28 de septiembre – Reforma

Nextel consideró que, con los amparos, Iusacell ha abusado del derecho en perjuicio de la competencia y de los consumidores

Los juicios de amparo interpuestos por Iusacell para evitar la entrega de los títulos de concesión de la licitación 21 son para “chicanear” y entorpecer la competencia en el sector de telecomunicaciones, denunció Nextel en un comunicado.

“Los juicios de amparo, específicamente los interpuestos para bloquear la Licitación 21, se utilizan no para defender intereses legítimos sino para ‘chicanear’ y entorpecer la apertura en la cobertura, convergencia y competencia de las telecomunicaciones”, refiere el texto.

Ante la escasez de espectro disponible, detalla la empresa, el modelo de negocios de Iusacell se ha basado en la especulación del mismo y ha abusado del derecho en perjuicio de la competencia y los consumidores.

“El ejercicio del derecho usando argumentos frívolos y recursos improcedentes con el único propósito de retrasar la concesión del espectro, es obrar de manera antijurídica”.

“En apariencia se trata de ejercer los derechos cuando en realidad se actúa contra el fin de los mismos”, refiere una cita de Gustavo Cantú, vicepresidente corporativo de Nextel, incluida en el boletín.

Con la suspensión emitida por la juez cuarta de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Guadalupe Rivera González, suman ya 67 recursos legales interpuestos por Iusacell, destaca el texto.

“Para cada intentona, además ha generado una serie de declaraciones en medios, con el propósito de confundir a la autoridad, al órgano regulador y al público en general”, afirmó la empresa.

En el documento Nextel indica que incluso el Presidente Felipe Calderón ha criticado el actuar de los que han intentado bloquear el proceso de licitación por medio de recursos legales, abusando de la figura del amparo.

Al final del texto, se señala que si lo títulos de concesión no son entregados, se perdería una inversión de por lo menos 18 mil 901 millones de pesos durante los siguientes 6 años; habría incertidumbre jurídica para inversionistas internacionales, y no se crearían 7 mil 375 nuevos empleos.