Quien piense que es posible construir un Estado de Derecho sin transparencia de la información y de las acciones del gobierno, se equivoca. Si los ciudadanos carecen de capacidad jurídica para conocer las conductas de la autoridad, se extingue la rendición de cuentas y se arriesga la viabilidad de la democracia.
Las últimas semanas han sido pródigas en ejemplos de fallas en la justicia por falta de transparencia de ministerios públicos y jueces, como los casos de Florence Cassez, de Julián Zapata El Piolín y hasta la trama de la cinta Presunto culpable.
Si la película denuncia un estado agónico de la justicia y que requiere reformas urgentes, de la transparencia y acceso a la información pública también puede decirse que enfrenta un “cuadro clínico” susceptible de asemejarse. Además, en tiempos de crisis económica y de inseguridad, como ha recordado el ministro Ramón Cossio, los poderes tienen mayor tentación a caer en la opacidad ante la información negativa o desalentadora que hay.
En la Cámara de Diputados se discuten reformas a la Ley Federal de Transparencia, que de imponerse los criterios “reservistas” u “oscurantistas” dejarían a este ordenamiento en poco menos que “letra muerta”. Con menos de una década de andadura y a pesar de ser uno de los pocos avances democratizadores tras la alternancia en 2000, la transparencia y el acceso a la información están hoy amenazados.
De la minuta que recibieron del Senado, algunos diputados se reservaron el artículo 59 de la ley en que se establece que los fallos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) son definitivos e inatacables. Con esto se pretende cerrar la puerta a la posibilidad de que sus decisiones sean revisadas por tribunales fiscales o administrativos. Ello supondría cancelar la autoridad de la institución, de por si debilitada por cumulo amparos contra la apertura de información u otros recursos legales, como la declaración de “inexistencia” con la que los poderes encubren la opacidad.
La garantía de publicidad de los actos de la autoridad que introdujo la reforma al artículo sexto constitucional en 2007, significó un salto para la transparencia y la rendición de cuentas. Pero, los esfuerzos por cerrar los fideicomisos públicos, las reformas al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales de 2009 para “echar cerrojo” a las averiguaciones previas aunque estén concluidas o los retrocesos en las leyes locales, han derivado en un franco retroceso.
Destaca especialmente la opacidad sobre los fideicomisos que, con dinero público, multiplica el gobierno para manejar recursos sin las obligaciones de fiscalización, licitaciones o rendición de cuentas más allá de sus auditores, lo que genera amplias franjas para la corrupción.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que hay más de 330 fideicomisos del gobierno federal, que operan en la más franca oscuridad y en los que se manejan más 369 mil millones de pesos cuando el presupuesto del IFAI es de 400 millones.
La Suprema Corte de Justicia tiene también importantes casos que impactarán el desarrollo de la transparencia, respecto a juicios de inconstitucionalidad de las reformas a la ley de transparencia en Campeche, el juicio que presentó la CNDH sobre la reforma al Código de Procedimientos Penales y, sobre todo, del acceso a la información en el SAT.
Es llamativo que tras celebrarse como un gran avance democrático, la transparencia haya activado las viejas resistencias autoritarias. Dependencias “clave” para el manejo de los recursos, como Hacienda, y fundamentales para la justicia, como la PGR, han descubierto que la transparencia no es sólo una retorica políticamente correcta y cabildean en el Congreso la propuesta de dar facultades al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para presentar quejas contra las resoluciones de apertura de la información del IFAI.
Pero es aún más de llamar la atención que en el país avance la oposición a la transparencia, mientras en América Latina la Ley Federal de Transparencia ha servido como ejemplo para la elaboración de la Ley Modelo Interamericana de la OEA. Para parafrasear el refrán popular, ojala que el candil de la calle que hemos llegado a ser en legislación sobre transparencia y acceso a la información se proyecte más en la propia casa.
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