El país
Londres 26 de agosto de 2009

El Gobierno británico va a pisar el acelerador para endurecer las medidas contra las descargas ilegales en la Red, que contemplan la posibilidad de cortar la conexión a quienes se bajen ilegalmente música y películas. Las autoridades se habían marcado 2012 como fecha tope, pero el fenómeno ha adquirido tal dimensión que ha llevado al Gobierno a actuar con urgencia. Casi 7 millones de personas intercambian de forma habitual contenidos de Internet saltándose el copyright.

El proceso será el siguiente: el organismo regulador de los medios (Ofcom) se encargará de instar a las compañías proveedoras de Internet a que introduzcan “medidas técnicas” destinadas a contrarrestar la piratería. Su consecuencia inmediata será el envío de una carta al usuario advirtiéndole de que se ha detectado una irregularidad. De persistir éste en su empeño, se cortará la conexión, pero en ningún caso se prohibirá al usuario acceder a los servicios públicos básicos.

La batalla se presenta difícil, porque la legislación no allana el camino para privar a los usuarios del acceso a la Red y exige demostrar en cada caso que se ha producido una violación de los derechos de autor. Todo el proyecto depende, además, de la actitud de los proveedores de Internet, que consideran que la amenaza de suspender la conexión de sus clientes supone una “respuesta desproporcionada” a la piratería, con un gran coste económico.

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