Agresiones contra periodistas o medios

Asesinados en el mundo, 930 periodistas entre 2006 y 2016, informa la Unesco

Homo Zapping (Piblicado en La Jornada)

El Zappo

31 de octubre de 2017

Entre 2006 y 2016, 930 periodistas fueron asesinados en todo el mundo, informó ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en esta ciudad, con motivo del Día Internacional para Poner fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas. Sólo el año pasado, 102 fueron asesinados, refirió el organismo.

Afganistán y México destacaron como los países más peligrosos: en cada uno murieron 13 periodistas. En Yemen, 11; en Irak, nueve, y en Siria, ocho. El último caso que causó indignación internacional fue el del asesinato de la periodista crítica del gobierno de Malta, Daphne Caruana Galizia. Murió al explotar una bomba colocada en su automóvil.

La Unesco refirió que sólo 10 por ciento de los cometidos en esos 10 años fueron resueltos. Además se registró una tendencia ascendente en la proporción de periodistas locales asesinados: en 2016 supusieron 94 por ciento de las víctimas.

También se debe destacar, dijo la ONU, un aumento de la violencia contra los comunicadores. Con ello se refiere, entre otras cosas, a los secuestros, las detenciones arbitrarias y la tortura.

En los países árabes han aumentado drásticamente los secuestros de periodistas por parte de extremistas. También está amenazada la seguridad digital de los informadores debido al espionaje, los ciberataques, las campañas de desinformación y las intimidaciones.

 

Diagnósticos sobre libertad de expresión

Corte va por regular publicidad oficial; medios críticos son asfixiados económicamente: proyecto

Animal Político

Redacción

31 octubre de 2017

La falta de una ley que regule la publicidad oficial en los medios en México provoca un “ejercicio arbitrario” del presupuesto de comunicación social, pues favorece a medios afines al gobierno y limita recursos a medios que no lo son,“asfixiándolos financieramente” y poniendo en riesgo su existencia.

Es un efecto silenciador y una restricción indirecta a la libertad de expresión”, concluyó el proyecto de sentencia elaborado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar derivado de la revisión de un amparo promovido por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, ante la falta de una ley que regule la publicidad oficial.

El proyecto de Zaldívar – que será analizado y sometido a votación en la Primera Sala el 15 de noviembre – ordena al Congreso expedir la ley que regule el gasto en comunicación social antes del 30 de abril de 2018.

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, dicho gasto ya supera los 37 mil millones de pesos.

En la demanda de amparo, Artículo 19 señala que el artículo tercero transitorio de la llamada “reforma político – electoral” aprobada desde febrero de 2014, ordenaba claramente que se debía emitir una ley específica para regular la contratación de publicidad oficial. Sin embargo, el Congreso ha sido “omiso” en expedirla e incluso hay una “parálisis” para avanzar en el tema.

“Mientras eso ocurre la omisión de la autoridad responsable viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de un marco normativo reglamentario permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial”, estableció Artículo 19 en su demanda.

Originalmente el amparo fue tratado por un juez federal en materia administrativa en la Ciudad de México quien determinó archivarlo (sobreseerlo) bajo el argumento de que no era procedente ya que el amparo no aplicaba para temas “políticos electorales” y que además se violaba el principio de relatividad pues la sentencia podría beneficiar a terceros ajenos al procedimiento.

Inconformes con esta decisión que ni siquiera analizó el fondo del tema, Artículo 19 pidió a la Corte atraer el caso y en agosto de 2015 la Primera Sala consideró que había elementos suficientes para que el caso fuera abordado por el máximo tribunal del país, ante la posible violación de derechos fundamentales con esta situación.

La omisión del Congreso

El proyecto de sentencia elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea concluye, en primera instancia, que no había razón para que la demanda fuera sobreseída por el juez que la atrajo.

Desde el punto de vista de Zaldívar, la ley que se debía haber formulado ya, aun cuando emana de un artículo transitorio de una reforma que se denominó “política y electoral”, no tiene nada que ver con esa materia sino con la posible violación de un derecho constitucional como es el de la libertad de expresión, como lo planteó Artículo 19 en su demanda.

Tampoco es procedente el argumento de la “relatividad” de una sentencia pues si bien ésta puede beneficiar a terceros, dicha circunstancia está plenamente justificada, sobretodo desde las reformas de 2011 a la Ley de Amparo donde se reconoce que los amparos pueden tener un beneficio colectivo, y no solo del que lo promueve.

Tras desestimar que el caso no pudiera ser abordado en un proceso de amparo, la sentencia ratifica que, en efecto, el Congreso de la Unión ha sido omiso en expedir la ley que marcaba el artículo 8 transitorio de la reforma aprobada en febrero de 2014.

