De la reglamentación publicitaria y sus consecuencias
Sin Embargo
Diego Petersen Farah
17 de noviembre de 2017
El gasto en Comunicación Social de los gobiernos tiene una perversión de origen y es que usen nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos, en decirnos lo que los gobernantes quieren que sepamos y no para que nos informen lo que nosotros necesitamos saber. Esa pequeña diferencia pervierte de origen el gasto de comunicación, pues terminan generando un beneficio personal, la imagen del gobernante, con dinero ajeno.
La resolución de la Corte del miércoles pasado pone además el punto sobre la i cuando dice que el gasto discrecional, sin reglas de operación ni control, ha provocado una distorsión que afecta el derecho a la información, pues se alienta la visión pro gobiernista al tiempo que opaca las voces críticas frente al concierto de corifeos en que la publicidad gubernamental ha convertido a muchos medios de comunicación. La resolución pone como fecha límite para que esté aprobada la ley reglamentaria en la materia el 30 de abril, es decir, en plena campaña por la presidencia.
La batalla por la reglamentación será, podemos preverlo, ruda y despiadada. Lo que está en juego no es solo la autoestima de los gobernantes y una forma perversa de mantenerse en el poder, sino la sobrevivencia de muchos medios de comunicación cuyos ingresos dependen fundamentalmente de estos recursos. Son muchos, me atrevería a decir que al menos la mitad, de medios nacionales y regionales que dependen en más de 50 por ciento de sus ingresos de los tres niveles de gobierno. Hoy uno de cada tres pesos que se gasta en publicidad en este país viene del gobierno; a principios de este siglo era solo uno de cada diez. El problema para los medios llamados tradicionales es que la publicidad real, la comercial, se concentra cada vez más en los medios que sí funcionan, es decir que tiene un tiraje o audiencia importante y, además, una parte de esta inversión se ha ido, poco a poco pero consistentemente, a páginas de internet que no necesariamente son de información.
¿Le pasa algo a nuestra democracia si desaparecen de golpe la mitad de los medios de comunicación? Tristemente la respuesta es no, porque lo que vamos a perder no son voces distintas sino miembros del coro. Ante la pauperización de muchas redacciones en el país hoy lo que tenemos son gigantescos aparatos de comunicación social que se convirtieron en los verdaderos productores de contenido. Contenido que, sobra decirlo, nada tiene de informativo sino que es simple y llanamente propagandístico.
Si de algo podemos estar seguros es que el debate por la ley reglamentaria de hoy al 30 de abril será intenso, y que el resultado dejará mucho que desear, pero también podemos estar ciertos que lo que salga será mejor que lo que tenemos ahora.
FCC permite a los operadores de telefonía bloquear llamadas robotizadas
Mediatelecom
Itzel Carreño
17 de octubre de 2017
Los operadores de telefonía de Estados Unidos podrán bloquear de manera proactiva las llamadas a sus usuarios que posiblemente sean fraudulentas, de acuerdo con las nuevas reglas aprobadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).
Con más de 200 mil quejas presentadas anualmente, las llamadas no deseadas, incluyendo las llamadas automáticas pregrabadas (conocidas como robocalls), son la principal queja de los consumidores en la FCC.
La FCC indicó que según algunos análisis privados se estima que los consumidores estadounidenses recibieron aproximadamente 2.4 mil millones de robocalls por mes en 2016. Y afirman que la tecnología permite que sea más barato y fácil hacer robocalls y “falsificar” la información de identificación de llamadas para ocultar la verdadera identidad de la persona que llama.
Destacan casos de llamadas “supuestamente” realizadas por agencias o entidades del gobierno de Estados Unidos, que pueden dar lugar a fraudes o robo de identidad. Para ello la FCC aprobó reglas que autorizan expresamente a los proveedores de servicios de voz a bloquear robocallsque parecen ser de números telefónicos que no hacen o no pueden hacer llamadas salientes.
Conforme a las nuevas reglas, los operadores podrán bloquear las llamadas que provengan de un número telefónico colocado en una lista de “no originar” por el suscriptor del número.
También se les permitirá bloquear llamadas de números inválidos, como aquellos con códigos de área que no existen, de números que no han sido asignados a un proveedor y de números asignados a un proveedor pero que no estén actualmente en uso.
