Tema: Legislación en materia de radiodifusión y telecomunicaciones

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Buscan transparentar entrega-recepción de manera electrónica

El Diario NTR

Jessica Pilar Pérez

27 de agosto de 2018

Informativo

 

Con la idea de garantizar transparencia y eficacia y de publicar versiones oficiales de actas, la actual legislatura elaboró un programa especial para hacer el proceso de entrega-recepción de manera electrónica.

El contralor del Congreso local, Raúl Camarena Maldonado, explicó que este sistema se construyó con el apoyo de la Dirección de Informática a fin de facilitar el llenado de las actas.

“Es para eficientar el proceso administrativo de la entrega constitucional, pero además abona a la transparencia cuando se llegue al proceso jurídico, que es la firma del acta”, precisó.

La administración entrante tiene 30 días para determinar si hay inconsistencias o no de la entrega que reciban. El proceso general comenzó desde hace cuatro semanas en el Legislativo.

Camarena Maldonado precisó que hasta el cierre jurídico de la administración actual se podrán hacer públicas las declaraciones patrimoniales en la plataforma institucional.

“Eso abonaría a la transparencia del Poder Legislativo, creo que sería un gran avance que hoy al término de la entrega-recepción constitucional estén a disposición estas actas de todas las áreas administrativas, que estén a disposición de la ciudadanía”, aseveró.

El contralor puntualizó que este proceso se eficientizará a partir de formularios en formato electrónico. Insistió en que el programa para que esto fuera posible fue desarrollado por empleados del Congreso, por lo que no se gastó nada en éste.

El contralor desconoció si otros entes públicos también cuentan con un sistema electrónico para la entrega-recepción.

“Es más rápido, es más eficiente y es más seguro porque al final de este proceso se firma con firma electrónica por parte del titular del órgano interno de control, lo cual da certeza jurídica porque la información que queda vaciada en el sistema queda cifrada al momento de la firma electrónica”, precisó.

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Cobertura social, sus retos

Milenio

Javier Orozco Gómez

27 de agosto de 2018

 

La semana pasada, el equipo de transición del próximo gobierno federal hizo diversos anuncios en materia de políticas públicas en telecomunicaciones que no se pueden pasar por alto, particularmente, la creación del Fondo de Cobertura Social.

Se plantea garantizar el despliegue de infraestructura que permita dar servicio de banda ancha en zonas donde aún no hay, específicamente zonas rurales apartadas; es de preverse que tal fondo tenga diversas fuentes de financiamiento (recursos presupuestales, derechos en telecomunicaciones, el IEPS e inversión privada).

Cabe recordar que este tipo de fondos en la materia ya cuentan con antecedentes: en 2002 se creó uno con similar objeto, en el que la Cámara de Diputados destinó 750 millones de pesos, pero tuvo un diseño inapropiado al descuidarse las áreas beneficiarias y la competencia.

Sin duda, el reto de conectividad para México es hacer más eficiente y asequible el espectro radioeléctrico, así como generar una política fiscal que incentive las inversiones y un atinado uso de los recursos públicos, que se comprime ante un entorno de recorte al gasto público con muchos proyectos de infraestructura en puerta.

Ante ello, la vía impositiva debe valorar las cargas que usuarios y concesionarios pagan actualmente y no sobrecargarlos y voltear hacia las fuentes que utilizan las redes de telecomunicaciones —sin invertir en infraestructura—, y que por lo novedoso de sus actividades o por ser originarias de un país extranjero no existe regulación ni un régimen impositivo para ellas.

En 2016, en Brasil se reformó la Ley del Impuesto Sobre los Servicios, a fin de que se aplique a empresas que cobran por ofrecer música y películas en internet, como Netflix y Spotify, con una tasa de 2 por ciento sobre su facturación.

En Colombia, se modificó el impuesto sobre las ventas para gravar la prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con una tasa de 19 por ciento, estableciendo la obligación de las entidades emisoras de tarjetas (crédito, débito, prepago) que, en el momento del correspondiente pago o abono, deben retener el tributo en cuestión, en servicios electrónicos o digitales.

En éste, como en otros rubros, ante todo se requiere equidad en el pago de contribuciones, así como, objetividad y transparencia en el diseño de políticas públicas.