“Dado que la Constitución le impuso al Congreso de la Unión el deber de expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en un plazo que ya ha transcurrido en exceso y esto no ha ocurrido, debe concluirse que el Poder Legislativo ha incumplido totalmente esa obligación. En consecuencia, tiene razón la quejosa en este punto: nos encontramos frente una omisión legislativa” indica el proyecto.

Censura indirecta del gobierno

El análisis de fondo que realizó el ministro Zaldívar concuerda con la demanda interpuesta por Artículo 19: la falta de regulación de la publicidad oficial en los medios pone en riesgo la libertad de expresión e información y genera censura.

El proyecto hace énfasis en la importancia en términos económicos que dicha publicidad significa para la subsistencia de un medio

De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH hay medios que reportan que hasta el 40 o 50% de sus ingresos proviene justamente de la publicidad oficial.  La supresión de la publicidad, advierte la sentencia, puede implicar que determinado medio “ya no tenga los recursos económicos necesarios para seguir funcionando”.

¿Qué provoca lo anterior? Que haya medios que a cambio de seguir recibiendo el apoyo oficial mantengan su información alineada a los intereses del gobierno. Esto es una condición indirecta a la libertad de expresión.

“En el caso que nos ocupa, la restricción indirecta a la libertad de expresión trae consigo además un efecto silenciador de los medios de comunicación críticos, en la medida en que a través de la asfixia  financiera se prescinde de puntos de vista que enriquecen el debate robusto que debe existir en una democracia sobre asuntos de interés público”, indica el proyecto de sentencia.

Por lo demás, esta Suprema Corte – añade el proyecto –  advierte que “este estado de cosas inconstitucional también tiene un efecto disuasivo en el ejercicio de la libertad de expresión (…) las afectaciones financieras que sufren los medios críticos pueden llevar a los demás a adoptar posiciones diferentes con el gobierno con la finalidad de no perder los recursos asignados a la difusión publicidad oficial”.

En síntesis el ministro Zaldívar señala que la ausencia de “reglas claras y transparentes” que definan los criterios para el gasto de comunicación social afecta, por lo que ya se dijo, el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 7 de la Constitución y por lo tanto el amparo es proceden.

“La ausencia de la regulación en cuestión propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución” señala la sentencia.

Prevén debate complejo

El próximo 15 de noviembre la primera Sala de la Corte debatirá la aprobación o no del proyecto de sentencia de Zaldívar Lelo de Larrea. La Primera Sala la componen, además de Zaldívar, los ministros Norma Lucía Piña Hernández, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Se necesita que al menos tres de los ministros voten a favor del proyecto para que el amparo se conceda.

La Directora Regional para México y Centroamérica de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas dijo que esperan un debate complejo en torno al tema, sobretodo por la resistencia que la Corte ha tenido siempre para tomar por omisiones del Poder Legislativo. Lo positivo es que el proyecto de Zaldívar plantea que si es posible actuar en este sentido.

“Esperamos que ante un proyecto tan robusto los 5 ministros voten a favor. El problema es que no solo hablamos de publicidad oficial que ya de por sí es bastante controversial sino que hablamos de la procedencia del amparo en omisiones legislativas que es algo que históricamente se ha rechazado. El proyecto de Zaldívar en este sentido estaría rompiendo esquemas”, dijo Ruelas.

Aunque el retraso de más de tres años en este tema es del Poder Legislativo. La directora de Artículo 19 recordó también que uno de los compromisos del denominado Pacto por México, el 95, era que esto se regulara, lo que no ha ocurrido.

Cabe señalar que en el Senado se han presentado en los últimos años iniciativas para crear esta ley pero hasta ahora ni siquiera han llegado a Comisiones para que haya un debate real. “Esa es la parálisis de la que hablamos en la demanda”, anadió la directora de Artículo 19

Cuestionada sobre lo mínimo con lo que debería contar una ley que regule adecuadamente la publicidad oficial, Ana Cristina Ruelas señaló que la base ya la ha puesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En resumen, explicó, la ley debería contener una definición clara de que es y no es publicidad oficial, establecer criterios para la contratación de medios sin incurrir en discriminación, definir topes de gastos y una planificación adecuada, establecer una certificación respecto a las audiencias que reporten los medios, formular un mecanismo de supervisión externa, entre otros,

“Tiene que haber controles claros, más con un gobierno como el nuestro donde cada año se ha incrementado más o menos en mil millones de pesos el gasto en comunicación, Y viene un año electoral que es clave”, concluyó Ruelas.