La FCC apuntó que los operadores deben establecer una forma simple de identificar y corregir los errores de bloqueo, con el fin de minimizar el bloqueo de llamadas legales. Asimismo se prohíbe a los proveedores bloquear las llamadas de emergencia al 911.
Ospitel publica nuevas tarifas de interconexión
Mediatelecom
Itzel Carreño
17 de octubre de 2017
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) de Perú, publicó sus tarifas de interconexión para 2018, en las que propone que se cobre una tasa única de interconexión a todos los operadores móviles y que las tarifas de terminación se reduzcan hasta 60 por ciento.
La propuesta de Osiptel para todos los operadores es pagar 0.00659 dólares por minuto para conectarse a una red rival en áreas urbanas y 0.00209 dólares por minuto en áreas rurales. Las cifras no consideran todavía los impuestos.
La tasa representa una reducción de 60 por ciento en relación a los cargos de interconexiones del periodo 2015-2017. Actualmente la tarifa es asimétrica, para Claro y Movistar es de 0.0176 dólares por minuto, mientras que para Entel y Bitel es de 0.0199 dólares por minuto.
Osiptel también plantea revisar la tasa de interconexión anualmente en lugar de cada tres o cuatro años, debido a que los costos de la tecnología están en constante cambio. Los operadores ahora tienen un mes para enviar sus comentarios y sugerencias sobre las propuestas del regulador.
Pai revelará proyecto para revertir neutralidad de la red en diciembre
Mediatelecom
Redacción
17 de noviembre de 2017
Ajit Pai, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, prepara la presentación de su plan para revertir la regulación relativa a la neutralidad de la red la próxima semana, con la expectativa de una votación final en diciembre, según informa Reuters con base en personas familiarizadas con el asunto.
Según fuentes de Reuters, Pai dará a conocer planes detallados en los próximos días sobre cómo planea retirar las reglas que prohíben a los operadores de red priorizar el tráfico de diferentes webs o aplicaciones, y que se introdujeron por primera vez en 2015 bajo la administración anterior de la FCC.
En mayo, la FCC votó 2-1 para adelantar el plan del presidente republicano de la FCC, Ajit Pai, para retirar la orden de la administración Obama para reclasificar los servicios de Internet como de utilidades pública, y ahora se planea una votación final en una reunión de la comisión el próximo 14 de diciembre, informó Reuters.
Pai cuenta con el respaldo de varios proveedores de servicios de Internet, incluidos AT&T, Verizon y Comcast, que argumentan que la falta de reglas específicas para proteger la neutralidad de la red no había provocado anteriormente efectos negativos a los consumidores, y que contrariamente, estas reglas desincentivan la inversión en nuevas redes.
Sin embargo, los planes se enfrentan a la oposición de aquellos que argumentan que la medida podría dañar el acceso a Internet de los consumidores y las pequeñas empresas.
El grupo de defensa Free Press, que representa intereses de los usuarios de Internet, dijo en un comunicado: “aprenderemos los crueles detalles en los próximos días, pero sabemos que Pai pretende desmantelar las protecciones básicas que han impulsado el crecimiento de Internet”.
SIP elogia fallo judicial en México para reglamentar publicidad oficial
Aristegui Noticias
Redacción
17 de noviembre de 2017
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, elogió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México que ordena al Congreso legislar y regular la distribución de la publicidad oficial antes del inicio de la campaña política el 30 de abril de 2018, y dijo que podría servir de estímulo para adoptar medidas similares en otros países latinoamericanos.
En un comunicado, la SIP se hizo eco del fallo de la Corte que ordena al Congreso reglamentar la publicidad y propaganda gubernamentales, bajo criterios de “eficiencia, eficacia y honradez” como señala el artículo 134 de la Constitución mexicana.
La sentencia de la Corte se dio el pasado 15 de noviembre, tras un amparo presentado por la organización Artículo 19.
“Es nuestro viejo anhelo que se erradique la práctica de los gobiernos de asignar en forma discrecional la publicidad oficial, a la que muchos utilizan para premiar o para castigar a medios de comunicación según sus líneas editoriales“, dijo el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, ha enviado múltiples misiones a diferentes países como Argentina, Ecuador, México, Perú y Nicaragua para pedir que se reglamente el uso y colocación de avisos “bajo criterios técnicos, equitativos y de transparencia”.
