunadamente tenía razón. A 10 días del informe, casi nadie habla ya del tema y no he escuchado ningún posicionamiento vigoroso y claro del tema por parte de autoridad alguna o incluso partido político.
Es un dato que refleja la prioridad que parte de la clase política concede al problema agudo de la corrupción.
-IFAI
La Renovación del IFAI y el Caso Leyva Martínez
Homo Zapping
Autor Invitado
4 de marzo del 2014
El Senado de la República no logró los consensos requeridos para ratificar a ninguno de los actuales comisionados del IFAI, por lo tanto habrá una renovación completa del órgano garante del derecho de acceso a la información y se deberá nombrar a finales de este mes de marzo a siete nuevos comisionados.
Han sido encargadas de elaborar el dictamen de propuestas finales las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, la de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y la de Estudios Legislativos segunda. Habrá un proceso de consulta con organizaciones de la sociedad y audiencias públicas con cada uno de los aspirantes que hayan cumplido los requisitos constitucionales. Se trata de la integración de uno de los órganos más estratégico e importante para el fortalecimiento de nuestra democracia, para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Y será una de las decisiones más trascendentales que la actual legislatura del Senado de la República tome en relación directa con su real compromiso por la Transparencia.
La recién promulgada reforma constitucional en materia de acceso a la información, duplicó los sujetos obligados, prácticamente todas las entidades públicas estarán ahora bajo la jurisdicción del IFAI: las cámaras del congreso y sus grupos parlamentarios, los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos públicos y privados que manejen fondos del erario. Además se convierte en órgano nacional con facultades para atraer casos locales y conocer como última y definitiva instancia recursos de revisión que interpongan los particulares en contra de resoluciones de los órganos en los Estados. Esta ampliación de su competencia fue el reconocimiento de la involución que el acceso a la información ha tenido en las entidades federativas, por un proceso de apropiación de los gobernadores sobre estos órganos, vía el control de los Congresos Estatales.
El ejemplo de Chihuahua es referencial de esa regresión, entre los penosos casos que dieron inspiración a la reforma. Y la batalla legal que el abogado Rodolfo Leyva Martínez ha librado en instancias judiciales federales es histórica y confirmó la integración bajo estrictos criterios partidistas de esa instancia en mi Estado. En noviembre de 2012 denuncié en este mismo espacio, ante medios y junto con representantes de organizaciones civiles, que en Chihuahua se realizaba un proceso al contentillo del Gobernador del Estado, César Duarte, para la renovación parcial del Ichitaip pues se había producido una convocatoria con alto grado de discrecionalidad política en un proceso colmado de opacidad en los criterios de evaluación. Adelanté que el proceso se trataba de una simulación, bajo decisiones que le alejan del área de especialización y experiencia para la función mayor que debe ser garantizar el acceso a la información y el ejercicio del principio constitucional de máxima publicidad. Así sucedió. El 29 de noviembre de 2012, cuando la pasada legislatura eligió a las nuevas integrantes del instituto de transparencia sin fundar ni motivar su resolución, se produjo polémica y denuncias porque hasta se incumplieron los requisitos fijados por el propio Congreso del Estado. Pero se apostó a que el escándalo se apagara con el tiempo.
Sin embargo no contaban con la astucia legal y el tesón del abogado Rodolfo Leyva Martínez, uno de los aspirantes al cargo que no fue tomado en cuenta, no obstante haber obtenido la mejor calificación de todos los concursantes. El 21 de diciembre de 2012 presentó una demanda de amparo ante tribunales federales.
Leyva alegó en su demanda que “las personas designadas por el Congreso del Estado -como titulares y suplentes-, no fueron seleccionadas con base en sus méritos individuales: sólo se hizo una simulación para terminar eligiendo a quien ya se había escogido desde antes de que el proceso iniciara.” Señaló algunos de los elementos por los que las designadas no cumplieron con los términos de la convocatoria, e impugnó la falta de especialización de las dos comisionadas designadas, pues demostró que una reprobó el examen de conocimientos con la calificación de 4,5; mientras que la otra obtuvo una calificación de 6,6, por lo que argumentó: “es evidente que dicha persona incumple con el estándar de especialización ordenado en el art.o 6.o, párr. Segundo, fracc. IV, de la CPEUM”.