 

Compran políticos a medios.- Bloomberg
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REFORMA / Redacción
01 noviembre 2017

México tiene medios de comunicación “adictos al dinero público”, dijo Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE, en una nota de Bloomberg que revela la influencia de la publicidad gubernamental en contenidos de la prensa.

Conforme a su investigación, la agencia concluye, incluso, que el espacio de la primera página en algunos periódicos es negociable.

Indica que el gasto en publicidad del Gobierno se ha disparado a más del doble de su presupuesto el año pasado, a 540 millones de dólares, mientras bajó en educación y el campo.

“Si eres candidato y soy el dueño de una estación de radio, me vas a pagar 15 mil pesos por una entrevista por radio”, dijo Ugalde. “Me lo vas a pagar en efectivo, obviamente”, añadió.

Xóchitl Gálvez recordó que cuando se postuló por el PAN a la Gubernatura de Hidalgo, en 2010, un conglomerado de medios ofreció entrevistarla y cubrir sus eventos por 22 millones de pesos en efectivo.

Agregó que en su campaña por la Delegación Miguel Hidalgo, un periódico nacional se ofreció a publicar una encuesta que mostraría cómo alcanzaba el candidato favorito cobrando 1.5 millones de pesos.

“Mientras el dinero sea lo que hace ganar a políticos, estamos condenados de tener políticos pendejos y corruptos “, dijo Gálvez a la agencia.

De acuerdo con Fundar y datos de las empresas, Bloomberg registra que 9 por ciento de los ingresos por publicidad de Televisa provienen del Gobierno federal, mientras que los de TV Azteca representan 10 por ciento.

Y menciona que El Universal recibió unos 190 millones de pesos, la mayor cantidad de dinero del gobierno para anuncios impresos.

Son medios adictos al dinero público
Mural
Bloomberg // NACHA CATTAN
01 noviembre 2017

México es un lugar peligroso para los periodistas, que a menudo son blanco de los cárteles de la droga. Pero hay otra amenaza más insidiosa a la libertad de prensa, una que podría influir sobre quién obtiene el poder en las elecciones del próximo año.

Viene de los políticos y su dinero, según Bloomberg.

La publicidad financiada con fondos públicos se ha disparado en la última década. El año pasado, el Gobierno federal gastó más del doble de su presupuesto publicitario, alcanzando una suma de alrededor de $540 millones de dólares, incluso cuando redujo el gasto en educación y el apoyo a los agricultores.

También hay canales no oficiales para garantizar una prensa positiva, como se describe en las entrevistas de los funcionarios públicos actualmente en funciones y fuera de actividad, y los empleados de los medios. El espacio de la primera página en algunos periódicos es negociable. Voces populares pero críticas en la radio son despedidas. En la televisión, los personajes de telenovelas dejan a un lado las intrigas románticas para destacar el buen trabajo que han hecho las autoridades locales para mejorar el alumbrado público.

México tiene medios de comunicación “adictos al dinero público”, dijo Carlos Ugalde, que solía dirigir la agencia electoral del país.
‘Me pagarás’

Eso se extiende mucho más allá del gasto registrado oficialmente. ¿Qué más está pasando? Ugalde explica.

“Si eres candidato y soy el dueño de una estación de radio, me vas a pagar 15 mil pesos por una entrevista por radio”, dijo. “Me lo vas a pagar en efectivo, obviamente”.

Los precios son más altos a nivel nacional, donde México celebra elecciones presidenciales en julio. El presidente Enrique Peña Nieto no puede postularse nuevamente y es profundamente impopular. Aun así, los analistas no eliminan al PRI de la contienda, y su alcance en los medios es una de las razones.

“El Gobierno tendrá una ventaja en cuanto a la capacidad de influir en el electorado”, incluso a través de los medios de comunicación, dijo Carlos Bravo, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas de Ciudad de México. Ugalde dijo que todos los partidos políticos están comprando medios, pero el PRI, que también posee el mayor número de gobernaciones estatales, tiene a su disposición más recursos.

Las oficinas de medios en la presidencia y el PRI dijeron en respuestas enviadas por correo electrónico a preguntas que respetaban plenamente la libertad de prensa como un pilar de la democracia mexicana. El PRI dijo que legalmente tiene derecho a más tiempo al aire por ser el partido más grande, y no obtiene ningún privilegio especial más allá de eso.

Aun así, varios críticos prominentes de Peña Nieto y el PRI han perdido sus trabajos.

