Buscando cauces

Por: Sergio Aguayo Quezada

En torno a la inseguridad hay un tema desdeñado pese a su centralidad: ¿qué le toca al Estado y qué a la sociedad?

El ¡Basta de Sangre!, lanzado por Eduardo del Río (Rius) y Julio Scherer García, y las reacciones a favor y en contra reflejan a esa parte de la sociedad que quiere ser tomada en cuenta. No encuentra lugar ni cauces porque, cuando los partidos y políticos secuestraron la transición, se despreocuparon de construir ciudadanía y de establecer los puentes con ella.

El argumento necesita de mojoneras informativas. Ochenta por ciento de la población no le interesa involucrarse en la vida pública y preferiría que los problemas fueran resueltos por un líder fuerte (60 por ciento) o en el último de los casos que el Ejército tome el poder (41 por ciento). Sólo 20 por ciento entiende que ser ciudadano exige involucrarse (todas las cifras son de la Encuesta Mundial de Valores del 2006). La seguridad es una de las áreas de participación ciudadana más difíciles. Es peligroso y las Fuerzas Armadas y la Policía recelan de los “civilones”. La ciudadanía se involucra porque no hay otro remedio.

Un tipo de participación bastante común es la que busca prevenir el contagio. En el pacífico Campeche surgió un vigoroso movimiento social para evitar, al parecer con éxito, que el Gobierno de Calderón construyera una penitenciaria federal (lo sucedido en Nayarit los aterra). También está el interesantísimo experimento del Monitor Civil de la Policía de La Montaña de Guerrero o los innovadores esfuerzos de los vecinos de San Ángel en el Distrito Federal.

Enfrentarse a los que extorsionan, secuestran y asesinan y a sus cómplices en los Gobiernos tiene consecuencias. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre septiembre del 2009 y octubre del 2010 hubo 37 agresiones contra defensores de derechos humanos; la situación, dicen, es preocupante y el diagnóstico se reconfirma con las salvajes ejecuciones de Marisela Escobedo y Susana Chávez (informe disponible en www.sergioaguayo.org). Otro gremio castigado es el periodístico; según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a finales del 2010 sumaban 65 los periodistas asesinados durante los últimos 10 años.

También participan los seguidores del ojo por ojo. En esta categoría estaría don Alejo Garza, el ranchero que defendió a balazos su propiedad y se llevó a cuatro sicarios al último viaje; los empresarios que financian escuadrones de la muerte, un asunto poco investigado que puede apreciarse en un excelente reportaje de Alejandro Almazán para Emeequis sobre el Jalisco de los años 90 (disponible en www.sergioaguayo.org); y, finalmente, los linchamientos, esa expresión colectiva de frustración y rabia, sobre los cuales tampoco sabemos mucho. Comparto la aguda opinión de la antropóloga Lourdes Arizpe, “pregunta importante no es quiénes son los violentos sino por qué tantos mexicanos se han vuelto tan violentos en los pasados diez años” (La Jornada, 11/01/2011).

Estos deseos de participación tan diversificados tienen como rasgo común lo difícil que resulta establecer una comunicación fructífera con las autoridades. Hay avances y casos exitosos, pero la norma es que nuestros políticos vean con profunda desconfianza a quienes desde la ciudadanía desean influir en los asuntos públicos. A la sociedad y al pueblo se les invoca, sí, pero para que aplaudan la voluntad de los gobernantes.

Esta forma de ver la participación se confirma con el tipo de requisitos impuestos por la Secretaría de Hacienda a los organismos civiles que quieren recibir donativos deducibles de impuestos; su modelo ideal son las monjas que alimentan menesterosos con una sopa de fideos acompañada de sonrisas y jaculatorias. Igualmente revelador es el ofensivo “agandalle” que hacen los partidos políticos de nombramientos de los responsables de organismos públicos encargados de tutelar derechos; en lugar de personas independientes, cada grupo político quiere poner a “su gente”.