La impugnación por la vía del amparo calificó el proceso de “inauténtico, porque no se hicieron los análisis de los aspirantes que están normativamente estatuidos, lo que permitió que se mezclasen los candidatos, en vez de que se fueran estableciendo diferencias y preferencias racionales”. Leyva explicó entonces que el proceso de selección sufrió una desviación que generó que “se soslayaran los principios constitucionales, y se eligiera a personas que no son aptas según los criterios objetivos de diferenciación” por tanto acusó que las autoridades en el proceso no realizaron una selección seria, imparcial y efectiva.
En un primer momento el juez Ignacio Cuenca Zamora determinó no amparar a Rodolfo Leyva Martínez, no obstante en una segunda actuación otorgó el amparo contra actos del Congreso del Estado, el gobernador del Estado, el secretario general de Gobierno y el Periódico Oficial del Estado en cuanto a la falta de fundamentación para la elección de los consejeros, lo cual representa una clara violación al artículo 16 de la Constitución.
En la sentencia del juez se apunta que el procedimiento que siguieron los diputados sí vulneró los derechos del quejoso:
“En efecto es evidente que dicho acto legislativo relativo a la designación de Consejeros… involucra una “categoría sospechosa”, es decir, comprende determinados valores que afectaran derechos fundamentales desde el punto de vista constitucional, y ello es así, porque en todo concurso mediante convocatoria para acceder a un cargo público, necesariamente habrá ciudadanos que deben excluirse como vencedores; por tal razón, la decisión que se haga, requiere de una motivación reforzada, consistente en que se razone la necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, habiendo ponderado específicamente las circunstancias concretas del caso, situación de la que adolece el acto impugnado.”
El juez instruyó a realizar de nueva cuenta “la designación de los Consejeros del ICHITAIP, mediante el voto razonado de cada uno de los diputados presentes a efecto de que el presidente, al momento de hacer la declaratoria de vencedores del concurso, lo haga de manera fundada y con una motivación reforzada, en específico, en caso de excluir como vencedor al quejoso”.
Leyva sostiene que “con la resolución del juez queda claro que en primer lugar los 7 nombramientos hechos por el Congreso, las dos titulares y los 5 suplentes, contravienen la Constitución; y dos, el Congreso está obligado a realizar un análisis de cada uno de los procesos realizados para llegar a esa elección que no cumplió con lo que la ley señala”, en este tenor ha dicho que al Congreso no le queda de otra que elegir tanto a Aída Amanda Cordero Chávez como a él, por ser los únicos que cumplieron con los requisitos de la convocatoria y por tener las mejores calificaciones en el examen. El Congreso del Estado confirmó que repondrá el proceso; en notificación al juez, la Presidenta de la Comisión Permanente ha señalado que ello acontecerá en la próxima sesión del martes 4 de marzo. Será interesante conocer la manera en que el Congreso resolverá, pues de tomar una vía de indisciplina constitucional, el caso podría escalar la impugnación hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Más allá de su desenlace legal, la batalla de Rodolfo Leyva, que dura ya más de un año, sienta un precedente significativo ante la latente tentación de los gobiernos en turno de tratar de capturar a los órganos reguladires mediante la designación de comisionados a modo. Y ese es precisamente el reto que tiene el Senado de la República en la selección de los nuevos integrantes del IFAI: no repetir los vicios procedimentales y alejarse del fenómeno de cuotas partidistas, en cuya condena se fundamentó la reforma constitucional para darle competencia sobre las entidades federativas. Igual que como se fundamentó la creación del Instituto Nacional Electoral,
De ahí que encuentre sentido y desde mi punto de vista una aceptación plena, la propuesta que ha hecho el Colectivo por la Transparencia y la Red México Infórmate A.C. para fortalecer la calidad del procedimiento para el nombramiento de los 7 nuevos comisionados y blindarlo de los riesgos de la asignación de cuotas partidistas, para hacer más eficiente el trabajo de las comisiones dictaminadoras y permitan identificar a los mejores perfiles de una manera más ágil y sencilla.