En 2015, la personalidad de la radio Carmen Aristegui fue despedida de su programa Noticias MVS después de informar sobre la compra de una casa de lujo a un contratista federal por parte de la esposa del Presidente. MVS negó que hubiera estado bajo la presión del Gobierno, y una contralora designada por el Gobierno no encontró ningún delito por parte de la Primera Dama.

 

‘Motivo principal’
En octubre, Ricardo Raphael y su coconductora fueron despedidos de su programa después de acusar al PRI de tratar de beneficiarse políticamente de dos terremotos mortales.

Raphael dijo en una entrevista que está convencido de que los anuncios del Gobierno recibidos por su empleador fueron “el motivo principal para nuestra partida”.

NRM Comunicaciones niega la acusación y dijo en un comunicado que los presentadores fueron despedidos como parte de recortes de empleos más amplios. La oficina del Presidente dijo que no se aplicó presión política y señaló que los periodistas que fueron despedidos siguen apareciendo en los medios estatales.

Xochitl Gálvez, del partido opositor PAN, describe cómo puede verse el proceso desde el lado político. Se postuló a varios puestos y fue elegida presidenta de la Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México en 2015. Gálvez dice que la prensa está tan acostumbrada al dinero político que no siempre esperan a que los funcionarios los busquen. Mostró varios panfletos que, según dijo, había recibido de al menos cuatro medios de comunicación, que ofrecían paquetes que incluían entrevistas a cambio de dinero.
‘Estamos condenados’

Cuando Gálvez se postuló para Gobernadora del Estado de Hidalgo en 2010, dice, un conglomerado de medios ofreció entrevistarla y cubrir sus eventos por 22 millones de pesos ($1,1 millones de dólares), en efectivo solamente, porque la ley mexicana prohíbe a los candidatos individuales pagar por publicidad en radio o televisión. Durante la campaña municipal, dijo, un periódico nacional se ofreció a publicar una encuesta que mostraría cómo alcanzaba el candidato favorito. El precio cotizado fue de 1.5 millones de pesos.

“Mientras el dinero sea lo que hace ganar a políticos, estamos condenados de tener políticos pendejos y corruptos “, dijo Gálvez.

Ella dijo que siempre rechazó tales ofertas, y pidió que no se identifiquen los medios de comunicación, por temor a represalias.

En el pasado, los gobernantes de México mantuvieron a los medios a raya. Lo nuevo es el papel de la publicidad gubernamental, que ha ayudado a convertir la censura en autocensura, dice Ugalde. Al menos 10 periodistas de alto rango y funcionarios de prensa del Gobierno dijeron a Bloomberg News que los funcionarios federales han utilizado formas sutiles y no tan sutiles de dar forma al contenido. Van desde amenazar con retirar anuncios, hasta pedir una cobertura personalizada que incluya fotos de primera página.

En la televisión, el contenido político traspasa los programas de noticias. Si bien no hay manera de saber si hubo dinero involucrado, un episodio de “El color de la pasión”, una telenovela transmitida por Televisa SA, provocó burlas en las redes sociales mexicanas. El aguerrido héroe de los detectives atravesó las nuevas carreteras construidas por el entonces Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, y otra estrella señaló cuán bien iluminado estaba ahora el centro de la ciudad. Televisa dijo en una respuesta por correo electrónico a las preguntas que “de ninguna manera influyen los anunciantes, públicos o privados, en nuestra línea editorial”.
Temas de conversación

El Instituto Nacional Electoral de México ha investigado varias acusaciones de campaña impropia por parte de Moreno Valle, quien dijo que quiere ser el candidato del PAN a la Presidencia. Las investigaciones en su mayoría lo han librado de cualquier acto indebido, aunque algunas pesquisas están en curso y ninguna de ellas abarca la telenovela. Una agencia de publicidad fue multada dos veces por colocar inapropiadamente material promocional en TV y medios impresos en nombre de Moreno Valle.

A veces, el público mexicano se rebela contra lo que ven como manipulación.

El año pasado, Andrea Legarreta, la popular presentadora del programa de farándula matutino de Televisa SA “Hoy”, intentó explicar cómo la caída del peso, que mayoritariamente se reportaba como una mala noticia para el país, podía ayudar a las familias mexicanas. Luego reconoció en el aire que no entendía del todo su propio argumento. Estalló una tormenta en Twitter, durante la cual, según los informes, Legarreta reconoció que los anunciantes a menudo le dicen a ella y a otros presentadores de noticias qué decir, pero esa publicación se borró rápidamente. Televisa dijo que Legarreta no dijo algunas de las cosas que se le atribuyeron.

Televisa gana alrededor de 9 por ciento de sus ingresos por publicidad del Gobierno federal, de acuerdo con informes de ganancias y datos de Fundar, un organismo de control que rastrea los gastos del Gobierno. La cifra para TV Azteca, otra televisora importante, fue de 10 por ciento.

