Por: Esteban Contreras

Hace un par de días, el primero de octubre para ser preciso, vimos como alrededor de mediodía, usuarios de Telcel  en la ciudad de Guadalajara, se quejaron por las fallas de comunicación de la red telefónica. Me sorprendió ver varios gimoteos al respecto por canales como  Twitter y Facebook, pero uno de ellos llamó mi atención. Decía: “Usuarios Telcel: no se quejen, basta con cambiar de compañía”.

A partir de esta clara aseveración podríamos preguntarnos: ¿Basta con eso? ¿Qué tan fácil será cambiar de compañía? Parece sólo un tema de libre albedrío, sin embargo, no siempre se cumple y es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la responsable de que “todos los mexicanos tengan acceso a servicios integrales de telecomunicaciones, prestados en un ambiente de sana competencia”, como lo describe en su página web.

En el festejo del Día Internacional del Derecho a Saber celebrado por los defensores de acceso a la información en todo el mundo, el 28 de septiembre pasado, el diario El Economista en línea, publicó una nota en la que señala que las empresas Telcel y Telefónica incumplen las especificaciones operativas del proceso de portabilidad de números telefónicos, es decir, omiten en algunos casos el envío de un código NIP por solicitud del usuario, para que éste pueda cambiar el proveedor de telefonía celular que sea de su interés, según una demanda interpuesta por Iusacell ante la Cofetel en abril pasado.

A dicha comisión que se declara como un órgano autónomo y desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le competen no sólo cuestiones reglamentarias para propiciar la libre competencia en el mercado de la telefonía, sino también algunos quehaceres y ámbitos varios como: “regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México”

Sin embargo, la amplitud en los ámbitos podría no significarle casos de éxito, sino por el contrario conflictos y pérdida de credibilidad. Este es el caso que Fernando Mejía Barquera detalla en el diario Milenio, titulado “Cofetel revive la ley Televisa”.

En 2006, una de las reformas más polémicas que impulsó la Cofetel a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), autorizaba a las empresas concesionarias de televisión para prestar en el mismo canal de 6 mhz que ya tenían asignado, servicios de telecomunicaciones como voz o datos, además del servicio de televisión abierta. Proceso que se favorecía por la inminente entrada de la Televisión Digital que permite aprovechar el mismo ancho de banda para ofrecer más servicios de información.

Las concesionarias  no tenían que esperar a una licitación o convocatoria abierta que favoreciera la competencia, sino simplemente por medio de una notificación a la comisión, la concesión sería otorgada.

Dichas reformas a la ley, fueron llamadas “Ley Televisa”, porque esta televisora gozaba de ventajas únicas sobre otros posibles licitantes de las concesiones.

A cinco años de ese primer intento, la comisión decidió revivir parcialmente el contenido del artículo 28 de la LFRT, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2007. Y propuso que los canales de televisión proporcionen, además de la señal de televisión abierta, “todos los servicios de telecomunicaciones que tecnológicamente son viables” en la Televisión Digital Terrestre.

En el diario Reforma, Javier Corral Correa nombra dichos servicios anexos como nuevos canales múltiples y dice que “la decisión de la Cofetel de permitir que los operadores de la televisión abierta puedan ofrecer multiprogramación en sus canales digitales elimina de facto la expectativa de contar con mayor competencia”. Objeto que se contrapone con la propia tarea de la comisión, la libre y sana competencia.

Para abonar a los pasos titubeantes de la Cofetel, parece que su presidente, Mony de Swaan, nunca lanzó la prometida convocatoria en septiembre pasado, para la licitación de dos nuevas cadenas de televisión digital abierta lo cual daría paso a que en México existiera una tercera y cuarta cadena de televisión digital, en un lapso de 18 meses a partir de septiembre.

Un ex comisionado de la Cofetel, Abel Hibert, dijo al diario Reforma que “seguramente influyeron los operadores de televisión para detener el proceso, pues no les favorece la entrada de más competidores”.

Así pues, la Comisión Federal de Telecomunicaciones protagoniza una semana llena de incongruencia, pues pone en duda su autonomía y compromiso con el país y nos permite especular sobre su obediencia a intereses ajenos que contrarían su razón de ser, recuperando asuntos políticos para beneficio del duopolio mediático en México.