Gestion del 11 de febrero de 2020

Categoría:  Gestión 

Subcategoría: Legislación y normatividad.

Actor(es): Alejandro Guzmán Larralde, Misael Sebastián Gradilla Hernández, Juan Álvaro Hernández de la Cerda

Lugar(es): Jalisco, Zapopan 

 

Bolsas de plástico y popotes no están prohibidos en Jalisco

 

El Universal

Raúl Torres

10 de febrero de 2020

Informativo

 

Las bolsas de plástico y popotes no están prohibidos en Jalisco siempre y cuando no sean de un solo uso y cumplan con los criterios y especificaciones técnicas de reciclaje y biodegradabilidad establecidas en la Norma Ambiental Estatal, explicó el coordinador del gabinete económico del estado, Alejandro Guzmán Larralde.

 

Ante las confusiones que se han dado y las prohibiciones para el uso de bolsas de plástico

establecidas por algunos municipios, como Zapopan, el funcionario indicó que esta norma no prohíbe el uso de plásticos, sino que regula que estos sean reutilizables y se tendrá que aplicar en todo el estado.

 

“Está en discusión de los diferentes cabildos de los ayuntamientos y a su vez los ayuntamientos están evaluando los procedimientos específicos parta determinar cómo será la vigilancia o inspección y a su vez las sanciones Sin embargo quien determina cómo se certificará que se está

 

El director ejecutivo de Protección y Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Misael Sebastián Gradilla Hernández, explicó que la norma busca generar una transición gradual hacía producción más sustentable de la bolsa de plástico y popotes, haciéndolos de materiales reciclados o composteables.

 

Por su parte, el presidente Nacional de los Industriales de las Bolsas Plásticas de México, Juan Álvaro Hernández de la Cerda, comentó que la industria del plástico enfrenta su mayor reto, que es convencer a las personas sobre los bene que ofrece este material.

 

“La industria de la bolsa plástica celebra con agrado las acciones que las autoridades de Jalisco han tomado en la aplicación de este acuerdo mediante el cual se expide la norma ambiental Semadet- 0/010/2019 que estable los criterios y especificaciones técnicas ambientales para la fabricación de bolsas de acarreo que serán distribuidas y comercializadas en el estado de Jalisco, esta norma hace referencia a las nuevas tendencias mundiales sobre la economía circular”, dijo.

 

Con esta medida la administración estatal busca preservarán al menos los 7 mil empleos directos en las 143 empresas productoras jaliscienses dedicadas a la producción de bolsas y películas de plástico.

 

La Norma Ambiental Estatal se publicó el jueves 31 de octubre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y entró en vigor el 1 de noviembre del mismo año; el 31 de diciembre fue la fecha límite para que los ayuntamientos hicieran adecuaciones a sus reglamentos y establecieran los procesos de inspección, vigilancia y aplicación de sanciones económicas.

 

Además se otorgó un periodo de 365 días naturales para que los productores adecuen sus procesos a los requerimientos establecidos; la Semadet tiene hasta el 30 de abril de 2020 para emitir los lineamientos y criterios del proceso de certificación.

 

Categoría: Gestión 

Subcategoría: Legislación y normatividad

Actor(es): Alejandro Encinas, CIDH

Lugar(es): río Santiago

 

Ante llamado de CIDH sobre río Santiago, Encinas se desmarca

 

El Informador

Yunuen Mora

10 de febrero de 2020

Informativo

 

Aunque la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares a México para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores alrededor del Río Santiago, el subsecretario nacional de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, indicó que solo trabajarán con la Secretaría de Salud federal.

 

No así con el resto de las secretarías correspondientes, quienes, enunció, “tendrán que atender las medidas en primer término”, como la de Medio Ambiente, Procuraduría Federal, Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Consejo de Cuencas.

“El manejo y gestión del agua es competencia federal. Hay que atenderlo”, dijo el subsecretario de la Segob.

 

La Comisión, mediante la resolución 07/2020, que se buscó desde julio del año pasado, solicitó al país que adopte las medidas por el daño irreparable y de gravedad a los pobladores de El Salto, Juanacatlán y, en la localidad de Poncitlán, en San Pedro Itzicán, Chalpicote, Agua Caliente y Mezcala.