Entre los periódicos, El Universal recibió la mayor cantidad de dinero del gobierno para anuncios impresos: alrededor de 190 millones de pesos, según Fundar. El periódico ha sido criticado por activistas anticorrupción, que rechazaron su cobertura negativa de sus esfuerzos. Media docena de columnistas renunciaron en protesta. La nueva dirección de El Universal se comunicó con estos articulistas para invitarlos a regresar explicando que en efecto había oportunidad de ampliar la cobertura del tema anticorrupción, dos lo han hecho, dijo David Aponte, director editorial del diario.

El Financiero, que tiene una sociedad de contenido con Bloomberg News, recibió 52 millones de pesos del Gobierno federal por anuncios impresos, ocupando el noveno puesto.
‘Mafia del poder’

Desde una perspectiva comercial, los enredos en la política conllevan riesgos y recompensas. Los lectores o los espectadores pueden mirar hacia otro lado, y también los nuevos jefes políticos. Daniel Kerner, jefe de América Latina de la firma de análisis de riesgo Eurasia Group, no cree que el dominio del PRI sobre los medios ayudará a que el partido conserve el poder el próximo año, porque, según él, muchos mexicanos son sabios al respecto.

Pero dice que los jefes de los medios deberían estar preocupados por el candidato que por ahora lleva la delantera en las elecciones, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador ha acusado a los medios mexicanos de ayudar a arrebatarle la victoria en pasados comicios. Por ejemplo, ha llamado a Televisa parte de la “mafia del poder”. Gran parte del electorado comparte esa visión de los medios, dijo Kerner. Entonces, una victoria electoral de López Obrador “podría tener implicaciones reales para su modelo de negocios”.

 

México, el sexto país con más impunidad en asesinatos de periodistas

Milenio Jalisco

Rafael Montes

31 de octubre de 2017

México es el sexto país con más impunidad en asesinatos de periodistas, al sumar 21 casos no resueltos en los últimos 10 años y haber obtenido un puntaje sólo superado por Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Filipinas, de acuerdo con la Décima Edición Anual del Índice Global de Impunidad que realiza el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El informe del CPJ revela que en la última década los asesinatos de periodistas en México crecieron 142% y son atribuidos a grupos criminales, como los narcotraficantes, aunque también señala que es un país donde “funcionarios gubernamentales y grupos criminales siguen impunes”. Debajo de México están Pakistán, Brasil, Rusia, Bangladesh, Nigeria e India.

Entre los avances reconocidos por el índice en México destaca el de la sentencia de 30 años dictada en marzo de 2017 contra el comandante policial Santiago Martínez, autor intelectual del asesinato en 2016 del periodista Marcos Hernández Bautista; además el compromiso asumido por el presidente Enrique Peña Nieto para atender el tema y la renovación del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR. México, aparente democracia México se ubica entre países como Filipinas, Brasil, Rusia e India, “que se presentan como democracias, pero que han aparecido reiteradamente en el índice”. En el caso de México, ha formado parte en la lista desde la primera edición del índice, hace diez años. El índice, que toma como muestra los crímenes cometidos entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2017, hace una clasificación de los países en donde los responsables de los asesinatos de periodistas siguen impunes con una metodología calcula el número de asesinatos no resueltos en relación con la población de cada país. A México le correspondió una calificación de 0.165, con 21 asesinatos impunes, mientras que a Somalia, 1.816 con 26 asesinatos impunes; Siria, 0.922 con 17 asesinatos impunes; Irak, 0.914 con 34 asesinatos impunes; Sudán del Sur, 0.409 con 5 asesinatos impunes y Filipinas, 0.407 con 42 asesinatos impunes. Su publicación se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se realiza el 2 de noviembre. La lista se basó en 23 Estados que respondieron a la solicitud de la UNESCO para que informaran sobre las cifras de impunidad y solo incluye a los países con más de cinco casos no resueltos. Entre los datos que destaca el informe se encuentran que México, junto con India, Nigeria y Filipinas integran el consejo de gobierno de la Comunidad de Democracias, que el 12% de los países de la lista son responsables de casi el 80% de los asesinatos no resueltos en todo el mundo del último decenio y que 93% de las víctimas son periodistas locales.

 

México, entre los 6 países con mayor impunidad en crimen contra periodistas

La Jornada

Fernando Camacho Servín

31 de octubre de 2017

Ciudad de México. México forma parte de las seis naciones del mundo en donde existe mayor impunidad en las agresiones contra periodistas, un fenómeno que ha crecido más de 140 por ciento en el país en la última década, debido a que la “ausencia y debilidad” de las autoridades han hecho aumentar los actos de intimidación violenta contra comunicadores.

