Agresiones contra periodistas o medios
Asesinato de Caruana Galizia es “un atentado contra el periodismo”: The Center for Public Integrity
Homo Zapping
El Zappo
17 de octubre de 2017
El pasado 16 de octubre, la periodista Daphne Caruana Galizia fue asesinada mediante la explosión de un auto-bomba en la localidad de Bidnija, en Malta. Caruana se trata de una de las principales mentes detrás de los Panama Papers. Era, además, una fuerte crítica del primer ministro de este país, Joseph Muscat, quien había levantado previamente una demanda por difamación en contra de la periodista.
The Center for Public Integrity, organización civil estadounidense que desarrolla investigaciones periodísticas, ha condenado el ataque, señalando que “no sólo se trata de un crimen en contra de una valiente periodista, sino de un atentado contra el periodismo en general”. Caruana Galizia fue fundadora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), organización derivada de The Center for Public Integrity.
El director de ICIJ, Gerard Ryle, ha condenado “la violencia contra las y los periodistas”, externando también su “profunda consternación en torno a la libertad de prensa en Malta”. “ICIJ hace un llamado a las autoridades maltesas a investigar el asesinato y a llevar a sus perpetradores frente a la justica. Los pensamientos del ICIJ están con la familia de Caruana Galizia en este momento”, declaró Ryle.
Aunque hasta el momento no existen sospechosos del atentado, se ha informado que Caruana Galizia había denunciado amenazas de muerte el último año.
Sin Embargo
AP
17 de octubre de 2017
Un equipo de expertos forenses holandeses llegó a Malta el martes para ayudar a investigar el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, conocida por sus críticas investigaciones de políticos y otras figuras influyentes, dijo un funcionario, mientras crecen la exigencia para que se castigue los culpables.
El ministro del Interior Michael Farrugia dijo además que el FBI enviará agentes a la isla en el Mediterráneo en los próximos días para asistir a la policía en la investigación de la muerte en una explosión el lunes de la reportera, de 53 años, quien expuso las conexiones de Malta a paraísos fiscales a través de los Papeles de Panamá.
“Mi madre fue asesinada porque se colocó entre el imperio de la ley y aquellos que tratan de violarla, como lo han hecho muchos periodistas”, dijo en Facebook su hijo, Matthew Caruana, un periodista que fue parte del grupo en las revelaciones de los Papeles de Panamá. “Pero fue atacada también porque fue la única persona que lo estaba haciendo. Es lo que pasa cuando las instituciones del estado están incapacitadas”.
No estaba claro quién pudo haber organizado el atentado. El vehículo de Caruana estalló con una fuerza tal que saltó al aire y cayó a un lado de la carretera.
El caso de Panamá expuso en 2016 las identidades de los ricos y poderosos de diversas partes del mundo que tenían inversiones en paraísos fiscales.
El martes, malteses comunes llamaron a una huelga para demandar que los responsables del atentado con bomba del lunes sean llevados ante la justicia. Las últimas palabras que escribió Caruana “Hay corruptos donde quiera que mires” aparecieron pintadas en varias paredes de la isla el martes.
Algunos legisladores de la Unión Europea están pidiendo un escrutinio mayor en la diminuta nación del Mediterráneo, que es considerada un paraíso bancario.
Como parte de la investigación de los Papeles de Panamá, la periodista escribió que la esposa del Primer Ministro Joseph Muscat, Michelle, así como el Ministro de Energía y el Jefe de Gabinete del Gobierno tenían compañías en el país centroamericano para recibir dinero de Azerbaiyán.
Muscat y su esposa negaron la existencia de dichas compañías en Panamá.
La sesión del Parlamento del lunes por la noche fue suspendida, con excepción de las sesiones informativas sobre la explosión que darían Muscat y el líder opositor Adrian Delia, quien calificó la muerte como “un asesinato político”.
Durante muchos años, la periodista fue una dura crítica del Partido Laboral y del gobierno. Recientemente había extendido sus comentarios críticos para incluir al opositor Partido Nacionalista.
