Periodistas
-Agresiones
UNESCO condena asesinato de Gregorio Jiménez
El Economista
AFP
18 de febrero de 2014
París.- La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó el asesinato del periodista mexicano Gregorio Jiménez de la Cruz y pidió a las autoridades de México que investiguen el caso y enjuicie a los culpables.
“Condeno el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz”, afirmó en un comunicado la directora de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París.
“Es fundamental que las autoridades hagan todo cuanto esté en su mano para enjuiciar a los culpables de este crimen”, añadió.
La responsable subrayó que “la seguridad de los periodistas depende en buena medida de la capacidad de sancionar judicialmente a quienes utilizan la violencia para suspender la libertad de prensa y limitar el derecho de los ciudadanos a estar informados”.
Jiménez, que trabajaba en los diarios NotiSur y Liberal del Sur de la ciudad de Coatzacoalcos (sur de Veracruz), fue secuestrado el 5 de febrero y su cuerpo mutilado fue hallado el martes pasado junto con otros dos en una fosa clandestina.
Ellas y ellos son los periodistas asesinados en México (segunda parte
Animal Político
Parias Martínez
19 de febrero de 2014
Según las organizaciones defensoras de la libertad de expresión Artículo 19 y Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), de 2010 a la fechan en México han sido asesinados 31 periodistas, 92% de los cuales son hombres y 8% mujeres.
Los resultados globales elaborados por el Comité para la Protección de Periodistas –que incluyen 73 casos de trabajadores de medios mexicanos asesinados entre 1992 y 2013–, señalan que en 73% de los asesinatos estuvieron involucrados grupos criminales; en 8% militares; en 4%, oficiales gubernamentales; en 8% “residentes locales” y 8% la filiación del atacante se desconoce.
Por su parte, los registros de Artículo 19 –que abarcan de 2000 a 2013– documentan 75 casos de los periodistas asesinados y, a diferencia del CPJ, incluyen dos casos de personas que habían abandonado la labor periodística poco antes de que les quitaran la vida.
Según Artículo 19, alrededor de 40% de las víctimas que incluye su registro ocupaban cargos de reporteros, 17% cargos de dirección, 16% eran fotorreporteros, 12% eran locutores, 8% columnistas y 7% jefes de redacción.
De los 31 periodistas asesinados desde 2010, 10 fueron atacados en Veracruz, lo que convierte a este estado en el más peligroso del país para desarrollar labores informativas.
A continuación, te presentamos la segunda entrega del homenaje que Animal Político rinde a los periodistas asesinados en México en los últimos años, correspondiente a las víctimas acumuladas en los años 2010 y 2011, reflejos del ambiente de violencia que se ha cernido sobre los trabajadores de los medios informativos en todo el país, y por el cual, el próximo domingo 23 de febrero se está convocando a la ciudadanía a participar en la protesta denominada “Prensa, no disparen” que se realizará en el Ángel de la Independencia, a las 12:00 horas, así como en otras plazas del país.
María Elízabeth Macías Castro, Tamaulipas
El de María Elizabeth es el primer caso, a nivel mundial, de una persona asesinada por difundir información de interés público, a través de redes sociales. Además de pertenecer al al Movimiento Laico Scalabriniano y de apoyar a la Casa del Migrante de Nuevo Laredo, María Elizabeth compartía información sobre la inseguridad en Tamaulipas, a través de la cuenta de Twitter Nuevo Laredo en Vivo, y bajo el pseudónimo “LaNenaLaredo”. En septiembre de 2011, su cuerpo decapitado fue hallado en la carretera que va a Nuevo Laredo, con un letrero firmado por el grupo Los Zetas, dirigido a las “redes sociales”, que señalaba “aquí estoy por mis reportes y los suyos (…) esto me pasa por confiar en la Sedena y la Marina”.
Humberto Millán Salazar, Sinaloa
Humberto conducía un programa en Radio Fórmula, y escribía una columna para el portal informativo A Discusión. En ambos espacios, denunció diversos casos de corrupción política y delincuencia organizada, hasta que el 24 de agosto de 2011 fue secuestrado por hombres armados que, a bordo de dos camionetas, interceptaron su vehículo cuando se dirigía a trabajar. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en Culiacán, Sinaloa, con una herida de bala en la cabeza.
Yolanda Ordaz, Veracruz
Yolanda era considerada una reportera “veterana” en el campo de la información policiaca y, cuando fue secuestrada, el 27 de julio de 2011, trabajaba para el diario Notiver. Yolanda fue raptada cuando salía de su casa, y dos días después fue encontrado su cuerpo, decapitado, en las cercanías del diario Imagen de Veracruz, con el mensaje “Los amigos también pueden traicionarte”. Aunque las autoridades del estado intentaron vincular el homicidio con una supuesta relación de la reportera con grupos del crimen organizado, esta acusación no pudo ser sustentada con evidencias.
Miguel Ángel López Velasco, Agustina Solano y Misael López Solano, Veracruz
Miguel Ángel, mejor conocido como Milo Vela, era columnista del diario Notiver, donde también trabajaba su hijo, Misael, como fotorreportero. El 20 de junio de 2011, un grupo armado allanó su vivienda y ejecutó a ambos periodistas, junto con la señora Agustina, esposa de Miguel Ángel y mamá de Misael. Según el Comité para la Protección de Periodistas, el ataque pudo deberse a una columna sobre operaciones del narcotráfico en el estado, publicada días antes por Milo Vela en su columna.
Luis Emmanuel Ruiz Carrillo, Nuevo León
Este fotorreportero, de 21 años, laboraba para el diario La Prensa cuando fue secuestrado, junto con José Luis Cerda, presentador de Televisa-Monterrey conocido como La Gata, el 24 de marzo de 2011. Un día después, ambos fueron hallados, muertos, junto a un letrero que atribuía el asesinato a un grupo delictivo. El cuerpo del presentador de Televisa fue luego robado del lugar del hallazgo, por un grupo armado que operó ante la acción omisa de los policías que se encontraban ahí.
Noel López Olguín, Veracruz
Noel escribía una columna de opinión para el diario La Verdad, de Jaltipán, Veracruz, cuando fue secuestrado por un grupo de hombres armados, el 8 de marzo de 2011. Más de dos meses después, el 31 de mayo, su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina, en la ciudad de Chinameca. Desde su columna “Con pluma de plomo”, Noel había denunciado distintos casos de corrupción, crimen organizado e, incluso, identificó a narcotraficantes locales.
Rodolfo Ochoa Moreno, Coahuila
Rodolfo era ingeniero, laboraba para el Grupo Multimedios Laguna, y murió el 9 de febrero de 2011, cuando un grupo armado ingresó a las instalaciones donde trabajaba, para destruir y robar el equipo de transmisión. Rodolfo fue asesinado de ocho disparos, cuando intentaba pedir auxilio policiaco. Ese mismo día, hombres armados también atacaron las instalaciones de Radiorama Laguna.
Carlos Alberto Guajardo Romero, Tamaulipas
Carlos Alberto, reportero del Expreso de Matamoros, murió en noviembre de 2010, luego del tiroteo entre militares y narcotraficantes en el que fue abatido Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, capo del Cártel del Golfo. La camioneta de Carlos Alberto recibió al menos 20 disparos de soldados, cuando se aproximó a instalaciones militares para recabar información.
Luis Carlos Santiago Orozco, Chihuahua
El 16 de septiembre de 2010, este fotorreportero del periódico local El Diario fue atacado con armas de fuego cuando se encontraba con un joven de 18 años, llamado Carlos Sánchez Colunga, en el interior de un auto que pertenecía al defensor de derechos humanos Gustavo de la Rosa. Al día siguiente, El Diario publicó un editorial en el que anunciaba a los grupos criminales de Chihuahua que deponía su cobertura sobre seguridad pública, con tal de garantizar la vida de sus empleados.
Marco Aurelio Martínez Tijerina, Nuevo León
Marco Aurelio tenía 14 años de experiencia como locutor, y un mes laborando para la radiodifusora XEDD La Tremenda, de Nuevo León, cuando fue interceptado por tres camionetas, cuyos tripulantes lo extrajeron por la fuerza de su vehículo y se lo llevaron consigo, era el 9 de julio de 2010. Un día después, su cuerpo fue localizado en la carretera Montemorelos-Rayones, con huellas de tortura y un tiro de gracia. En su noticiario de radio había atendido distintas temáticas, incluidas política y seguridad pública y, de hecho, días antes de ser raptado había dado cobertura a las amenazas sufridas por un alcalde, de parte del crimen organizado. A pesar de ello, las autoridades de Nuevo León insinuaron que el atentado respondía a motivos pasionales.
Valentín Valdés Espinosa, Coahuila
El 7 de enero de 2010 fue secuestrado Valentín, reportero del diario Zócalo de Saltillo, junto con un compañero que luego fue liberado. Valentín fue encontrado un día después, dentro de un hotel asesinado, con huellas de tortura. A su lado, un mensaje rezaba: “Esto va a pasarle a los que no entiendan, el mensaje es para todos”. Meses antes, este reportero de 29 años había investigado el arresto de un narcotraficante en el mismo hotel en el que, luego, fue abandonado su cuerpo.
Hugo Alfredo Olivera Cartas, Michoacán
El 6 de julio de 2010, un grupo armado disparó contra el vehículo de Hugo Alfredo, corresponsal de la agencia Quadratín en Apatzingán, Michoacán, así como reportero, editor y propietario del diario El Día, espacios en los que publicó información relacionada con la actividad delictiva en el estado. Luego de ser asesinado, desconocidos allanaron las oficinas de Hugo Alfredo y robaron información contenida en discos duros. Cinco meses antes, este periodista de 27 años había presentado una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tras ser golpeado por policías federales al realizar su labor.
María Elvira Hernández Galeana y Juan Francisco Rodríguez Ríos, Guerrero
María Elvira fungía como editora del semanario guerrerense Nueva Línea, y su esposo Juan Francisco como corresponsal del diario El Sol de Acapulco, cuando ambos fueron asesinados en el interior del café internet que pertenecía al matrimonio, el 28 de junio de 2010, en la ciudad de Coyuca de Benítez. El ataque, perpetrado por dos desconocidos, fue realizado horas después de que Juan Francisco cubriera el aniversario 15 de la matanza de Aguas Blancas. Para las autoridades, el móvil de la doble ejecución fue el robo. Sin embargo, los atacantes no robaron nada del cibercafé, además de que respetaron la vida del hijo de María Elvira y Juan Francisco, un joven de 18 años.
Evaristo Pacheco Solís, Guerrero
Reportero del semanario informativo Visión Informativa, Evaristo fue asesinado con cinco disparos, uno de ellos en la cabeza, el pasado 12 de marzo de 2010. Su cuerpo fue encontrado en un camino rural de Chilpancingo, Guerrero y, hasta la fecha, las autoridades carecen de líneas de investigación en torno a su asesinato.
José Luis Romero, Sinaloa
Hombres enmascarados secuestraron a José Luis, reportero policiaco del diario Línea Directa, cuando se disponía a ingresar en un restaurante en Los Mochis, Sinaloa, el 30 de diciembre de 2009. Junto con él, fue raptado su acompañante, un ex oficial del Ejército. Dos semanas después, el 16 de enero de 2010, su cuerpo fue encontrado en un camino rural, con señas de tortura. Supuestamente murió el mismo día de su secuestro, pero hasta la fecha la autoridad no cuenta con ningún avance en la investigación de su muerte, en tanto que el militar con que fue secuestrado permanece en calidad de víctima de desaparición forzada.
Jorge Ochoa Martínez, Guerrero
Jorge fue asesinado el 29 de enero de 2010, tras salir de una fiesta de cumpleaños. Desde hacía tiempo, este redactor y editor del diario El Sol de la Costa había denunciado que recibía amenazas anónimas, aunque las autoridades vincularon el ataque con un percance vial que en del que había sido parte el periodista.
Además de los 31 casos de periodistas asesinados entre 2010 y 2014, la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 documentó otros dos homicidios, de personas que habían practicado el periodismo en el pasado reciente, y cuyas muertes, posiblemente, están relacionadas con su trabajo como reporteros. Ellos son:
Guillermo Alcaraz Trejo, Chihuahua
Guillermo Fue asesinado el 10 de julio de 2010, luego de visitar el diario Omnia, de Chihuahua, en el que había trabajado como fotorreportero hasta un año antes, labor que cambió por la de camarógrafo y editor de video de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Guillermo fue atacado con armas de grueso calibre por un grupo armado, cuando se subía a su vehículo, la policía tardó 20 minutos en atender el llamado de auxilio de los peatones que reportaron la agresión.
Pablo Aurelio Ruelas, Sonora
Pablo Aurelio era reportero del diario El Regional, de Sonora, del que fue despedido en abril de 2011, tras denunciar que el entonces diputado priista Bulmaro Andrés Pacheco lo había amenazado, por investigar presuntas irregularidades inmobiliarias en las que el político estaba involucrado. Dos meses después de ser despedido, y hallándose en el desempleo, Pablo Aurelio fue asesinado, era el 13 de junio de 2011. Las autoridades informaron que Pablo Aurelio tenía antecedentes penales por venta de droga y lesiones.
-Condiciones laborales
Reclaman en Los Ángeles más protección para periodistas en México
El Informador
EFE/IJS
18 de febrero de 2014
El capítulo de Los Ángeles de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ-LA) exigió hoy a las autoridades mexicanas garantizar la seguridad de los periodistas en ese país, tras el reciente secuestro y asesinato del reportero Gregorio Jiménez en el estado de Veracruz.
En un comunicado, la mesa directiva de este grupo de informadores angelinos se sumó a las voces de indignación y preocupación sobre la situación que viven los periodistas mexicanos.
“El caso de Jiménez no es una excepción”, se señala desde NAHJ-LA.
Desde el año 2000, 88 periodistas han sido asesinados en México y otros 16 han desaparecido, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El cadáver de Gregorio Jiménez, que trabajaba para los diarios Notisur, Liberal del Sur y La Red, apareció el 11 de febrero y se convirtió en el décimo primer periodista ajusticiado en Veracruz desde que el 1 de diciembre de 2010 tomó posesión como gobernador Javier Duarte, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El comunicador había desaparecido el 5 de febrero tras ser secuestrado a las puertas de su domicilio.
“En más del 40 por ciento de los casos, se identifica al Estado -ya sea desde el gobierno federal, estatal o municipal- como el agresor”, constató NAHJ-LA.
La organización hizo un llamado al presidente Barack Obama para que “manifieste su preocupación” por este asunto a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebra el miércoles en Toluca (México).
La asociación de periodistas hispanos en Los Ángeles exigió así mismo a las autoridades mexicanas e internacionales que se haga justicia, se resuelvan los crímenes contra informadores y se castigue a los responsables.
Tanto a Peña Nieto como a los líderes estatales y municipales en México le reclamaron igualmente “una condena clara ante las agresiones” de periodistas y garantías de “protección inmediata”.
Hoy mismo la Unesco expresó su condena por la muerte de Jiménez y días antes lo había hecho desde la Unión Europea a organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Periodistas son víctimas de robo en Venezuela
El Informador
Redacción/JOAO
18 de febrero de 2014
La corresponsal de la cadena de televisión internacional CNN en Venezuela, Osmary Hernández, utilizó sus cuentas en redes sociales para exhibir el robo del que fueron víctimas los reporteros que cubren la crisis social en ese país.
“Atracan a equipo reporteril de CNN internacional en El Valle. Les quitaron la cámara, equipos de transmisión y hasta las maletas con la ropa”, publicó en su cuenta de Twitter @osmarycnn.
En un segundo mensaje detalló que el robo a equipo de periodistas fue autoría de “colectivos con armas largas”.
Los mensajes de estos reportes se difunden con rapidez en la red social con calificativos que lamentan el nivel de la violencia en Venezuela.
Durante los últimos días, la cuenta de Hernández es una de las referencias obligadas para comprender la situación de protestas y movilizaciones en el país.
Libertad de expresión
-Censura
19 de febrero de 2014
Reporte Índigo
Juan Carlos Altamirano
La crisis de gobernabilidad en Venezuela nos hace voltear a ver lo que medios locales dictan sobre el que puede ser uno de los momentos más delicados en la historia reciente del país sudamericano.
Las protestas callejeras en contra del gobierno de Nicolás Maduro y sus lamentables consecuencias, tres muertos y decenas de heridos, han dado la vuelta al mundo.
Ayer, el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, decidió entregarse a la Guardia Nacional, poniendo al conflicto en su tono más alto, pues un preso del “color” de López, no le viene nada bien al gobierno de Maduro.
Es sabido que la mayoría de los medios de comunicación en Venezuela han sido expropiados, y los que aún no han caído, temen por la integridad profesional y física de sus colaboradores, ante presuntas amenazas de parte de los gobiernos de la revolución socialista que instauró el extinto Hugo Chávez.
¿Cómo está manejando la crisis mediáticamente Caracas?
¿Se imaginan a Adal Ramones realizando un monólogo con franca dosis política diariamente con una duración de dos horas? ¿Lo soportarían? Apuesto a que no. Pues ahora imaginen lo peor, los hermanos venezolanos tienen a un personaje así de maquiavélico, al que ven todos los días por la estación pública Venezolana de Televisión (VTV).
Se trata de Miguel Ángel Pérez Pirela, el presentador del programa “Cayendo y corriendo”, transmitido por VTV. Emisión dedicada a “analizar mediáticamente los acontecimientos del día”, en la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a palabras del propio Pirela.
Filósofo de profesión, Pérez Pirela es conocido por colaborar habitualmente en medios, no solo en su natal Venezuela, sino también en otros países.
Con apenas 37 años, además de conducir “Cayendo y corriendo”, tiene un programa en Radio Nacional de Venezuela llamado “Táctica y estrategia”, y es también director del portal “La iguanaTV”.
En diciembre pasado, el comunicador contendió por la alcaldía de la provincia de Maracaibo, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral venezolano le dio la victoria a la opción de derecha; Pérez Pirela aceptó los resultados.
Su programa en televisión es una mezcla de un servicio religioso, un discurso político y un monólogo de los que utilizan los conductores de late shows norteamericanos; muy al estilo de los regímenes autoritarios, donde un solo personaje se encuentra hablando de frente a las cámaras, sin interrupción alguna, y sin opción de que el televidente replique.
Se lleva un bloque completo de 20 minutos aproximadamente, analizando semióticamente una fotografía, el por qué de las posturas y gestos de los retratados, la forma y el ángulo en la que fue tomada.
Para la emisión “Cayendo y corriendo”, todo asunto negativo que sucede en su país, es resultado de la conspiración norteamericana en contra de la revolución bolivariana. Por eso sus hashtags son #gohomeyankee y #respetavenezuela.
Según el presentador “aquí no pasa nada, todo se encuentra en santa paz”. “Las instituciones venezolanas llegarán al fondo del asunto donde el provocador Leopoldo López”, por su “desconocimiento de la constitución”, “es el principal señalado por las autoridades”.
Este vistazo a lo que sucede en los medios de comunicación venezolanos mientras se desarrolla una crisis de tal magnitud, nos recuerda al libro “Los guardianes de la libertad”, de Noam Chomsky y Edward S.Herman, donde los autores postulan “la fabricación del consentimiento”: “Los medios de comunicación son libres para aquellos que adoptan los principios exigidos por su propósito social”.