Así lo advirtió el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) al dar a conocer su Índice Global de Impunidad 2017, donde señaló que funcionarios y grupos criminales siguen sin castigo en México por agredir a reporteros, a pesar de que en teoría el país tiene un gobierno democrático y estable, y no vive formalmente un “escenario de conflicto”.

El documento señala que México ocupa la sexta posición en el conteo –tan sólo debajo de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Filipinas–, debido a que en los recientes 10 años han sido asesinados “con absoluta impunidad” al menos 21 periodistas.

En el estudio, el CPJ señala como responsables de estos homicidios a “grupos criminales, como los narcotraficantes”, aunque también menciona que México forma parte de los países “que se presentan como democracias, pero que han aparecido reiteradamente en el índice” debido a que la impunidad de estas agresiones también beneficia a funcionarios gubernamentales.

De igual forma, la organización internacional subrayó en su informe que la mayoría de las víctimas en México son “periodistas locales que informaban sobre la delincuencia, la corrupción y la política en estados dominados por los carteles del narcotráfico”.

El CPJ estimó que en el país se han registrado algunos avances contra la impunidad, entre ellos el hecho de que “se impartió justicia parcial en marzo de 2017 cuando el comandante policial Santiago Martínez fue sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato en 2016 del periodista Marcos Hernández Bautista”, aunque destacó que el autor intelectual no ha sido enjuiciado.

De igual forma, la organización recordó que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió –en un encuentro con una delegación del CPJ—a darle un “tratamiento prioritario” al combate contra la impunidad por el asesinato de comunicadores, y sustituyó al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

No obstante, calificó como un “retroceso” el hecho de que tan sólo en 2017 “por lo menos cuatro periodistas han sido asesinados por el ejercicio de la profesión”, y cita como un “caso representativo” el del corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez, quien fue acribillado el 15 de mayo de este año.

Valdez, enfatizó el CPJ, “dedicó su vida a contar las historias de las víctimas de la guerra del gobierno mexicano contra las drogas. La Feadle se ha hecho cargo del caso, pero no ha habido arrestos”.

Todo lo anterior, apuntó la organización, ha influido para que México sea uno de los países donde el puntaje de impunidad aumentó en la mayor proporción en la reciente década, con un alza de 142 por ciento.

 

Combaten impunidad en muerte de periodistas

Diario Reforma

EFE

31 de octubre de 2017

La Federación Internacional de Periodistas anunció hoy una campaña contra la impunidad en México, Pakistán, Afganistán, Irak, Yemen, Somalia y Ucrania por el asesinato de 57 reporteros en todo el mundo en lo que va de 2017 y ante la falta de justicia en muchos de los crímenes.

La iniciativa transcurrirá entre los próximos 2 y el 23 de noviembre, con el objetivo de denunciar la falta de medidas concretas para investigar los incidentes de violencia contra periodistas en numerosos países del mundo, indicó esa organización, con sede en Bruselas.

“Los niveles de violencia registrados en la profesión periodística suponen una burla de las nobles intenciones que se hallan detrás de iniciativas tales como el Día para poner fin a la impunidad de la ONU”, declaró Philippe Leruth, presidente de la organización, en un comunicado.

Según cifras de la Federación, sólo uno de cada diez asesinatos de periodistas es investigado y la situación de los ataques no mortales a estos profesionales es aún peor.

“Los Gobiernos fallan en su misión de capturar a los atacantes y asesinos de trabajadores de medios. La impunidad no sólo pone en riesgo a los periodistas, sino que también socava la democracia y compromete las esperanzas de paz y desarrollo”, recalcó la organización.

La campaña de la Federación Internacional de Periodistas marca objetivos concretos para cada uno de los siete países a los que se dirige.

En el caso de México, la FIP colabora con el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa para presionar al Gobierno mexicano a fortalecer los instrumentos institucionales que deben velar por la seguridad de los comunicadores, así como investigar los crímenes contra la libertad de expresión.

En lo que va de 2017, la organización ha contabilizado la muerte de 12 periodistas, los cuales que se suman al centenar de casos que ocurren desde el año 2000.

 

Combaten impunidad en muerte de periodistas
Mural
EFE
31 octubre 2017

La Federación Internacional de Periodistas anunció hoy una campaña contra la impunidad en México, Pakistán, Afganistán, Irak, Yemen, Somalia y Ucrania por el asesinato de 57 reporteros en todo el mundo en lo que va de 2017 y ante la falta de justicia en muchos de los crímenes.