Hijo de periodista culpa al gobierno de corrupción
Unomásuno
Redacción
17 de octubre de 2017
El hijo de la periodista maltesa asesinada, Daphne Caruana Galizia, que había denunciado la corrupción en su país, acusó este martes al gobierno maltés de complicidad en su muerte.
“Ustedes son cómplices, son responsables”, dijo en Facebook Matthew Caruana Galizia, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Matthew Caruana Galizia apuntó al primer ministro laborista, Joseph Muscat, y a su entorno, investigados más de una vez por su madre, acusándolos de haber llenado el gobierno, la policía y los tribunales de “estafadores”.
Daphne Caruana Galizia, de 53 años, reveló varios casos de corrupción que provocaron la convocatoria de elecciones anticipadas en junio.
El lunes murió cuando su coche estalló.
El martes hacia el mediodía comenzó una nueva manifestación delante del tribunal de La Valeta, capital de este pequeño país mediterráneo de 430.000 habitantes, para reclamar justicia.
El primer ministro había denunciado el lunes un acto de “barbarie”. “No descansaré hasta que se haga justicia”.
Ordenó a los servicios de seguridad que dediquen los mayores recursos posibles a la investigación, y pidió ayuda a la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense (FBI), cuyos agentes deben llegar el jueves.
Los atentados con coche bomba en Malta no son novedad. El del lunes fue el sexto en la isla en 13 meses y el cuarto en el que hay víctimas mortales.
Hasta ahora, las víctimas eran miembros de las redes criminales u empresarios sospechosos de vínculos con esas redes. Los autores nunca fueron identificados.
El martes por la mañana, la familia de la periodista obtuvo la recusación de la magistrada de permanencia que debía instruir el caso, debido a que ésta había sido objeto de las investigaciones realizadas por la reportera.
La periodista destapó en la primavera boreal una serie de escándalos de corrupción que salpicaban a varios allegado de Muscat, en particular su esposa Michelle, acusada de haber abierto una cuenta en Panamá para depositar sobornos pagados por Azerbaiyán.
Mi madre fue asesinada por denunciar corrupción: hijo de periodista maltesa
El Financiero
Reuters
17 de octubre de 2017
El hijo de la periodista de investigación más conocida de Malta dijo el martes que su madre fue asesinada con un coche bomba por su trabajo denunciando la corrupción política, mientras cientos de personas se manifestaban exigiendo justicia.
Daphne Caruana Galizia, que escribió en su blog sobre los sobornos en la clase política maltesa, murió después de que su auto explotara tras salir de su casa en el norte de la isla el lunes al mediodía.
Las autoridades de la isla mediterránea estaban esperando la llegada de expertos forenses holandeses y de agentes del FBI para ayudar en las investigaciones.
“Mi madre fue asesinada porque se interpuso entre el Estado de Derecho y los que querían violarlo, como muchos periodistas fuertes”, dijo Matthew Caruana Galizia en Facebook. “También era un objetivo porque era la única persona que lo hacía”, agregó, describiendo cómo llegó al lugar y se encontró con el auto ardiendo y sus restos.
El martes al mediodía varios cientos de personas se manifestaron frente a los tribunales exigiendo justicia por el asesinato.
“El Estado no defendió a Daphne”, gritó Andrew Borg Cardona, dirigiéndose a la multitud. Afirmó que los que la acusaron de “excederse” con sus investigaciones “son todos culpables”.
Recientemente, Galizia había estado siguiendo pistas de los denominados ‘Papeles de Panamá’, investigando los supuestos lazos entre funcionarios malteses y bancos y compañías usados como paraísos fiscales. Media hora antes de la explosión, escribió en su blog: “Hay ladrones en todos los sitios donde uno mira. La situación es desesperada”.
La Comisión Europea aseguró estar horrorizada por el crimen ocurrido en el país más pequeño del bloque y pidió justicia. El portavoz, Margaritis Schinas, declaró que “es un acto atroz y lo que importa ahora es que haya justicia”.