Proponen un Comité Técnico para colaborar con las y los Senadores de la República en la etapa de evaluación de candidatos. Como acontece en los procesos de designación de la Cofeco, Ifetel e INE. El Comité Técnico participaría en las comparecencias, sugeriría preguntas y elaborará un reporte para las y los senadores integrantes de las Comisiones. Con base en la información de las comparecencias el Comité Técnico elaborará una lista de tres personas por cada puesto vacante, a partir de criterios previamente definidos por el Comité y aprobados por las Comisiones. La verdad, me parece buena idea.
P.D. El vergonzoso relevo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua realizado el viernes 28 de febrero, debe quedar registrado como el día de la abyección del Poder Judicial al Gobernador del Estado. La renuncia forzada de Vázquez Quintero y la llegada emergente de José Miguel Salcido (al margen de la biografía y la opinión sobre cada uno), constituye un signo ominoso y preocupante sobre el ya deteriorado ambiente judicial en Chihuahua. ¿Se preparan las cosas para un nuevo tribunal de amigos de César Duarte? ¿Para nuevos negocios ahora desde la infraestructura del Poder Judicial? Como en ninguna época, había visto tanta pudrición y sometimiento político.
Renovación del IFAI, oportunidad para ciudadanizarlo: González Morfín
24 Horas
José Víctor Rodríguez
3 de Marzo de 2014
El diputado michoacano recordó que fue hace ya más de 13 años cuando se comenzó a trazar la existencia de un órgano que vigilara las tareas de gobierno
México requiere de un Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) sólido y con prestigio, para convertirse en el fiel de la balanza en manos de los ciudadanos, consideró José González Morfín, vicepresidente de la Cámara de Diputados.
“Contamos con poco más de dos meses para que se defina el rumbo que deberá tomar el IFAI con la nueva composición que tendrá, a partir de la no ratificación de sus actuales integrantes, como lo determinó el Senado de la República”, apuntó el panista.
Precisó que un organismo de tal trascendencia, y elemental para el buen funcionamiento de una democracia, no puede estigmatizarse ni tampoco tener visos o colores partidistas de ningún tipo.
Consideró que esta institución debe ser pieza fundamental para luchar en abrir espacios de vigilancia ante el ejercicio del poder público, por ello aunque es obligación de las fuerzas políticas del país participar en su integración, se deberá imponer el interés de los ciudadanos antes que cualquier otro.
“El IFAI y la ley de Transparencia tienen que reposicionarse como dos herramientas fundamentales en poder del ciudadano. Creo que todos debemos tener el interés de conocer la ley, de usarla, de recurrir a ella porque es una de las vías mediante las cuales un ciudadano tiene el derecho de exigirle cuentas a su gobierno en cualquiera de sus niveles”, expuso.
Dijo que la selección de los nuevos comisionados representa una excelente posibilidad para integrar un equipo de prestigio, pero sobre todo, ciudadano, que atienda las demandas de una sociedad que tiene que mantenerse vigilante de la administración que llevan sus gobiernos en los diferentes niveles.
“Si la determinación del Senado fue optar por una renovación total del IFAI, debemos aprovechar la oportunidad para reconstruirlo, para convocar a los mejores perfiles en materia de transparencia y a hacer de este órgano un punto de referencia para que el gobierno rinda las cuentas a las que está obligado”, manifestó.
El diputado michoacano recordó que fue hace ya más de 13 años cuando se comenzó a trazar la existencia de un órgano que vigilara las tareas de gobierno.
Ahora que se genera la posibilidad de una renovación total de este órgano, agregó, se tendrá que dar paso a la evolución natural de un instituto que, poco a poco, se tiene que ajustar a los nuevos tiempos a que nos obliga un sistema democrático en permanente cambio.
Nombran a contralor interno del IFAI
Reforma
Rolando Herrera
3 de marzo de 2014
Salomón Díaz Alfaro, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), fue designado Contralor Interno en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
La designación de Díaz Alfaro, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM), informó el IFAI en un comunicado, se realizó con el voto de los comisionados asistentes a la sesión del pleno, Gerardo Laveaga, Sigrid Arzt y María Elena Pérez-Jaén.
