Grupo Milenio / Redación

El clima de inseguridad que prevalece en la Comarca Lagunera afectó ayer a un comunicador. El reportero Eliseo Barrón Hernández, que cubría información policiaca para La Opinión (MILENIO Torreón) desde hace 11 años, fue secuestrado.

Barrón Hernández fue levantado por un comando cuando se encontraba en su vivienda, ubicada en la colonia Parque Hundido, municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo con versiones de sus familiares, el grupo armado estaba compuesto por ocho sujetos, de los cuales siete iban encapuchados. Hasta el cierre de esta edición se desconocía su paradero.

La esposa del reportero informó que los integrantes del comando ingresaron a su casa de forma violenta, tomaron al informador de los cabellos, lo golpearon y se lo llevaron en dos autos estacionados afuera de la vivienda.

Agregó que los encapuchados vestían de negro y uno de ellos la amenazó para que no los siguiera. También le advirtió que no saliera de la casa para no ser agredida.

Los hechos ocurrieron a las 20:05 horas de ayer. Según el testimonio de la esposa de Eliseo Barrón, el grupo armado se transportaba en dos autos Tsuru Nissan colores blanco y arena.

De inmediato se dio aviso a las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno y se activó el Código Rojo, por lo que las principales entradas de Gómez Palacio a Torreón fueron selladas.

La esposa del comunicador informó que durante el levantón uno de los encapuchados empezó a lanzar improperios contra el reportero frente a sus dos hijas.

La búsqueda por la zona conurbada fue encabezada por policías estatales, municipales y elementos del Ejército mexicano, así como de la Dirección Estatal de Investigación de Gómez Palacio y de la Fiscalía General de Torreón.

Cobertura
En los días recientes Eliseo Barrón cubrió la información sobre el conflicto en el interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, de la que fueron cesados 302 policías preventivos por pérdida de la confianza.

Los expedientes de estos elementos fueron entregados a corporaciones policiacas estatales, además del Ejército mexicano, PGR y SSP federal.

Un día después del cese de los agentes (por pérdida de confianza), una veintena fue sometida a investigaciones penales por delitos como extorsión, abuso de autoridad.

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