Miles rinden homenaje a Daphne Caruana, la periodista de Panama Papers, asesinada con carro bomba
Aristegui Noticias
Redacción
17 de octubre de 2017
Miles de personas se reunieron en la localidad de Sliema, Malta, para rendir homenaje a la periodista Daphne Caruana Galizia, quien fue asesinada con la detonación de un vehículo rentado en la población de Bidnija el lunes.
Entre velas, mensajes de apoyo y exigencias por esclarecer el misterioso asesinato, la gente se congregó en silencio en solidaridad con una de las figuras clave en la investigación sobre los Panama Papers en Malta.
“Hay delincuentes dondequiera que mires. La situación es desesperada”, escribió en su blog este lunes la periodista maltesa. La prensa local dijo que la bomba fue tan potente que arrojó al vehículo por el aire hasta un campo cercano.
La muerte de Caruana Galizia, una figura conocida por sus denuncias contra el gobierno maltés por supuesta corrupción en el caso de Panama Papers , causó conmoción en la isla y en la comunidad internacional, al grado que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense ofreció ayudar en las pesquisas del hecho.
El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, a quien Caruana Galizia acusó de corrupción este mismo año, condenó los hechos y dijo que su gobierno, en colaboración con la agencia de investigación estadounidense, trabajará para encontrar a los responsables.
“Condeno sin reservas este ataque bárbaro contra una persona y contra la libertad de expresión en nuestro país”, dijo en una declaración televisada el primer ministro, quien admitió que la periodista, quien lo acusó de utilizar cuentas secretas para ocultar supuestos fondos de Azerbaiyán, era crítica suya.
“Todo el mundo sabe que Caruana Galizia fue una dura crítica mía, tanto política como personalmente, pero nadie puede justificar este acto bárbaro de cualquier forma “, dijo el mandatario.
Las denuncias de Caruana Galizia hicieron que el primer ministro convocara a elecciones anticipadas en junio pasado, en las que ganó por amplia mayoría, y por las cuales abrió una demanda contra la comunicadora por difamación.
Malta Televisión dijo que Caruana Galizia notificó hace dos semanas a la policía que había recibido amenazas contra su vida.
El líder opositor Adrian Delia aseguró que la bloguera fue víctima de un “asesinato político” y pidió una investigación independiente sobre su muerte, sin participación del comisionado de Policía, el comandante del ejército o el magistrado de turno, “todos los cuales estaban en el centro de las críticas” de la periodista, dijo.
La comunidad internacional y colegas de medios expresaron a través de Twitter su condena a los terribles actos y exigieron esclarecer la muerte de la periodista.
Rinden homenaje a periodista asesinada en Malta
Excélsior
Agencias
17 de octubre de 2017
Miles de personas y asociaciones de Malta pidieron este martes justicia y rindieron homenaje a la periodista Daphne Caruana Galizia, una figura clave en la investigación sobre los Papeles de Panamá, quien fue asesinada en un atentado cerca de su domicilio.
Ayer lunes poco antes de su asesinato, la periodista maltesa escribió en su blog:
“En estos momentos, hay corrupción por donde quieras que mires. La situación es desesperante”.
Entre veladoras, mensajes de apoyo y exigencias de justicia, miles de personas se congregaron en la localidad de Sliema, cerca de La Valeta, capital de Malta, para una vigilia en homenaje de la periodista, quien perdió la vida cuando explotó una bomba colocada en el automóvil en el que viajaba.
A través de Twitter, la comunidad internacional y colegas de medios de comunicación expresaron su condena por el asesinato y exigieron esclarecerla, ya que hace dos semanas la periodista había notificado a la policía amenazas contra su vida.
El líder opositor Adrian Delia aseguró que la reportera fue víctima de un “asesinato político” y pidió una investigación independiente sobre su muerte, sin la participación del comisionado de Policía, el comandante del Ejército o el magistrado en turno, todos los cuales estaban en el centro de las críticas de la comunicadora.
El hijo de la periodista, conocida por sus denuncias contra el gobierno maltés por supuesta corrupción en el caso de los Papeles de Panamá, acusó al gobierno de impunidad y complicidad en la muerte de su madre, y a la policía maltesa de incompetencia.
