27 de septiembre – Reforma

Por: Miguel Ángel Granados Chapa

Iusacell, la empresa telefónica que forma parte del Grupo Salinas, logró una nueva -aunque puede ser efímera- victoria judicial contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCTelevisa, como es posible llamarla dada su propensión a favorecer al consorcio más importante de la televisión en México). La jueza federal María Guadalupe Rivera determinó que esa Secretaría no entregue materialmente el título de concesión que la Comisión Federal de Telecomunicaciones adjudicó por mayoría de dos (entre cinco) y que permitirá al grupo dominante de la televisión ingresar con ventajas a la telefonía celular o móvil.

La jueza explica que “la medida suspensiva es procedente en contra de la ejecución del fallo de la licitación 21 para el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en el segmento 1710-1770/2110-2170 MHz, de fecha 13 de agosto de 2010, únicamente para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no se lleve a cabo la materialización de la entrega de los títulos de concesión a las empresas mencionadas en dicho fallo…”.

Se trata de una suspensión provisional, que hoy mismo puede convertirse en definitiva o quedar sin efectos. Ante la posibilidad de que el mandamiento se confirme y demore la entrega del título de concesión hasta que se resuelva el fondo del amparo, las autoridades responsables (no es que lo sean en el sentido literal de la palabra, sino que así se les llama en el vocabulario del juicio de garantías) impugnaron de inmediato la resolución de la jueza.

El poderoso Grupo Salinas rehusó avenirse, desde el principio, al procedimiento por el cual Televisa, vía su asociación con Nextel, ingresaría a un territorio en el que ha transitado primero a través de Unefon y después de Iusacell, la empresa originalmente propiedad de Carlos Peralta. Precisamente por eso, alegó la SCT en su momento, se vedó el ingreso de ese grupo a nuevas licitaciones pues, a juicio de la autoridad, cuenta ya con suficientes concesiones y, adicionalmente, lucra con ellas. El grupo de Ricardo Salinas impugnó la convocatoria con la cual se pondría en el mercado un suculento trozo del espectro radioeléctrico, y ha desplegado una panoplia de recursos legales para hacer abortar esa licitación. Consiguió que dos juzgados federales emitieran medidas cautelares pero no calculó que la Secretaría estaba determinada a ir adelante topara donde topare. Con jugarretas de leguleyo, esa dependencia del gobierno federal pretendió no darse por notificada de tales disposiciones judiciales y ha marchado adelante en el procedimiento. No puede eliminarse la posibilidad, entonces, de que esta nueva disposición sea también desacatada.

Ante la actitud de la SCT y la Cofetel, el Grupo Salinas ha buscado trasladar el asunto del derecho administrativo al penal. No es una conducta extraña en la estrategia jurídica de ese grupo. En el litigio entre TV Azteca y Javier Moreno Valle, quien fue desposeído ilegalmente de la operación del Canal 40, los abogados de Salinas llegaron a pretender el enjuiciamiento de Javier Quijano, el sobresaliente abogado de la Televisora del Valle de México, que sigue siendo la concesionaria del 40. En el caso presente, en agosto el Grupo Salinas presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el secretario Juan Molinar y los integrantes del órgano de gobierno de la Cofetel, incluidos quienes no aprobaron el fallo a favor de Televisa. Apenas el miércoles pasado esa denuncia fue ratificada y se abrió ya una averiguación previa. Es remota la posibilidad de que se lleve a proceso a los funcionarios mencionados, pero la derivación penal sí puede obrar en el sentido de facilitar una negociación con Iusacell para que se avenga a lo ocurrido y cese de impugnarlo.

Cuando, ahora mismo si hay un nuevo desacato o cuando concluya el juicio correspondiente, Televisa reciba el título de concesión, se consumará una operación en que se buscó beneficiar de modo ostensible a esa empresa, decisión contra la cual litiga TV Azteca, que lo hace obviamente en defensa de sus intereses. A nadie se le oculta esa circunstancia, por lo que es ridícula la táctica propagandística de la SCT de hacer que voceros oficiosos “descubran” el verdadero propósito de la batería de impugnaciones montada por el grupo de Salinas Pliego.

La crítica a la victoria obtenida por Televisa en la parte de la licitación 21 en que estaba interesada suele centrarse en el monto de la operación. La SCT y Cofetel reiteran que los 180 millones de pesos de que se habla como si fuera el importe total de la concesión es en realidad sólo el enganche. Es verdad lo dicho por la autoridad, pero eso no quita que toda la operación resulte especialmente beneficiosa para la empresa Azcárraga, pues el aplazamiento del monto principal significa una ventaja financiera frente a los competidoras. Adicionalmente, la Cámara de Diputados aprobó el año pasado otra diferición, de carácter fiscal, que permite al beneficiario ahorrarse mil 800 millones de pesos con cargo al erario.

Molinar y Mony de Swaan acudieron a Comisiones del Senado en donde fueron interrogados sobre el tema que se mueve más en el terreno judicial que en el político. Resultó fácil a ambos negar que hubiera ilicitudes en la licitación 21 y, como vivimos un régimen presidencial y no parlamentario, ninguna consecuencia se desprende de su comparecencia.