Ya existen fallos de Corte Suprema en Argentina sobre el tema, así como leyes y regulaciones en Chile, Colombia, Perú y Uruguay, aunque persisten políticas discrecionales en la mayoría de los países americanos.
Los medios celebran fallo sobre publicidad oficial en México
CNNExpansión
EFE
17 noviembre de 2017
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aplaudió este viernes la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México que ordena al Congreso legislar y regular la distribución de la publicidad oficial antes del inicio de la campaña electoral el 30 de abril de 2018.
La Suprema Corte ordenó al Congreso cumplir con la obligación de reglamentar la publicidad y propaganda gubernamentales bajo criterios de “eficiencia, eficacia y honradez”, como destaca el artículo 134 de la Constitución mexicana.
Esta decisión judicial “debe prevalecer para todos los poderes públicos y organismos autónomos”, resaltó la SIP con relación con la sentencia emitida este miércoles por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, elogió el fallo judicial y señaló que un “viejo anhelo” de esta organización es que “se erradique la práctica de los Gobiernos de asignar en forma discrecional la publicidad oficial, que muchos utilizan para premiar o para castigar a medios de comunicación según sus líneas editoriales”.
Mohme recordó que en varias resoluciones de la SIP se ha calificado de “corrupta” esta política discrecional, por considerarla una “forma muy sutil y perversa de censura indirecta”.
Esta práctica es denostada por la Declaración de Chapultepec y otros instrumentos internacionales como la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agregó.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, apuntó que la SIP siempre “ha condenado el uso de publicidad oficial mediante intereses partidarios y gubernamentales”.
De hecho, la SIP ha enviado múltiples misiones a diferentes países como Argentina, Ecuador, México, Perú y Nicaragua para pedir que “se reglamente el uso y colocación de avisos bajo criterios técnicos, equitativos y de transparencia”.
Rock y Mohme consideraron que este nuevo fallo y la nueva legislación podrían servir de estímulo para que se adopten medidas similares en otros países.
Ya existen fallos de la Corte Suprema de Argentina sobre el asunto, así como leyes y regulaciones en Chile, Colombia, Perú y Uruguay, aunque persisten políticas discrecionales en la mayoría de los países americanos.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sus sede en Miami (Florida, Estados Unidos).
El Financiero
Jorge G. Castañeda | Amarres
17 de noviembre de 2017
Ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una ponencia del ministro Arturo Zaldívar, que cada día se coloca más como la voz de vanguardia en la Corte, ordenando al Poder Legislativo autorizar la legislación secundaria, que lleva cinco años pendiente, sobre el gasto gubernamental –del gobierno federal y gobiernos estatales– en materia de publicidad oficial. Desde febrero de 2014 el cambio se aprobó en la Constitución; el Legislativo tenía la obligación de aprobar la legislación secundaria y no lo ha hecho, como tantas otras veces.
Lo interesante en este caso, a diferencia con lo que ha pasado en otras ocasiones en las que se trataba de recursos de anticonstitucionalidad interpuestos por poderes estatales, es que ahora se trata de un amparo de la organización Artículo 19 que muestra, como lo decía el ministro Zaldívar, que los ciudadanos de a pie –claro, con abogados, con tiempo y con recursos, pero no importa– pueden recurrir individualmente a la Suprema Corte para temas de orden constitucional y de lo que creo que el ministro llama la defensa de sus derechos humanos. Este es un asunto que se viene peleando desde hace mucho tiempo; de alguna manera en el juicio que yo tuve en la Suprema Corte en 2007 era parecido en el tema, no en sí mismo sino en la parte jurídica: si el amparo sirve o no para temas de este tipo. La Primera Sala resolvió que sí, que tiene varias implicaciones, además de este precedente que de alguna manera crea, aunque no necesariamente sea jurisprudencia.