Transparencia y acceso a la información
-IFAI
Los cuatro comisionados del IFAI piden a Senado ser ratificados
MVS Noticias
Ernestina Álvarez
19 de febrero de 2014
Los cuatro comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos: Gerardo Laveaga, Ángel Trinidad, María Elena Pérez-Jaén y Sigrid Artz, enviaron sus cartas al Senado de la República para solicitar ser ratificados en su carga y concluir el periodo para el que fueron electos, toda vez que el IFAI ya es un órgano constitucional y ahora estará integrado por siete comisionados en el pleno.
En las cartas los comisionados exponen sus motivos por los que quieren ser ratificados, así como el desempeño que han tenido y los estudios con los que cuentas, quién entregó 30 cuartillas fue la comisionada Sigrid Artz, quien incluso pone un listado de sus viajes nacionales e internacionales, viáticos y su datos curriculares.
Mientras que Ángel Trinidad apeló a su experiencia como secretario Ejecutivo del IFAI y su desempeño.
María Elena Pérez-Jaén indicó que es una persona con experiencia desde que fue comisionada del Info DF y ahora en el IFAI.
Por su parte, Gerardo Laveaga destacó su impulso a la apertura judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Señalar que la reforma constitucional en materia de transparencia contempla que los comisionados que actualmente conforman el IFAI podrán formar parte del nuevo organismo autónomo, previa petición formal al Senado dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del decreto y por el tiempo que reste a su nombramiento, pero deberán tener el voto aprobatorio del pleno, así contarán con 10 días para evaluar el perfil de los comisionados, así como su permanencia o no.
En el caso de Artz, Trinidad y Pérez-Jaén sus periodos concluirán en 2016 y en el caso de Laveaga quien funge como comisionado presidente termina hasta 2019.
El Senado recibe oficios de cuatro comisionados del IFAI para solicitar su ratificación
Sin Embargo
Redacción Sin Embargo
18 de febrero de 2014
México, 18 Feb. (Notimex).- El Senado de la República recibió oficios de Ángel Trinidad Zaldívar, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Gerardo Laveaga Rendón y Sigrid Arzt Colunga, en los que manifiestan su intención de ser ratificados como consejeros del IFAI. En documentos por separado argumentan que de acuerdo con la recién promulgada reforma constitucional en materia de transparencia, pueden solicitar su ratificación y concluir su gestión como comisionados en el nuevo y autónomo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Los oficios están dirigidos al presidente de la Mesa Directiva de esta cámara, Raúl Cervantes Andrade, con copia a los presidentes de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales; de Justicia, Roberto Gil Zuarth, y de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, que serán las que decidan si son ratificados o no. Trinidad Zaldívar fundamentó su ratificación en cuatro cuartillas, en las que resalta que su candidatura encuentra sustento en diversos antecedentes relacionados con su trayectoria profesional, desarrollada a lo largo de 30 años como servidor público. En una cuartilla con cinco párrafos la comisionada Pérez-Jaén Zermeño manifiesta su intención de repetir, “con el propósito de robustecer la experiencia del nuevo órgano colegiado y garantizar su continuidad institucional, elementos indispensables para que el organismo garante afronte con éxito los retos que impone su creación”. En el texto entregado por el actual presidente del IFAI, Gerardo Laveaga, considera que esta institución es un detonador de la participación ciudadana por lo cual debe ser un órgano del Estado que se conduzca en términos constitucionales y legales. “Bajo esta premisa, estimo que cuento con las características profesionales y la experiencia para defender los derechos de acceso a la información y protección de datos, como lo he venido haciendo durante los últimos años”, resalta en dos hojas. Wanda Sigrid Arzt Colunga sustentó su continuidad en un escrito de siete cuartillas, que hizo acompañar de un anexo de cuatro hojas y de un currículum vitae de 21 páginas. La comisionada hace hincapié en su escrito que “más allá de las valoraciones y ponderaciones que se sirvan tener los honorables senadores de la República, no existen factores o causales reales, fundadas y probadas que impidan concluir el periodo para el que fui designada comisionada en septiembre de 2009”. De acuerdo con la reforma constitucional en materia de transparencia, los actuales comisionados tenían de plazo hasta este martes para notificar por escrito al Senado su interés por permanecer en sus cargos. Ahora los legisladores evaluarán sus perfiles y después decidirán si pueden participar o no en la convocatoria para integrar el IFAI, que ahora cuenta con nuevas facultades que fortalecen su trabajo. Corresponde a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dar a conocer el acuerdo con los procedimientos y las fechas exactas para renovar ese órgano de transparencia. Antes el pleno del instituto se componía por cinco miembros, pero con la reforma en transparencia se aumentó a siete. Recientemente, la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal dejó el cargo y el Senado tiene como plazo hasta el 28 de febrero para designar a los comisionados del instituto.
Dan sus argumentos para seguir en el IFAI
Excélsior
Leticia Robles de la Rosa
19 de febrero del 2014
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de febrero.- Sin hacer mención a sus pleitos, que incluso llevaron al Congreso de la Unión a abrir la puerta para cesarlos, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) argumentaron las razones para ser ratificados en sus cargos.
Incluso la comisionada del IFAI Sigrid Arzt dijo que “no hay factores o causales reales, fundadas y probadas que me impidan concluir el periodo para el que fui designada”.
Las cartas de petición, publicadas por la Mesa Directiva en la Gaceta del Senado, muestran la atención que los comisionados pusieron en los escritos.
Mientras Ángel Trinidad Zaldívar incluyó hasta propuestas y Arzt mandó un informe con anexos, María Elena Pérez-Jaén entregó cinco párrafos y Gerardo Laveaga, comisionado presidente del IFAI, un total de seis.
Desde enero del año pasado, a raíz de las acusaciones de Ángel Trinidad Zaldívar, salieron a relucir las diferencias entre los comisionados del IFAI, amén de que se generalizó la version de que la Secretaría de la Función Pública investigaba a Sigrid Arzt por el presunto uso de nombres falsos para solicitar información al propio instituto.
“La responsabilidad en el cumplimiento de mis obligaciones la he acompañado siempre con absoluto respeto a la institucionalidad con la que todo funcionario debe actuar en el servicio público, sin importar que en el seno de reuniones con mis colegas del pleno haya expresado diferencias de opinión y criterio en asuntos propios y pertinentes de la conducción de la institución y que, por otra parte, son parte interesante de todo órgano colegiado”, dice la comisionada.
Ángel Trinidad Zaldívar informó a los senadores que él fue de los pioneros en materia de transparencia; que los modelos que desarrolló fueron tomados para dar los primeros pasos en esta materia; que fue promotor de la inclusión de la cultura de la transparencia en los libros de texto gratuitos y que ha participado en los esfuerzos por mejorar los instrumentos legales que obligan a terminar con la opacidad.
“Al garantizar el acceso a la información, el Estado propicia condiciones favorables para la acción de ciudadanos más libres, más conscientes y más responsables de la vida de su comunidad.
“Una sociedad más informada se vuelve exigente e impulsa a los gobiernos a generar políticas públicas responsables”, dice en la parte denominada Una Visión, Una Propuesta.
María Elena Pérez-Jaén Zermeño dijo a su vez que “ante esta trascendental reforma constitucional deseo colaborar en este nuevo organismo, con la experiencia y conocimiento que he acumulado, desde el año 2003, en mi desempeño como consejera ciudadana del extinto Consejo de Información Pública del Distrito Federal”, señala.
Añade que se trata de “cargos de alta responsabilidad, con los que he sido distinguida y en los que siempre me he desempeñado con profesionalismo, compromiso, imparcialidad, independencia y con una profunda convicción, garantizando los derechos humanos de acceso a la información pública y el de la protección de datos personales”.
En tanto, Gerardo Laveaga escribió a los senadores que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales “impulsé la apertura judicial, los juicios orales y la modernización de nuestro sistema de justicia… lo mismo he hecho en mis libros, en mis artículos académicos, en las clases que imparto y, desde luego, en mi encargo como comisionado y comisionado presidente del IFAI”.
El PRD da el visto bueno al Pacto en el Senado
La dirigencia nacional del PRD avaló que la bancada de este partido participe del denominado Pacto en el Senado, el cual fue planteado como sustituto del Pacto por México.
Al término de la presentación de su declaración política “Por la defensa de nuestros energéticos”, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, sostuvo que “el pacto o acuerdo, cómo se le llame,” logrado en el Senado es resultado del diálogo, el cual, dijo, es consustancial al desarrollo del país.
“Celebro que hayan llegado a un acuerdo para este periodo ordinario de sesiones que está en curso y que hayan restablecido también la secuencia del tratamiento de los temas. Qué bueno que estén dando certezas sobre cuáles son los temas que se van a abordar y en qué tiempos los pretenden tratar”, sostuvo.
La mesa de diálogo creada por los coordinadores en el Senado del PRD, Luis Miguel Barbosa; del PRI, Emilio Gamboa, y del PAN, Jorge Luis Preciado, tiene el objetivo de procesar al menos 79 leyes y reformas a partir de la construcción de acuerdos, según lo declarado el lunes pasado por el líder de los senadores panistas.
Listo para dejar el cargo De cara a la renovación de los órganos de dirección del PRD, Zambrano aseguró que se encuentra “totalmente” preparado para entregar la presidencia de su partido el próximo 21 de marzo.
“Jesús Zambrano ha dicho, y reitero el día de hoy, que estoy listo para entregar la responsabilidad de la presidencia nacional el 21 de marzo a quien decida, si es que así lo decide el Consejo Nacional de nuestro partido.
“Así que no se deben andar espantando con el petate del muerto. Si no se sienten a gusto en el PRD algunos, pues la militancia es absolutamente libre”, advirtió.
De igual forma, hizo un llamado al IFE para que “sin dilación alguna” valide las reformas a los documentos básicos del PRD.
Ante este pendiente, la renovación de la dirigencia del PRD podría extenderse a septiembre.
De esta manera, en el partido deben decidir si se da más tiempo a la presidencia de Jesús Zambrano o se nombra a un dirigente interino.
Consejeros del IFAI presentan al Senado intenciones de repetir cargo
24 Horas
Notimex
18 de Febrero de 2014
De acuerdo con la reforma constitucional en materia de transparencia este martes se vencía en plazo para notificar su intención de repetir en el cargo
El Senado de la República recibió oficios de Ángel Trinidad Zaldívar, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Gerardo Laveaga Rendón y Sigrid Arzt Colunga, en los que manifiestan su intención de ser ratificados como consejeros del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
En documentos por separado argumentan que de acuerdo con la recién promulgada reforma constitucional en materia de transparencia, pueden solicitar su ratificación y concluir su gestión como comisionados en el nuevo y autónomo IFAI.
Los oficios están dirigidos al presidente de la Mesa Directiva de esta cámara, Raúl Cervantes Andrade, con copia a los presidentes de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales; de Justicia, Roberto Gil Zuarth, y de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, que serán las que decidan si son ratificados o no.
Trinidad Zaldívar fundamentó su ratificación en cuatro cuartillas, en las que resalta que su candidatura encuentra sustento en diversos antecedentes relacionados con su trayectoria profesional, desarrollada a lo largo de 30 años como servidor público.
En una cuartilla con cinco párrafos la comisionada Pérez-Jaén Zermeño manifiesta su intención de repetir, “con el propósito de robustecer la experiencia del nuevo órgano colegiado y garantizar su continuidad institucional, elementos indispensables para que el organismo garante afronte con éxito los retos que impone su creación”.
En el texto entregado por el actual presidente del IFAI, Gerardo Laveaga, considera que esta institución es un detonador de la participación ciudadana por lo cual debe ser un órgano del Estado que se conduzca en términos constitucionales y legales.
“Bajo esta premisa, estimo que cuento con las características profesionales y la experiencia para defender los derechos de acceso a la información y protección de datos, como lo he venido haciendo durante los últimos años”, resalta en dos hojas.
Wanda Sigrid Arzt Colunga sustentó su continuidad en un escrito de siete cuartillas, que hizo acompañar de un anexo de cuatro hojas y de un currículum vitae de 21 páginas.
La comisionada hace hincapié en su escrito que “más allá de las valoraciones y ponderaciones que se sirvan tener los honorables senadores de la República, no existen factores o causales reales, fundadas y probadas que impidan concluir el periodo para el que fui designada comisionada en septiembre de 2009”.
De acuerdo con la reforma constitucional en materia de transparencia, los actuales comisionados tenían de plazo hasta este martes para notificar por escrito al Senado su interés por permanecer en sus cargos.
Ahora los legisladores evaluarán sus perfiles y después decidirán si pueden participar o no en la convocatoria para integrar el IFAI, que ahora cuenta con nuevas facultades que fortalecen su trabajo.
Corresponde a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dar a conocer el acuerdo con los procedimientos y las fechas exactas para renovar ese órgano de transparencia.
Antes el pleno del instituto se componía por cinco miembros, pero con la reforma en transparencia se aumentó a siete.
Recientemente, la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal dejó el cargo y el Senado tiene como plazo hasta el 28 de febrero para designar a los comisionados del instituto.
El Economista
Alberto Aguirre M.
18 de febrero de 2014
Después de una década en el IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar será testigo de su extinción. Durante cinco años fue su Secretario Ejecutivo -cuando Alonso Lujambio presidió ese organismo- y en el 2009 fue electo comisionado.
A su mandato le quedan dos años y cuatro meses. Y al igual que los otros tres integrantes del pleno del IFAI, quiere terminarlo por razones personales, profesionales y de salud institucional.
Con papelería oficial, Zaldívar remitió un oficio de cuatro cuartillas al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República en el que resumió su trayectoria de tres décadas en el servicio público -“siempre me he conducido en favor del desarrollo democrático de nuestro país”- y esbozó en términos generales su propuesta de trabajo.
Antes, abrazó con entusiasmo la nueva legislación en materia de transparencia, producto del Pacto por México, a pesar de que decretó la extinción del IFAI. “La reforma busca instaurar una verdadera política de Estado que, ajena a los vaivenes sexenales, responda a uno de los más sentidos reclamos de la sociedad: que los servidores públicos trabajen a la luz del día”, destacó, “el mayor reto es transitar del acceso a la información a la rendición de cuentas”. Y eso implica una mayor coordinación con el próximo órgano garante y otras instancias como el INEGI, el Archivo General de la Nación y la Auditoría Superior de la Federación.
Por su parte, la comisionada María Elena Pérez-Jaen firmó una carta de cinco párrafos en la que, descontando los saludos y las despedidas, sostiene que su permanencia en el IFAI contribuiría a robustecer la experiencia del nuevo órgano colegiado y garantizar su continuidad institucional. Y después de un breve curriculum vitae, define: “siempre me he desempeñado con profesionalismo, compromiso, imparcialidad, independencia y con una profunda convicción, garantizando los derechos humanos de acceso a la información pública y el de la protección de datos personales (sic)”.
El presidente saliente del IFAI, Gerardo Laveaga, utilizó su papelería personal, para cumplir con el trámite. “El IFAI es un detonador de la participación ciudadana, pero un detonador institucional: un tribunal administrativo, un órgano de Estado que debe conducirse en los términos institucionales y legales”, describió, “en la rendición de cuentas, se benefician tanto la sociedad civil como los sujetos obligados: la primera, porque puede participar de forma más informada, más crítica y más activa en la construcción de nuestro Estado Democrático de Derecho; los segundos, porque fortalecen su legitimidad. Esto los vuelve más confiables y eficaces”.
La comisionada Sigrid Arzt Colunga envió una carta de siete cuartillas y otras 26 páginas de anexos, con información sobre los viáticos recibidos y gastados durante sus viajes, en comisión oficial, y una extensa hoja de vida.
Para permanecer en el IFAI, enarboló cuatro argumentos. “La responsabilidad con la que he desempeñado mi cargo; la experiencia y el conocimiento de la materia; la institucionalidad con la que me he conducido y, finalmente, la inexistencia de causales reales, fundadas y probadas que me impidan concluir el periodo para el que fui designada”.
Ese primer trámite -realizado por separado por cada uno de los comisionados- cumple con el supuesto contemplado en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional. Ahora corre un plazo que se extinguirá el próximo 28 de febrero, cuando el pleno de la Cámara Alta deberá resolver si se van o se quedan. Si en la orden del día de las próximas tres sesiones no agenda este asunto, se entenderá la negativa a su petición. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el proceso de selección será conducido por Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción en el Senado.
Si los cuatro comisionados del IFAI reciben el aval de los legisladores, podrán integrarse al nuevo organismo garante del derecho de acceso a la información en el entendido de que su permanencia sería únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el instituto que se extingue. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados del IFAI reciba la aprobación del Senado, tendrían que nombrarse dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo del 2018; otros dos, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo del 2020 y dos más, que estarían en el nuevo órgano garante hasta el 31 de marzo del 2022. Adicionalmente sería designado un comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo del 2013.
Entre los aspirantes con mayores posibilidades están: Mauricio Farah Gebara, secretario general de la Cámara de Diputados, y el actual secretario ejecutivo del IFAI, Juan Pablo Guerrero Amparán, quien ya fue comisionado.
El ala corderista en el Senado de la República podría intentar que Benjamín Hill Mayoral -ex funcionario de la Función Pública y de la SHCP y esposo de Alejandra Sota- llegara al cargo, aunque el costo político podría resultar oneroso. Entre las ONG especializadas en estos asuntos, ha cobrado fuerza la nominación del activista social Guillermo Noriega Esparza, presidente de Sonora Ciudadana. Y faltan los académicos…
Exigen elección transparente en el IFAI
Reforma
Redaccion
18 de febrero de 2014
El Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) exigió que el Senado transparente los criterios con los que evaluará a los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), así como el procedimiento que seguirá para elegir a los nuevos integrantes de ese órgano colegiado.
En un comunicado, el Consejo consideró que el éxito de la reforma constitucional en materia de transparencia, que entró en vigor el 7 de febrero pasado, dependerá de la manera en que se integre el nuevo pleno del IFAI.
“El éxito de la reforma dependerá de que la designación de los comisionados -o la ratificación de los existentes-, se haga con escrupulosa transparencia y que se demuestre a la sociedad la probidad, experiencia y trayectoria de quienes finalmente serán seleccionados”, indicó.
En la designación de todos los comisionados, añadió, como piso mínimo, deben prevalecer los criterios de trayectoria, conocimiento, independencia e imparcialidad.
“Exigimos que el proceso de nombramiento y/o ratificación de comisionados quede a salvo de vicios de origen marcados por relaciones personales o filiaciones políticas o partidistas, y que los criterios empleados -importa insistir en ello-, sean los de probidad, conocimiento, independencia e imparcialidad de los integrantes de este órgano”, reiteraron.
Con la reforma, el IFAI adquirió autonomía constitucional y su pleno creció de cinco a siete comisionados, pero los cuatro que actualmente lo conforman, deberán ser ratificados a más tardar el 20 de febrero y los nombramientos de los nuevos deberán estar listos antes del 9 mayo.
