La pista del sueldo

Juan Ciudadano

Creemos que damos la batalla contra el crimen organizado cuando exigimos cuentas a las autoridades sobre su eficiencia en la captura, sus despliegues de fuerza en las zonas más calientes, su control sobre el flujo de armas, su capacidad de depurar cuerpos policíacos.

Todo esto es importante, pero también seguir la pista del dinero. Al crimen organizado se le combate pegándole donde más les duele; en el negocio. La infiltración de los órganos del Estado sólo se puede erradicar siguiendo la pista del dinero.

Es común, por ejemplo, que cuando tratamos el asunto de las pruebas de control de confianza que se practican a policías y mandos tanto en lo federal como en lo local, la atención se dirige a los resultados del polígrafo (dice o no mentiras el policía), o a las pruebas toxicológicas (consumo de drogas). Menos atención se pone a lo más importante, ¿corresponde el nivel de vida del policía con su ingreso?

Las visitas a domicilio que hacen los funcionarios de los centros de evaluación de confianza que hay en el País a las casas de los policías permiten identificar si las posesiones y las costumbres (conocidas a partir de platicar con los vecinos, por ejemplo) corresponden con el nivel salarial del investigado.

En una coyuntura como la que vivimos, para saber que tan dignos de confianza son todos los actores en la cadena de la seguridad y la justicia -policías de investigación, MPs, jueces, magistrados, ministros- no podemos contentarnos con estar al nivel de otros países. Necesitamos transparencia radical, ese es el tamaño del problema que tenemos.

Hace unos días se dio un paso en esta dirección.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó que puede solicitar directamente a las instituciones financieras información sobre las cuentas de los jueces, magistrados, consejeros y demás servidores públicos del Poder Judicial, sin intermediación de otras autoridades.

El acuerdo, que está por publicarse en el Diario Oficial, establece que “las dependencias y entidades públicas, así como las instituciones financieras, están obligadas a proporcionar la información y datos que el Consejo de la Judicatura Federal les solicite relacionada con los registros, operaciones y datos bancarios de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación”.

Se explica en el comunicado que “Consejo de la Judicatura considera que la información bancaria constituye un indicador objetivo, certero y seguro de la actuación de los servidores públicos y un medio de verificación para preservar el desempeño honesto de los magistrados, jueces, y del personal en general adscrito a órganos jurisdiccionales y administrativos del propio Consejo”.

Los alcances que puede tener esto son importantísimos. El CJF administra más de 670 juzgados y tribunales federales en el País, con alrededor de 33 mil empleados, de los que mil 123 son jueces de distrito y magistrados de circuito.

Uno pudiera pensar que asegurando (a base de vigilancia) la no infiltración en los jefes -magistrados y jueces- bastaría para evitar que la justicia se doble a favor de los delincuentes. No es así.

En un sistema de justicia como el nuestro, que todavía es mayoritariamente escrito, es materialmente imposible que los jueces lean con cuidado todos los casos que les son asignados. La realidad es que son los secretarios los que estudian las montañas de papel que implica cada caso y los que redactan los proyectos de sentencia.

Las nuevas reglas dan al Contralor General del CJF todo el poder para indagar a cualquiera de los 33 mil empleados de la justicia federal.

A los ciudadanos nos toca conseguir que este acuerdo evolucione en tres direcciones: que este tipo de investigaciones se amplíen a todos los participantes en la administración y procuración de justicia; que el resultado de las investigaciones sea del conocimiento público; y que estas investigaciones se realicen con agilidad para que llegue a todos los involucrados.

Concretar esta posibilidad de seguimiento a la pista del dinero sería un golpe contundente al crimen organizado.

Argumenta CFC multa millonaria contra Telcel

Por reincidir en prácticas monopólicas ligadas con el mercado de terminación de llamadas, la Comisión Federal de Competencia resolvió sancionar con 11 mil 989 millones de pesos a Radiomóvil Dipsa, empresa que pertenece a Telcel

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC) resolvió sancionar a Radiomóvil Dipsa, empresa que pertenece a Telcel por 11 mil 989 millones de pesos por reincidir en prácticas monopólicas ligadas con el mercado de terminación de llamadas en su red de telefonía móvil. También ordenó la corrección o supresión de la práctica.

Agustín Navarro Gergely, comisionado de la CFC, se excusó de participar en la decisión por estar impedido por la ley, por lo que la decisión de sancionar se tomó con el voto a favor de los comisionados Rodrigo Morales y Eduardo Pérez Motta.

Pérez Motta ejerció su voto de calidad en caso de empate, ya que votaron en contra Miguel Flores Bernés y Luis Alberto Ibarra Pardo.

La resolución corresponde a la investigación DE-37-2006, que se inició ante la denuncia de Axtel, Alestra, Marcatel, Megacable, Protel y Telefónica.

Se reconfigura sector de telecomunicaciones

Las piezas se reacomodan en el sector de telecomunicaciones. La convergencia de servicios hace que las empresas observen a sus competidores como una opción de compra para poder entrar a nuevos mercados o expandirse en los propios.

Alestra, Maxcom, Axtel y Megacable son los cuatro operadores que lucen más atractivos, en espera de recibir la oferta del mejor postor.

Para José Otero, presidente de Signals Telecomm Consulting, estas son las empresas objetivo de operadores como Telefónica, en caso de que se levante la restricción de la ley que sólo permite hasta 49% de control a inversionistas extranjeros.

Televisa va por más

La multa a Telcel que tal vez no será pagad

Enrique Galván Ochoa

¿Pagará Telcel la multa de mil millones de dólares que le impuso la Comisión Federal de Competencia? Lo más probable es que no. Telcel tiene 30 días para interponer un recurso de reconsideración ante la propia comisión, y si el resultado le fuera adverso, todavía estará a su alcance la oportunidad de emprender una larga defensa en tribunales federales, por la vía del amparo. Ayer la comisión dio a conocer las razones de la multa –las conocíamos sólo por la versión de la telefónica–: ”La CFC determinó –dice– que Telcel incrementa los costos de sus competidores al imponerles una tarifa de interconexión superior a la que se autoimputa en las llamadas en su propia red, e incluso superior a los precios finales que cobra a sus propios usuarios.

Busca España ‘limpiar’ la TV

El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales tendrá capacidad sancionadora

El Gobierno español busca frenar la degradación de los medios de comunicación mediante la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

El organismo velaría por la calidad de los contenidos mediáticos, sancionando aquellos programas que banalicen excesivamente o fomenten la crispación social, lo que ha generado polémica en España ya que algunos sectores denuncian que la iniciativa oficial implica la práctica de la censura bajo la excusa de velar por los derechos ciudadanos.

El Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, reconoció que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales tendrá capacidad sancionadora.

“Creo que deben ser competencias del Consejo los contenidos que incorporan valores devaluados de convivencia y climas de crispación y enfrentamiento”, señaló el Ministro español luego de expresar su preocupación por la frivolización del espacio público, con la presentación de personajes de escaso mérito como modelos sociales en los programas del corazón que emiten sobre todo las televisoras privadas.

“Hay dejación en directo de la dignidad y el respeto a los que todos tenemos derecho y se entronizan falsos valores que atentan contra los principios democráticos”, agrega el Ministro para justificar la importancia de la iniciativa.

“Somos contrarios a la censura de cualquier tipo. Se tiene que permitir la transgresión porque forma parte de la creación”, advierte por su parte el presidente de la Academia de Televisión en España, Manuel Campo Vidal.