Jenaro Villamil

La aprobación o rechazo del acuerdo internacional más polémico sobre las libertades de Internet, llamado Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA, o Acuerdo Comercial Antifalsificación), negociado y suscrito en secreto por varios países, incluido el gobierno mexicano, depende de los integrantes del Senado de la República.

Para ello, durante el primer semestre del 2011, el Senado será el escenario de diversos foros y reuniones con grupos de la sociedad, coordinados por una comisión plural formada en 2010 en la cámara alta, donde se analizará el acuerdo internacional que inició sus negociaciones hace tres años.

El senador Javier Castellón Fonseca, miembro del grupo plural para analizar el ACTA y uno de los legisladores que protestaron por la secrecía de las negociaciones durante el 2010, aclaró dudas sobre el tema y reveló que hay “muchas partes desconocidas” de las negociaciones.

Por ejemplo, la forma en que el gobierno mexicano pactó con Estados Unidos, la industria disquera y a su vez la falta de capacidad de negociación con el Poder Legislativo.

Castellón Fonseca afirma que durante el 2010 se debatió que con el acuerdo se perfilaba una posible “intervención de los proveedores de servicio para poder detener la prestación de internet a usuarios, que presuntamente estuvieran cometiendo actos de piratería”, explicó durante una entrevista para De10.mx

“Se consideraba que ofendía, que prácticamente golpeaba derechos fundamentales”, afirmó el legislador por Nayarit y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado quien emitióun punto de acuerdo en contra del ACTA en Octubre del 2010.

El ACTA es un acuerdo comercial promovido por Estados Unidos que desde 2007 cabildeó en secreto (muchas críticas se dieron por ser negociaciones fuera del ámbito de la OMC, TLC y la OECDE) promovidas por Estados Unidos, donde participan: Estados Unidos, Suiza, Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y Canadá, entre otros.

En noviembre del 2010, el último documento publicado por los miembros del ACTA, se “suavizó” esa postura, “en México prevaleció la teoría del complot y sospechosismo” y poca gente se enteró de lo que decía, explicó el legislador.

De acuerdo sitios académicos, desde que inició el proyecto, China no fue incluido y se deslindó del proyecto, dado que es uno de los países que podría ser afectados, pero pertenece a un bloque de naciones que abiertamente se han manifestado en contra desde los inicios de las negociaciones: Brasil, India y Egipto.

El senador mexicano detalla que lo más grave para usuarios de internet eran dos puntos: la creación de un impuesto denominado “canon digital”, que en los textos  iniciales aparecía y buscaba cobrar a dispositivos para compensar la posibilidad de la piratería; y segundo, la intervención de los proveedores de servicio en la vigilancia y la ejecución para detener el tráfico a quien traficara o fuera sospechoso de piratería. “Dos problemas de interpretación que se magnificaron por la secrecía”, explicó.

Cuando comenzó a surgir la polémica, en diálogos con las autoridades federales de México, los argumentos oficiales eran que “la legislación de varios países así lo requería y al tratarse de un acuerdo multilateral, podrían hacerse públicos los actos”, afirmó el Senador por el PRD.

De los actores involucrados, señala que en su opinión pudo haber inconformidad de los proveedores de servicios de internet, dado que no quieren aplicar este tipo de acciones sancionatorias y por eso, supone, la Cofetel se pronunció en contra del acuerdo en diciembre pasado.

El legislador considera el ACTA aún más grave que la polémica de #internetnecesario hace poco tiempo en México. “Era un sobreimpuesto a internet, aquí estamos hablando de libertades, que alguien puede intervenir con la presunción de sospecha, y el uso de internet, se basa fundamentalmente en la búsqueda de la información, yo que no esté bajando cosas ilegales, voy a ser sospechoso de ser un probable pirata”, explicó.

Ante la pregunta expresa, explicó que le parece algo parecido a la Ley Arizona SB1070, donde se podía detener a migrantes “que por su aspecto eran sospechosos”.

Dos cables publicados en diciembre del 2010 por Wikileaks confirman las dudas del Senador sobre las negociaciones entre miembros de la industria y la polémica por la secrecía de las mismas.

The Guardian y otros medios publicaron un cable sobre las negociaciones del ACTA en noviembre del 2008 donde la embajada de Roma, reporta que Fabrizio Mazza, titular de la oficina de propiedad intelectual del ministerio de relaciones exteriores de Italia, le dijo a los diplomáticos de Estados Unidos que el nivel de confidencialidad relacionado a las negociaciones hizo “imposible para los países miembros realizar consultas necesarias con grupos interesados y legisladores sobe derechos de propiedad intelectual”.

Después en noviembre del 2009, otro cable de la embajada de Suecia, detallaba cómo los problemas que tenían con la secrecía en las negociaciones era ya una “molestia” para los políticos de sus países, como le sucedería al Gobierno Federal en México con diputados y senadores.