 

Además, dio 15 días, a partir de la publicación de la resolución, para que el Gobierno de México notifique los avances y las medidas a tomar para garantizar a los pobladores una mejor calidad de vida de la que actualmente tienen.

Ante ello, Encinas se limitó a delegar la responsabilidad a otra dependencia: “espero que dé la respuesta, particularmente, la Comisión Nacional del Agua”, subrayó.

Categoría: Gestión

Subcategoría: Legislación y normatividad

Actor(es): Ayuntamiento de Zapopan, Pablo Lemus Navarro

Lugar(es): Zapopan

 

Zapopan descarta ajustar prohibición de bolsas de plástico o posponer sanciones

 

El Informador

Rodrigo Rivas Uribe

10 de febrero de 2020

Informativo

 

El Ayuntamiento de Zapopan no hará cambios a la reciente reforma sus reglamentos y mantendrá la prohibición en la entrega de bolsas de plástico y popotes de un solo uso, afirmó el presidente municipal Pablo Lemus Navarro. 

 

Luego del pronunciamiento hecho por funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y del Gabinete de Desarrollo Económico, quienes advirtieron que la Norma Ambiental Estatal no prohíbe las bolsas, sino que alienta la migración a productos hechos con material reutilizado; el edil zapopano subrayó que no serán tibios en las medidas que tomen ante la crisis ambiental que buscan atender.

 

“Ni modificaremos el reglamento ni esperaremos al próximo año para multar, en Zapopan creemos que ante la crisis del medio ambiente no podemos ser tibios, prueba de ello es la contaminación en el Río Santiago, donde uno de los principales contaminantes es precisamente el desecho de plásticos por parte de la cadena de consumo”, afirmó.

 

Con los cambios a los reglamentos zapopanos se prohibió el consumo de bolsas de plástico, que no sean biodegradables, mientras que la regulación estatal permite que se sigan produciendo y comercialicen cuando en su fabricación se use al menos 20% de materiales reciclados. Zapopan también restringió la entrega de recipientes de unicel para servir o trasladar alimentos. La medida no aplicará de inmediato, se acordó dar plazo de 150 días (julio) para socializar la prohibición entre comerciantes y consumidores.

 

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2020 de Zapopan, la sanción mínima por infringir el reglamento de protección al ambiente es de dos mil 606 pesos y la máxima puede llegar a tres millones 40 mil pesos.

 

Categoría: Gestión

Subcategoría: legislación y normatividad

Actores: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Raquel Gutiérrez Nájera, Alfonso Hernández Barrón

Lugares: Ocotlán, Poncitlán

 

CIDH otorga medidas cautelares a favor de Pobladores de las Zonas Aledañas al Río Santiago

 

44Lab

Luis Felipe García López

10 de febrero de 2020 

Informativa

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas que están hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán.

 

Además, que  el Estado adopte las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado para las personas beneficiarias, proporcionándoles atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, esto conforme a los estándares internacionales aplicables. En la resolución también se señala que las medidas a implementarse deben ser concertadas con los beneficiarios y sus representantes; también, el Estado deberá informar sobre las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas en el documento. 

 

Esta medida cautelar fue interpuesta después de que el 18 de julio se recibió solicitud de la ciudadana Raquel Gutiérrez Nájera. Luego de haberse analizado el asunto, el 7 de febrero se emitió la Medida Cautelar No. 708-19, en la que en 10 hojas se explica y expone el motivo de su decisión.

 

El organismo señaló que se valoró la información aportada por el Estado en el sentido de que el río presentó una recuperación en la mayoría de las estaciones y que indica el desarrollo de políticas públicas con miras a la recuperación del río, y el saneamiento y manejo sostenible del agua. No obstante, la CIDH advierte que la principal medida de descontaminación implementada por el Estado, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), no es idónea para la contaminación producida como consecuencia de residuos industriales que se encuentran en el río.

 

También se indicó que 28 personas habrían fallecido debido a enfermedades renales crónicas desde 2003, incluyendo una persona a mediados de 2019. Sumado a ello, la situación de riesgo de las poblaciones concernidas puede en efecto verse agravada por la existencia, según los solicitantes, de rudimentarios centros de salud, sin medicinas ni la infraestructura para atender a los enfermos renales, que tienen que trasladarse a la Ciudad de Guadalajara para su atención médica.