La seguridad es igualmente prolija en estas actitudes. Hace unos días, Alejandro Poiré, vocero presidencial en materia de seguridad, nos sorprendió diciendo que 15 mil 273 personas habían sido ejecutadas por acciones del crimen organizado. El número es muy superior a los 11 mil 583 contabilizados y verificados por el diario Reforma para el mismo periodo. Sería útil que Gobierno y medio difundieran y discutieran su metodología para evaluar la confiabilidad de las cifras.

Es absurda la distancia y la desconfianza cuando el país se desangra. El Gobierno de Felipe Calderón, la clase política y la sociedad comparten la responsabilidad de lograr consensos que nos saquen de ese punto muerto. Los cauces de la participación ciudadana o no existen o no están funcionando adecuadamente para enfrentar la tragedia.

Los medios a debate

José Carreño Carlón: Premio Nacional de Periodismo por artículo de fondo, director de la oficina presidencial de comunicación…

Aparte de los frecuentes cuestionamientos a que se someten entre sí los propios exponentes de las empresas de comunicación, los medios mexicanos y sus operadores están siendo sometidos también a un escrutinio cotidiano por sus audiencias y sus fuentes, que les exigen cuentas de sus comportamientos informativos y editoriales.

Y eso no puede sino traer buenos rendimientos en la empresa, de elevar la calidad de la esfera pública, misma que a su vez depende de la calidad de la información y de las deliberaciones de los medios.

Peña Nieto violó Constitución por spots: IFE

El Consejo General del IFE resolvió por mayoría que el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, violó la Constitución y Código Electoral al difundir en medios de comunicación de estados con comicios,spots relativos a su V Informe de Gobierno.

De esa forma, el Instituto Federal Electoral (IFE) ordenó dar vista al Organo Superior de Fiscalización y a la Secretaría de Contraloría del estado de México para que, bajo sus atribuciones, ‘determine lo que ha derecho corresponda’ y defina si amerita o no sanción el mandatario.

Este año pondrá bajo la lupa las páginas web de los ayuntamientos

Itei revisará transparencia en municipios

Durante el presente año el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) evaluará la información fundamental que tienen los 125 ayuntamientos de Jalisco en sus páginas de Internet.

El titular del organismo, Jorge Gutiérrez Reynaga, indicó que durante 2011 la información de los municipios será revisada hasta el segundo año de gobierno debido a que durante 2010 se analizaron a otros sujetos obligados como a cerca de 80 organismos públicos descentralizados (OPD).

Ordenan entregar audio de licitación 21

La Cofetel informó que el audio estaba reservado por un periodo de 12 años, pero después negó que existiera alguna grabación

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) indagar y encontrar el audio de la sesión extraordinaria en la que se aprobó la licitación 21.

El instituto prevé dar aviso a las Secretarías de la Función Pública y Comunicaciones y Transportes sobre presuntas responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Cofetel por la presunta destrucción y ocultamiento del audio de la sesión.

El pleno del IFAI revocó la respuesta de la Cofetel sobre la inexistencia del archivo y consideró que es necesario que se realice una investigación, debido a que si fue destruido, entonces un servidor público incurrió en un delito.

En respuesta a un particular, la Cofetel informó que el audio estaba reservado por un periodo de 12 años, pero después negó que existiera.

El IFAI revocó la respuesta de la Cofetel e instruyó a una nueva búsqueda.

La comisionada María Marvan Laborde, encargada del proyecto, explicó que la Cofetel admitió en primera instancia la existencia del audio al declararlo como información reservada, por lo que debió conservarlo 24 años de acuerdo con la legislación en materia de transparencia.

Después, la Cofetel respondió al IFAI que no tenía cómo reproducirlo y fue borrado porque el CD en el que se graban las sesiones es reutilizable.

“Es increíble que en la época de la transparencia no sólo no tengan reglas de la operación del pleno, sino que borren un documento que reservaron”, indicó.

Por unanimidad el IFAI acordó revocar la respuesta de inexistencia de la Cofetel e instruyó a realizar una nueva búsqueda y entregar la versión estenográfica y el audio.

“El hecho de que hayan dicho que existía un audio y este audio lo hayan reservado en primera instancia, y de pronto nos digan que ese audio no existe, a mí no me cabe la menor duda que aquí hay una enorme responsabilidad que alguien debe de responder por ella”, dijo el comisionado Ángel Trinidad.