La Contraloría, recordó el Instituto, sustituyó al Órgano Interno de Control, cuyo titular era Eleazar Pablo Moreno, luego que el 8 de febrero pasado entrara en vigor la reforma en materia de transparencia que le da autonomía constitucional al IFAI y por lo tanto, dejó de pertenecer a la Administración Pública Federal.
La Contraloría será la encargada de auditar, fiscalizar, investigar y sancionar a aquellos trabajadores del IFAI que incurran en responsabilidades administrativas.
Díaz Alfaro, detalló el Instituto, ha sido profesor de Derecho de Administrativo en la Facultad de Derecho, jefe de Departamento de Estudios Legislativos y director general de Estudios y Proyectos Legislativos (Oficina del Abogado General), en la UNAM.
Además se ha desempeñado contralor interno de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, a la fecha de su designación, se desempeñaba como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP.
Ifai designa a Salomón Díaz como contralor interno
Sin Embargo
Redacción/Sinembargo
3 de marzo de 2014
México, 3 Mar. (Notimex).- El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) designó a Salomón Díaz Alfaro, como nuevo contralor interno de este organismo.
En un comunicado, detalló que la Contraloría Interna sustituyó al Órgano Interno de Control (OIC), luego de la reforma constitucional en materia de transparencia que otorgó autonomía al Ifai.
Por ello, indicó, desde el 7 de febrero Eleazar Pablo Moreno dejó el puesto como titular de la OIC, y desde esa fecha está vacante la titularidad de la Contraloría Interna.
El Ifai refirió que a la sesión del pleno asistieron Gerardo Laveaga Rendón, comisionado presidente, y las comisionadas María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Sigrid Arzt Colunga, quienes votaron por unanimidad el nombramiento de Díaz Alfaro.
Salomón Díaz Alfaro es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la administración pública federal fue director general de Proyectos Normativos en la Coordinación de los Servicios de Salud.
También fue director consultivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, y de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Salud.
Asimismo, fungió como contralor interno de las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y, a la fecha de su designación, se desempeñaba como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública.
Designa IFAI a Salomón Díaz como contralor interno
MVS Noticias
Notimex
4 de marzo de 2014
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) designó a Salomón Díaz Alfaro, como nuevo contralor interno de este organismo.
En un comunicado, detalló que la Contraloría Interna sustituyó al Órgano Interno de Control (OIC), luego de la reforma constitucional en materia de transparencia que otorgó autonomía al IFAI.
Por ello, indicó, desde el 7 de febrero Eleazar Pablo Moreno dejó el puesto como titular de la OIC, y desde esa fecha está vacante la titularidad de la Contraloría Interna.
El IFAI refirió que a la sesión del pleno asistieron Gerardo Laveaga Rendón, comisionado presidente, y las comisionadas María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Sigrid Arzt Colunga, quienes votaron por unanimidad el nombramiento de Díaz Alfaro.
Salomón Díaz Alfaro es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la administración pública federal fue director general de Proyectos Normativos en la Coordinación de los Servicios de Salud.
También fue director consultivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, y de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Salud.
Asimismo, fungió como contralor interno de las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y, a la fecha de su designación, se desempeñaba como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública.
Ordena IFAI informar presupuesto del programa de telecomunicaciones
MVS Noticias
Notimex
4 de marzo de 2014
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dar a conocer las acciones bajo las cuales proyectó el presupuesto del “Programa Estratégico de Telecomunicaciones”, que asciende a 7 mil 500 millones de pesos, previsto en el “Presupuesto de Egresos de la Federación 2014”.
Tras la petición de un particular, la Subsecretaría de Comunicaciones, como la Subsecretaría de Transporte, argumentaron que no la habían localizado la información en sus archivos.
La impugnación fue turnada a la ponencia de la comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, y en una primera instancia, la dependencia aseguró que los programas presupuestarios pueden ser consultados en el “Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda”, para lo cual proporcionó los vínculos electrónicos correspondientes.
