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Claroscuros de la transparencia

Excélsior

José Buendía Hegewisch

17 de noviembre de 2013

 

La posibilidad de que el IFAI ayude a abrir la transparencia en los estados dependerá de que los ciudadanos de las entidades ejerzan sus derechos. El mayor obstáculo para ello es la impunidad en las denuncias de corrupción.

 

La corrupción ocupa el centro de la negociación política y es de los principales recursos de la autoridad para tratar de desactivar conflictos, como el del magisterio, con  recursos públicos; para articular pactos políticos a favor de reformas o competir en las urnas; indispensable para formar clientelas políticas de legisladores, gobernadores, alcaldes y sus partidos en el Congreso federal, como en la ALDF u otras entidades, a través de la práctica generalizada de utilizar funciones y medios públicos en provecho de sus gestores, por ejemplo, el “diezmo” en el presupuesto o condicionar la entrega de recursos a la adjudicación de obras.

 

La desviación de recursos públicos o su “privatización” es un eje de la convivencia política, por la falta -en opinión de algunos- de proyectos en los partidos y el pragmatismo como especie de razón práctica para la supervivencia. Pero otros explican esa centralidad por el avance de la trasparencia para supervisar programas o el gasto público de gobiernos. La corrupción, sabemos, no ha disminuido en el país con la transparencia, pero ha pasado a un lugar central en la percepción y preocupación pública.

 

A pesar del consenso sobre el costo de la corrupción para la eficacia gubernamental y el desarrollo, al Congreso le  tomó un año y tres meses de negociación aprobar la reforma constitucional en transparencia. El último obstáculo se removió esta semana con la aceptación del PRI de que la única instancia que puede impugnar los fallos del IFAI sea la Consejería Jurídica de la Presidencia. Ahora, sus resoluciones serán prácticamente definitivas para todos los poderes, órganos autónomos, partidos y sindicatos, estados y municipios. Tendrá autonomía constitucional. Además, podrá atraer casos de impugnaciones en estados y municipios en los que la constante es el manejo opaco y discrecional de los recursos.

 

Los ejemplos son abundantes: la Comisión de Gobierno de la pasada legislatura de la ALDF, que presidía la actual senadora perredista Alejandra Barrales, crea un fideicomiso para entregar 250 millones en “becas” a universidades sin que se conozca el padrón de los supuestos 24 mil beneficiados; las denuncias de ediles contra el PAN en el Congreso por condicionar recursos presupuestales o de fondos especiales para obras a la contratación de empresas y proveedores “amigos”; la promesa de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, de dar a conocer todos los programas sociales dispersos en dependencias y niveles de gobierno, así como el padrón de beneficiarios; ahora, la decisión de los diputados en el Presupuesto 2014 de reservarse un fondo de obras sociales que asignarán discretamente.

 

La reforma en transparencia y una comisión anticorrupción fueron las primeras promesas del actual gobierno para modificar la “forma de ejercer el poder”. Su incumplimiento impedirá que acompañen, de entrada, al Presupuesto 2014, y que otra vez haya insuficientes mecanismos para asegurar transparencia y eficacia del dinero público. No obstante, la reforma de trasparencia es un avance cuando en rubros con creciente presupuesto, como la seguridad pública, la información sobre adquisiciones se reserva con el pretexto de la seguridad nacional.

 

La reforma constitucional obligará a homologar las legislaciones locales, aunque incluso leyes avanzadas como en el DF han sido insuficientes para disuadir a autoridades de hacer política con dinero público, como prueba, el fideicomiso de la ALDF ¿En qué medida la reforma puede fortalecer los pilares de una nueva gobernabilidad basada en la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas?

 

La posibilidad de que el IFAI ayude a abrir la transparencia en los estados dependerá de que los ciudadanos de las entidades ejerzan sus derechos. El mayor obstáculo para ello es la impunidad en las denuncias de corrupción que, generalmente, cancelan la rendición de cuentas. Sin consecuencias y sanciones de los actos públicos y de sus responsables, los derechos se vacían de contenido y pierden su valor.

 

El problema no es sólo de transparencia, sino de que las denuncias de prácticas de funcionarios públicos en beneficio económico o de otra índole, de sus propios gestores, no conducen a nada. Cuando la corrupción se denuncia y nada pasa, es difícil esperar que la gente se involucre en la solución de los problemas de la comunidad. La opción es  preparase para sortear el cohecho y el soborno que debe pagar para sobrevivir más allá de su derecho a la transparencia.

 

 

Pide IFAI a Segob informar sobre prevención del delito entre jóvenes

Excélsior

Notimex

16 de noviembre de 2013

 

El Instituto Federal de Acceso a la Información pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) dar a conocer los programas, las acciones y el monto presupuestal ejercido en 2010, 2011, 2012 y 2013 para la prevención del delito entre los jóvenes.

 

En respuesta a un particular que solicitó esos datos, la Segob señaló que esa información puede ser consultada en dos ligas electrónicas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: la del “Informe Anual de Evaluación 2011” y la del “Informe Anual de Actividades 2012”.

 

En un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) explicó que el particular interpuso un recurso de revisión ya que no se le dio una respuesta precisa y sólo se le remitió a esas dos páginas electrónicas.

 

La Segob mencionó que turnó la solicitud de acceso a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad y a la Dirección General de Programación y Presupuesto, quienes señalaron que de acuerdo con las estructuras administrativas, no se cuenta con la información con el detalle requerido por el particular.

 

La comisionada María Elena Pérez-Jaén argumentó que de la búsqueda de información que se realizó al “Presupuesto de Egresos de la Federación” para los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013, se pudo concluir que los programas presupuestarios no están desglosados a grupos sociales específicos.

 

La información puede ser consultada en dos ligas electrónicas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: la del “Informe Anual de Evaluación 2011” y la del “Informe Anual de Actividades 2012”.

 

También, dijo que se logró advertir que existe de manera genérica un presupuesto asignado a la prevención del delito, participación ciudadana y respeto a los derechos humanos, dentro del cual se engloba ese grupo social.

 

Sin embargo, explicó, existen o existían subprogramas que ejecutaba la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y que, de alguna forma debe existir un monto de recursos públicos que fueron ejercidos en los años 2010, 2011 y 2012.

 

Pérez-Jaén indicó que para el caso del año 2013, no se tiene certeza si se mantienen esos subprogramas, pero sí se tiene conocimiento de la creación de la “Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, por lo que también pueden existir subprogramas o acciones dirigidas al sector juvenil.

 

Ante ello, el Pleno del IFAI revocó la respuesta e instruyó a la Segob a una nueva búsqueda de la información en las unidades administrativas antes mencionadas.

 

Lo anterior siguiendo el criterio respecto del presupuesto ejercido en los subprogramas a cargo de la extinta SSP, para los años 2010, 2011 y 2012, dedicados a la prevención del delito dirigidos a jóvenes; al igual que el presupuesto autorizado en los subprogramas del ejercicio fiscal 2013.

 

Una vez realizado lo anterior, la documentación se deberá poner a disposición del particular; en caso de que después de esta nueva búsqueda no se localice la documentación con el grado de detalle requerido el Comité de Información del sujeto obligado deberá declarar formalmente su inexistencia.