La iniciativa transcurrirá entre los próximos 2 y el 23 de noviembre, con el objetivo de denunciar la falta de medidas concretas para investigar los incidentes de violencia contra periodistas en numerosos países del mundo, indicó esa organización, con sede en Bruselas.

“Los niveles de violencia registrados en la profesión periodística suponen una burla de las nobles intenciones que se hallan detrás de iniciativas tales como el Día para poner fin a la impunidad de la ONU”, declaró Philippe Leruth, presidente de la organización, en un comunicado.

Según cifras de la Federación, sólo uno de cada diez asesinatos de periodistas es investigado y la situación de los ataques no mortales a estos profesionales es aún peor.

“Los Gobiernos fallan en su misión de capturar a los atacantes y asesinos de trabajadores de medios. La impunidad no sólo pone en riesgo a los periodistas, sino que también socava la democracia y compromete las esperanzas de paz y desarrollo”, recalcó la organización.

La campaña de la Federación Internacional de Periodistas marca objetivos concretos para cada uno de los siete países a los que se dirige.

En el caso de México, la FIP colabora con el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa para presionar al Gobierno mexicano a fortalecer los instrumentos institucionales que deben velar por la seguridad de los comunicadores, así como investigar los crímenes contra la libertad de expresión.

En lo que va de 2017, la organización ha contabilizado la muerte de 12 periodistas, los cuales que se suman al centenar de casos que ocurren desde el año 2000.

 

En asesinatos de periodistas, el nivel de impunidad de México es como el de Yemen y Somalia: ONGs

Sin Embargo

Redacción

31 de octubre de 2017

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) anunció hoy una campaña contra la impunidad en México, Pakistán, Afganistán, Irak, Yemen, Somalia y Ucrania tras el asesinato de 57 reporteros en todo el mundo en 2017 y ante la falta de justicia en muchos de esos crímenes.

La iniciativa transcurrirá entre los próximos 2 y el 23 de noviembre, con el objetivo de denunciar la “falta de medidas concretas para investigar incidentes de violencia contra periodistas en numerosos países del mundo”, indicó esa organización, con sede en Bruselas.

“Los niveles de violencia registrados en la profesión periodística suponen una burla de las nobles intenciones que se hallan detrás de iniciativas tales como el Día para poner fin a la impunidad de la ONU”, declaró en un comunicado el presidente de la FIP, Philippe Leruth.

Según cifras de la FIP, sólo uno de cada 10 asesinatos de periodistas es investigado y “la situación de los ataques no mortales a estos profesionales es aún peor”.

“Los gobiernos fallan en su misión de capturar a los atacantes y asesinos de trabajadores de medios. La impunidad no sólo pone en riesgo a los periodistas, sino que también socava la democracia y compromete las esperanzas de paz y desarrollo”, señaló la FIP.

La campaña de la Federación Internacional de Periodistas se marca objetivos concretos para cada uno de los siete países a los que se dirige.

En el caso de México, la FIP colabora con el sindicato local Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) para presionar al Gobierno mexicano para que fortalezca los instrumentos institucionales que deben velar por su seguridad, así como investigar los crímenes contra la libertad de expresión”.

Durante 2017, la lista de periodistas asesinados en este país ha alcanzado un número de 12 muertes, que se suman al centenar de casos que ocurren desde el año 2000, recordó la FIP.

De acuerdo con la organización Artículo 19, en México se ataca a un periodista cada 15.7 horas, y entre enero y junio de 2017 se reportaron 1.5 agresiones diarias. Además, expone, 50.7 por ciento de esos atentados fueron cometidos por funcionarios públicos. Los estados con mayores agresiones registradas son la Ciudad de México, Veracruz y Coahuila.

Artículo 19 ha destacado que el aumentó de 23 por ciento en las agresiones contra la prensa mexicana en el primer semestre de 2017 es un un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a los periodistas.

“La impunidad estrangula el libre flujo informativo de una sociedad. Cuando se asesina impunemente a un periodista, el mensaje que se envía a todos los periodistas es que se cuiden de lo que dicen o que se cuiden la espalda”, declaró en un comunicado Elisabeth Witchel, autora del análisis y consultora del CPJ.

“Los Estados que figuran en este índice no deben tolerar la impunidad un año tras otro, sino que deben tomar medidas enérgicas para abordar sus fracasos en la impartición de justicia”, añadió.

Según el informe, la impunidad crece en escenarios de conflicto, donde “poderosos actores” emplean la “intimidación violenta para controlar la cobertura informativa, mientras la ausencia o debilidad de la ley y el orden aumenta la probabilidad de los ataques”.