El Consejo indicó que los legisladores deben instaurar un procedimiento de consulta a la sociedad civil para determinar quiénes serán los candidatos a integrar el nuevo pleno, pues la reforma en materia de transparencia fue el epílogo de un impulso en el que participaron decididamente representantes y miembros de la ciudadanía.
La Red por la Rendición de Cuentas agrupa a distintas asociaciones académicas y de la sociedad civil, su Consejo Asesor está integrado por: Rubén Álvarez Mendiola, Ricardo Becerra, Jesús Cantú, Guillermo Cejudo, Alejandro González Arreola, Óscar Guerra Ford, Edna Jaime, Sergio López Ayllón, Mauricio Merino, Lourdes Morales, Almudena Ocejo, Miguel Pulido, Ricardo Raphael, Alejandra Ríos Cázares y Jorge Javier Romero.
Reforma
Rolando Herrera, Claudia Guerrero y Aracelia Maya
18 de febrero de 2014
Los cuatro comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) hicieron saber al Senado su intención de permanecer en ese órgano.
Gerardo Laveaga, comisionado presidente, María Elena Pérez-Jaén, Sigrid Arzt y Ángel Trinidad Zaldívar expusieron por escrito su interés para ser considerados en el nuevo consejo del órgano de transparencia que se constituirá tras la reforma a Ley de Transparencia.
La Cámara alta tendrá un plazo de 10 días naturales para decidir a quién ratifica y quién se queda fuera del nuevo instituto.
Laveaga, quien envió el jueves pasado una carta al Senado, señaló que el compromiso con la transparencia debe ser una convicción personal, pero siempre apegada a la ley y a la Constitución.
“La transparencia tiene que ver más con convicciones personales que con conocimientos técnicos, los conocimientos técnicos ayudan por supuesto, son esenciales, pero buscar la transparencia es algo que es más de una actitud y no se hace solamente con buenas intenciones, hay que hacerlo apoyado en la ley y en la Constitución”, dijo en entrevista.
Laveaga, conforme a la legislación anterior a la reforma constitucional, fue nombrado comisionado el 12 de abril de 2012 para cumplir con un periodo de siete años y desde enero del año pasado se desempeña como presidente del IFAI.
De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma constitucional, que entró en vigor el 8 de febrero pasado, para ser considerados en el nuevo órgano de transparencia, los actuales comisionados deben manifestar ante el Senado su deseo de permanecer en sus cargos.
Sin embargo, su ratificación se tiene que dar con la aprobación de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión del pleno, o bien, si no se le da trámite a la solicitud, se considerará como una negativa.
Laveaga indicó que quiere permanecer y formar parte del nuevo órgano porque la transparencia siempre le ha apasionado y la ha impulsado desde los distintos cargos públicos en los que ha trabajado.
La senadora priista Arely Gómez González señaló que el Senado tiene hasta el 28 de marzo para nombrar a los comisionados y que se busca la participación de las entidades, además de que una de las prioridades será la equidad de género.
“Son estos temas los cuales deben conjugarse y es donde nosotros, la Comisión de Justicia, la Comisión de Participación Ciudadana Anticorrupción y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, tendremos que hacer una valoración global de los perfiles”, indicó.
Comisionados de IFAI “olvidan” conflictos
El Universal
Alberto Morales y Juan Arvizu
19 de febrero de 2014
A pesar de haberse visto envueltos en polémicas, comisionados del IFAI, que buscan repetir en el cargo, destacaron ante senadores su experiencia.
En cartas a senadores, los comisionados Sigrid Arzt Colunga, María Elena Pérez-Jaén, Ángel Trinidad Zaldívar y Gerardo Lavega Rendón expusieron ampliamente sus razones.
Sigrid Arzt, a quien la Función Pública investiga por supuestamente haber incurrido en conflicto de interés al presentar y votar recursos de revisión que ella misma promovió, dijo en su misiva que solicita su ratificación basada en la responsabilidad en la que se ha desempeñado en el cargo: la experiencia y conocimiento de la materia, y la institucionalidad con la que se ha conducido.
Dijo que no existen “causales reales, fundadas y probadas” que le impidan concluir el periodo para el que fue designada.
Laveaga, quien asumió la presidencia del IFAI entre las críticas de su compañero Ángel Trinidad de “dormirse” y no conocer la ley, dijo que en caso de que el Senado le elija, se compromete a actuar “con independencia, imparcialidad, eficacia, profesionalismo, transparencia, y serenidad en el ejercicio de mis funciones”.
María Elena Pérez-Jaén expresó que tiene experiencia y conocimiento desde 2003, como comisionada del Info DF y el IFAI “cargos en los que siempre me he desempeñado con compromiso, imparcialidad, independencia”.
Ángel Trinidad Zaldívar expuso su experiencia como secretario ejecutivo del IFAI y que su desempeño siempre se ha conducido en apego a la Constitución “siempre en favor del desarrollo democrático de nuestro país”.
Por separado, el Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas exigió que el Senado transparente los criterios con los que evaluará a los actuales comisionados del IFAI.
Senado recibe oficios de comisionados del IFAI para ser ratificados
El Sol de México
Notimex
18 de febrero de 2014
Ciudad de México.- El Senado de la República recibió oficios de Ángel Trinidad Zaldívar, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Gerardo Laveaga Rendón y Sigrid Arzt Colunga, en los que manifiestan su intención de ser ratificados como consejeros del IFAI.
En documentos por separado argumentan que de acuerdo con la recién promulgada reforma constitucional en materia de transparencia, pueden solicitar su ratificación y concluir su gestión como comisionados en el nuevo y autónomo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Los oficios están dirigidos al presidente de la Mesa Directiva de esta cámara, Raúl Cervantes Andrade, con copia a los presidentes de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales; de Justicia, Roberto Gil Zuarth, y de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, que serán las que decidan si son ratificados o no.
Trinidad Zaldívar fundamentó su ratificación en cuatro cuartillas, en las que resalta que su candidatura encuentra sustento en diversos antecedentes relacionados con su trayectoria profesional, desarrollada a lo largo de 30 años como servidor público.
En una cuartilla con cinco párrafos la comisionada Pérez-Jaén Zermeño manifiesta su intención de repetir, “con el propósito de robustecer la experiencia del nuevo órgano colegiado y garantizar su continuidad institucional, elementos indispensables para que el organismo garante afronte con éxito los retos que impone su creación”.
En el texto entregado por el actual presidente del IFAI, Gerardo Laveaga, considera que esta institución es un detonador de la participación ciudadana por lo cual debe ser un órgano del Estado que se conduzca en términos constitucionales y legales.
“Bajo esta premisa, estimo que cuento con las características profesionales y la experiencia para defender los derechos de acceso a la información y protección de datos, como lo he venido haciendo durante los últimos años”, resalta en dos hojas. Wanda Sigrid Arzt Colunga sustentó su continuidad en un escrito de siete cuartillas, que hizo acompañar de un anexo de cuatro hojas y de un currículum vitae de 21 páginas.
La comisionada hace hincapié en su escrito que “más allá de las valoraciones y ponderaciones que se sirvan tener los honorables senadores de la República, no existen factores o causales reales, fundadas y probadas que impidan concluir el periodo para el que fui designada comisionada en septiembre de 2009”. De acuerdo con la reforma constitucional en materia de transparencia, los actuales comisionados tenían de plazo hasta este martes para notificar por escrito al Senado su interés por permanecer en sus cargos.
Ahora los legisladores evaluarán sus perfiles y después decidirán si pueden participar o no en la convocatoria para integrar el IFAI, que ahora cuenta con nuevas facultades que fortalecen su trabajo. Corresponde a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dar a conocer el acuerdo con los procedimientos y las fechas exactas para renovar ese órgano de transparencia.
Antes el pleno del instituto se componía por cinco miembros, pero con la reforma en transparencia se aumentó a siete. Recientemente, la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal dejó el cargo y el Senado tiene como plazo hasta el 28 de febrero para designar a los comisionados del instituto.
-Protección de datos
19 de febrero de 2014
Reporte Índigo
Índigo Staff
Si te pagaran por revelar los datos de tus cuentas de redes sociales y de las transacciones bancarias, ¿lo harías?
Quizá suene curioso, pero al menos este es el modelo de negocio de la startup Datacoup, que, en su fase beta, ofrece pagar ocho dólares al mes a cambio del acceso a esta información.
A este cruce de datos –cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter, y transacciones de tarjetas de débito o de crédito–, se le quitarán los datos personales. Porque la idea es que, posteriormente, Datacoup cobre a los anunciantes por conocer cuáles son las tendencias de consumo de los consumidores para enviar publicidad dirigida.
Las personas tienen la libertad de elegir qué datos vender a esta startup de Nueva York, así como a las empresas que compran los mismos.
“Si un consumidor quiere tomar una decisión informada, debería poder vender sus datos a quien escoja”, dijo a la revista MIT Technology Review Matt Hogan, director ejecutivo y cofundador de Datacoup.
A decir de Hogan, casi mil 500 personas se han sumado a la fase beta de su startup, aunque el servicio estará disponible a cualquiera en los próximos meses.
El comercio de los datos personales no es algo nuevo. Sucede con Facebook, por ejemplo, con la diferencia de que en esta red social el usuario no recibe remuneración alguna por los beneficios que genera su propia información.
“Éticamente tiene sentido que sepas qué pasa con tus datos, cómo lo usan las distintas partes y cuáles son las posibles consecuencias”, dijo Alessandro Acquisti, docente de tecnologías de la información y políticas públicas de la Universidad Carnegie Mellon.
Pero el experto en la economía del comportamiento de la privacidad y seguridad de la información advierte que incluso con Datacoup, el usuario no tendrá el control de sus datos, no puede saber realmente cuáles serán las consecuencias del acceso a su privacidad.
NSA y agencia británica espiaron a Wikileaks y a sus lectores
Homo Zapping
Jenaro Villami
19 de febrero del 2014
Las agencias Nacional de Seguridad (NSA) estadunidense y de inteligencia británica (GCHQ) vigilaron de modo encubierto y buscaron modos de levantar acusaciones contra Wikileaks y más grupos de activistas, revelan los documentos secretos (“top secret”) filtrados por Edward Snowden.
La vigilancia no se circunscribe a las organizaciones como tales. Abarca lo que la NSA llama “la red humana que apoya a Wikileaks”. Por ejemplo, la GCHQ monitoreó las visitas que recibe el sitio de Wikileaks y recolectó las direcciones de IP de los visitantes en tiempo real.
Los documentos, dados a conocer por The Intercept, el nuevo proyecto periodístico creado por Glenn Greenwald, Laura Poitras y Jeremy Scahill, revelan que la NSA consideró utilizar su sistema de vigilancia contra Pirate Bay, el sitio de descargas, y aprobó supervisar a grupos de hacktivistas como Anonymous.
Esta sería la primera vez que hay evidencia de que la comunidad de inteligencia estadunidense y británica intenta espiar a Wikileaks.
En uno de los documentos, fechado en julio de 2011, hay un resumen de un intercambio entre dos funcionarios de la NSA que discuten la posibilidad de que el portal de filtraciones sea clasificado como “un ‘actor extranjero malicioso’, para que pueda ser un blanco” de amplia vigilancia electrónica, sin tener que excluir a estadunidenses de los registros, informa The Intercept.
Otro documento, de agosto de 2010, explica cómo la administración de Obama le pidió a sus aliados extranjeros levantar cargos contra Julian Assange, fundador de Wikileaks, por la publicación de los registros de guerra de Afganistán.
Otro escrito muestra que desde 2010 Assange fue incluido en una lista de “hombres buscados” de la NSA.
El editor de Wikileaks publicó una declaración respecto a estas revelaciones, en la cual dice: “Conminamos a que la administración de Obama nombre un Fiscal Especial para investigar qué tanto abarca la actividad criminal de la NSA contra los medios, incluyendo a Wikileaks y su red”.
Assange informa que le pidieron a su abogado general, Baltasar Garzón, que prepare una respuesta. “Que quede claro: aquellos responsables tendrán que rendir cuentas y serán llevados ante la justicia”.
The Intercept explica que si bien la administración de Barack Obama ha insistido en que los ciudadanos estadunidenses no están en la red de vigilancia masiva de la NSA, cualquier comunicación con un grupo clasificado como “actor extranjero malicioso” sería posible blanco de espionaje.
Julian Assange está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia, donde dos mujeres le acusan de agresión sexual. El australiano teme que desde Suecia le extraditen a Estados Unidos y le condenen por espionaje por las revelaciones de WikiLeaks.
Por su parte, Snowden es un exanalista de la NSA que está refugiado en Rusia tras haber sustraído miles de documentos de la agencia, que han servido para conocer detalles comprometedores sobre sus actividades, como el espionaje masivo a ciudadanos inocentes y a líderes aliados de Estados Unidos.
Movimientos en empresas de medios
-Compra de medios
Slim pagaría Dlls. $ 325 millones por Dish México
El Financiero
Carlos Mota
19 de febrero de 2014
Tengo en mi poder lo que habría sido el documento maestro que resume los acuerdos por los cuales Teléfonos de México, de Carlos Slim, tendría una opción de compra por 325 millones de dólares para adquirir a Dish México, S. de R. L. La fuente es confiable. El documento, fechado en febrero de 2012, habría salido de los archivos de Forastieri Abogados y está dirigido a José Luis Woodhouse Andrade, Carlos Cárdenas Castro y Adrián Ortega Navarrete, de Dish. Estos son los párrafos sustantivos que probarían la alianza entre Telmex y Dish:
“(a) Teninver Call: DM otorga en favor de Teninver una opción incondicional e irrevocable para que ésta suscriba 51% del capital social de DM. (b) DM Put: Teninver otorga en favor de DM una opción incondicional e irrevocable para obligar a Teninver a suscribir 51% del capital social de DM.” (Nota: DM es Dish México, y Teninver es la empresa de Carlos Slim dedicada a los temas satelitales).
El documento es muy específico: “Precio de la opción: el precio de la opción (el “Precio de Ejercicio de la Opción”) es originalmente de US$325,000,000.00 y el mismo será ajustado conforme lo siguiente:
1. Intereses: devengará intereses a razón del 5% anual; 2. Se verá reducido por aportaciones no realizadas por Grupo MVS o EchoStar conforme al Transaction Agreement, cantidades que devengarán intereses a razón del 5% anual a partir de la fecha en que dichas aportaciones tuvieron que ser efectuadas; 3. Se verá reducido por dividendos pagados a los accionistas de DM, considerando la porción del dividendo que le hubiera correspondido a Telmex de haber sido ya propietario del 51% de DM.
Se habrían fijado fechas de largo alcance: “Plazo: el contrato estará vigente hasta el 23 de noviembre de 2018”.
De manera remedial, se habría establecido en los contratos que Dish Mexico Holdings podría “obligar a Telmex a comprarle el total de su participación en DM” bajo ciertos supuestos, uno de ellos, por ejemplo, que “durante 2 trimestres consecutivos, 30% o más de los suscriptores de servicios de televisión restringida de Telmex (incluyendo para dichos fines a los de DM) correspondieran a plataformas diferentes a DM”.
También se habría establecido que si la opción “se ejerce después del 1 de enero de 2014, será el valor de mercado de DM” lo que determinará el precio. Asimismo, se impondría un castigo a Telmex de US $ 50 millones en caso de que no se ejerza la opción de venta y se tengan menos de un millón de suscriptores activos en la plataforma.
Los contratos (9 en total) habrían establecido que si “no se hubiera ejercido ninguna opción de venta y por tanto Telmex no fuere aún socio de DM, el 1º de enero de 2014, Telmex deberá propiciar y asegurarse que un banco de su elección, otorgue un crédito en condiciones de mercado, por una cantidad total de US$325, 000,000.00”.
Legislación en materia de comunicación
Ifetel y Cofeco, ¿más competencia o más burocracia?
El Financiero
Luis Pazos
19 de febrero de 2014
La Cofeco (Comisión Federal de Competencia) y la Ifetel (Instituto Federal de Telecomunicaciones) pueden tomar un camino que incremente la competencia, beneficie a los consumidores y así justificar socialmente su existencia; pero hay el peligro de convertirse en instituciones que aumenten los gastos de las empresas, los tiempos para realizar transacciones y generen inseguridad jurídica, en tal forma que las pérdidas sociales sean mayores a los beneficios.
Para evitarlo, quienes legislan las leyes secundarias y los comisionados de la Cofeco y los de la Ifetel, deben tener claro que los monopolios artificiales surgen y se mantienen por leyes y reglamentos que impiden competir a cualquier persona o empresa interesada en un sector. La primera labor de los legisladores y funcionarios de esas dependencias debe ser identificar leyes, reglamentos, circulares o posturas del ejecutivo federal, gobiernos estatales y municipales, que amparen los monopolios. Los peores enemigos de la competencia no son las grandes empresas, sino las leyes y funcionarios que favorecen los monopolios.
Hay empresas chicas monopólicas y grandes que enfrentan competencia. Ifetel y Cofeco deben luchar por suprimir todas las barreras de entrada, legales y administrativas, que impiden la competencia en varios sectores. Los monopolios artificiales no los define el tamaño de las empresas, sino una posición jurídica y administrativa privilegiada. No es dividiendo empresas, obstaculizando fusiones o controlando precios como se combaten los monopolios. Esas estrategias sólo aumentan costos y trámites que recaen sobre los consumidores.
Más competencia no se logra con que siete funcionarios y no millones de consumidores, decidan arbitrariamente el tamaño de cada empresa o los precios a los que deben vender. Es necesario el combate a todos los entornos monopólicos, aunque no sean muy ostentosos para los comisionados, como los de grupos de taxistas en varios aeropuertos y estados, que con la complacencia o complicidad de autoridades, impiden que cualquier persona ajena a su gremio transporte turistas en “su territorio”.
Ojalá los comisionados de la Ifetel y la Cofeco fomenten la competencia y no sólo aumenten los costos de transacción, que en una economía globalizada resta competitividad a empresas nacionales.
-Leyes secundarias
Diputados apuran a EPN a enviar propuesta de ley secundaria
El Economista
Notimex
18 de febrero de 2014
El diputado del PAN, Ricardo Anaya Cortés, exhortó al Ejecutivo federal a que presente “a la brevedad” las iniciativas de leyes secundarias de telecomunicaciones y competencia económica, para permitir una profunda discusión legislativa.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aseveró que “estamos a tiempo para, de manera profunda, seria y responsable, procesar los cuatro paquetes” en materia de competencia económica, telecomunicaciones, energía y político-electoral.
Sin embargo, previo a la sesión de este martes, advirtió la necesidad de “que se presenten a la brevedad estas dos iniciativas (competencia económica y telecomunicaciones), para que eventualmente podamos dar pie a los otras dos: política electoral y energética”.
En entrevista, sostuvo que se trata de cuerpos legales complejos y amplios, por lo que requieren ser analizados a profundidad por el Poder Legislativo.
Sobre el pacto entre las bancadas priista, panista y perredista en el Senado para dar prioridad a las leyes secundarias de estas reformas, el representante de Acción Nacional afirmó que “con pacto o sin pacto” en San Lázaro existirá una amplia discusión.
Al respecto, el líder de los priistas en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que en esta cámara han resuelto estar muy atentos a la recepción de las iniciativas de leyes secundarias para resolverlas en el menor tiempo posible, debido al alto grado de consensos que tienen.