“Ustedes son cómplices, son responsables”, escribió en Facebook Matther Caruana Galizia, vástago de la periodista y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
“Si, aquí es donde estamos: en un Estado mafioso en el que puedes cambiar tu género en tu carné de identidad, pero donde te vuelan en pedazos por ejercitar tus libertades básicas”, señaló.
El esposo de la fallecida y otros miembros de la familia solicitaron que se sustituya a la magistrada asignada al caso, Consuelo Scerri Herrera, ya que fue en numerosas ocasiones objeto de críticas por parte de la periodista, según el diario local Malta Independent.
La muerte de Caruana Galizia causó conmoción en Malta y en la comunidad internacional al grado que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ofreció ayuda para investigar el asesinato.
En su cuenta de Twitter, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, expresó su indignación por el asesinato de la también bloguera, mientras la Comisión Europea se mostró “horrorizada” por el hecho.
“Estamos horrorizados por el hecho de que una periodista conocida y respetada, la señora Daphne Caruana Galizia, haya perdido la vida en lo que parece ser un ataque específicamente dirigido contra ella”, dijo el portavoz del ejecutivo europeo, Margaritis Schinas.
“Es un acto escandaloso, lo que ahora cuenta es que se haga justicia”.
FGE espera pronta captura del responsable de la agresión de comunicadora
El Occidental
Elizabeth Ibal Rocha
17 de octubre de 2017
Aún no se ha definido el móvil de la agresión en contra de la conductora de radio Cecilia Méndez, titular del programa Yo siempre estoy bien, la cual fue atacada a balazos la mañana de este lunes en el municipio de Zapopan. Confía el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez, que muy pronto podrá ser detenido el causante.
Después del intento de homicidio de Méndez, ocurrido cuando circulaba en su carro Mazda convertible de dos plazas, color rojo, sobre Vallarta y Niño Obrero, en compañía de otra mujer que resultó ilesa, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación.
De manera extraoficial se sabe que presuntamente su hijo había sufrido también un intento de homicidio, el cual también se está indagando para saber si tendrían relación ambos ataques.
Sobre los avances en la investigación, el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez precisó este martes en conferencia de prensa que la policía investigadora está realizando las diligencias e indagatorias que permitan establecer el móvil, así como la localización del responsable de la agresión.
“Lo que sí les quiero asegurar es que efectivamente hay un avance importante en lo que se ha venido revisando, que no puedo yo hacer alguna presunción, pero sí puedo adelantarles que estamos muy cerca de saber el móvil y quién pudo haber ordenado está agresión”, dijo Almaguer Ramírez.
Cecilia Méndez aún se encuentra hospitalizada en estado de salud grave, fue intervenida la tarde de este lunes por complicaciones en su salud. Ella se encuentra custodiada en el hospital privado de Lázaro Cárdenas y Niño Obrero, por la Policía Investigadora y Policía Estatal.
La periodista Lisa Guerrero acusa a Steven Seagal de acoso tras el escándalo de Weinstein
Sin Embargo
Redacción
17 de octubre de 2017
Steven Seagal, de 65 años, es el protagonista de un nuevo escándalo en Hollywood. Lisa Guerrero, una actriz y periodista de investigación estadounidense, reveló que fue acosada sexualmente por el protagonista de películas como Alerta máxima, Por encima de la ley y Difícil de matar. En una entrevista con la revista Newsweek, recordó que en 1996 su mánager Lorraine Berglund la llamó para contarle que la habían convocado para un casting de la película Fire Down Below (En tierra peligrosa) del experto en artes marciales. Pero le aclaró que la audición sería en su mansión de Bevery Hills.
Guerrero sabía que esta producción sería una gran oportunidad para su carrera actoral. Sin embargo, decidió que no iría sola a realizar la prueba y fue acompañada por una asistente de la agencia, Shari Rhodes.
Seagal las recibió con una bata de seda y las llevó hasta una habitación, donde Lisa leyó las escenas. “Eres fantástica”, la elogió el actor. “Conduje hasta mi casa sintiéndome bastante bien con la audición”, recordó sobre este episodio. Ese mismo día, su representante la llamó para decirle que el actor y productor quería darle el papel, aunque ella “debía regresar a la mansión para un ensayo privado esa noche”.