 

Por su parte, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, dijo a integrantes de la Asociación Un Salto de Vida, el pasado 7 de febrero, que la macrorecomendación que ellos hicieron sigue vigente, y que en ella se señaló que las plantas de tratamiento no son suficientes para solucionar el problema:

 

“En aquel entonces se solicitaba la construcción de plantas de tratamiento, pero se solicitaba que estas no fueran necesariamente con estos esquemas con que están operando, lo que a todas luces se veía que iban a ser insuficientes para resolver el problema y ciertamente así fue”.

 

Hernández Barrón dijo que es positivo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya emitido las medidas cautelares, pero que se tienen que poner los pies sobre la tierra y desde lo local tomar acciones en pro de un medio ambiente más sano.

 

Categoría: Gestión

Subcategoría: Legislación y normatividad 

Actor(es): Enrique Alfaro, Gobierno de Jalisco 

Lugar (es): Río Santiago

 

Agenda pública y territorio

 

Milenio Jalisco 

Roberto Arias de la Mora 

11 de febrero de 2020 

Opinión 

 

Por su propia naturaleza y complejidad, el problema de la contaminación del Río Santiago se puede encuadrar como uno de esos típicos problemas públicos que suelen permanecen incubados durante un prolongado periodo de tiempo hasta que, como ocurrió la semana pasada en Jalisco, se desencadena una sucesión de acontecimientos y declaraciones de diversos actores tanto del gobierno como de la sociedad que lo vuelven nuevamente el centro de atención de la opinión pública.

 

Si lo vemos estrictamente desde la óptica de la agenda pública, entendida como el conjunto de prioridades que, en un momento determinado, suelen llamar la atención tanto de la sociedad como del gobierno, ninguna novedad parece ofrecer el caso de la contaminación del Río Santiago en términos de aprendizaje social relevante. En consecuencia, resulta previsible que con el transcurrir del tiempo, el problema se desvanezca en la opinión pública y vuelva a su estado de incubación.

 

Para romper la inercia de esta trayectoria previsible del problema público, más nos valdría sacar del ámbito del anecdotario político que suele reducir las declaraciones y posicionamientos de los políticos profesionales como simples ocurrencias, la invitación realizada por el gobernador del Estado para emprender una “macro excursión” a todo lo largo y ancho de la cuenca que conforma el río Santiago y trascender el hecho de que el gobernador no concluyera todo el trayecto.

 

Más allá de la anécdota, el aprendizaje social relevante radica en que el recorrido propuesto, posibilitó apreciar al territorio como una variable transversal que puede contribuir a visibilizar los múltiples ámbitos de competencia y responsabilidad que tienen tanto las diversas autoridades locales y federales, como los no pocos agentes productivos y actores sociales para encausar la gestión pública por la ruta de soluciones sostenibles y permanentes, que contribuyan a mitigar y/o revertir el grave problema de contaminación que sufre hoy en día el referido acuífero.

 

Así, el desafío radica en que todos los actores trasciendan la visión estrictamente institucional del territorio, para replanteárselo como una variable de gobierno y gestión. 

 

Categoría: Gestión

Subcategoría: Legislación y normatividad 

Actor(es): Gabinete Económico del Gobierno Estatal, Alejandro Guzmán Larralde 

Lugar (es): Jalisco, Zapopan 

 

Jalisco alista reemplazo de plásticos de un solo uso

 

Milenio Jalisco 

Rosario Álvarez 

10 de febrero de 2020 

Informativo 

 

La restricción que se aplicará en Jalisco para eliminar el uso de bolsas plásticas y popotes, se hará de manera gradual, así lo aseguró el coordinador del Gabinete Económico del Gobierno Estatal, Alejandro Guzmán Larralde, quién explicó que los plásticos que circulen en la metrópoli deberán contar con material biodegradable. 

 

“No están prohibidas las bolsas y los popotes que sirvan para más de un uso de acuerdo con las características esta información está en proceso de imprimirse en las bolsas y a los materiales”, dijo Alejandro Guzmán Larralde, Coordinador del Gabinete Económico del Gobierno del Estado.