En este sentido, consideró que “el Pacto por México no puede ser sustituido en la cámara”.
En tanto, el coordinador de los panistas, Luis Alberto Villarreal García, se congratuló de que en el Senado acordaran un pacto para avanzar en las leyes secundarias pendientes, aunque -dijo- en San Lázaro se han aprobado 22 dictámenes en el actual periodo sin necesidad de acuerdos de ese tipo.
Recalcó que la bancada panista continuará trabajando con compromiso “permanente” y responsabilidad, para dar al país las reformas que necesita para una mayor competitividad y crecimiento económico.
Al ser interrogado sobre si llevarán a cabo un pacto similar, comentó que las diferentes fracciones realizan reuniones de manera regular con los coordinadores de las principales fuerzas políticas para “sacar adelante los pendientes”.
Partido del Trabajo se une a llamado de bancadas de izquierda
Sin Embargo
Redacción Sin Embargo
18 de febrero de 2014
México, 18 Feb. (Notimex).- El Partido del Trabajo (PT) se sumó al autodenominado Polo Progresista, integrado por legisladores de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para hacer frente a las iniciativas de leyes secundarias de las reformas energética, de telecomunicaciones, político-electoral y de competitividad. En rueda de prensa, el coordinador de la fracción legislativa del PT en San Lázaro, Alberto Anaya Gutiérrez, dijo que se trabajará en una contrarreforma, particularmente en materia energética, ya que lo propuesto y aprobado por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional vulnera los intereses de México. Ante lo que llamó una, embestida de la derecha mexicana, pidió a la población cerrar filas y trasladar la protesta social a las calles. A su vez, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, subrayó que este Polo Progresista es señal de esperanza para los mexicanos. “Lo más meritorio de esta iniciativa es que se pretende que se conforme un Polo Progresista en el Poder Legislativo Federal, para defender las tesis de la izquierda mexicana que fueron presentadas en conjunto en 2012, de manera que el objetivo es defender el tema de la energía”, puntualizó. Recalcó que lo que se pretende es actuar en conjunto, que se tenga una voz común, que se puedan fijar las posiciones a la opinión pública y hacer que el voto de las y los mexicanos se refleje en lo que será decisivo en las diferentes cámaras. Ebrard Casaubón, quien inició la propuesta del Polo Progresista, expresó confianza en que aumente la participación de los legisladores, ya que su labor es promover el movimiento de las izquierdas. Comentó que otro de los propósitos del movimiento es la oposición a la reforma energética y sus leyes secundarias, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva legalmente la consulta popular que se promueve en la materia. Asimismo, dijo que se deben defender los compromisos que los ahora legisladores de la coalición Movimiento Progresista presentaron de manera conjunta en campaña, previo a los comicios de 2012. A su vez, el ex senador Alejandro Chanona Burguete, de Movimiento Ciudadano, expuso que al unirse la izquierda ante la próxima presentación de dictámenes y legislación secundaria en diversos temas, en especial el energético, se generará un ambiente de discusión “genuino y serio ante la renuencia de los que creen que pueden imponerse”. “Ante ello, Movimiento reitera que creemos firmemente en la convocatoria para conformar este Polo Progresista en la Cámara de Diputados, pero también en la Cámara de Senadores, para revisar, analizar y discutir las leyes secundarias que, de no ser combatidas en una democracia donde la oposición debe existir, estaremos simulando”, advirtió. Con la representación de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se han sumado al Polo, José Ángel Ávila Pérez señaló que debe existir una corriente única entre los partidos que compartieron la misma plataforma política en las elecciones pasadas. Se pronunció porque exista un trabajo conjunto entre las fuerzas progresistas para “impedir que la riqueza nacional sea entregada a manos extranjeras o privadas”. El senador del PRD, Manuel Camacho Solís, consideró que las razones fundamentales de la convergencia entre los grupos de izquierda será la demanda de que se realice una consulta popular en materia energética.
Leyes secundarias, cuesta arriba
El Financiero
Víctor Felipe Piz
19 de febrero de 2014
El desafío de consolidar en este año, vía leyes secundarias, las reformas estructurales aprobadas en 2013, empieza a verse cada vez más cuesta arriba.
La semana pasada, el presidente Enrique Peña adelantó que hoy enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de ley secundaria en materia de competencia económica.
Esta será la segunda regulación secundaria de las reformas aprobadas el año anterior, después de las relativas a las reformas constitucionales en materia educativa, que ya están vigentes.
Falta asegurarse de que esas leyes reglamentarias se cumplan con la aplicación de un nuevo modelo educativo en el país, pero eso es tema de otro análisis.
Retraso en telecomunicaciones
La reforma constitucional en competencia económica promueve la libre competencia y concurrencia en sectores estratégicos de la economía.
Además creó la Comisión Federal de Competencia Económica, órgano autónomo encargado de “mejorar sustantivamente” la eficiencia de los mercados.
Sin embargo, las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que está “amarrada” a la de competencia económica, no sólo no han sido emitidas sino que ya arrastran un retraso de más de dos meses en su expedición. Como se sabe, el plazo legal en que debieron ser expedidas era el 9 de diciembre.
Reforma en riesgo
A falta de su regulación secundaria, la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión está en riesgo de no ser instrumentada eficazmente.
Los alcances y beneficios de la reforma no podrán reflejarse en el sector y el mercado sin las leyes reglamentarias.
Dicho de otra manera, los consumidores no tendremos aún acceso a productos y servicios de mayor calidad y, sobre todo, a mejores precios.
Tampoco puede decirse que la reforma haya dotado al gobierno mexicano de mayores capacidades para asegurar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Así lo deja ver la controversia constitucional promovida por el presidente Peña en contra del juez que invalidó las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para resolver sobre la retransmisión gratuita en la televisión de paga de los contenidos de la Tv abierta, conocida como must carry y must offer.
Debilitan al IFT y al Estado
La decisión del Ejecutivo de promover la controversia, solicitada por el órgano regulador, deriva de un juicio ordinario civil promovido en 2011 por Grupo Televisa en contra de Dish México.
El pasado 10 de febrero, el IFT fue notificado del acuerdo emitido por el juez 32 de lo civil del Distrito Federal respecto de que este organismo no cuenta con atribuciones para resolver sobre la retransmisión de señales de televisión.
Jurídicamente esa decisión ataba de manos al órgano regulador, que no podía pronunciarse sobre el tema del must carry y must offer gratuito, pese a ser un “elemento esencial” de la reforma.
Al admitir la controversia para iniciar el trámite, la ministra instructora, Olga Sánchez Cordero, concedió una suspensión para dejar sin efecto la decisión de ese juez hasta que se resuelva el fondo del asunto.
El hecho de no poder manifestarse en cuanto a retransmisión de contenidos y canales de televisión, no sólo debilitaba al IFT sino al Estado mexicano en términos de sus capacidades para garantizar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Mal precedente
La situación de riesgo en que este polémico asunto coloca a la reforma debe apresurar al Ejecutivo y al Congreso a trabajar en las leyes reglamentarias para tener precisión sobre el tema del must carry y must offer.
Sin certidumbre legal, será muy difícil fomentar la inversión privada en el sector que se traduzca en una mayor oferta de servicios y en mejores precios.
El problema es el precedente que se sienta para la reforma energética, que también está en espera de sus leyes secundarias.
La seguridad jurídica será clave para atraer inversión privada al sector
energético.
Espera Congreso leyes sobre competencia y telecom
El Universal
Notimex
18 de febrero de 2014
Los coordinadores del PRD y del PRI en San Lázaro, Silvano Aureoles y Manlio Fabio Beltrones, dijeron que las propuestas llegarán esta semana y se turnarán para ser dictaminadas
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles, y el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, adelantaron que la iniciativa de ley secundaria en materia de competencia económica será remitida por el Ejecutivo federal esta semana a la Cámara de Diputados y la de telecomunicaciones al Senado. En entrevista, Aureoles Conejo abundó: “lo que sabemos es que llegarán en los próximos días la iniciativa en materia de competencia a la Cámara de Diputados y las iniciativas de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones a la colegisladora” .
Sobre el pacto anunciado en el Senado por el PRI, PAN y PRD para dar prioridad a las leyes secundarias durante este periodo ordinario, Aureoles Conejo expresó que en el Palacio Legislativo de San Lázaro los coordinadores mantienen una relación permanente de diálogo, por lo que no es necesario un instrumento similar.
“Aquí no hemos tenido problemas para la construcción de una ruta de diálogo y en los casos en los que coincidimos construir acuerdos; en los que no pues el resultado ha sido también claro”, señaló. Comentó que en el Senado ha habido dificultades de comunicación y entendimiento, “más por problemas de sus arreglos internos que por una relación bicameral”.
Por separado, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, dijo que este órgano legislativo recibirá esta semana, por parte del Ejecutivo federal, la iniciativa de ley secundaria en materia de competencia económica.
Indicó que la legislación secundaria en materia de competencia económica es uno de los temas que deben ser aprobados por el Congreso durante este periodo ordinario de sesiones, que terminará el 30 de abril próximo, junto con la reglamentación de las reformas de telecomunicaciones, político-electoral y energética.
En la discusión de estas leyes reglamentarias “nada será al vapor, ni superficial debido a que el espíritu de las reformas constitucionales que construimos, junto con sus transitorios, nos asegura que iremos en esta ruta”, señaló. También manifestó su confianza en que el tiempo que le ha tomado al Ejecutivo la elaboración de las iniciativas de leyes secundarias ayude a que se detallen en mayor medida, “lo cual facilitaría el trabajo de la Cámara de Diputados cuando tenga que dictaminarlas”.
“En Cámara de Diputados lo que hemos resuelto es estar muy alertas y atentos a las recepción de las iniciativas de leyes reglamentarias, para resolverlas en el menor tiempo posible, debido al alto grado de consenso que éstas tienen”, agregó. Respecto a la legislación secundaria en materia energética, el coordinador priista indicó que al haberse aprobado una reforma constitucional trabajada a detalle se espera que las iniciativas que envíe el Ejecutivo sólo precisen los pormenores del tema y su discusión se lleve a cabo de manera ágil en ambas Cámaras del Congreso, enfatizó.
Esperan hoy diputados ley de competencia
El Universal
Redacción
19 de febrero de 2014
Los coordinadores del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones y Silvano Aureoles, respectivamente, anunciaron que esperan recibir hoy, por parte del Ejecutivo, la iniciativa de ley secundaria de competencia económica. Aureoles dijo que la ley secundaria de telecomunicaciones irá al Senado.
El presidente de la Cámara Ricardo Anaya (PAN), urgió al Ejecutivo a enviar los proyecto de leyes faltantes.
-Must carry y must offer
Convocará el Ifetel sesión extraordinaria sobre retransmisión
El Occidental
Salvador Guerrero
19 de febrero de 2014
Ciudad de México.- El Pleno de Instituto Federal de Telecomunicaciones resolverá en breve sobre los lineamientos generales que regirán el discutido must-carry must-offer sobre las transmisiones de la televisión abierta en la TV de paga.
Y es que tras la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo Federal, con motivo del acuerdo del Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, quien señaló que el Ifetel carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de ciertos canales de televisión abierta, el Ifetel fue notificado de dos acuerdos por parte de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga María del Carmen Sánchez Cordero, quien funge como Ministra instructora en el asunto.
El primer acuerdo emitido por la Ministra Sánchez Cordero admite a trámite la demanda de controversia constitucional referida y en el segundo acuerdo se concede de oficio la suspensión de los actos impugnados por la Federación en la controversia constitucional, conforme a lo siguiente:
“La suspensión concedida respecto de los efectos y consecuencias de los actos cuya invalidez se demanda consiste en que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que el Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal continúe con la substanciación del juicio del expediente 1653/2011 de su índice hasta su total conclusión, incluso, para que emita la resolución final correspondiente; sin embargo, deberá abstenerse de realizar cualquier pronunciamiento o acto que implique desconocer las facultades que en materia de telecomunicaciones tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones por mandato directo y expreso de la Constitución Federal”.
En un comunicado el órgano regulador informó que en el acuerdo se establece que en apego a criterios del propio pleno de la SCJN, la Ministra instructora determinó lo anterior “con el propósito de salvaguardar la materia del presente asunto, pues de no otorgarse la medida precautoria se estaría permitiendo que, a través de las determinaciones impugnadas, se hiciera nugatoria la competencia que en materia de telecomunicaciones otorga de manera directa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
Dichos acuerdos dejan al Ifetel en libertad de ejercer sus atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que en breve se convocará a una sesión extraordinaria del Pleno de este órgano regulador para deliberar y, en su caso, resolver sobre el proyecto de lineamientos generales para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida.
Sin Embargo
Redacción Sin Embargo
18 de febrero de 2014
México, 18 Feb. (Notimex).- Las partes interesadas en la controversia constitucional sobre telecomunicaciones, interpuesta por la Consejería Jurídica de la Presidencia contra la resolución del juez 32 de lo Civil del TSJDF, tienen cinco días para impugnar los acuerdos de admisión y suspensión emitidos, aclaró la ministra Olga Sánchez Cordero. La ministra instructora se refirió al recurso interpuesto en materia de derechos de transmisión de señales de televisión abierta, y dijo que sus acuerdos son claros y transparentes, aunque como todos los de su clase están sujetos a una revisión para determinar su legalidad. En este caso, agregó, las partes interesadas en impugnar pueden interponer un recurso de reclamación para que una de las salas, o el pleno, tome la resolución definitiva sobre los acuerdos que emitió el lunes. Explicó que sólo en el caso de que ninguna de las partes impugne los acuerdos en el plazo de los cinco días otorgados, continuará el procedimiento para desahogar la controversia constitucional, en los plazos y términos señalados. Sánchez Cordero abordó el tema en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el marco de la ceremonia de recepción del certificado que acredita la inclusión del expediente Radilla Pacheco, resuelto por la Corte, como parte del acervo “Memoria del Mundo” de la Unesco. El acuerdo de suspensión dictado por la ministra Sánchez Cordero en la controversia constitucional sobre telecomunicaciones, anula el del juez 32 de lo Civil del TSJDF, donde establecía que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no era competente para resolver sobre la retransmisión de las señales de televisión abierta. Mientras, el acuerdo de admisión reconoce como parte no al juez en lo particular, sino al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), y como terceros interesados a ambas cámaras del Congreso de la Unión y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. La ministra Olga Sánchez Cordero fue designada para revisar la controversia constitucional que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República contra la resolución del juez civil del TSJDF que emplazó al Instituto Federal de Telecomunicaciones abstenerse de resolver sobre los derechos de transmisión de las señales de televisión abierta.
Piden a IFT resolver asunto de retransmisión en breve
El Financiero
Ramiro Alonso
19 de febrero de 2014
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) devolvió las facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para pronunciarse sobre la regulación conocida como must carry, must offer, expertos y empresarios del sector pidieron al regulador resolver a la brevedad el asunto, el cual ha enfrentado a Televisa y TV Azteca con operadores de televisión restringida, como Dish.
Mony de Swaan, ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, señaló que el IFT está en condiciones de listar el tema en una sesión plenaria, después de la suspensión que otorgada por la Suprema Corte.
“Yo entiendo que sí, como yo lo leo es que sí…”, dijo De Swaan en declaraciones a EL FINANCIERO
Miguel Flores Bernés, ex comisionado de la extinta Comisión Federal de Competencia, coincidió al comentar que el IFT puede retomar el tema de manera inmediata y resolverlo pronto.
“Ahora no hay nada que lo afecte, si no hay otra orden de un Juez, ellos pueden seguir actuando”, apuntó Flores Bernés.
Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio para Latinoamérica sobre Regulación, Medios y Convergencia, dijo que el regulador tiene el respaldo necesario para listar de nueva cuenta el tema en su sesión de plenos y resolver conforme lo establece la reforma constitucional en telecomunicaciones.
“En realidad, el IFT no tenía porqué haber suspendido un proceso por orden de un juez local que no tiene competencia en ámbitos federales, así de simple”, dijo Calleja.
Por su parte, Salomón Padilla, abogado especialista en el sector, dijo que ahora más que antes es prioritario que el Congreso dote de las herramientas jurídicas y legales necesarias al IFT para evitar en el futuro este tipo de confrontaciones.
El martes, el IFT anunció que convocará a una sesión extraordinaria para resolver el tema de los lineamientos generales sobre la regulación conocida como must carry, must offer, luego de que Olga Sánchez Cordero, ministra de la SCJN, suspendiera un acuerdo emitido por el Juez 32 del Distrito Federal que impidió al regulador abordar dicho tema la semana previa.
IFT convoca sesión extraordinaria para resolver retransmisión
El Financiero
Sin autor
18 de febrero de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) convocará a una sesión extraordinaria para resolver el tema de las medidas regulatorias conocidas como must offer, must carry, después de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, suspendió el acuerdo de un Juez del Distrito Federal que impidió al regulador abordar dicho tema la semana pasada.
“… En breve se convocará a una sesión extraordinaria (…) para deliberar y, en su caso, resolver sobre el proyecto de lineamientos generales para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida”, comunicó el IFT en un reporte oficial.
El IFT informó que fue notificado de dos acuerdos por parte de la ministra Sánchez Cordero, quien funge como ministra instructora en la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo Federal, con motivo del acuerdo del Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, que señaló que el IFT carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de ciertos canales de televisión abierta.
El primer acuerdo emitido por la ministra admite a trámite la demanda de controversia constitucional referida. En el segundo acuerdo se concede de oficio la suspensión de los actos impugnados por la Federación en la controversia constitucional, dijo el IFT.
Dish México asegura que IFT puede continuar con actividades
El Financiero
Sin autor 18 de febrero de 2014
CIUDAD DE MÉXICO.- Dish México, proveedor de televisión satelital en el país, informó que la suspensión concedida de oficio por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, representa el respaldo del Tribunal Constitucional a la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Diversas consideraciones de la resolución dictada en el incidente de suspensión confirman que la Suprema Corte es la única instancia en el país facultada para determinar la competencia constitucional de los órganos del Estado, destacó la empresa de MVS Multivisión y Echostar en un comunicado.
“La suspensión permitirá al IFT continuar ejerciendo sus facultades constitucionales, sin impedimento ni interferencia alguna por parte de un Juez del orden común…”, dijo la firma.
La empresa explicó que la controversia constitucional continuará tramitándose en el fondo, que consiste en determinar si los oficios girados por el juez 32 al IFT constituyen actos inconstitucionales en invasión de la esfera de competencia del Instituto.
Reiteró que la conducta del juez constituye una afrenta a la imparcialidad y objetividad con que deben conducirse los impartidores de justicia.
“DISH continuará impulsando que el Juez 32º sea sujeto de procedimientos de responsabilidad administrativa y penal por su conducta contumaz y servicial a los intereses de Grupo Televisa”, dijo la firma.
Partes en controversia de IFT tienen 5 días para responder a suspensión
El Financiero
Fernando Ramírez
18 de febrero de 2014
CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra Olga Sánchez Cordero dijo que las partes involucradas en la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo federal en contra de un juez civil del Distrito Federal que consideró que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no tenía facultad para resolver el conflicto entre televisoras abiertas en materia de retransmisión cuentan con cinco días para impugnar o conformarse con los acuerdos emitidos por ella.
