Senado acatará ordenamiento de Corte para regular publicidad gubernamental

El Financiero

Susana Guzmán

16 de noviembre de 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado de la República, celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que el Congreso de la Unión expida la ley en materia de gasto en comunicación social y aseveró que acatará tal disposición.

Ana Lilia Herrera, presidenta de la Jucopo afirmó que la determinación no solo es histórica, sino que pone de manifiesto que en México existe un contrapeso y auténtica división de poderes.

“Esta sentencia además de histórica se da en un momento pertinente ante quienes pretenden secuestrar los intereses nacionales a sus intereses particulares”, señaló.

Aclaró que al respecto existen seis iniciativas promovidas por todos los grupos parlamentarios, cuyo proceso legislativo está en curso para atender esta obligación constitucional.

Por su parte las bancadas del PRI, PAN y PRD manifestaron su disposición para acatar el ordenamiento de inmediato.

El coordinador del PRI, Emilio Gamboa afirmó que la SCJN va a tener respuesta a su petición. “Hay varias iniciativas ya metidas en comisiones y vamos a darle un trámite para que vaya a dos o tres comisiones nada más”, dijo.

Apuntó que el tema “está en siete comisiones, son iniciativas que ya están aquí; pero, lo que sí queremos decirle a la Corte es que va a tener respuesta nuestra. Absolutamente”.

Fernando Herrera, del PAN, manifestó también su disposición para acatar el fallo de la Corte y dijo que “en Acción Nacional siempre hemos expresado nuestro compromiso pues es insultante la cantidad de recursos públicos que se invierten en ensalzar imágenes, en mal informar a la sociedad tratando de que los funcionarios públicos den a conocer cosas intrascendentes”.

Apuntó que “la propaganda oficial debe estar circunscrita a asuntos de salud, seguridad y algún otro que sea de interés particular para los mexicanos y no necesariamente generar condiciones para ensalzar imágenes de carácter personal”.

“Nosotros tenemos toda la disposición y la voluntad, esperemos que el PRI no simule”, enfatizó.

Luis Sánchez, coordinador del PRD, dijo que los legisladores “estamos obligados a acatar esta instrucción, esta orden que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que tiene las facultades para hacerlo, no hay por qué dudar de ello, tenemos que hacerlo. Yo espero que nos pongamos a trabajar de inmediato”, apuntó.

 

El excesivo gasto en publicidad oficial

El Economista

Vidal Llerenas

17 de noviembre de 2017

La Corte acaba de mandatar al Congreso para que legisle en materia de publicidad gubernamental. En realidad, los diputados justo perdimos la oportunidad de hacerlo en el decreto del Presupuesto de Egresos 2018. El recientemente aprobado conserva un párrafo, que se repite de años anteriores, que supuestamente limita la posibilidad de incrementar durante el año las partidas de publicidad autorizadas, pero que en realidad establece varias exenciones que permiten contarse por montos muy superiores. En realidad se debió haber establecido en el decreto la obligación de no gastar más de los 2,760 millones de pesos autorizados.

La discrecionalidad del gobierno no solamente reside en que puede asignar los contratos a los medios que desee, sino que también puede gastar para ese fin sin mayor restricción. De hecho, el gasto en publicidad del gobierno federal es superior a las propias prerrogativas que el INE asigna de manera anual a los partidos políticos. En el 2016, el monto autorizado para el concepto de gasto presupuestal “3,600 servicios de comunicación social y pública” fue de 3,537 millones de pesos (mdp), pero el reportado como ejercido en la Cuenta Pública llegó a los 9,614 mdp. Para el 2017 se autorizaron 3,119 mdp, pero a septiembre ya se reportaba un gasto por 7,103. Es decir, incluso cuando el gobierno presume de contener el gasto, para lo erogado en comunicación, se aplica lo contrario.

Varios rubros llaman la atención. Uno es el de la Lotería Nacional, institución que desde el año 2014 no tiene asignado presupuesto alguno para publicidad de origen, pero que durante el 2016 recibió ampliaciones presupuestales para alcanzar los 721 mdp. A septiembre del 2017 este monto pasó de cero programado a 400 mdp ejercido. Para el 2018 el presupuesto aprobado en ese rubro a la lotería es de nuevo de cero pesos. Es decir, es a lo largo del año que el gobierno va decidiendo qué hacer y a quién asigna la publicidad de la lotería. Llama también la atención que el gasto aprobado para comunicación en Salud, que en el 2016 fue de 200 mdp, pero el ejercido al final del año alcanzó los 1,496 mdp. Hasta donde recuerdo, no sufrimos de alguna epidemia u otro fenómeno similar que demandará un gasto extraordinario en difusión de esa magnitud. Para el 2017 se aprobaron 103 mdp, pero ya se gastaron a septiembre 1,110 mdp. La explicación seguramente es que, como sí es posible anunciar programas de salud durante la época electoral, pues se incrementa la pauta en dicho periodo para ayudar a los medios que el gobierno decide. Nada como tener una bolsa de ese tamaño para contratar a discreción publicidad en medio de una contienda electoral.