Sin embargo, el IFAI advirtió que al consultar los vínculos electrónicos proporcionados por la SCT, “sólo se desprendían datos generales del citado programa, como lo es el monto general solicitado, que fue de 10 mil millones de pesos, así como el aprobado, que fue de 7 mil 500 millones, y que se trata de un gasto de inversión”, por lo que, “determinó que la información es genérica y que no daba cuenta de las acciones que emprenderá la secretaria en el programa referido”.
Piden a SCT datos sobre programa de Telecom
El Universal
Alberto Morales
3 de marzo de 2014
El IFAI pide a la SCT que muestre las acciones del Programa Estratégico de Telecomunicaciones bajo las cuales proyectó el presupuesto que asciende a 7 mil 500 millones de pesos La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (*SCT*) tiene que dar a conocer las acciones bajo las cuales proyectó el presupuesto del “Programa Estratégico de Telecomunicaciones”, que asciende a 7 mil 500 millones de pesos para este año.
Lo anterior por instrucción del*Instituto Federal de Acceso* a la Información y Protección de Datos (IFAI), quien revocó la respuesta de la dependencia a un particular, porque tanto la subsecretaría de Comunicaciones y la subsecretaría de Transporte, dijeron que no la habían localizado en sus archivos esa información.
Inconforme el ciudadano presentó un recursos de revisión que fue resuelto por la ponencia de la comisionada ponente *María Elena* Pérez-Jaén Zermeño. En alegatos, la dependencia modificó su respuesta y dijo que los programas presupuestarios pueden ser consultados en el “Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda” (PASH), y proporcionó los vínculos electrónicos.
Explicó que objetivo principal del “Programa Estratégico de Telecomunicaciones” es modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte y mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y eficaces.
AL consultar los vínculos, la comisionada ponente advirtió que de éstos sólo se desprendían datos generales del programa, como el monto general solicitado que fue de 10 mil millones de pesos, así como el aprobado, que fue de 7 mil 500 millones, y que se trata de un gasto de inversión.
En ese sentido, determinó que la información es genérica y que no daba cuenta de las acciones que emprenderá la SCT en el programa referido. La comisionada explicó que la dependencia debía contar necesariamente con documentos de los que se desprendan las acciones previstas dentro del “Programa Estratégico de Telecomunicaciones”, pues con base en éstas debió estimar los recursos económicos necesarios para su operación.
Explicó que la SCT tiene la obligación de administrar los recursos públicos federales con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas.
En ese tenor, concluyó que la Oficialía Mayor, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la Dirección General de Planeación, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión y la Subsecretaría de Comunicaciones, son las unidades administrativas competentes para conocer la información requerida.
El IFAI instruye a la SCT informar sobre el presupuesto del programa de telecomunicaciones
Sin Embargo
Redacción/Sinembargo
3 de marzo de 2014
México, 3 Mar. (Notimex).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá exponer las acciones bajo las que proyectó el presupuesto del Programa Estratégico de Telecomunicaciones, instruyó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
En un comunicado, detalló que los recursos ascienden a siete mil 500 millones de pesos, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.
Recordó que un particular solicitó esa información a la dependencia federal, sin embargo la Subsecretaría de Comunicaciones y la Subsecretaría de Transportes refirieron como respuesta no haberla localizado en sus archivos.
El solicitante presentó recurso de revisión y argumentó que de acuerdo con la “Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la programación y elaboración del presupuesto anual del gasto público, se elabora con los anteproyectos que presentan las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, por lo que la SCT debería conocer la información requerida”.
El IFAI expuso que, en alegatos, la dependencia federal modificó su respuesta y refirió que los programas presupuestarios pueden consultarse en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y proporcionó los enlaces electrónicos.
Además, que “el objetivo principal del Programa Estratégico de Telecomunicaciones es modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte y mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y eficaces”.
Asimismo, que con este programa prevé impulsar el desarrollo y la innovación tecnológica de las telecomunicaciones, para ampliar la cobertura y accesibilidad, ofrecer mejores servicios y promover la competencia, reduciendo costos.