Luego de que admitió a trámite dicha controversia constitucional, la ministra Sánchez Cordero no sólo suspendió los actos del juez 32 de lo Civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, sino que giró oficios al Ejecutivo, a las dos Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, al IF y al juez civil en cuestión, para que respondan a las medidas que tomó con respecto a esta demanda.
La funcionaria judicial indicó que ante la ausencia de una ley secundaria en Telecomunicaciones, derivada de la reforma constitucional en la materia “es el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien deberá llevar a cabo todos los actos administrativos de su competencia, a fin de cumplir ese mandato que deriva de forma directa de la Constitución.
Por ello, por disposición constitucional, la autoridad competente en la materia es el IFT, por lo que esta competencia no puede ser desconocida por cualquier otro ente público so pretexto, incluso, de la tramitación de un diverso juicio en el que se ventilen, como parece ser en la especie, derechos de índole patrimonial, como son los derecho autorales.
El gobierno federal consideró que el juez invadió las facultades del IFT al determinar que éste no puede resolver sobre la retransmisión gratuita de señales abiertas de televisión en sistemas de paga, que en la reforma de telecomunicaciones quedó establecida como “must carry-must offer”.
La ministra explicó que la propia Suprema Corte de Justicia ha establecido en varios precedentes el hecho de que el Presidente de la República puede promover controversia constitucional para proteger las facultades de la federación.
‘En breve’, el Ifetel convocará al pleno para abordar la retransmisión de TV abierta
El Informador
NTX/HJ
19 de febrero de 2014
Luego de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, ordenara suspender el fallo de un juez que impedía al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) resolver el tema sobre el most carry y must offer, el organismo regulador informó que en breve convocará a una sesión extraordinaria de su Pleno.
El objetivo de la sesión será deliberar y, en su caso, resolver sobre el proyecto de lineamientos generales para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida.
A petición del Ifetel, el pasado 13 de febrero el presidente Enrique Peña Nieto interpuso una controversia constitucional ante la SCJN, contra el juez trigésimo segundo de lo civil del tribunal superior de justicia del Distrito Federal, que negó facultades al órgano regulador para resolver en torno a la retransmisión gratuita de los contenidos de televisión abierta, derivado de un litigio entre Televisa y Dish.
En tanto, Dish calificó de actuación oportuna de la instituciones del Estado mexicano en torno a la controversia en el tema de la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida.
La empresa expuso además que si bien la suspensión concedida de oficio por la ministra Sánchez Cordero es un respaldo a la autonomía del Ifetel en el caso, la conducta del juez es una afrenta a la imparcialidad con que deben conducirse los impartidores de justicia.
Para la empresa de televisión satelital, “la suspensión permitirá al Ifetel continuar ejerciendo sus facultades constitucionales, sin impedimento ni interferencia alguna por parte de un juez del orden común que nada tiene que hacer desconociendo la competencia del Instituto”.
Convocará el Ifetel sesión extraordinaria sobre retransmisión
El Sol de México
Salvador Guerrero
19 de febrero de 2014
Ciudad de México.- El Pleno de Instituto Federal de Telecomunicaciones resolverá en breve sobre los lineamientos generales que regirán el discutido must-carry must-offer sobre las transmisiones de la televisión abierta en la TV de paga.
Y es que tras la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo Federal, con motivo del acuerdo del Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, quien señaló que el Ifetel carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de ciertos canales de televisión abierta, el Ifetel fue notificado de dos acuerdos por parte de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga María del Carmen Sánchez Cordero, quien funge como Ministra instructora en el asunto.
El primer acuerdo emitido por la Ministra Sánchez Cordero admite a trámite la demanda de controversia constitucional referida y en el segundo acuerdo se concede de oficio la suspensión de los actos impugnados por la Federación en la controversia constitucional, conforme a lo siguiente:
“La suspensión concedida respecto de los efectos y consecuencias de los actos cuya invalidez se demanda consiste en que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que el Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal continúe con la substanciación del juicio del expediente 1653/2011 de su índice hasta su total conclusión, incluso, para que emita la resolución final correspondiente; sin embargo, deberá abstenerse de realizar cualquier pronunciamiento o acto que implique desconocer las facultades que en materia de telecomunicaciones tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones por mandato directo y expreso de la Constitución Federal”.
En un comunicado el órgano regulador informó que en el acuerdo se establece que en apego a criterios del propio pleno de la SCJN, la Ministra instructora determinó lo anterior “con el propósito de salvaguardar la materia del presente asunto, pues de no otorgarse la medida precautoria se estaría permitiendo que, a través de las determinaciones impugnadas, se hiciera nugatoria la competencia que en materia de telecomunicaciones otorga de manera directa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
Dichos acuerdos dejan al Ifetel en libertad de ejercer sus atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que en breve se convocará a una sesión extraordinaria del Pleno de este órgano regulador para deliberar y, en su caso, resolver sobre el proyecto de lineamientos generales para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida.
Actuación de la Corte es una respuesta contundente del Estado: Dish
24 Horas
Notimex
18 de febrero de 2014
La firma de televisión satelital informó en que insistirá en que se castigue administrativa y penalmente al juez al Juez 32 por ser “servicial a los intereses de Grupo Televisa”
La empresa Dish calificó de actuación oportuna de las instituciones del Estado mexicano en torno a la controversia en el tema de la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida.
Expone además que si bien la suspensión concedida de oficio por la ministra Olga Sánchez Cordero es un respaldo a la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el caso, la conducta del Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal es una afrenta a la imparcialidad con que deben conducirse los impartidores de justicia.
Señala en un comunicado que por ello “continuará impulsando que el Juez Trigésimo Segundo sea sujeto de procedimientos de responsabilidad administrativa y penal por su conducta contumaz y servicial a los intereses de Grupo Televisa”.
Este lunes, la ministra instructora en la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo determinó admitirla a trámite.
Al mismo tiempo, conceder de oficio la suspensión de los efectos del oficio dirigido por el Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, que señaló que el IFT carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de ciertos canales de televisión abierta.
Para la empresa de televisión satelital, “la suspensión permitirá al Ifetel continuar ejerciendo sus facultades constitucionales, sin impedimento ni interferencia alguna por parte de un juez del orden común que nada tiene que hacer desconociendo la competencia del Instituto”.
Así, la actuación oportuna del IFT, del Ejecutivo Federal a través de la Consejería Jurídica y ahora de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destaca Dish, constituyen una respuesta contundente de las instituciones del Estado mexicano en defensa de la Constitución y de la reciente reforma en materia de telecomunicaciones.
Aclara que la controversia constitucional continuará tramitándose en el fondo, que consiste en determinar si los oficios girados por el citado juzgado al IFT constituyen actos inconstitucionales en invasión de la esfera de competencia del órgano regulador.
Subraya que una vez elaborado el proyecto respectivo por parte de la ministra instructora, el pleno de la Suprema Corte resolverá al respecto.
IFT prevé analizar ‘must carry’-‘must offer’ en breve
24 Horas
Notimex
18 de febrero de 2014
Esto luego de que la ministra de la SCJN, Olga Sánchez, emitió dos acuerdos tras la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo federal
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer que en breve convocará a una sesión extraordinaria de su Pleno para deliberar y, en su caso, resolver sobre el proyecto de lineamientos generales para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida.
En un comunicado, el IFT señaló que los acuerdos emitidos por la ministra Olga Sánchez Cordero, le dan libertad de ejercer sus atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Refirió que fue notificado de dos acuerdos por parte de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga María del Carmen Sánchez Cordero, quien funge como ministra instructora en la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo federal.
Ello, con motivo del acuerdo del Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, que señaló que el IFT carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de ciertos canales de televisión abierta.
La ministra Sánchez Cordero dijo que la controversia queda subjudice, es decir, que durante cinco días no corren tiempos legales y se reanudaría el proceso de alegatos, audiencias, hasta que concluya ese periodo.
Si nadie impugna los acuerdos, al sexto día se reanuda el procedimiento; pero si alguien impugna, el juicio permanecerá parado hasta que alguna sala o pleno resuelva sobre la legalidad de ambos acuerdos.
El primer acuerdo emitido, añade el IFT, admite a trámite la demanda de controversia constitucional referida y en el segundo se concede de oficio la suspensión de los actos impugnados por la Federación en la controversia constitucional.
La ministra expone que “la suspensión concedida respecto de los efectos y consecuencias de los actos cuya invalidez se demanda, consiste en que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que el Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal continúe con la substanciación del juicio del expediente 1653/2011 de su índice hasta su total conclusión, incluso, para que emita la resolución final correspondiente”.
Sin embargo, agrega, “deberá abstenerse de realizar cualquier pronunciamiento o acto que implique desconocer las facultades que en materia de telecomunicaciones tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones por mandato directo y expreso de la Constitución Federal”, señala el texto de la ministra.
En el acuerdo se establece que en apego a los criterios del Pleno de la SCJN, la ministra determinó lo anterior para salvaguardar la materia del presente asunto, “pues de no otorgarse la medida precautoria se permitiría que, a través de las determinaciones impugnadas, se hiciera nugatoria la competencia que en materia de telecomunicaciones” otorga la Constitución de manera directa al IFT.
Finalmente, el órgano regulador expresó que se mantendrá respetuoso y atento a las resoluciones del máximo tribunal.
El pasado 13 de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto interpuso, a petición del IFT, una controversia constitucional ante la SCJN, contra el juez del Distrito Federal que negó facultades al órgano regulador para resolver en torno a la retransmisión gratuita de los contenidos de televisión abierta, derivado de un litigio entre Televisa y Dish.
Se alista IFT a definir difusión de tv abierta
El Universal
Carla Martínez
19 de febrero de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que convocará a una sesión extraordinaria del pleno para debatir y resolver sobre la retransmisión de señales de televisión abierta en los servicios de televisión restringida
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realizará una sesión extraordinaria del Pleno para debatir y, posiblemente, resolver, la regulación en materia de transmisión de señales de televisión.
En un comunicado, el Instituto explicó que recibió dos acuerdos por parte de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, quien admitió la controversia constitucional enviada por el Ejecutivo federal a solicitud del IFT y concedió de oficio la suspensión de los actos impugnados en la controversia constitucional.
“Dichos acuerdos dejan al IFT en libertad de ejercer sus atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que en breve se convocará a una sesión extraordinaria del Pleno de este órgano regulador para deliberar y, en su caso, resolver sobre el proyecto de lineamientos generales para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida”, indicó el Instituto.
La semana pasada el IFT recibió una notificación del juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, donde le informaba que no tenía atribuciones para pronunciarse en materia de transmisión de señales de televisión, esto derivado de un juicio de Televisa contra Dish sobre derechos de autor.
Al respecto, Abel Hibert, ex comisionado de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), dijo que la respuesta de la SCJN respecto a la opinión del juez es oportuna pues este no tenía facultades para pronunciarse sobre el must carry y must offer.
“Ahí fue el juez presionado por las televisoras, porque está pasando por alto que se trata de un organismo constitucional y que el tema del must offer y must carry lo trae la Constitución y que hay tribunales especializados para resolver este tema”, subrayó Hibert.
También se crea un precedente en cuanto a que el Instituto es un órgano constitucional y que fue apoyado por el Ejecutivo ante una decisión del Poder Judicial que le estaba dando entrada a una petición de unos particulares que solamente buscaban proteger su mercado, subrayó el ex comisionado del regulador. En tanto, Jorge Fernando Negrete, abogado y director de MediaTelecom Policy and Law, coincidió que nunca dudó que el Instituto no tuviera las facultades en materia de transmisiones de televisión y lo que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero confirma lo que estipula la Constitución dando una buena señal al IFT.
“Ratifica que no es competente el juez, que no tiene facultades para indicar que el IFT no tiene atribuciones en esta materia y el IFT puede seguir trabajando y cumplir con el mandato constitucional para el cual fue creado”, detalló Jorge Fernando Negrete. Esta solo es la primera etapa del procedimiento ante la Corte, sin embargo el resultado seguramente será en el mismo sentido, agregó.
“La reforma constitucional es lo que en términos jurídicos se le llama indubitable, es decir, no hay duda, aunque los comisionados hayan tomado la decisión de ser prudentes, a mí me pareció un exceso de prudencia pues jamás estuvieron en duda las facultades del Instituto”, subrayó el abogado de MediaTelecom.
En tanto, Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones, dijo que la suspensión de la orden del juez fue positiva pues haber aceptado la decisión del juez habría anticipado una fórmula para entorpecer las decisiones del regulador. “Debe dar confianza y ánimos a los comisionados del IFT para seguir adelante en sus decisiones”, mencionó.
A su vez, Dish calificó la decisión de la SCJN, como “el respaldo del Tribunal Constitucional a la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones”. La empresa de televisión de paga vía satélite, filial de MVS, agregó que esta decisión del Poder Judicial permitirá que el Instituto continúe con su labor sin impedimento ni interferencia alguna por parte de un Juez del orden común.
Asimismo, Dish reiteró que continuarán impulsando que el juez 32° sea sujeto de procedimientos de responsabilidad administrativa y penal. Televisa y TV Azteca fueron consultadas pero no hicieron comentarios.
Ifetel abordará en breve retransmisión de televisión abierta
18 de febrero de 2014
La crónica de hoy Jalisco
Crónica D.F.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) dio a conocer que en breve convocará a una sesión extraordinaria de su Pleno para deliberar y, en su caso, resolver sobre el proyecto de lineamientos generales para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida.
Ello, luego de los dos acuerdos que emitió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, quien funge como Ministra instructora en la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo federal.
“Dichos acuerdos dejan al IFT en libertad de ejercer sus atribuciones en materia de telecomunicaciones”, resaltó el órgano regulador.
Sujeta a revisión, resolución en controversia de telecomunicaciones
Las partes interesadas en la controversia constitucional sobre telecomunicaciones, interpuesta por la Consejería Jurídica de la Presidencia contra la resolución del juez 32 de lo Civil del TSJDF, tienen cinco días para impugnar los acuerdos de admisión y suspensión emitidos, aclaró la ministra Olga Sánchez Cordero.
La ministra instructora se refirió al recurso interpuesto en materia de derechos de transmisión de señales de televisión abierta, y dijo que sus acuerdos son claros y transparentes, aunque como todos los de su clase están sujetos a una revisión para determinar su legalidad.
En este caso, agregó, las partes interesadas en impugnar pueden interponer un recurso de reclamación para que una de las salas, o el pleno, tome la resolución definitiva sobre los acuerdos que emitió el lunes.
Explicó que sólo en el caso de que ninguna de las partes impugne los acuerdos en el plazo de los cinco días otorgados, continuará el procedimiento para desahogar la controversia constitucional, en los plazos y términos señalados.
Resolverá IFT retransmisión en breve
Reforma
Vania Guerrero
18 de febrero de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) discutirá en una sesión extraordinaria los lineamientos para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida.
De acuerdo con el regulador, en breve deliberarán y resolverán sobre el proyecto de lineamientos, los cuales sometieron a consulta pública durante noviembre y diciembre del año pasado.
Ayer, la Ministra Olga Sánchez Cordero suspendió la orden del Juez 32 civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, que impedía al Instituto resolver sobre la retransmisión gratuita de canales de Televisa en sistemas de paga.
Además, admitió a trámite la controversia constitucional que el Ejecutivo promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender las facultades del IFT, las cuales están indicadas en la Constitución.
“No se puede avalar que una autoridad judicial local, que no tiene competencia para determinar las atribuciones del IFT, pretenda desconocer esa competencia que por mandato de la Constitución tiene atribuida el Instituto, pues solamente la Suprema Corte puede establecer a quién corresponde o no un ámbito de competencia constitucional”, señaló la jueza.
De acuerdo con el IFT, los acuerdos de la Ministra los deja en libertad de ejercer sus atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Fallo de la Corte, respaldo a la autonomía del Ifetel: Dish
La Jornada Nacional
Miriam Posada
19 de febrero de 2014
México, DF. Dish señaló que al admitir la controversia constitucional sobre la facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa el respaldo del máximo tribunal a la autonomía del Ifetel.
Destacó que el Ifetel está en condiciones de continuar su trabajo sobre el análisis y resolución de los lineamientos para la retransmisión de señales de televisión abierta.
La empresa copropiedad de Multivisión y Echostar reiteró su postura sobre la conducta del juez 32 de lo Civil, quien señaló que el Ifetel no tiene facultades para decidir sobre derechos autorales y la restransmisión de señales de Televisa, al considerar que su desempeño “constituye una afrenta a la imparcialidad y objetividad con que deben conducirse los jueces”.
Ifetel convocará en breve a sesión sobre retransmisión de señal de tv abierta
La Jornada Nacional
Miriam Posada
19 de febrero de 2014
México, DF. El Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció que en breve convocará a sesión extraordinaria de pleno para abordar y en su caso aprobar los lineamientos generales para la retransmisión de señales de televisión abierta, debido a que así se lo permiten dos acuerdos emitidos por la ministra Olga Sánchez Cordero al dar entrada a la controversia constitucional sobre las facultades de este regulador.
El Ifetel explicó que fue notificado de dos acuerdos por parte de Olga María del Carmen Sánchez Cordero, quien funge como ministra instructora en la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo Federal, con motivo del acuerdo del Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, que señaló que el organismo carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de ciertos canales de televisión abierta.
El primer acuerdo emitido por la ministra Sánchez Cordero admite a trámite la demanda de controversia constitucional referida. En el segundo acuerdo se concede de oficio la suspensión de los actos impugnados por la Federación en la controversia constitucional, conforme a lo siguiente: “La suspensión concedida respecto de los efectos y consecuencias de los actos cuya invalidez se demanda consiste en que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que el Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal continúe con la substanciación del juicio del expediente 1653/2011 de su índice hasta su total conclusión, incluso, para que emita la resolución final correspondiente; sin embargo, deberá abstenerse de realizar cualquier pronunciamiento o acto que implique desconocer las facultades que en materia de telecomunicaciones tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones por mandato directo y expreso de la Constitución Federal”.
En el acuerdo se establece que en apego a criterios del propio pleno de la SCJN, la ministra instructora determinó lo anterior “con el propósito de salvaguardar la materia del presente asunto, pues de no otorgarse la medida precautoria se estaría permitiendo que, a través de las determinaciones impugnadas, se hiciera nugatoria la competencia que en materia de telecomunicaciones otorga de manera directa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
Dichos acuerdos dejan al Ifetel en libertad de ejercer sus atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que en breve se convocará a una sesión extraordinaria del pleno de este órgano regulador para deliberar y, en su caso, resolver sobre el proyecto de lineamientos generales para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida.
Involucrados en controversia por Must Carry-Musf Offer tienen 5 días para impugnar: ministra
MVS Noticias
Juan Omar Fierro
19 de febrero de 2014
Las partes involucradas en la controversia constitucional promovida por la Presidencia de la República en contra de un juez civil del Distrito Federal por invadir competencias de tribunales federales, cuentan con cinco días para impugnar el auto de admisión que se emitió para poder realizar el estudio de este caso, informó la ministra Olga Sánchez Cordero.