En primer término, y lo más importante, es que el Poder Legislativo tiene que acatar una instrucción de la Corte, que ahora dice que no es discrecional legislar o no cuando hay una obligación y un plazo para hacerlo. Y, en segundo lugar, el fondo del tema es importantísimo porque tenemos un enorme gasto gubernamental en publicidad oficial, insisto, tanto por parte del gobierno federal como de los gobiernos estatales. Me pregunto ¿qué bien público, ventaja o tema positivo le trae al país, a los contribuyentes y a la sociedad mexicana en general que salgan los spots de Peña Nieto caminando con un campesino y explicándole las virtudes de su reforma educativa? Y como buena parte de los temas fiscales del Estado ya se le dan al INE con la reforma del 2007, entonces resulta que el gobierno federal y los estados tienen que pagarle a las radiodifusoras y televisoras ese tiempo. Por eso el gasto estratosférico, por ejemplo, que se plantea para este año de más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial ¿De qué sirve?
Existen algunos temas que bien lo ameritan, como sería el caso de las campañas de vacunación, o bien para inscribir a los niños en la escuela primaria a tiempo, y algunos otros temas adicionales, como catástrofes naturales, por ejemplo, pero hasta ahí. Gran decisión de la Corte y gran ponencia del ministro Zaldívar. Ahora falta ver si de aquí al 30 de abril de 2018, que fue el plazo que dio la Suprema Corte, en efecto, los legisladores hacen algo que no suelen hacer, esto es, legislar.
¡Bravo!, por la Corte; falta el Congreso
El Financiero
Juan Ignacio Zavala | Autonomía Relativa
17 de noviembre de 2017
Sin duda alguna la sentencia del ministro Arturo Zaldívar, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marca una nueva era en materia de libertad de expresión y de la relación entre poderes. Que el Poder Judicial instruya al Poder Legislativo a cumplir con su responsabilidad y elaborar una ley sobre un tema particular, es algo inédito. Un gran paso de la SCJN que merece aplauso. No es la única medida en el camino de la modernización que ha tomado en los últimos años la Corte, pero ésta es singular.
El uso y el abuso que hacen los gobiernos del presupuesto para comunicación en nuestro país es demencial. Quizás uno de los mayores pendientes que dejaron los gobiernos panistas fue ese: cambiar radicalmente la perversa relación entre gobierno y medios de comunicación. Lo mismo sucede con la izquierda, que tampoco ha hecho nada en ese sentido: ni López Obrador ni los gobiernos estatales del PRD, porque a veces nada más vemos lo que sucede en el gobierno federal, pero en este caso el dispendio de los gobiernos estatales es gigantesco.
En ese proceso de convertirse en una imitación del PRI, la oposición optó por mantener el modelo priista de comunicación –sin la eficacia de los priistas–. Dar dinero a los medios como una forma de control –que todavía se logra en algunos casos– ha resultado un engaño para los gobiernos y la anulación, lenta pero eficaz, de la credibilidad de los medios de comunicación. El modelo ha sido un círculo vicioso, los gobiernos piensan, cuando tienen problemas, que dando más dinero pueden esconder la realidad, algo que ya la mayoría de los medios no puede hacer, y entonces el gasto se vuelve inmenso e improductivo. En muchas ocasiones varios de los medios juegan a chantajear al gobierno con golpes y denuncias y el gobierno juega a asfixiarlos económicamente.
Un buen porcentaje de los medios en México no necesita de la competencia para sobrevivir. Nada más necesitan que el gobierno les compre publicidad. Por eso no se renuevan, por eso no apuestan a la información. Por eso es dinero tirado a la basura. Uno encuentra en medios elitistas anuncios que dan la bienvenida al paisano que viene en diciembre a ver a su familia. Es publicidad que no sirve porque no llega al destinatario, pero así es todo y a nadie le importa, ni al gobierno ni al medio.
Pero no sólo es el gobierno. Hay miles de anuncios de partidos políticos, de la Cámara de Diputados, de la de Senadores, de todos los organismos autónomos, y también, por supuesto, del Poder Judicial. Hay segmentos de publicidad en el radio que no tienen un solo comercial de la iniciativa privada.
Aplaudamos la decisión de la Corte, pero recordemos que con ella viene la mala noticia: terminarán decidiendo los legisladores de los partidos. Pedirles que quiten la publicidad gubernamental, será para ellos, por lo menos los que piensan que su partido puede ganar, darse un balazo en el pie. Será una buena manera de medir al famoso Frente, tan exigente para el fiscal y tan servil en el Presupuesto para el gobierno. El reto de la decisión de la Corte es en realidad a los partidos. Veremos si quieren salir del pantano o si seguirán chapoteando en el lodo.
