Debatir el trabajo periodístico: el largo trecho entre discutir e imponer

Por Juan Larrosa

En días pasados aparecieron en la agenda pública dos temas que en una primera lectura, parecería que poco tienen que ver, pero que en el fondo encuentran vasos comunicantes. El primero de ellos es el “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” que más de 175 medios de comunicación firmaron en días pasados. El segundo tema gira en torno a la publicación de las amenazas, amedrentaciones y hostigamientos que diversos periodistas tapatíos han sufrido por parte de al menos un funcionario público del gobierno del estado de Jalisco. El análisis y comparación de estos temas pueden discutirse a la luz de cómo fueron posicionados y discutidos públicamente.

El “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” es un pacto que en primera instancia me parece plausible. Es importante que los medios de comunicación, sus dueños y sus trabajadores, pero también los ciudadanos que hacemos uso de ellos, comencemos a pensar en cómo, desde los procesos de comunicación masiva, se pueden dar pasos para resolver el grave problema de violencia e inseguridad que tiene México. No pienso, aclaro, que iniciativas como estas vayan a resolver el problema por sí solas. El entuerto lo debe resolver el Estado mexicano. Sin embargo, estas iniciativas sí son signos de la preocupación y movilización de ciertos sectores sociales ante estos fenómenos. Vale recordar que estos pactos informativos los hemos visto en otros países como Colombia, en donde los medios también han tenido que llegar a acuerdos de trabajo frente a realidades tan complicadas. Coincido, como muchas voces ya lo han expresado, que el acuerdo no es otra cosa que la publicación de las normas básicas de un buen periodismo y que no está descubriendo el hilo negro o soluciones mágicas para la cobertura informativa en situaciones de crisis. De cualquier forma, insito, es relevante que los medios (aunque sea así, en abstracto) tomen en cuenta su papel en esta situación.

Pero hasta ahí las bondades del acuerdo, que a mi parecer, tiene varias flaquezas. La primera es el contexto en el que se presentó. Iniciativa México es un burdo reality show que dará más dinero a las televisoras de lo que éstas entregarán a las causas sociales que dicen apoyar y por otro lado es una refinada estrategia propagandística que busca comunicar que en México también hay cosas buenas (muy acorde a las posturas impulsadas desde Los Pinos en las que se critican a los medios de comunicación por entregar solamente malas noticias a los mexicanos). La firma del “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” se llevó a cabo con bombo y platillo y con un enlace en cadena nacional a diversos canales de televisión y estaciones de radio. En el acto protocolario vimos a dueños y directivos de medios de comunicación, pero no vimos a reporteros o fotógrafos, a editores o jefes de información. En resumen, fue un acto mediático y cupular.

Luego de este acuerdo, quedan muchas preguntas que se podrán resolver en los siguientes meses: ¿El programa “GDL Noticias” conducido por José Antonio Fernández y que se transmite por Televisa modificará sus criterios editoriales y transformará todos sus contenidos de nota roja en piezas informativas contextualizadas y de alto cuidado periodístico? ¿Público Milenio, que su portada del jueves 24 de marzo fue “Pactan 715 medios la cobertura de violencia”, transformará el contenido del periódico de nota roja Express, que pertenece a su misma casa editorial? ¿El periódico El Universal hará lo mismo con su tabloide El Gráfico? ¿Quién le pedirá cuentas a Salinas Pliego por sucriminal toma de la señal del Canal 40 en el cerro del Chiquihuite o por los millones que le debe al IFE por multas que no ha querido pagar?

Amenazas contra periodistas locales

En contraparte, tenemos el segundo caso planteado al principio de esta columna. Durante la última semana, en la prensa local se informó sobre las amenazas y hostigamientos que Alberto Jiménez Martínez (“La Antena”), funcionario del Gobierno del Estado de Jalisco ha hecho, sistemáticamente y durante años, a distintos periodistas de Guadalajara. Para una mayor contextualización del caso, recomiendo la lectura del artículo de Pedro Mellado, “Infamia bien pagada”, aparecido en Mural 27/III/201.

El caso es muy grave pues “La Antena” se ha dedicado de diversas formas a atacar a reporteros que sostienen una línea editorial crítica frente a los poderes públicos. Estos hechos han motivado a que diversas organizaciones civiles hayan denunciado públicamente hechos de violencia que atentan contra la libertad de expresión de estos trabajadores, pero también del derecho a la información de los ciudadanos, pues una prensa libre es un requisito fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática (Amedi, Cepad, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, CENCOS, entre otras). El caso de “La Antena”, al parecer, es tan solo una muestra de una práctica recurrente del gobierno local. Vale recordar que según organizaciones civiles como Artículo XIX, son los gobiernos locales y no el crimen organizado, la mayor amenaza para los periodistas mexicanos.

Estos hechos, el hostigamiento y las amenazas, han logrado que algunos periodistas (los agraviados) se reúnan y discutan sobre estos lamentables hechos, pero también sobre su quehacer cotidiano y las estrategias que deberán adoptar para seguir trabajando en una ciudad como Guadalajara en donde se encuentran este tipo de limitantes para ejercer el periodismo. No son los dueños ni los directivos de los medios de comunicación quienes están discutiendo sobre las amenazas hacia la labor periodística, son los reporteros mismos quienes están dando el debate.

El “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” tendría mucha más fuerza y legitimidad de haber sido discutido públicamente por todo el gremio periodístico, no nada más por una cúpula empresarial. No sabemos quién lo escribió ni cómo fue consensuado. Los ciudadanos (o las audiencias, como muchos insisten en llamar) no fuimos consultados sobre el caso.

En estos momentos tan aciagos para el país, el debate honesto y público sobre quiénes somos como sociedad y por qué actuamos como actuamos, es mucho más potente que un acuerdo firmado en cadena nacional y adornado por videos de imágenes espectaculares, narrados por voces engoladas y sincronizados a una música dramática.