La comisionada del IFAI, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, tras consultar los enlaces proporcionados por la SCT, advirtió que de éstos sólo se desprendían datos generales del programa, por lo que determinó que la información era genérica y no daba cuenta de las acciones de la dependencia en el programa referido.
En la investigación y análisis del recurso la comisionada ponente señaló que, tal y como indicó la particular, “la SCT debe elaborar un anteproyecto de presupuesto, en el que si bien no obra la información como la solicita la recurrente, sí debe obrar en sus archivos documentos que den cuenta de la misma”.
En este sentido, refirió que la dependencia debe tener documentos donde se dé cuenta de las acciones previstas en el Programa Estratégico de Telecomunicaciones, ya que en base a éstas debió estimar los recursos económicos para su operación.
Además, la SCT “tenía la obligación de administrar los recursos públicos federales con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas”.
Concluyó que tanto la Oficialía Mayor; la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; la Dirección General de Planeación; la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión; y la Subsecretaría de Comunicaciones, son competentes para conocer la información.
Por ello, el pleno del IFAI aprobó por unanimidad la revocación de la respuesta de la SCT y le instruyó buscar de nuevo la información en sus unidades administrativas y entregar al solicitante la información requerida.
Ordena Ifai a SCT revelar acciones para las que se presupuestaron 7 mil 500 mdp en 2014
La Jornada Nacional
4 de marzo de 2014
México, DF. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dar a conocer las acciones bajo las cuales proyectó el presupuesto del “Programa Estratégico de Telecomunicaciones”, que asciende a 7 mil 500 millones de pesos, previsto en el “Presupuesto de Egresos de la Federación 2014”.
En un comunicado señala que esta orden deriva de la solicitud una particular, quien solicitó dicha información a la citada dependencia, sin que la misma le fuera proporcionada, ya que en su respuesta tanto la Subsecretaría de Comunicaciones, como la Subsecretaría de Transporte, argumentaron que no la habían localizado en sus archivos.
La comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, al consultar los vínculos electrónicos proporcionados por la SCT, advirtió que de éstos sólo se desprendían datos generales del citado programa, como lo es el monto general solicitado, que fue de 10 mil millones de pesos, así como el aprobado, que fue de 7 mil 500 millones, y que se trata de un gasto de inversión.
En ese sentido, determinó que la información es genérica y que no daba cuenta de las acciones que emprenderá la SCT en el programa.
La comisionada ponente señaló que, tal y como indicó laparticular, la SCT debe elaborar un anteproyecto de presupuesto, en el que si bien no obra la información como la solicita la recurrente, si debe obrar en sus archivos documentos que den cuenta de la misma.
Precisó que la SCT tenía la obligación de administrar los recursos públicos federales con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas.
-ITEI
El occidental
Isaura López Villalobos
3 de marzo de 2014
GUADALAJARA, Jalisco(OEM-Informex).- El Instituto de Transparencia e Información del Estado de Jalisco (ITEI) iniciará mesas de trabajo con el sector educativo, salud y seguridad del ámbito público del estado con el objetivo de proteger los datos personales de los usuarios, informó la presidente del ITEI, Cynthia Patricia Cantero Pacheco.
Aunque mencionó que algunos de los datos íntimos pueden estar duplicados en el sector privado, como es el aspecto de la salud por la atención que se brinda en los servicios subrogados, por lo que también se tendrá una coordinación con las diferentes instancias del ramo.
En entrevista con EL OCCIDENTAL, adelantó que se trabaja en lineamientos para la protección de datos personales y regulación del sector salud.
“Estos lineamientos tienen que ver con todo el tratamiento de datos personales en cuanto también al acceso a la información por parte de los pacientes, de cómo pueden acceder a su información y todo el tratamiento que se le tiene que dar a estos datos”.
En las próximas semanas se llevará a cabo el Foro Estatal de Datos Personales en materia de Salud, organizado por el Instituto de Transparencia e Información, en coordinación con la Secretaría de Salud, Hospital Civil de Guadalajara, Organismos Públicos Descentralizados en salud y subrogados con el objetivo de unificar criterios en el manejo de datos personales.
0 Comments