 

“En este momento sí se pueden utilizar bolsas y se seguirán utilizando bolsas y popotes de más de un uso”, añadió. En el caso del municipio de Zapopan, en donde el municipio prohibió la entrega de bolsas de plástico, el funcionario refirió que el municipio tendrá que permitir la comercialización de bolsas que contengan el porcentaje de material reusado, como lo establece la Norma Ambiental Estatal. 

 

“También se apega la Norma 010/ 2019 ellos adicionalmente agregan una prohibición para otros materiales pero eso es punto y aparte en lo que tiene que ver con la bolsa de acarreo y popotes o con la prohibición de bolsas de acarreo y popotes de un solo uso entendido por un solo uso de propósito se adhieren a esa Norma lo que autorizó el cabello es exactamente lo mismo”, mencionó. 

 

“Lo que ellos están agregando son otros materiales pero adicionalmente a la bolsa y eso es facultad de cada municipio determinar las funciones en el proceso en el que estamos es efectivamente de acercarnos con los ayuntamientos que ya hicieron la revisión y que ya autorizaron la adición a la Norma simplemente para estar seguros de que estamos homologados en la mayor proporción de elementos y de que las sanciones son razonables desde el punto de vista económico”, concluyó. 

 

La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, tendrá hasta el 30 de abril de este año para emitir los lineamientos y criterios del proceso de certificación para la norma ambiental, en donde se espera que para este 2020 exista una reducción del 20% en el uso de plásticos y popotes. 

 

Las bolsas y popotes que podrán seguir siendo utilizados deberán incluir en su etiquetado su composición, fabricante, porcentaje de material de reciclado, material biodegradable y la leyenda de ser un producto compostable, si así es su caso. 

 

Categoría: Gestión

Subcategoría: Legislación y normatividad 

Actor(es): Enrique Alfaro, González Márquez, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). 

Lugar (es): Río Santiago. Parque Ecológico de El Salto

 

Del río Santiago, la CEDHJ y la CIDH

 

NTR El Diario Guadalajara

Sergio René de Dios Corona

11 De febrero de 2020

Opinión

 

El grave problema de la contaminación del río Santiago en El Salto y Juanacatlán ha tenido históricamente nulas respuestas gubernamentales efectivas, combinadas con simulaciones y ocultamiento de información. Cuando han actuado a nivel federal, estatal o municipal, las medidas han sido mínimas, insuficientes o sin estándares aceptables de calidad. Permeó el desdén a investigaciones y llamados de alerta sobre la catástrofe ambiental, que provinieron tanto de instituciones académicas, organismos ambientales y asociaciones de vecinos que no dependen de las autoridades, como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). 

 

El énfasis de lo escasamente hecho por las autoridades se puso en lo tecnológico; básicamente en construir plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del río Santiago. Incrementaron su número, se lee en los informes anuales de los gobiernos de Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval. Pero conforme las instalaron, resultaban insuficientes, quedaban fuera descargas municipales e industriales, carecían de adecuado mantenimiento, dejaban de operar una y otra vez, además de que no detenían tóxicos altamente dañinos para la población. Mientras, la contaminación continuaba causando estragos en la salud de las comunidades aledañas al río Santiago. 

 

Detrás se advierte la pésima planeación. Con González Márquez se menciona en los informes anuales de gobierno la elaboración de proyectos ejecutivos de mejoramiento de un tramo del río Santiago y de rescate del Parque Ecológico de El Salto y Juanacatlán, sin dar mayores detalles ni seguimiento. Sandoval Díaz, en su primer informe, en 2014, da cuenta de la instalación de una mesa para cumplir criterios ambientales del POFA (polígono de fragilidad ambiental), con influencia en la zona de la cuenca del Ahogado. 

 

Con ello se buscaba “dar certeza jurídica a la acción coordinada interinstitucional en materia ambiental para el saneamiento del río Santiago”, y promover la coordinación para cumplir la recomendación de 2009 de la CEDHJ. Pese a los discursos, se exacerbó la tragedia. Pasó más de una década y escasamente se cumplió la recomendación. El gobierno federal continuó complaciente con las empresas contaminantes del río. 