Como sociedad tenemos que cuestionarnos si se requieren más de 200 mdp para publicitar lo que hace la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Policía Federal, o si hubiera sido mejor destinarlos al equipamiento de sus cuerpos o a la prevención del delito. Si la Conagua, una de las instituciones con mayores recortes en el gasto de inversión, tiene que destinar a medios 252 mdp. Es el mismo caso de Pemex, que gasta en publicidad 224 mdp. Nadie, por cierto, evalúa el impacto y la pertinencia de este gasto en las políticas de seguridad, agua y energía.

Enrique Peña Nieto prometió en su campaña un mecanismo objetivo y transparente para la contratación de publicidad en medios. El gobierno también se comprometió a controlar el gasto y a destinarlo a los rubros que generen resultados y valor para el ciudadano. Ninguna de las dos cosas sucede cuando se revisa el gasto en publicidad gubernamental. No es sólo evidente que este gasto no contribuye a alcanzar los objetivos de las políticas públicas, sino que incluso no sirve para mejorar la imagen ni del gobierno ni del presidente. El punto es que la discrecionalidad del gobierno federal en los montos y el destino del gasto en publicidad, representa un costo presupuestal inaceptable para la ciudadana y un obstáculo para el libre debate y la competencia electoral democrática. Es simplemente inaceptable.

 

SCJN: regular publicidad oficial

Milenio

Fernando Mejía Barquera

16 de noviembre de 2017

Es cada vez mayor el número de asuntos relativos a la comunicación que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convertida, de unos años a la fecha, en escenario donde se resuelven conflictos entre empresas del ramo, controversias constitucionales interpuestas por instituciones públicas o grupos de legisladores, y juicios de amparo iniciados por empresas u organizaciones sociales. Exceso y sobregiro Tras el polémico asunto de la “tarifa cero”, la SCJN resolvió ayer otro caso vinculado a la comunicación: el amparo promovido por la organización Artículo 19 contra el incumplimiento por parte del Congreso de la Unión de una disposición legal que lo obliga a emitir la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional para regular el gasto en publicidad gubernamental. El asunto es relevante porque, como reveló hace unas semanas el centro de análisis e investigación Fundar, el gobierno gasta cantidades enormes en propaganda mediática sin que exista una ley donde se regule ese tipo de erogación, tanto en lo relativo a su cuantía como a los criterios de elección y contratación de medios o plataformas para difundirla. Como se indica en la investigación realizada por Fundar -con respecto a la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto prefirió guardar silencio-, la actual administración gastó entre 2013 y 2016 un total de 36 mil 261 millones de pesos en propaganda mediática, con el agravante de que en todos esos años excedió las cantidades que le autorizó el Congreso de la Unión para ese fin (http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf).

Congreso incumplido Aunque todavía no existe una ley que regule la publicidad oficial, sí hay directrices para elaborarla y sobre todo la obligación constitucional para que el Congreso la expida. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial un decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución; en su artículo “tercero transitorio” el decreto ordena al Congreso expedir “la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de (la) Constitución” donde se indica que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

En el decreto se puso el 30 de abril de 2014 como fecha límite para que el Congreso de la Unión expidiera la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de publicidad oficial, pero diputados y senadores se “hicieron guajes”, no la elaboraron. Por ello la organización Artículo 19 se amparó contra ese incumplimiento al considerar que la ausencia de la mencionada ley tiene efectos negativos para la comunicación social en el país. Directrices Ayer la SCJN decidió, por cuatro votos a favor y uno en contra, aprobar el proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar donde se otorga el amparo solicitado por Artículo 19 y se ordena al Congreso de la Unión cumplir con su obligación de expedir una ley relativa a la publicidad oficial.

Ésta deberá seguir las directrices contenidas en el artículo tercero transitorio del decreto publicado el 10 de febrero de 2014: “(La ley) establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”. Fuerza políticas El nuevo plazo para que se expida esta ley es el 30 de abril de 2018. Veremos cómo se mueven las fuerzas políticas al interior del Congreso; es decir, quiénes buscarán que efectivamente haya transparencia, austeridad y criterios claros en ese gasto gubernamental, y quiénes apoyarán que continúen el exceso, la opacidad y la discrecionalidad.