Cordero Sánchez agregó que este mismo plazo se aplica para que las partes interesadas presenten un recurso de reclamación en contra del acuerdo que suspendió dos oficios emitidos por el Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en los cuales se prohíbe al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) definir los lineamientos de retransmisión de señales de televisión abierta a través de sistemas satelitales, conocido también como “Must Carry-Must Offer”.
La ministra explicó que el derecho a impugnar ambos acuerdos les asiste a todas las partes interesadas, es decir, al propio Juez 32 de lo Civil del DF, José Guadalupe Mejía Galán, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a las Cámaras de Senadores y de Diputados, los cuales ya fueron notificados de los acuerdos para admitir la controversia y para suspender los efectos de los oficios girados por el juzgador local.
Entrevistada durante una ceremonia de reconocimiento de la UNESCO a la Corte, la ministra con mayor antigüedad en el Máximo Tribunal del país dijo que la divulgación de los acuerdos a través los estrados electrónicos representa un acto de transparencia, destacando que mientras se vence ese plazo, no corren los tiempos legales para que las partes entreguen sus alegatos en la materia.
“Como todos saben, yo les otorgue un plazo a las partes para impugnar, en su caso, lo que derecho a su convenga, entonces ellos tienen cinco días para interponer un recurso de reclamación en contra de los acuerdos, por lo tanto, consideró que los acuerdos todavía estarán “subjudice” hasta que no se presenten en su momento, si es que los van a presentar, los recursos correspondientes en contra de los acuerdos que emití el día de ayer”, explicó.
La ministra Olga Sánchez añadió que una vez que se venza el plazo de cinco días, ambos acuerdos quedarán firmes y se podrá reanudar el lapso de 30 días para que las partes presenten sus alegatos en torno a la controversia.
Explicó que en caso de que haya impugnaciones, estas se turnarán a un ministro diferente para que elabore un proyecto de resolución y una de las Salas resuelva de manera definitiva si proceden o no dichos recursos de reclamación.
“Estamos a la espera de que en su momento queden firmes estos acuerdo o bien que se impugnen y sea ya la Sala (de la Corte) o el Tribunal Pleno, quien decida sobre una revocación, una modificación o una confirmación de los acuerdos”, expresó.
Los oficios del Juez 32 de lo Civil del DF que fueron impugnados por la Consejería Jurídica de la Presidencia prohíben al IFT pronunciarse sobre la retransmisión de señales de televisión gratuita a través de sistemas satelitales o de cable, con el argumento de que se trata de un litigio en materia de derechos autorales.
Sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la empresa DISH y el propio Ejecutivo Federal señalaron que un juez de carácter local no puede pronunciarse sobre las facultades de un órgano federal autónomo que está facultado a nivel federal para decidir todo lo relativo a telecomunicaciones, por lo que acusaron a dicho juzgador de invadir competencias de carácter federal.
En la suspensión otorgada por la ministra Olga Sánchez se reconoce que los oficios del Juez 32 de lo Civil del DF se exceden en sus facultades legales, ya que un litigio de carácter patrimonial por una supuesta violación a los derechos de autor no puede utilizarse como argumento para prohibir al IFT que se pronuncie sobre los temas de su competencia reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por la misma razón, la ministra ordenó al juzgador local que se abstenga de emitir nuevos pronunciamientos sobre las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin que ello constituya un impedimento legal para que el litigio de origen se resuelva conforme a derechos.
IFT fijará su postura sobre señales de TV
El Universal
Carla Martínez y Carlos Sánchez
19 de febrero de 2014
En una sesión extraordinaria del Pleno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitirá la regulación en materia de transmisión de señales de televisión abierta en sistemas de televisión de paga.
Gracias a la suspensión que hizo la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, en contra de la decisión de un juez local del Distrito Federal, quien declaró que el IFT no estaba facultado para decidir sobre el must offer y must carry, fue posible que el IFT pudiera avanzar en este tema, el cual se encuentra en vigor desde el 11 de septiembre del año pasado, pero que no ha sido aplicado a las empresas de televisión involucradas.
La ministra Sánchez Cordero dio a conocer que las partes involucradas en la controversia constitucional en materia de telecomunicaciones tienen hasta cinco días hábiles —a partir del lunes— para impugnar la controversia y el acto de suspensión dictado en contra de los actos del juez 32 de lo civil. Después de esa fecha, se desarrollará un proyecto que será puesto a consideración del Pleno o de la Primera Sala, situación que depende de las impugnaciones que pudieran presentarse durante los próximos días.
Abogados, ex comisionados de la extinta Cofetel y empresas coincidieron en que el juez no
tenía atribuciones sobre las facultades del IFT y que la Constitución era clara en cuanto a que el regulador tiene la obligación de normar el must offer y must carry.
Dish, empresa que con la entrada en vigor de las reformas transmite los canales 2, 5, 7, 9 y 13 de televisión abierta, aseguró que la respuesta de la Corte permitirá que el IFT pueda avanzar en la regulación.
“Ahora corresponde al IFT no postergar la decisión sobre lineamientos de must offer y must carry. Tiene campo libre para actuar en consecuencia y tomar decisiones fundamentales que espera el sector”, indicó Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones.
El experto advirtió que las televisoras pueden mantener los litigios sobre la transmisión de señales basándose en el tema de derechos de autor de los contenidos. Anticipó que “dado que el tema de derechos de autor no ha sido resuelto, una vez que se publiquen lineamientos sobre transmisiones de TV las televisoras interpondrán litigios al respecto, porque no queda resuelto el tema que es parte de las estrategias de defensa de las televisoras”.
Abel Hibert, ex comisionado de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, coincidió en que el juez no era el adecuado para asegurar que el IFT no tenía facultades. Asegura que se debió turnar el juicio a los tribunales especializados, creados a partir de la reforma constitucional, para resolver los temas relacionados con telecomunicaciones y radiodifusión.
El Universal
Carlos Sánchez Rangel
19 de febrero de 2014
La ministra Olga Sánchez Cordero dio a conocer que las partes involucradas en la controversia constitucional en materia de telecomunicaciones tienen hasta 5 días hábiles —a partir de ayer— para impugnar ambos, la controversia y el acto de suspensión dictado ayer lunes en contra de los actos del juez 32° de lo civil.
Después de esa fecha, se desarrollará un proyecto que será puesto a consideración del Pleno o de la Primera Sala, situación que depende de las impugnaciones que pudieran presentarse en los próximos días.
La ponencia de la ministra Sánchez Cordero admitió la controversia constitucional que interpuso la Presidencia de la República contra los actos del juez 32 de lo civil, quien determinó que el IFT no cuenta con facultades para resolver el conflicto por la retransmisión de señales de televisión abierta de paga. Se expidió un incidente de suspensión, que congela y deja sin efectos, al menos hasta la resolución del caso, la sentencia del juez contra el IFT.
Dish reitera que la conducta del Juez 32º constituye una afrenta a la imparcialidad y objetividad con que deben conducirse los jueces
MVS Noticias
Redacción
19 de febrero de 2014
El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó al público respecto de decisiones relevantes en la Controversia Constitucional 18/2014, promovida por el Titular del Ejecutivo Federal contra actos del Juez 32º de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Ministra Instructora en esta Controversia Constitucional, determinó admitirla a trámite y conceder de oficio la suspensión de los efectos del oficio dirigido por el Juez 32º al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Al respecto, DISH afirma:
La suspensión concedida de oficio por la Ministra Sánchez Cordero representa el respaldo del Tribunal Constitucional a la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Diversas consideraciones de la resolución dictada en el incidente de suspensión confirman que la Suprema Corte es la única instancia en el país facultada para determinar la competencia constitucional de los órganos del Estado.
La suspensión permitirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones continuar ejerciendo sus facultades constitucionales, sin impedimento ni interferencia alguna por parte de un Juez del orden común que nada tiene que hacer desconociendo la competencia del Instituto.
La actuación oportuna del IFT, del Ejecutivo Federal a través de la Consejería Jurídica, y ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen una respuesta contundente de las instituciones del Estado mexicano, en defensa de la Constitución y de la reciente reforma en materia de telecomunicaciones.
La controversia constitucional continuará tramitándose en el fondo, que consiste en determinar si los oficios girados por el Juez 32º al IFT constituyen actos inconstitucionales en invasión de la esfera de competencia del IFT. Una vez elaborado el proyecto respectivo por parte de la Ministra Instructora, el Pleno de la Suprema Corte resolverá al respecto.
5. DISH reitera que la conducta del Juez 32º constituye una afrenta a la imparcialidad y objetividad con que deben conducirse los impartidores de justicia. Como se ha señalado en diversos comunicados, DISH continuará impulsando que el Juez 32º sea sujeto de procedimientos de responsabilidad administrativa y penal por su conducta contumaz y servicial a los intereses de Grupo Televisa.
Saluda Dish luz verde de la Corte al IFT
Reforma
Staff
18 de febrero de 2014
Luego de que la Ministra Olga Sánchez Cordero admitió a trámite la controversia constitucional para defender las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Peter Bauer, apoderado legal de Dish, aseguró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia es positiva para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
“El efecto de la suspensión es positivo, no para Dish, es positivo para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión porque el efecto inmediato de esta orden del Juez local que estaba procurando invadir de manera temeraria las facultades constitucionales del IFT, hoy no tiene efectos jurídicos”, dijo en entrevista para Radio Fórmula.
“Es un hecho notorio que ya se elevaron a rango constitucional una serie de derechos humanos de accesos a tecnologías de la información, de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y que el IFT tiene la función exclusiva de procurar el desarrollo eficiente de estos dos sectores”.
La Ministra de la Corte suspendió ayer la orden de Juez 32 civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, que impedía al IFT resolver sobre la retransmisión gratuita de canales de Televisa en sistemas de paga.
Bauer mencionó que esperarán a que el Instituto haga su pronunciamiento para resolver el tema del must carry y el must offer.
“Lo que vamos esperar ahora es haber qué hace el IFT ya sin este impedimento y estaremos muy pendientes porque nadie ha ganado”, comentó.
“Me imagino que el IFT estará analizando los efectos y los alcances de esta suspensión por parte de su equipo jurídico para determinar cómo procede, yo creo que el IFT está y tiene las facultades clarísimas de la constitución y más con este espaldarazo a su autonomía y con ese respaldo moral ahora puede resolver sin ningún problema el tema del must carry y del must offer”.
Corte respalda autonomía del IFT: Dish
El Universal
Carla Martínez
18 de febrero de 2014
La empresa de tv por cable expresa que la decisión del poder judicial permitirá que el Instituto continúe con su labor sin impedimento ni interferencia alguna por parte de un Juez del orden común
Dish aseguró que la Corte respaldó la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al suspender el oficio de un juez que negaba la competencia del regulador en materia de transmisión de señales de televisión.
“La suspensión concedida de oficio por la Ministra Sánchez Cordero representa el respaldo del Tribunal Constitucional a la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones”, aseguró la empresa en un comunicado.
Dish agregó que esta decisión del poder judicial permitirá que el Instituto continúe con su labor “sin impedimento ni interferencia alguna por parte de un Juez del orden común que nada tiene que hacer desconociendo la competencia del Instituto”.
Sin embargo, recordó que la controversia constitucional continuará tramitándose en el fondo, que consiste en determinar si los oficios girados por el Juez 32 al IFT constituyen actos inconstitucionales en invasión de la esfera de competencia de dicho regulador.
“Una vez elaborado el proyecto respectivo por parte de la Ministra Instructora, el Pleno de la Suprema Corte resolverá al respecto”, detalló la empresa de TV vía satélite. Asimismo, Dish reiteró que continuarán impulsando que el juez 32° sea sujeto de procedimientos de responsabilidad administrativa y penal.
IFT convocará a sesión para decidir sobre TV abierta
El Universal
Carla Martínez
18 de febrero de 2014
Luego de recibir dos acuerdos por parte de la ministra Olga María del Carmen, el IFT llamará a una sesión extraordinaria del Pleno para debatir las señales de TV abierta
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realizará una sesión extraordinaria del Pleno para debatir y, posiblemente, resolver, la regulación en materia de transmisión de señales de televisión.
En un comunicado, el Instituto explicó que recibió dos acuerdos por parte de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga María del Carmen Sánchez Cordero, quien admitió la controversia constitucional enviada por el Ejecutivo a solicitud del IFT y concedió de oficio la suspensión de los actos impugnados por la Federación en la controversia constitucional.
“Dichos acuerdos dejan al IFT en libertad de ejercer sus atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que en breve se convocará a una sesión extraordinaria del Pleno de este órgano regulador para deliberar y, en su caso, resolver sobre el proyecto de lineamientos generales para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida”, indicó el Instituto.
La semana pasada el IFT recibió una notificación de un juez civil local del Distrito Federal donde le informaba que no tenía atribuciones para pronunciarse en materia de transmisión de señales de televisión, esto derivado de un juicio de Televisa contra Dish.
Considera Dish ‘espaldarazo’ de Corte al IFT
El Universal
Redacción
18 de febrero de 2014
El apoderado legal de la empresa calificó como positiva la admisión de la controversia constitucional y la resolución de la ministra Olga Sánchez
El representante legal de Dish, Peter Bauer, dijo que la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un espaldarazo del máximo tribunal para la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), e indicó que con ese respaldo moral, puede ya resolver el tema de retransmisión de señales de televisión abierta.
“Lo que vamos a esperar ahora es ver qué hace el IFT ya sin este impedimento y estaremos muy pendientes porque nadie ha ganado”, sostuvo. El apoderado legal calificó como positiva la admisión de la controversia constitucional y la resolución de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien ordenó al IFT ejercer sus atribuciones constitucionales. “Y no sólo es positiva para Dish, sino para todo el sector de las telecomunicaciones, apuntó.
En entrevista en Grupo Formula, Peter Bauer consideró que en la resolución en la que la ministra concede la suspensión, hay pronunciamientos importantes, pues de no otorgarse esta medida precautoria o suspensión temporal, “se estaría permitiendo que a través de estas actuaciones del juzgado local, se hiciera nulatoria la competencia que en materia de telecomunicaciones otorga de manera directa la Constitución al IFT”.
Reiteró que lo que Dish hace es una defensa de un órgano nuevo, autónomo, “que pensamos es el que debe de emitir las reglas y ahora veremos cómo las emite y ya estaremos también de regreso analizando qué viene propiamente”, explicó. Insistió en que el IFT está y tiene las facultades clarísimas en la Constitución, más aún con este espaldarazo a su autonomía que recibe de parte de la Corte.
Tienen 5 días para impugnar en controversia por IFT
El Universal
Carlos Sánchez Rangel
18 de febrero de 2014
La ministra Olga Sánchez Cordero explicó que este plazo incluye tanto para los involucrados que pretendan atacar la controversia constitucional como el acto de suspensión dictado ayer contra los actos del juez 32 civil
La ministra Olga Sánchez Cordero dio a conocer que las partes involucradas en la controversia constitucional en materia de telecomunicaciones tienen hasta cinco días hábiles para impugnar ambos, la controversia y el acto de suspensión dictado ayer lunes en contra de los actos del juez 32 de lo civil.
Después de esa fecha, se desarrollará un proyecto que será puesto a consideración del Pleno o de la Primera Sala, situación que depende de las impugnaciones que pudieran presentarse en los próximos días.
Con el incidente de suspensión dictado ayer se paralizan y, hasta que se emita una resolución, nulifican los efectos de la resolución del juez local respecto a la competencia del IFT en el conflicto del “must carry” y “must offer”.
De acuerdo con el documento mediante el que se decreta la suspensión, la medida permitirá “conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del juicio”.
Respecto a la procedencia y efectos de la suspensión, la ministra aseguró en el mismo documento que la autoridad competente en este caso sí es el IFT, “por lo que esta competencia no puede ser desconocida por cualquier otro ente público so pretexto, incluso, de la tramitación de un diverso juicio en el que se ventilen, como parece ser en la especie, derechos de índole patrimonial, como los derecho autorales en disputa”.
Y agrega que “Ni mucho menos se puede avalar que una autoridad judicial local, que no tiene competencia para determinar las atribuciones de dicho Instituto, pretenda desconocer -a través de un oficio- esa competencia que por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene atribuida el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede establecer a quién corresponde o no un ámbito competencial constitucional”.
Otorga la SCJN 5 días de plazo para impugnar controversia de Ifetel
El Sol de México
Hugo Hernández
19 de febrero de 2014
Ciudad de México.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero indicó que existe un plazo de cinco días para que las partes involucradas en la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo federal, acepten o rechacen los acuerdos, una vez que emitió la suspensión que reconoce las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el tema del “must carry y must offer”.
“Los dos acuerdos están totalmente transparentados… como se sabrá, otorgué un plazo a las partes para impugnar, en su caso, lo que a su derecho convenga, entonces tienen un plazo de cinco días para presentar un recurso de reclamación contra los acuerdos”, afirmó. Esto es para el juez 32 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el presidente Enrique Peña Nieto, las cámaras de Diputados y Senadores, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
“Estamos a la espera de que en su momento queden firmes estos acuerdo o bien que se impugnen y sea ya la Sala (de la Corte) o el Tribunal Pleno, quien decida sobre una revocación, una modificación o una confirmación de los acuerdos”, dijo en entrevista en el área de Murales de la Suprema Corte tras su participación en evento con directivos de la UNESCO. La ministra puntualizó que las partes en conflicto ya fueron debidamente notificadas de sus resoluciones, por lo que está a la espera de que queden firmen los acuerdos o sean impugnados. En caso de que se presenten dichos recursos, abundó, estos serán turnados a un otro ministro para su análisis.
Como se recordará, Sánchez Cordero admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el presidente Enrique Peña Nieto y ordenó suspender cualquier tipo de pronunciamiento legal en la disputa que mantiene Televisa por la retransmisión de su señal abierta por parte de Dish. Asimismo, dio plazo de 30 días hábiles al juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que conteste la demanda que interpuso en su contra el titular del Ejecutivo Federal, por intervenir en el citado conflicto.
IFT resolverá retransmisión de señales
Milenio Jalisco
Susana Mendieta
18 de Febrero de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que en breve convocará a una sesión extraordinaria del Pleno para deliberar, y en su caso resolver los lineamientos generales para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida.
Esto después de que la ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero notificó al instituto que admitió la demanda de controversia, y que concedió, de oficio, una suspensión de los actos impugnados por la Federación en dicha controversia.
El IFT explicó en un comunicado que ambos acuerdos lo dejan en libertad de ejercer sus atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que en breve se convocará a una sesión extraordinaria del Pleno.
La semana pasada el IFT solicitó a la presidencia de la República interponer una controversia constitucional contra el juez 32 de los civil del Distrito Federal, luego de recibir un oficio en el que se afirmaba que el instituto no contaba con atribuciones sobre la retransmisión de señales, cuando estaba a punto de emitir los lineamientos sobre este tema.
Celebra Dish “espaldarazo” de Corte al IFT
Milenio Jalisco
18 de Febrero de 2014
La representación legal de Dish calificó como positiva para todo el sector de telecomunicaciones la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender la orden de un juez civil del DF que frenó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para pronunciarse sobre la retransmisión de canales abiertos en los sistemas de cable.