 

En los dos sexenios anteriores desapareció el factor humano. Los vecinos de Juanacatlán y El Salto quedaron reducidos a números. Son la “población beneficiada” por supuestas obras, con datos difíciles de verificar o magnificados. Las graves enfermedades, las penalidades como vecinos de aguas pútridas, espumosas, mal olientes, con fauna y maleza riesgosa, no aparecen en los informes anuales. Las personas están invisibilizadas. 

 

El gobernador Enrique Alfaro estuvo el primer día de su administración en el río Santiago, indagó la problemática ambiental, se comprometió a sanear la cuenca y anunció un plan integral de gobernanza para rescatarla. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la semana pasada medidas cautelares a favor de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del río en Juanacatlán y El Salto, y de cuatro localidades en Poncitlán en situación “de gravedad y urgencia”, con sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentando “un riesgo de daño irreparable”. El organismo cuestiona además los servicios de salud ofrecidos o por ofrecer. Las respuestas del Estado mexicano no convencieron a la CIDH. 

 

Con tono descalificador, Alfaro sostuvo que no necesita ninguna recomendación de la CEDHJ sobre el río Santiago. Le desagradan los contrapesos. Menospreció al organismo estatal. Ahora, con el gobierno federal, qué ironía, deberá acatar, responder e informar periódicamente a un organismo internacional.

 

Categoría: Gestión 

Subcategoría: Reservas naturales 

Actor(es): Hugo González Peña, José Luis de la Mora Gálvez, Jorge Aristóteles Sandoval.

Lugar(es): Ciudad Aztlán, en Tonalá

 

Arrasan con parque en Ciudad Aztlán

 

Mural

Julio Cárdenas

11 de febrero de 2020 

Informativo 

 

Con la amenaza de perder un área verde esparcimiento es como viven los vecinos de Ciudad Aztlán, en Tonalá.

 

Desde el viernes pasado maquinaria comenzó a remover tierras y mobiliario urbano del predio con una extensión de una hectárea ubicado en el cruce de Avenida Tonalá y la Calle Unicornio

 

Eso desató la inconformidad vecinal, pues por 35 años ese espacio se ha utilizado como área de esparcimiento deportivo.

 

“No traían un permiso de Obras Públicas, que de hecho todavía no lo tienen y llegaron, hicieron y deshicieron todo lo que se había juntado para llegar a tener esta unidad deportiva, todo se lo llevaron y automáticamente perteneció a ellos”, señaló Víctor Hugo González Peña, presidente de la asociación vecinal de Ciudad Aztlán.

 

“Toda esa infraestructura que teníamos para la comunidad desapareció, mobiliario, lámparas, todo se lo adjudicaron los señores entonces ahí creemos que es parte de un robo. (…) Está la maquinaria y todo todavía no se han tumbado los árboles, pero creemos nosotros que es simple, hay que ir a dar su bien dinero al Ayuntamiento y sin ningún problema”.

 

Ese predio solamente puede tener un uso de suelo para espacios verdes, abiertos o recreativos barriales, por lo que está prohibida la edificación de otro tipo de infraestructura, según el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito Urbano TON-08.

 

El Gobierno de Tonalá desconoció tener registro de licencias de urbanización para ese predio y ya requirió al propietario comparecer en el Ayuntamiento para acreditar haber hecho trámites que le permitan realizar obras.

 

“Es un terreno particular totalmente, donde sí le toca la competencia al Municipio va a ser precisamente si ellos quieren edificar”, señaló José Luis de la Mora Gálvez, director Jurídico del Municipio.

 

“De momento no (pueden construir), ahí nada mas faltaría verificar si hay algún trámite previo, en esa parte, que yo tenga conocimiento, ahorita no”.

 

Según fuentes cercanas al Municipio, ese predio era del Estado, pues perteneció por 16 años al Instituto Jalisciense de la Vivienda, pero fue vendido a la empresa Obras y Urbanización La Paz en septiembre del 2018, es decir a dos meses de terminar la Administración de Jorge Aristóteles Sandoval

 

etius

febrero 11, 2020

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