Por Miguel Ángel Granados Chapa
Grupo Reforma

Aunque es economista, Manlio Fabio Beltrones actúa como abogado de los concesionarios de radio y televisión. En un semestre, presentó dos proyectos de ley para favorecer a los industriales de esos medios, sobre todo a los de la televisión. Es de suponer que espera una retribución que sirva a su propósito, que él niega pero es evidente, de ser el candidato del PRI que reconquiste Los Pinos en 2012.

Para lograr ambas metas tiene que convertir el poder que ejerce en su Cámara y dentro de su partido, en presencia pública que lo haga un aspirante real a la Presidencia de la República. Hoy no lo es, como lo enseñan diversas encuestas. La que publicó apenas el 3 de diciembre el Gabinete de Comunicación Estratégica lo muestra rezagado respecto de Enrique Peña Nieto y aun detrás de Beatriz Paredes. Según el sondeo de esa agencia, un 67 por ciento de los interrogados piensa que el Gobernador del Estado de México será el candidato del PRI, mientras que el 11.2 por ciento cree que será la lideresa del partido. Únicamente la mitad de ese porcentaje, 5.6 por ciento, pronunció el nombre de Beltrones como el posible abanderado del tricolor.

El coordinador de los senadores priistas, presidente de la Junta de Coordinación Política de esa Cámara, tiene que remontar esa amplia desventaja. Ejerce en esa dirección el activismo que le permite su posición privilegiada como uno de los dirigentes reales del PRI. Ya impulsa a su secretario Manuel Añorve para que recupere la Alcaldía de Acapulco, ya presenta un libro del secretario particular del Gobernador poblano, ora asiste a la boda de la hija de Ricardo Salinas Pliego, ora se entrevista con Bill Richardson, el próximo Secretario de comercio de Estados Unidos, su “amigo de hace mucho tiempo”, según informa.

En esa ruta, Beltrones ha combinado audacia y cautela. Promovió una novedosa estrategia legislativa para abordar la reforma del Estado, que si bien produjo resultados por debajo de las expectativas que suscitó, dio lugar a la vasta reforma constitucional en materia de elecciones. Y ahora se dispone a promover un acuerdo nacional contra la crisis, una suerte de Pacto de La Moncloa en que no participen sólo los integrantes de los poderes formales sino también los protagonistas del sector privado y del sector social, empresarios y dirigentes sindicales, en un vasto escenario que le permita figurar como gran concertador de voluntades. Sin embargo, en asuntos polémicos prefiere otear hacia donde sopla el viento: no dice sí o no a la pena de muerte. Sabedor de que es imposible reintegrarla a la Constitución, pero también de que anchos porcentajes de la sociedad exasperada están a favor de aplicarla, considera “necesario conversarlo, dialogarlo, llevarlo al debate, para saber exactamente por qué sí o por qué no”.

Ante la mezquina y eficaz reacción de las empresas televisoras que constituyen el duopolio de ese medio de difusión contra Santiago Creel, que por esa causa fue echado de la coordinación de los senadores panistas, Beltrones decidió alejar el riesgo de que se le cobrara de modo semejante la factura de la reforma constitucional que sacó del comercio la propaganda electoral en los medios electrónicos. Puesto que él mismo y Creel impulsaron esa trascendental medida legislativa, que irritó a los concesionarios de radio y televisión porque los privó de los suculentos ingresos de las campañas políticas trianuales, Beltrones juzgó necesario amistarse de nuevo con ese poder, capaz de construir y derribar prestigios, o acelerar o cancelar carreras políticas.

En esa línea de su estrategia, el 4 de junio presentó personalmente una iniciativa de reforma a la legislación respectiva para satisfacer la demanda de un sector importante de la radiodifusión, el de quienes operan emisoras de Amplitud Modulada (AM), que han venido a menos ante las de Frecuencia Modulada (FM) y están en riesgo de salir del mercado, ahora mismo y en mayor medida cuando se transite hacia la radiodifusión digital. La iniciativa de Beltrones propuso, “FM para todos”, el canje de las concesiones de AM por otras de Frecuencia Modulada. Lanzada la iniciativa durante el receso legislativo, se suponía que al comenzar en septiembre el penúltimo periodo de sesiones ordinarias de la 60 Legislatura el proyecto sería discutido y aprobado.

Pero como los concesionarios de radio y televisión constituyen una clientela muy apreciada por los políticos, el Gobierno resolvió no dejar ese campo a disposición de Beltrones, y se le adelantó. El 15 de septiembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un acuerdo que sustancialmente coincide con la propuesta del precandidato presidencial priista. El acuerdo, que como medida gubernamental concreta provocó reacciones en contra, que se manifestaron en demandas de amparo, está en curso de aplicación, con lo que hizo perder sentido a la iniciativa de Beltrones. Éste, que no es manco ni tullido, buscó otro modo de presentarse como campeón de los intereses de la radiodifusión y el martes pasado, 2 de diciembre, propuso una nueva reforma a la ley correspondiente, cuya médula consiste en otorgar concesiones a perpetuidad a los actuales titulares para que sin límite puedan renovar sus licencias cada 20 años.

Ese refrendo automático, que por otorgarse sin licitación imposibilita el ingreso al mercado de nuevos competidores, había sido uno de los grandes logros de la Ley Televisa (que en diciembre de 2005 contó con el voto del diputado Beltrones). Los senadores que en marzo siguiente se opusieron a esas reformas a las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión y no consiguieron frenarla en su Cámara, alcanzaron una trascendental victoria judicial. Iniciaron ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad y el máximo tribunal se avino en amplia medida a sus razones. La vasta sentencia de la Corte, publicada en agosto del año pasado dejó sin efecto varios artículos de la legislación impugnada (entre ellos el 16, referido al refrendo de las concesiones) y dispuso que el Poder Legislativo los rehiciera, en consecuencia con su fallo. La obligación, derivada de esa orden judicial, de relegislar sobre el tema, pareció abrir la posibilidad, largamente postergada, de modificar de raíz el marco legal que rige a la radiodifusión. A hacerlo se comprometieron las bancadas senatoriales que, sin embargo, incumplieron su compromiso.

No satisfecho con abandonar el propósito de una reforma omnicomprensiva, con sus proyectos del 4 de junio y del 2 de diciembre, Beltrones ha buscado cancelar los riesgos que un conjunto ambicioso de enmiendas y adiciones suponía para los intereses creados en esa industria, y además retornaba al espíritu que había impulsado e impregnaba la Ley Televisa, consistente en favorecer a los emisores al margen y aun en perjuicio de los receptores.

Si bien la iniciativa del martes pasado impone a los concesionarios el pago de una contraprestación por el refrendo que se otorgaría automáticamente, contraviene la decisión judicial que reza: “para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la ley suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados, pues sólo así se garantiza el respeto a los principios de igualdad, rectoría del Estado, planeación para imprimir dinamismo y crecimiento a la economía, dominio directo de la nación sobre ciertos bienes relevantes, entre ellos el espacio situado sobre el territorio nacional y las vías generales de comunicación; prohibición de monopolios y concentraciones contrarias al interés público, utilización social de los bienes y administración eficiente, eficaz y honrada de los recursos del Estado, consagrados en los artículos 1, 25, 26, 27, 28 y 134 constitucionales”.

Presidida por Javier Corral, el ex senador panista que fue motor de la acción de inconstitucionalidad de donde derivó este fallo, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información consideró el proyecto de Beltrones “un nuevo y desfachatado intento para infringir” la sentencia del tribunal constitucional. Ya conoceremos sus razones.