Lisa se negó a esta condición. Aunque obtuvo un rol menor en Fire Down Below, el personaje principal de Sarah Kellog lo realizó Marg Helgenberger (conocida por la serie CSI). La historia no terminó ahí, ya que el protagonista la siguió hostigando durante la filmación y la invitó a su camarín.
Por segunda vez, ella rechazó la propuesta de Seagal. Finalmente, decidió no mirar la película e incluso sostiene que la escena que interpretó quedó eliminada. “Como una aspirante a actriz… ¿a quién iba a quejarme sobre la discriminación sexual? Él era el protagonista y el productor de la película”, reflexionó. Más tarde, se enteró de que Steven era famoso por “acosar” a las mujeres.
La periodista salió a contar su historia veinte años más tarde, conmovida por la avalancha de denuncias de abusos y acoso sexual contra el productor Harvey Weinstein que realizaron famosas como Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, entre otras.
Guerrero no es la primera mujer en denunciar a Seagal por acoso sexual. En la década del 90, la modelo y actriz Jenny McCarthy relató en una entrevista a la revista Movieline, que la estrella de Hollywood la había acosado durante una audición, pidiéndole en repetidas ocasiones que se quitara la ropa.
Censura
Uso de redes sociales se castiga con cárcel en Tailandia
MVS
EFE
17 de octubre de 2017
Las autoridades tailandesas también utilizan la ley de internet y la ley de difamación para iniciar procesos penales contra activistas.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta útil para comunicarse, pero también suponen un riesgo para los activistas que defienden los derechos laborales o medioambientales, entre otros, en países del sur de Asia.
El pasado 15 de agosto, un universitario y activista tailandés, Jatupat Boonpattaraksa, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por compartir en Facebook un perfil del rey Vajiralonkorn realizada por la cadena británica BBC.
La biografía, que incluía aspectos controvertidos de la vida privada del rey, fue compartida más de 2 mil 600 veces, pero el joven es el único que ha sido perseguido por la justicia del país.
Al activista, conocido como Pai Dao Din, se le aplicó la severa ley de lesa majestad, que castiga con entre 3 y 15 años de cárcel a quienes critiquen o emitan comentarios que se consideren insultantes con la familia real.
Las autoridades tailandesas también utilizan la ley de internet y la ley de difamación para iniciar procesos penales contra activistas, según Sutharee Wannasiri, de la ONG Fortify Rights.
“Nosotros abogamos por la enmienda de la ley de internet, que incluye penas de prisión”, indicó Sutharee recientemente en una conferencia en el Club de Corresponsables Extranjeros de Tailandia en Bangkok.
Según David Kaye, relator especial de la ONU para la libertad de expresión, en el Sudeste Asiático existe un aumento de la “criminalización” de las críticas al gobierno y un abuso del uso de leyes contra la blasfemia en países como Indonesia.
Diagnósticos sobre libertad de expresión
Homo Zapping (Publicado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia)
Gabriel Sosa Plata
17 de octubre de 2017
A partir de la decisión de la Comisión de Radio y TV de la Cámara de Diputados en México, que aprobó reformas legales para imponer penas de prisión a los medios comunitarios, el analista de medios y vicepresidente de OBSERVACOM, Gabriel Sosa Plata, advirtió cómo “los intereses políticos se imponen a los derechos humanos”.
Sosa Plata consideró que la razón para aprobar reformas que van en contra de los derechos humanos reside en la preparación para las elecciones generales de 2018. “Los legisladores actúan con agenda política ante las elecciones de 2018 y buscan congraciarse así con un sector de la industria que comparte esa visión estrecha del problema de la radiodifusión ilegal y, claro, de los derechos de las audiencias”, señaló en la columna de opinión publicada hoy en el portal sinembargo.
A continuación reproducimos su artículo titulado “Criminalizar la libertad de expresión”.
