27 de enero – Mural

Por: Purificación Carpinteyro

La razón de ser de la autoridad es velar por el interés público. Ésa es una verdad de Perogrullo, como también lo es que las empresas del sector privado están para generar utilidades y maximizar el retorno de las inversiones de sus accionistas.

El conflicto surge cuando los representantes de los poderes del Estado confunden sus funciones y actúan como promotores o defensores de los particulares, y el sector privado pretende hacernos creer que actúa en defensa de los intereses de la población.

En la naturaleza de las empresas está el servirse de los recursos a su alcance para defender sus posiciones, y cuando llegan a concentrar poder de cualquier tipo, lo emplean sin recato para presionar a las autoridades y obtener decisiones a su favor.  El sector de las telecomunicaciones es el mejor ejemplo. Los grupos económicos que en él participan son los más poderosos del país. Para ellos cualquier decisión de autoridad puede implicar pérdidas o ganancias de cientos o miles de millones de dólares. Desde su perspectiva, los privilegios de los que gozan se ponen en riesgo cada vez que las autoridades toman la iniciativa de modificar leyes o regulaciones al amparo de las que han florecido.

Para evitar esa contingencia, los particulares se han valido y han abusado de los recursos que les proporciona la ley, para generar innumerables controversias en todas las instancias, a través de las que han paralizado el sector y han conseguido mantener el statu quo que tanto les beneficia. Ésa ha probado ser la mejor estrategia y la seguirán utilizando a su conveniencia, cuestionando cualquier decisión adoptada por una autoridad. Mantener el estado que hoy guardan las cosas es a lo que apuestan los “Grandes” del sector.

Pero las autoridades tienen alternativa. La innovación tecnológica abrió una ventana de oportunidad que sólo se ha aprovechado parcialmente, y que tiene el potencial de generar un círculo virtuoso de inversión, competencia, crecimiento de la demanda.

Considerando que desde el 2006, los operadores de televisión por cable, incluyendo las subsidiarias de Televisa, están autorizados y prestan servicios de telefonía e internet en competencia con Telmex, la autoridad tiene la facultad de permitirle a Telmex competir con las cableras, alterando la posición de las fichas en el tablero.

Hasta hoy ha prevalecido la postura de muchos de los jugadores, apoyados por cámaras y asociaciones, de impedir la entrada de Telmex en el mercado convergente, hasta no cumplir con una larga lista de condiciones que ellos y sólo ellos determinaron como indispensables para la sana competencia en el mercado.

Sin cuestionarla, algunas autoridades han asumido esta lista como propia, olvidando que no están para atender las demandas de los particulares, sino para velar por el interés público. Es verdad que con ello han evitando el costo de los acostumbrados desplegados, las declaraciones en prensa, las presiones de políticos y autoridades, y el ataque de los medios masivos de comunicación, pero sus medidas de protección y de contención de riesgos políticos han tenido un costo elevado para el país.

Pero defender el interés público, llevando a los hechos la teoría de que una economía de mercado funciona en la medida en que existe competencia, no implica sugerir que no se sujete a las empresas al estricto cumplimiento de la ley. Significa seguir una estrategia inteligente que genere los incentivos para que todos los participantes en el sector se sometan a ella, sin eludirla a través de largos procesos judiciales, de los que siempre sale perdiendo el país.

Esa estrategia existe, ha sido evaluada e incluso negociada. Sin embargo, los intentos por llevarla a buen término se han visto frustrados, y para ello inclusive se ha llegado al extremo de propiciar intrigas palaciegas de la más baja calaña para impedirlo.

Es curioso, aunque explicable, que cuando se trata del sector de las telecomunicaciones, sostener la postura de que México necesita eliminar las barreras que impiden la competencia en cualquier ámbito de la economía, es políticamente incorrecto.

De inmediato surgen las voces que atribuyen esa posición a contubernios o intereses turbios. Pero quienes siembran cizaña se olvidan de que para el país, ni Telmex ni Televisa son alternativa; la alternativa es México, su desarrollo, las inversiones que generen fuentes de empleo, más y mejores servicios accesibles a un mayor porcentaje de la población, y la incorporación del desarrollo tecnológico esencial para la competitividad del país en un mundo globalizado.