En Somalia, el peor país del índice, más de dos docenas de periodistas han sido asesinados en el último decenio y representan “una de las bajas del prolongado conflicto civil y de la insurgencia llevada a cabo por el grupo extremista al-Shabaab”.

El país africano ha figurado cada año en el índice del CPJ desde el comienzo de su publicación, en 2008. Los otros son India, Irak, México, Pakistán, Filipinas y Rusia, lo cual demuestra que “en algunas naciones relativamente estables y que se presentan como democracias” también se producen elevadas cifras de este crimen.

Siria, asolada por la guerra, ha empeorado respecto al año pasado y ocupa el segundo lugar tras Somalia en el índice, mientras que el tercer puesto es para Irak, donde los periodistas están amenazados por el autodenominado Estado Islámico y las milicias respaldadas por el Gobierno, entre otros grupos.

El CPJ señaló que, solo el año pasado, hubo nuevos casos de asesinato en 6 de los 12 países que componen el índice, lo que da “testimonio del poderoso ciclo de impunidad y violencia” del que advierten.

Afganistán abandonó el índice por primera vez porque el asesinato selectivo de periodistas ha disminuido, a pesar de que el conflicto y la violencia a gran escala han seguido provocando la muerte de profesionales en el ejercicio de su trabajo, apunta la organización.

El CPJ, que divulga este índice de cara al Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas (2 de noviembre), destacó como una “tendencia positiva” del último decenio la mayor concienciación sobre la impunidad en los asesinatos de periodistas.

En este sentido, recordaron que Naciones Unidas ha adoptado cinco resoluciones que instan a los Estados a tomar medidas para promover la justicia, y este año se conmemora el quinto aniversario de la adopción del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad.

 

México, 6o. lugar en Índice Global de Impunidad: Comité para Protección a Periodistas

Aristegui Noticias

Redacción

31 de octubre de 2017

México ocupa el sexto lugar en el Índice Global de la Impunidad, informó este martes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).

El índice consiste en una clasificación de países donde asesinan a periodistas y los responsables de tales crímenes siguen impunes.

De acuerdo con un comunicado, la impunidad por el asesinato de periodistas puede ser un ciclo incontrolable que se extiende por un decenio o más, según la décima edición anual del CPJ.

Siete países presentes en esta edición del informe han figurado cada año desde la primera publicación del índice, hace un decenio, y entre ellos se encuentra Somalia, que es el peor país en materia de asesinatos no resueltos por tercer año consecutivo.

La impunidad crece en escenarios de conflicto, donde poderosos actores a menudo emplean la intimidación violenta para controlar la cobertura informativa, mientras la ausencia o debilidad de la ley y el orden aumenta la probabilidad de los ataques.

El conflicto no es la única causa de la impunidad. En países como Filipinas, México, Brasil, Rusia e India -países que se presentan como democracias pero que han aparecido reiteradamente en el índice-, funcionarios gubernamentales y grupos criminales siguen impunes pese a las elevadas cifras de asesinato de periodistas.

Durante el decenio en el que el CPJ ha publicado el Índice Global de Impunidad, el puntaje de Somalia se ha disparado en 198 %. Otros países en los cuales el puntaje de impunidad aumentó en la mayor proporción durante el último decenio fueron México (142 %), Pakistán (113 %) e India (100 %). Siria (subió 195 %) y Brasil (subió 177 %).

El índice de impunidad, publicado cada año para conmemorar el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el 2 de noviembre, calcula el número de asesinatos no resueltos de periodistas en un período de 10 años como un porcentaje en relación con la población de cada país. Para la edición correspondiente a este año, el CPJ analizó los asesinatos de periodistas que ocurrieron en cada país entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2017.

Los primeros 4 lugares en impunidad

Somalia, Siria, Irak y Sudán del Sur ocupan los primeros lugares en el Índice Global de Impunidad.

La justicia para más de dos docenas de periodistas asesinados en Somalia en el último decenio es una de las bajas del prolongado conflicto civil y de la insurgencia llevada a cabo por el grupo extremista al-Shabaab.

La guerra de Siria provocó que ese país ocupara el segundo peor lugar en el índice, en comparación con el tercer lugar del año pasado.

El tercer lugar en esta edición del índice es para Irak, donde los periodistas están amenazados por el grupo radical Estado Islámico y por milicias respaldadas por el Gobierno, entre otros grupos.

Los enfrentamientos entre facciones políticas en Sudán del Sur, que ocupa el cuarto puesto en el índice, son el trasfondo de una emboscada realizada en 2015 y en la cual cinco periodistas murieron.