En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, el representante legal de Dish, Peter Bauer, afirmó que la orden de la Corte representa un espaldarazo para el instituto, el cual, afirmó, debe pronunciarse ya sobre la retransmisión de señales de televisión abierta, conocido como must carry y must offer.
“El efecto de la suspensión es positivo, no para Dish, es positivo para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión porque el efecto inmediato de esta orden del Juez local que estaba procurando invadir de manera temeraria las facultades constitucionales del IFT, hoy no tiene efectos jurídicos”, dijo.
“Es un hecho notorio que ya se elevaron a rango constitucional una serie de derechos humanos de accesos a tecnologías de la información, de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y que el IFT tiene la función exclusiva de procurar el desarrollo eficiente de estos dos sectores”.
Peter Bauer dijo que el instituto debe analizar los efectos de la decisión de la Corte y que con ese “respaldo moral” ahora puede resolver los lineamientos del must carry y must offer.
“Lo que vamos esperar ahora es ver qué hace el IFT ya sin este impedimento y estaremos muy pendientes porque nadie ha ganado”, dijo.
“Me imagino que el IFT estará analizando los efectos y los alcances de esta suspensión por parte de su equipo jurídico para determinar cómo procede, yo creo que el IFT está y tiene las facultades clarísimas de la constitución y más con este espaldarazo a su autonomía y con ese respaldo moral ahora puede resolver sin ningún problema el tema delmust carry y del must offer”.
Ayer, la ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, encargada de elaborar el proyecto, ordenó la suspensión de la decisión del juez que limitó la facultad del IFT para decidir sobre la retransmisión gratuita de los canales de televisión abierta en los sistemas de pago.
La magistrada le notificó a la Presidencia sobre la admisión de la controversia constitucional planteada por el presidente Enrique Peña Nieto en torno a la decisión del juez que invadió las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones para ordenar la retransmisión conocida como must carry must offer.
-Actores preponderantes
Perfilan regulación ‘ligth’ a monopolios de telecomunicaciones
Milenio Jalisco
Susana Mendieta
19 de Febrero de 2014
El borrador del proyecto de ley convergente de telecomunicaciones que propondrá el gobierno a los legisladores no establece la separación de empresas por una declaratoria de preponderancia, como algunos participantes de la industria esperaban.
De acuerdo con el documento de proyecto de ley, del que MILENIO tiene una copia, en ninguno de los artículos se indica que las empresas deberán dividirse o separarse, únicamente se refiere a las obligaciones específicas que deberán cumplir tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión.
Por ejemplo, en el artículo 135 se indica que el agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones y los concesionarios que tengan poder sustancial en el mercado estarán sujetos a obligaciones específicas.
Entre dichas obligaciones está el registro ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) de una lista de servicios de interconexiones desagregadas, previamente autorizadas por el órgano regulador, con información sobre las especificaciones técnicas y funcionales de los puntos de interconexión, misma que deberá ser actualizada al menos una vez al año.
También deberán publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación una oferta pública de interconexión con detalles y desglose de los aspectos técnicos, económicos y jurídicos que deben ofrecer a los concesionarios interesados en interconectarse.
Presentarán al Ifetel, al menos una vez al año, la contabilidad separada del costo de los servicios de interconexión y no realizarán prácticas que impidan o limiten el uso eficiente de la infraestructura dedicada a la interconexión.
Deberán celebrar acuerdos para compartir sitios de coubicación y uso compartido de infraestructura y compartirán los derechos de vía, además de atender las solicitudes de los competidores en el mismo tiempo y forma en que atienden sus propias necesidades y las de sus subsidiarias.
Para el caso del sector de la radiodifusión, el artículo 262 del proyecto indica que el agente económico preponderante tiene la obligación de permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria dentro de la misma zona de cobertura geográfica y en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones.
También deberán entregar la contabilidad separada de los concesionarios de radiodifusión, y la información de los sitios de transmisión, su ubicación y características técnicas, además de presentar anualmente los planes de modernización de sus sitios de transmisión, entre algunos otros de carácter administrativo.
Al respecto, Gonzalo Rojón, director de análisis de The Competitive Intelligence Unit (CIU), comentó que, de acuerdo con la experiencia internacional, no hay una sola fórmula que se aplique a los operadores dominantes o preponderantes, por lo que el hecho de que se tome en cuenta el aplicar una regulación asimétrica es ya importante.
“Al final del día las acciones son muchas, no solo una partición de la empresa, sino aplicar tarifas de interconexión asimétricas, sino una compartición de infraestructura, se puede aplicar una separación contable, es decir son una serie de medidas que ya han sido utilizadas en todos los países”, dijo.
Agregó que no se sabe en realidad cuáles de ellas vayan a tomarse en la propuesta final del Ejecutivo, pero conque se tomen solo algunas de ésas, todas encaminadas a poner orden en el mercado y al operador preponderante, pueden tener un buen resultado.
Fernando Negrete, director de media Telecom Consulting, comentó que las leyes secundarias deben ser una herramienta que ponga en circulación de forma rápida al sector de las telecomunicaciones en México, por lo que es mejor que no contenga cuestiones como la partición de empresas.
“Si la ley abre la puerta a conflictos, cómo sanciones que son más de tipo populistas en el territorio regulatorio, que busquen más efectos mediáticos, no estaremos frente a una buena legislación”, dijo Negrete.
Explicó que el objetivo es elevar la base de usuarios en telecomunicaciones, no que se repartan el pastel de clientes, de lo contrario será una mala regulación.
En ese contexto, la Corte dio un plazo de cinco días hábiles para presentar un recurso de reclamación a las partes que mantienen el conflicto por la retransmisión de señales de televisión abierta a través de los sistemas de televisión restringida, conocido como must carry y must offer.
La ministra Sánchez Cordero dijo que el juez 32 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el presidente Enrique Peña Nieto, las cámaras de Diputados y Senadores, y el Ifetel cuentan con dicho plazo para impugnar los acuerdos que ella emitió el pasado lunes, donde ordenó la suspensión de cualquier pronunciamiento legal sobre este tema.
Entrevistada después de participar en un evento organizado por la Corte y la Unesco, la ministra puntualizó que las partes en conflicto ya fueron debidamente notificadas de las resoluciones, por lo que está a la espera de que firmen los acuerdos o sean impugnados.
Con información de Rubén Mosso
Ifetel resolverá retransmission
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) fue notificado sobre dos acuerdos por parte de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez en los que señala que se admite a trámite la demanda de controversia y se concede de oficio una suspensión de los actos impugnados por la Federación en dicha controversia.
El Ifetel explica en un comunicado que ambos acuerdos lo dejan en libertad de ejercer sus atribuciones en telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que en breve se convocará a una sesión extraordinaria del pleno para deliberar y en su caso resolver sobre los lineamientos generales para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de tv restringida.
La semana pasada el Ifetel solicitó a la Presidencia de la República interpusiera una controversia constitucional contra el juez 32 de los civil del Distrito Federal, luego de recibir un oficio en el que se afirmaba que el instituto no contaba con atribuciones sobre la retransmisión de señales, cuando estaba a punto de emitir los lineamientos sobre este tema.
Por su parte la empresa de telefonía satelital Dish dio a conocer su postura respecto a la suspensión concedida por la ministra Olga Sánchez, al afirmar que representa el respaldo del tribunal constitucional a la autonomía del Ifetel e insistió en que la conducta del juez 32 del Distrito Federal es un afrenta a la imparcialidad y objetividad con la que deben conducirse los jueces.
Sin Embargo
Redacción Sin Embargo
18 de febrero de 2014
Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a la ley secundaria que prácticamente creará una nueva Ley Federal de Competencia Económica, la cual tiene el objetivo de prevenir la concentración comercial, eliminar las prácticas monopólicas y promover el funcionamiento eficiente del mercado. Pese a las expectativas que ha generado para establecer reglas claras y piso parejo para todos los agentes económicos, legisladores de izquierda alertaron sobre aspectos que podrían integrar el documento peñista y van en sentido contrario a lo esperado. El Senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), detalló a SinEmbargo que los borradores a los que ha tenido acceso contienen tres puntos que podrían poner en riesgo incluso los pequeños avances alcanzados durante 20 años para combatir los monopolios. “Nos preocupa que en los documentos que no hemos podido revisar no se dota de capacidades suficientes a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en su autonomía, para poder involucrarse en el seguimiento de los mercados, no solamente en el contexto federal sino en las implicaciones a nivel estatal, pero sobre todo a nivel municipal”, advirtió. Por ejemplo, explicó, en un tema muy básico como es el de las tortillas la Comisión podría no tener capacidades suficientes para atacar una condición monopólica de un actor en el contexto municipal, en la venta de este producto de la canasta básica. Como segundo punto alertó que en los borradores no hay plena autonomía de la Comisión por parte del Poder Ejecutivo. En tercer término, expuso, al crear una nueva Ley podría quedar rebasada toda la jurisprudencia sobre la cual versaran las controversias, los litigios y las resoluciones del Poder Judicial. Para la Senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, el documento que enviará Peña Nieto no servirá para combatir las prácticas monopólicas si sólo pretende modificar el marco legal para que la COFECE pase de ser un organismo desconcentrado a uno autónomo. “No hay legislación secundaria ni estructura institucional que pueda combatir con eficacia las prácticas monopólicas. Sólo con una férrea voluntad política se puede mejorar la eficacia del mercado, pero esto es pura utopía mientras el gobierno esté en manos de ‘personeros’ de los grandes intereses particulares”, afirmó en un estudio que prepara sobre este tema, la Senadora Padierna. Desde su punto de vista se requiere dar mayor fortaleza al órgano regulador para evitar la concentración en sectores vinculados al mercado interno, principalmente en lo referente a las empresas trasnacionales, ya que muchas de ellas empiezan a aplicar prácticas monopólicas en México, porque la legislación así lo permite. Como ejemplo citó a las instituciones bancarias extranjeras, tiendas de autoservicio como Wal Mart, las compañías refresqueras y a las empresas extranjeras que han adquirido a las cerveceras mexicanas. “Lo paradójico es que los mismos gobiernos neoliberales han propiciado esta situación. Porque en términos generales no han cambiado las reglas del juego, por el contrario, sólo han convertido los monopolios del Estado en monopolios privados”, afirmó.
MÁS CONCENTRACIÓN El pesimismo de los senadores perredistas está fundamentado en que en los últimos 30 años ha crecido la concentración y las prácticas anti competencia en sectores estratégicos de México. A pesar de ser la onceava economía del mundo, México ocupa el lugar 55 en el Índice que Competitividad Global, y es el lugar 114 de 148 países en materia de efectividad de política antimonopolios, en un reporte del Foro Económico Mundial, para el periodo 2013-2014. Es sintomático, además, que los hombres más ricos del país estén vinculados con actividades económicas con alto nivel de concentración. Ejemplo de esto es que la riqueza del segundo hombre más acaudalado del mundo, Carlos Slim, parte de la concentración en el sector telefónico de México; o la Emilio Azcárraga Jean (Grupo Televisa) y Ricardo Salinas Pliego (Televisión Azteca) se genera porque sus empresas acaparan el 90 por ciento del mercado de radiodifusión. Lo mismo sucede en el caso de Alberto Bailleres, presidente de Grupo Bal, conglomerado que incluye negocios en los sectores de comercio, minería, metalurgia, seguros y finanzas; entre otros. Su preocupación pareciera estar sustentada, en la medida en que los propios agentes comerciales podrían presionar al Ejecutivo para disminuir los alcances y la fortaleza de la COFECE. En la víspera, Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), adelantó que el organismo de la cúpula empresarial pedirá a los legisladores dotar de mecanismos de “pesos y contrapesos”, para evitar daños a las grandes empresas. LA REFORMA ESPERADA Al anunciar la entrega de la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia de competitividad, el Presidente Enrique Peña Nieto adelantó que con ésta “los servicios se darían en condiciones de competencia y con la más alta calidad”. Esta iniciativa es parte de la reforma que el Congreso debió expedir antes del 9 de diciembre de 2013, cuando venció el plazo de 180 días para que el Poder Legislativo aprobara las leyes reglamentarias de la reforma en telecomunicaciones. El 26 de septiembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó un nuevo órgano constitucional autónomo denominado Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que sustituiría al a la Comisión Federal de Competencia (COFECO), órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Dentro de la iniciativa de deberán explicar con mucha claridad los procedimientos de investigación, la desagregación de activos, la imposición de sanciones, la determinación de insumos relevantes, es decir, las nuevas atribuciones que le dio la reforma constitucional a la COFECE. “Va a mandar una nueva Ley Federal de Competencia Económica. Esperamos es que tenga perfectamente claros los procedimientos de las nuevas atribuciones que tendrá la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), ahora que no existe la suspensión provisional de amparo”, adelantó el Senador Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional (PAN). Asimismo, la semana pasada, el Presidente Enrique Peña Nieto adelantó que las reglamentarias en materia de competencia económica apoyarán las reformas en telecomunicaciones y financiera, esta última, recordó pretende incentivar crédito barato, en especial para las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan mayor empleo en México. “Manteniendo un sistema financiero estable y sólido la reforma financiera, distinta de la fiscal, permitirá incrementar la competencia y elevar la eficacia de las autoridades así como fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo y de las instituciones privadas, al mejorar el régimen de garantías y resolución de controversias “, adelantó el Jefe del Ejecutivo federal, durante la 22 Reunión Plenaria de Consejeros Banamex.
MENOS PRESIÓN QUE TELECOM El legislador panista, Héctor Larios, consideró que las leyes reglamentarias en materia de competencia económica no existe el riesgo de que la iniciativa del Ejecutivo sea redactada de forma disminuida, respecto a la reforma constitucional, como sí existe en las secundarias en materia de telecomunicaciones. ”Porque no tiene el ruido público que sí tiene la de telecom. Entonces no creo que haya problema”, confió el Senador Larios. El Senador agregó que la reforma en competencia económica, una vez que esté completo su ciclo legislativo, impactará positivamente a todos los sectores de la economía, con excepción de los que están regulados en telecomunicaciones, de tal manera que ofrecerá seguridad jurídica a todos. “El espíritu de la reforma es que el mercado funcione con las menores imperfecciones posibles en el beneficio del consumidor, hay industrias o servicios, que para poder ofrecer precios bajos deben ser muy grandes o tener pocos competidores, lo que importa a final de cuentas es el consumidor”, apuntó el legislador albiazul. Según el Plan Estratégico 2014-2017 publicado por la COFECE, en poder de la Senadora Dolores Padierna, se revela que una buena política pública de competencia podría reducir los precios entre 20 y 40 por ciento en México. Detalla, además, que la evidencia de otros países muestra que la instrumentación de reformas a favor de la competencia, podría generar un crecimiento en la economía nacional de 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), e incrementar la tasa de empleo entre 2 y 2.5 puntos porcentuales.
-Atribuciones del IFETEL
Ifetel retomará discusión de retransmisión en TV
El Economista
Claudia Juárez Escalona/El Economista
18 de febrero de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) resolverá en los próximos días los lineamientos generales para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de paga.
A través de un comunicado, el Ifetel dio a conocer que recibió dos notificaciones de la ministra Olga Sánchez Cordero; la primera se refiere a que admitió a trámite la demanda de controversia constitucional.
La segunda notificación tiene que ver con que se concede de oficio la suspensión de los actos impugnados por la Federación en la controversia constitucional.
De modo que dichos acuerdos dejan al Ifetel en libertad de ejercer sus atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que en breve se convocará a una sesión extraordinaria del Pleno para deliberar y, en su caso, resolver sobre el proyecto de lineamientos generales, para la retransmisión de las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida.
De acuerdo con el primer acuerdo emitido por la ministra Sánchez Cordero, “la suspensión concedida respecto de los efectos y consecuencias de los actos cuya invalidez se demanda consiste en que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que el Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal continúe con la substanciación del juicio del expediente 1653/2011 de su índice hasta su total conclusión, incluso, para que emita la resolución final correspondiente”.
Sin embargo, deberá abstenerse de realizar cualquier pronunciamiento o acto, que implique desconocer las facultades que en materia de telecomunicaciones tiene el Ifetel por mandato directo y expreso de la Constitución.
La Ministra determinó lo anterior “con el propósito de salvaguardar la materia del presente asunto, pues de no otorgarse la medida precautoria se estaría permitiendo que, a través de las determinaciones impugnadas, se hiciera nugatoria la competencia que en materia de telecomunicaciones otorga de manera directa la Constitución”.
El Ifetel destacó que se mantendrá respetuoso y atento a las resoluciones del máximo tribunal.
DISH CELEBRA ACTUACIÓN
Dish celebró la “actuación oportuna” del Ifetel, del Ejecutivo Federal y de la Suprema Corte.
Destacó que en las consideraciones de la resolución dictada en el incidente de suspensión se confirma que la Suprema Corte es la única instancia en el país facultada para determinar la competencia constitucional de los órganos del Estado.
Controversia por Must Carry-Must Offer
LA SCJN DA CINCO DÍAS PARA PRESENTAR RECLAMACIONES
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un plazo de cinco días hábiles a las partes involucradas en el caso conocido como must carry-must offer, en el que está a discusión la retransmisión de señales de televisión abierta mediante los sistemas de TV restringida, para presentar un recurso de reclamación.
La ministra Olga Sánchez Cordero anunció que las partes involucradas, es decir, el Juez 32 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el presidente Enrique Peña Nieto, las cámaras de Diputados y Senadores, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), tienen hasta el viernes 21 de febrero para presentar dicho recurso.
En entrevista tras participar en una ceremonia de la UNESCO llevada a cabo en la SCJN, explicó que durante esta semana las partes involucradas pueden impugnar los acuerdos presentados por la Ministra el pasado lunes, en los que concedió de oficio una suspensión para que quede sin efecto la decisión del Juez Civil del Distrito Federal.
“Estamos a la espera de que en su momento queden firmes estos acuerdos, o bien que se impugnen y sea ya la Sala (de la Corte) o el Tribunal pleno, quien decida sobre una revocación, una modificación o una confirmación de los acuerdos”, explicó y aseguró que los involucrados fueron debidamente notificados.
En caso de que los recursos fueran presentados, los mismos serían tornados a otro Ministro del Máximo Tribunal para su estudio, explicó Olga Sánchez Cordero. (Con información de Ana Langner)
Suprema Corte avala al IFT frente a litigio con Televisa
Homo Zapping
Jenaro Villami
19 de febrero del 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano regulador del sector, obtuvo el 17 de febrero un triunfo jurídico frente a la estrategia dilatoria de Grupo Televisa para la definición del asunto sobre el must carry y must offer.
La Suprema Corte de Justicia admitió la controversia constitucional interpuesta vía el Ejecutivo Federal el pasado 13 de febrero y otorgó la suspensión de los actos del juez 32 de lo civil del DF quien había señalado que IFT no “tenía facultades” para definir la retransmisión gratuita de las señales de televisión abierta en la industria de la televisión restringida.
La ministra Olga Sánchez Cordero dictó dos acuerdos: el primero para admitir la controversia y el segundo para conceder “la suspensión en contra de los actos reclamados del juez trigésimo segundo de lo civil del Distrito Federal” basándose en el argumento de que el IFT es el responsable de definir este tipo de políticas.