El Financiero
Javier Risco | La Nota Dura
17 de noviembre de 2017
En este espacio no somos pesimistas, aunque a veces parezca lo contrario. Hemos escrito de tragedias sociales, crisis institucionales, carencias y corrupción, lo señalamos cuando se debe, pero también hemos aplaudido la formación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción –un órgano formado por cinco ciudadanos ejemplares que en breve cumplirá un año de labores–. Subrayamos, en su momento, los esfuerzos por parte del gobierno federal para impulsar el matrimonio igualitario, aunque al final haya desistido en su lucha.
Hemos servido como altavoz de propuestas ciudadanas importantes como #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva que no quitan el dedo del renglón en su exigencia de un fiscal general autónomo y eficaz, pero sobretodo que no sea carnal; le dedicamos varias columnas a los esfuerzos para normalizar la ley 3de3, para que todos los servidores públicos la adjuntaran con su tarjeta de presentación; en fin, tengo la certeza de que en los últimos dos años nos hemos encausado en una ruta que poco a poco va abriendo camino, un cambio cultural.
Después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena al Congreso regular para antes del 30 de abril próximo el uso del dinero público destinado a la publicidad oficial, tuve la oportunidad de entrevistar al ministro Arturo Zaldívar y más allá de la importancia de la sentencia, de la que también ya hablamos en este espacio, me quiero detener en un punto fundamental sobre el cambio de ruta para el que podría estarse encaminando el país, a pesar de las diarias malas noticias.
Conociendo como conocemos a nuestros flamantes legisladores, cuestioné al ministro sobre lo que pasaría si en el Congreso simple y sencillamente decidieran ignorar el mandato de la Corte, tal como primero ignoraron el mandato constitucional que les ordenaba esa regulación desde abril de este año, y su respuesta es la ventana del lugar donde debemos estar mirando:
“Creo que tenemos que poner el énfasis en la obligación que tiene el Congreso de cumplir, tenemos que lograr un cambio cultural en el cual coadyuvemos todos los operadores jurídicos, los actores políticos, las entidades y órganos del Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil, a efecto de que se genere un movimiento, un frente común y cambiar nuestra cultura hacia una cultura de respeto a la Constitución y de respeto hacia las decisiones de los jueces.
“Yo en este momento he tratado de no hablar del tema de qué pasará si el Congreso no cumple, yo prefiero enfocarme en la parte de que tenemos que buscar que el Congreso cumpla. Si queremos tomarnos en serio la Constitución, si queremos tomarnos en serio un Estado de derecho, tenemos que partir de la base de que todas las autoridades cumplamos con la Constitución en la esfera de nuestra competencia y si la Suprema Corte ha establecido que la Constitución ordena que una ley se emita, yo espero que lo deseable, lo lógico y lo que fortalecería nuestra democracia es que esta legislación sea expedida en tiempo por el Poder Legislativo”, respondió durante la entrevista transmitida en EL FINANCIERO Bloomberg.
Y es que de acuerdo con Zaldívar, es justo ahora, en medio de la crisis de seguridad, de credibilidad, de corrupción, de violencia, cuando estamos tan decepcionados de quienes nos gobiernan, que es imprescindible ver esta sentencia como un ejemplo de que aún hay una vía desde la que ciudadanos organizados como Artículo 19 o Fundar, quienes empujaron este amparo, tienen opciones para cambiar el rumbo del país.
“Sin estas organizaciones, además formadas por jóvenes talentosos y entusiastas, nosotros no podríamos haber dictado una sentencia como la que dictamos hoy. Se pudo dictar la sentencia porque llevaron el caso a la Corte y la Suprema Corte lo atrajo y creo que la sentencia de hoy, además de su importancia constitucional y política, pudiera llegar a tener una importancia cultural.
“Es decirle a la gente que todavía hay esperanza, que la Suprema Corte y las vías jurídicas son vías que siguen estando abiertas y que eventualmente nos pueden permitir avanzar hacia un país más libre donde se respeten de mejor manera los derechos de todos”.
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