Por: Ana Vicencio

Oscar Franco León escribe en el Informe de Medios de Comunicación y Derecho a la Información Jalisco 2010 el artículo titulado “Periodistas bajo amenaza: la agresión a Jade Ramírez”.

A partir de la descripción de la agresión a esta periodista, que cubría la resistencia de los pobladores de Temacapulín a la presa El Zapotillo, Oscar Franco profundiza en las condiciones laborales de los periodistas en el país.

Jade Ramírez Villanueva, periodista de Radio Universidad de Guadalajara, se encontraba el 3 de abril de 2010 en el poblado de Temacapulín dando seguimiento a la construcción de una presa promovida por el Gobierno de Jalisco que inundaría algunos pueblos y rancherías de la región.

Después de asistir a una reunión con los miembros de la organización denominada “la resistencia” y con el defensor de derechos humanos y colaborador del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Marco Von Borstel, Jade Ramírez fue hostigada en un billar por dos personas que se identificaron como empleados federales y por una más que la amenazó con una pistola en la espalda. Después de los acontecimientos, tanto ella como Von Borstel recibieron llamadas y correos con amenazas por investigar y “alborotar la gallinera”.

Según un informe de Reporteros Sin Fronteras, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Para Jade Ramírez “no hay condiciones laborales mínimas para trabajar”, en parte porque las empresas mediáticas no se preocupan por proteger a sus trabajadores o capacitarlos para reaccionar en caso de amenazas.

En 2009 la organización Artículo XIX registró en el país 109 agresiones físicas o materiales hacia periodistas, de las cuales 65.6% se realizaron por funcionarios públicos y 6.1% por el crimen organizado. La conclusión es sencilla: en México los periodistas temen más al gobierno que a los criminales por las represalias que podrían generarse a partir de su trabajo.

Jade Ramírez interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y levantó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) pero no logró que sus agresores recibieran castigo.

Junto con Marco Von Borstel concluye que la burocracia es el principal obstáculo para que los mecanismos de procuración y administración de justicia no avancen adecuadamente, además de que hacen falta leyes que protejan la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.

Para leer el artículo completo consulta el Informe 2010 del Quid en este sitio.