La consejería jurídica del Ejecutivo Federal emitió un comunicado en el que establece que “con esta resolución, el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá ejercer sus atribuciones constitucionales, sin perjuicio de que la controversia constitucional siga su trámite hasta que la Suprema Corte de Justicia dicte la sentencia respectiva”.
La especialista Irene Levy, presidenta de Observatel, consideró que el IFT ya podrá reanudar con la discusión que quedó suspendida el pasado 12 de febrero por la notificación de este juez que favorecía la causa de Grupo Televisa en contra del Grupo Dish, compañía que reclama la retransmisión de los canales de televisión abierta.
Televisa y TV Azteca se han opuesto a las medidas aplicadas por Grupo Dish argumentando que se violan derechos de autor en la retransmisión de sus señales. El IFT deberá resolver también sobre esta materia.
La disputa por el must offer y el must carry se agudizó en vísperas de que se discuta en el Congreso la ley secundaria de la reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones y en medio de un presunto pacto entre el Ejecutivo federal y Televisa para que esta legislación no afecte los intereses de la compañía de medios de comunicación más grande del país.
Aristegui Noticias
18 de febrero de 2014
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo en el tema must carry / must offer es muy relevante porque, sin haberse solicitado, suspendió la resolución de un juez local y dejó en claro que el Ifetel es la única institución que puede resolver en este tema.
Así lo señala Irene Levy, presidenta de Observatel, quien esta mañana comentó enNoticias MVS el acuerdo de admisión de la controversia emitido ayer por la ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero.
“El acuerdo de suspensión emitido por Sánchez Cordero determina que el juez 32 civil no tiene competencia en el tema de telecomunicaciones. La ministra reconoce la competencia del Ifetel y le está diciendo ‘tú Ifetel tienes un mandato directo de la Constitución en tema telecomunicaciones’”, dijo Levy.
“El Ejecutivo federal no solicitó la suspensión de lo que determinó el juez 32 civil. Sin embargo, la ministra Sánchez Cordero la aplicó de oficio”, agregó.
Por tal motivo, explicó la especialista, el Ifetel ya no tendría impedimento para continuar el análisis y tomar las decisiones necesarias en el tema de retransmisión de señales de tv:
“En mi opinión, esta suspensión permite al Ifetel seguir adelante con las resoluciones del tema must carry / must offer.
“Yo esperaría que el Ifetel tome esta determinación y entienda que puede continuar con el tema, porque, como lo dice la ministra, el juez civil ‘no es competente’ para atender este tema”, dijo.
Aclaró: “Aún existe la posibilidad de que el juez presente un recurso para objetar la decisión de la ministra. Pero lo cierto es que la suspensión está otorgada. Subrayo: eso no lo solicitó el Ejecutivo, sin embargo la ministra lo determinó así”.
La semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) postergó del debate y resolución sobre la retransmisión de señalas de tv abierta en sistemas de paga (conocido como must carry / must offer), tras recibir unanotificación del juez 32 civil del DF, en el que argumentaba que el Ifetel no tenía atribuciones en materia de derechos de autor, que serían afectados.
Pese a que la reforma en telecomunicaciones de 2013 establece en la Constitución la obligación de las televisoras abiertas de poner a disposición sus señales en tv de paga, y de estas últimas de retransmitir todas las señales de televisión abierta, Grupo Televisa ha promovido recursos legales contra el must carry / must offer, y argumenta que los sistemas restringidos deben pagar por usar estas señales porque se “afectan derechos de autor”.
Corte reconoce facultades del IFT, Irene Levy
Milenio Jalisco
18 de Febrero de 2014
La controversia constitucional que se analiza en Suprema Corte de Justicia de la Nación para aclarar las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no limita el trabajo del órgano regulador; por lo tanto puede avanzar en el los lineamientos para regular la retransmisión de señales, aseveró Irene Levy, presidenta de Observatel, institución especializada en telecomunicaciones.
En entrevista radiofónica, la especialista explicó que la ministra al recurrir a los recursos de admisión y suspensión para dar entrada a la controversia constitucional dejó en claro, que el juez 32 de distrito carece de facultades para dar órdenes al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El 11 de febrero el presidente del IFT informó que el juez 32 notificó al instituto que éste no tiene facultades para resolver en los casos de retransmisión de señales y los casos en que aplicaría los beneficios o principios de gratuidad, a partir de estos servicios.
La admisión y suspensión que aplicó la ministra “da un refresco, entonces las cosas pueden seguir como iban”, es decir el IFT puede seguir con el tema de la retransmisión, dijo Irene Levy.
“La ministra está reconociendo la competencia del IFT y le está diciendo que tiene un mandato constitucional para aplicar la materia de las telecomunicaciones y un juez no puede llegar a decir lo que tiene que hacer”, reiteró.
Milenio Jalisco
Hugo González
19 de Febrero de 2014
Hasta parece que escuché decir eso a la ministra Olga Sánchez Cordero cuando la noche del lunes leí el resolutivo de la controversia constitucional 18/2014, mediante el cual se concede de oficio la suspensión de los actos del juez 32 de lo civil impugnados por la Presidencia de la República y se ordena que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan.
Según lo que leo del documento, la ministra le permite al juez 32 continuar con el juicio 1653/2011 en el cual se acusa a Dish de robarse las señales de Televisa, incluso hasta su total conclusión para que emita la resolución final correspondiente; sin embargo, le ordena abstenerse de realizar cualquier pronunciamiento o acto que implique desconocer las facultades que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
La ministra aclara que es el Ifetel el que deberá, ante la ausencia de legislación en la materia, realizar todos los actos administrativos de su competencia, a fin de cumplir ese mandato, pues por disposición constitucional esta aptitud no puede ser desconocida por cualquier otro ente público; como quien dice: póngase a chambear, póngase los pantalones.
Ahora bien, como ya metieron a la Corte en el debate, esta autoridad todavía tiene que poner orden en el tema y empatar dos derechos constitucionales, los de retransmisión y los de autor, pues aunque el juez 32 deberá seguir con su juicio en materia de derechos autorales, falta ver qué dice la Corte en materia de telecomunicaciones.
Sin embargo, existe la posibilidad de que la ministra considere que ya quedó resuelto el acto reclamado por el Ifetel y decida, por cuestiones de forma, no entrarle al fondo del asunto, lo cual será (nuevamente) dejar para otra ocasión que alguien más desenrede la madeja.
Por cierto, con todo este relajito me acordé de las múltiples chicanas a las cuales se enfrentó la extinta Cofetel (que el señor tenga en su gloria) producto de la famosa Licitación 21 y por eso me interesé en saber cómo se resolvió tanto lío jurídico, pues incluso en ese juicio hubo jueces locales que pidieron frenar el proceso.
La Cofetel lo resolvió en una semana, con una simple demanda de amparo y solicitar la suspensión (expediente 1650/2011 ante el juez primero de distrito en Tlaxcala), pero nunca fueron a pedirle un paro a la Presidencia, y sin hacer tanto show.
Evita suspensión de la SCJN competencia engañosa en telecom
El Sol de México
Hugo Hernández
19 de febrero de 2014
Ciudad de México.- Al admitir la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Federal por asuntos relacionados con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la orden de un juez del Distrito Federal que le impedía resolver sobre la retransmisión gratuita de canales de Televisa en sistemas de paga.
Además de la admisión, la ministra Olga Sánchez Cordero concedió una suspensión que deja sin efectos la orden del juez 32 civil del DF, José Guadalupe Mejía Galán, dictada cómo parte de un juicio iniciado por Televisa contra Dish en 2011.
Sánchez Cordero elaborará el proyecto para defender las facultades de Ifetel, que están claramente indicadas en la Constitución, pero fueron ignoradas por el juez Mejía Galán. “No se puede avalar que una autoridad judicial local, que no tiene competencia para determinar las atribuciones del instituto, pretenda desconocer esa competencia que por mandato de la Constitución tiene atribuida al Ifetel, pues solamente la Suprema Corte puede establecer a quien corresponde o no un ámbito de competencia Constitucional”, agregó.
Sánchez Cordero otorgó la suspensión de oficio, ante lo que le pareció una evidente violación a la Constitución, y además advirtió al juez Mejía Galán que deberá abstenerse de dictar cualquier otra resolución que ponga en duda las atribuciones del dicho organismo. Televisa alega violación a sus derechos de autor, pero la Constitución es categórica al ordenar la retransmisión gratuita de los canales de televisión abierta, conocida como “must carry y must offer”.
Senadores ven positiva la suspensión de fallo sobre IFT
El Universal
Alberto Morales y Juan Arvizu
18 de febrero de 2014
El senador Javier Lozano (PAN) aseguró que fue correcta la decisión de la ministra Olga Sánchez Cordero de suspender el fallo del juez que frenaba al instituto. Senadores del PRD y PAN consideraron como positivo la decisión de la ministra *Olga Sánchez Cordero* que suspendió el fallo del juez 32 de lo civil, quien estableció que el *Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel)* carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de los canales de televisión abierta en canales de *televisión de paga*.
Lo anterior, luego de que la *Presidencia de la República* interpuso una *controversia *constitucional ante la *Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)* contra la decisión de un juez del Distrito Federal respecto a la competencia del Ifetel en el tema del /must carry/ y /must offer/.
La senadora Alejandra Barrales (PRD), presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, aseguró que fue positiva la decisión de la ministra Sánchez Cordero, pero destacó que por el contrario no es bueno que se estén judicializando las leyes recientemente reformadas.
“Para el PRD la posición es muy clara sobre el ‘must carry’ y ‘must offer’, el tema está plenamente señalado en la Constitución, hace falta detallarlo y darle esa congruencia en las leyes secundarias, pero el tema no debería estar ya en discusión”, dijo.
El senador Javier Lozano (PAN), presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aseguró que fue correcta la decisión Sánchez Cordero en otorgar esta medida cautelar y dijo que no tiene la menor duda de que ministra llegará al fondo de asunto.
“Por supuesto que el Ifetel tiene facultades sobre el tema del ‘must carry’ y ‘must offer’ sobre la retransmisión de los programas de tv abierta en los de paga, porque la Constitución así se lo concede”, indicó.
Lozano dijo que el Ifetel no tiene pretexto para actuar, lo debe de hacer pronto y de forma integral, es decir, no hay duda que se tiene derecho a la retransmisión de la programación en una plaza determina de los programación abierta en los sistemas de paga.
Adecuada la decisión de Sánchez Cordero sobre telecomunicaciones: diputados
MVS Noticias
Angélica Melín Campos
19 de febrero de 2014
Luego de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, determinara suspender la orden de un juez civil del Distrito Federal que impedía al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitir una resolución sobre la retransmisión de señales de televisión abierta en sistemas de paga, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, señaló que la decisión es acertada, ya que permitirá al órgano regulador del sector, dictar las reglas y disposiciones pendientes.
Asimismo, el diputado Anaya Cortés urgió al Ejecutivo Federal a que presente a la brevedad sus propuestas de ley secundaria en materia de telecomunicaciones y competencia económica.
“Como toda resolución de la Corte debe ser acatada de inmediato y ahora sí el Ifetel está en condiciones de reanudar su proceso para resolver el tema que había quedado pendiente. Ha sido ya resuelto por la Corte, ya se ha otorgado la suspensión de tal forma que el Ifetel deberá continuar con el proceso”, apuntó.
En cuanto a si el órgano regulador en telecomunicaciones tendrá más trabas para cumplir con su labor, el legislador panista agregó que “como siempre, deben acatarse las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otorgada esta suspensión, corresponde ahora al Ifetel cumplir con su responsabilidad”.
En tanto, los coordinadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, calificaron como contundente y adecuada la decisión de la ministra Sánchez Cordero.
El líder de los diputados priístas en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, señaló que con ello, se hace respetar el espíritu de la reforma constitucional en telecomunicaciones.
“Percibo en la contundente resolución de la ministra Olga Sánchez Cordero, el hacer respetar el espíritu de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, y que muy pronto tengamos la reglamentación en la materia, para que evite confusiones.
En la Cámara de Diputados, lo que hemos resuelto es estar muy alertas y atentos a la recepción de las iniciativas de leyes reglamentarias, para resolverlas en el menor tiempo posible, debido al alto grado consensos que estas tienen”, declaró Beltrones Rivera.
El coordinador del PAN, Luis Alberto Villarreal, reiteró que los legisladores analizarán las normas reglamentarias sin someterse a presiones.
Expresó su respeto por las determinaciones de la Suprema Corte y confió en que también el Poder Judicial sea respetuoso de las leyes pendientes que se aprueben en el Congreso.
En su turno, el líder de los diputados perredistas, Silvano Aureoles, consideró acertados los criterios de la ministra Sánchez Cordero, en cuanto a que el juez que intervino en el caso, no tenía facultades para bloquear las decisiones del IFETEL.
Sobre el envío de las leyes reglamentarias por parte del Ejecutivo Federal, el diputado Aureoles Conejo señaló que se tiene conocimiento de que la propuesta de ley secundaria en competencia económica llegará este miércoles a San Lázaro y la de telecomunicaciones, será enviada al Senado en el transcurso de esta o la siguiente semana.
El vicecoordinador jurídico de la bancada del PRI, Héctor Gutiérrez, manifestó que la determinación de la Corte, permitirá que antes del próximo 9 de marzo, el IFETEL emita su resolución sobre la retransmisión de señales de televisión abierta en sistemas de paga y otros asuntos, como la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión.
19 de febrero de 2014
Reporte Índigo
Georgina Howard
La controversia constitucional interpuesta por el caso de las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es el preludio de lo que puede pasar en aras de proteger las reformas estructurales del gobierno que fueron aprobadas en 2013.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), notificó a la Presidencia que admitió la controversia y notificó que el IFT podrá ejercer sus atribuciones constitucionales, en tanto de resuelve el fondo del asunto.
La ministra Olga María Sánchez Cordero informó a la Presidencia que se concede la suspensión en contra de los actos reclamados del juez trigésimo segundo de lo civil del Distrito Federal.
Sánchez Cordero aclaró que es el IFT -ante la ausencia de legislación en la material- quien deberá llevar a cabo todos los actos administrativos de su competencia.
Esa decisión, no es solo el espaldarazo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino un mensaje claro y directo del staff del presidente Enrique Peña Nieto de que se utilizarán los medios al alcance para defender todas las reformas.
Ahora la SCJN tendrá que definir si es más importante el derecho de la población a recibir señales de televisión abierta, o los derechos de autor de Televisa y TV Azteca.
La impotencia o falta de experiencia para resolver el conflicto y desenredar el asunto de la retransmisión de señales de la televisión pública a la restringida, llevaron al IFT a solicitar la controversia constitucional.
Se pudo haber evitado
El juez 32 de lo civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, emitió -a solicitud de Televisa- la resolución de discordia en el marco de un litigio con Dish por subir sus canales vía la venta de decodificadores.
Aunque se espera que la SCJN dé prioridad a la controversia, Dish ya decidió que seguirá bajando la señal de TV Azteca de forma gratuita.
No solo eso, la televisora advirtió que desde el año pasado presentó una demanda contra el juez Édgar Elías Azar y una queja administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
Pero Televisa inició el litigio en 2011 por la retransmisión indebida de señales por parte de Dish, esto es, dos años antes de que presentaran la Reforma de Telecomunicaciones.
Lo cierto es que el juicio se abrió el año pasado, antes de que se discutiera la gratuidad de la medida y existiera el nuevo órgano regulador que sustituyó a la Cofetel.
El conflicto entre las televisoras se hubiera evitado si el IFT hubiese emitido su resolución desde septiembre pasado, cuando Dish y las empresas cableras comenzaron a bajar gratuitamente las señales de Televisa y TV Azteca.
Ya la esperan
Será esta semana cuando lleguen al Senado las leyes secundarias en material de telecomunicaciones y competencia económica.
Se espera que dichas legislaciones ayuden a combatir los monopolios en todos los sectores, pero sin atomizar a la industria nacional o dejarla a merced de los inversionistas foráneos.
Para ello, se propondrán blindajes especiales frente a las inversiones extranjeras.
De ahí que la reglamentación de la reforma establecerá los alcances del IFT para determinar la preponderancia económica de los concesionarios en telecomunicaciones y radiodifusión.
Además, se fijarán las reglas del juego para la accesibilidad universal a la banda ancha y la posibilidad de que cualquier competidor pueda ofrecer sus servicios a los usuarios, a fin de generar mejor calidad y tarifas más bajas a los consumidores.
La ‘novela’ de las televisoras
> Cuando fue aprobada la reforma de telecomunicaciones Dish “subió” las señales de los canales 2, 5, 7 y 13, en apego al artículo Octavo Transitorio del decreto, el cual indica la obligatoriedad de distribuir a empresas de televisión de paga –y de forma gratuita– las señales cuya cobertura abarque más del 50 por ciento del territorio nacional.
> Televisa y TV Azteca reclamaron, pero el IFT no dio respuesta. Azteca incluso demandó pago retroactivo por actos de “piratería” y acusó a Dish de violentar la ley al tomar furtivamente sus señales y además, beneficiar a Telmex con la distribución gratuita.
> El 10 de febrero, el IFT recibió un oficio el juez 32 de lo civil del Distrito Federal en donde señala que el instituto no era competente para regular el must carry-must offer. Dos días después, el IFT suspendió la discusión sobre esta práctica y solicitó al titular del Ejecutivo promover la controversia constitucional para que fuera la Corte quien resolviera el asunto.
> Ayer, la ministra Olga Sánchez Cordero suspendió el fallo del juez 32. Explicó que por disposición constitucional, la competencia del IFT no puede ser desconocida por cualquier otro ente público y señaló que el Juzgado 32 deberá abstenerse de realizar cualquier pronunciamiento o acto que implique desconocer las facultades que tiene el IFT.
Telecomunicaciones
-Competencia
Axtel solicita tarifas asimétricas para competir
El Financiero
Ramiro Alonso
19 de febrero de 2014
La empresa de telecomunicaciones Axtel consideró necesario establecer tarifas asimétricas en interconexión para permitir que los competidores más pequeños puedan competir contra los operadores dominantes.
“La interconexión ha sido vista como un mecanismo de transferencia de dinero y creemos que ya debería de quedarse eso atrás y enfocarse hacia adelante donde ya no es una barrera de competencia como sucedía en el pasado”, dijo Ermilo Vázquez, director de Regulación e Interconexión de Axtel.
Los operadores, dijo, deberían ocuparse en reflejar los costos de prestar la interconexión de manera única, así como procurar cumplir la regla de reciprocidad.
Consideró que la reforma constitucional en telecomunicaciones, que se promulgó en junio de 2013, debe propiciar que el regulador clarifique el costo de prestar servicios de interconexión al partir de la referencia de 2.5 centavos por minuto.
Antes del próximo nueve de marzo, el IFT resolverá, de acuerdo con lo definido en la Constitución, el establecimiento de medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante en telecomunicaciones.
Las medidas deberán considerar como insumo esencial todos los elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red local.
En particular, los concesionarios podrán elegir los elementos de la red local que requieran del agente preponderante y el punto de acceso a la misma.
Las citadas medidas podrán incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como su calendario de implantación con el objeto de procurar la cobertura universal y el aumento en la penetración de los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con el texto constitucional.
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