26 de octubre – Reforma

Manifiesta organismo que mantendrá su compromiso de asumir la defensa de los derechos frente a cualquier autoridad

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desechar la controversia constitucional promovida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en contra de este organismo, al considerar que es improcedente.

En un comunicado, señaló que la decisión de la Corte confirma que la acción promovida por el IFAI carece de fundamento constitucional.

“Ante esta determinación del Tribunal Constitucional, la CNDH reitera que es respetuosa del orden jurídico y, sobre todo, del alcance de sus facultades previstas en el Artículo 102, Apartado B, constitucional, que le confieren la misión de proteger los derechos de todos los mexicanos contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación y de los asuntos laborales y electorales”, informó en el comunicado.

La Comisión manifestó que mantendrá su compromiso de asumir la defensa de los derechos frente a cualquier autoridad sin permitir que ninguno de ellos sea menoscabado, a fin de evitar el abuso de poder.

Este martes, la Ministra Margarita Luna Ramos notificó su determinación de desechar la controversia.

Aunque aún no se conoce el texto completo del fallo, la Corte tiene precedentes claros en el sentido de que las controversias sólo pueden ser promovidas por los Poderes, los municipios y los órganos de Gobierno del Distrito Federal, pero no por órganos federales autónomos o descentralizados.

El IFAI es un órgano descentralizado de la administración pública federal, y no está contemplado a nivel Constitucional, sino que su existencia deriva de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, por lo que no está legitimado para presentar controversias.

El IFAI reclamó a la CNDH por haber emitido medidas precautorias que han servido de pretexto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para no cumplir la orden del órgano de transparencia de difundir los nombres de beneficiarios de la cancelación de 711 mil 626 créditos fiscales, que sumaron un total de 73 mil 960 millones de pesos.