Criminalizar la libertad de expresión
Llevar a la cárcel a quien instala estaciones de radiodifusión sin concesión es contrario a los derechos humanos. Algo tan básico, no quiere ser asimilado o atendido por los diputados que en la Comisión de Radio y Televisión aprobaron una reforma que criminaliza esa actividad e ignora las recomendaciones que se han emitido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es obvio: los legisladores actúan con agenda política ante las elecciones de 2018 y buscan congraciarse así con un sector de la industria que comparte esa visión estrecha del problema de la radiodifusión ilegal y, claro, de los derechos de las audiencias. Los intereses políticos se imponen a los derechos humanos.
La iniciativa fue presentada por un Diputado del PRI, Benjamín Medrano, y ha contado con el respaldo de ese partido y del Partido Verde. Como lo han denunciado diversas organizaciones, como Artículo 19 y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México, la reforma al artículo 172 del Código Penal se inspira en la legislación chilena, de los gobiernos militares, con el fin de imponer penas de dos a seis años de cárcel, multas de 100 a 300 días de salario mínimo, así como el decomiso de los equipos a las personas que utilicen las frecuencias sin la autorización correspondiente. También la iniciativa busca modificar el artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que aquellas personas sancionadas por la instalación de estas emisoras ilegales queden inhabilitadas para obtener directa o indirectamente concesiones durante un periodo de cinco años.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) han establecido que en materia de libertad de expresión “las leyes deben adecuarse a estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales, y no mediante el empleo del derecho penal” (CIDH, RELE, “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, 2009). Sin embargo, históricamente, el gobierno mexicano ha actuado en un sentido distinto con operativos, en muchas ocasiones muy violentos, de desmantelamiento de estaciones ilegales y, desde luego, encarcelando a los impulsores de estos proyectos de comunicación.
Ante los organismos internacionales, el gobierno ha justificado sus operativos como una respuesta “a las denuncias que le son presentadas por algunos concesionarios de estaciones de radiodifusión que son afectados por la operación de las mismas” (RELE, “Informe especial sobre la libertad de expresión en México”, 2010), y con base en los artículos 149 y 150 de la Ley de Bienes Nacionales que castigan penalmente el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico sin autorización. Ahora, como se aprecia, con la reforma al Código Penal se busca castigar con mano más dura y aumentar las sanciones consideradas en la LFTR, en cuyo artículo 305 sólo se prevé una sanción administrativa para quienes transmitan sin concesión, así como la incautación de todos los equipos e instalaciones utilizadas para estas emisoras.
En Twitter, legisladoras como Lía Limón, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, y representantes de la industria han defendido la iniciativa con el argumento de que buscan tutelar el derecho de libertad de expresión de los concesionarios ante interferencias en sus transmisiones y poner orden en la radiodifusión ilegal. También ayer, la organización Radio Independiente de México, que aglutina a radiodifusores locales, celebró la iniciativa, ya que busca “promover la cultura de la legalidad y el apego al estado de derecho”.
Nadie cuestiona tan loables objetivos, pero no es con acciones penales ni con represión como se logrará responder al desafío legal, democrático, que ha traído el crecimiento de radiodifusoras comunitarias e indígenas que operan sin permiso en decenas de poblaciones en nuestro país. La experiencia ha demostrado que la mayoría de estos proyectos no buscan perjudicar a la radiodifusión comercial en sus negocios, la competencia o limitar su libertad de expresión, sino que nacen de la necesidad de ofrecer un servicio social a las comunidades ante la ausencia u oferta muy limitada de canales de comunicación. Además, utilizan frecuencias del espectro radioeléctrico que nos pertenece a todos, pero que por un pésimo diseño de la política pública ha permitido la creación de oligopolios radiofónicos en detrimento, justo, de la diversidad y pluralidad en los contenidos, al igual que en la función social que le es inherente y obligatoria a los medios electrónicos.
La mano dura de los legisladores se da en un contexto que no podemos obviar: más periodistas asesinados, un incremento en el número de agresiones a comunicadores y medios de comunicación, así como la expulsión de periodistas y analistas críticos en la radio. La libertad de expresión vive, como los derechos humanos en su conjunto, una grave crisis en México, totalmente inaceptable. Por eso, el poder legislativo no debe aprobar la iniciativa que apoya la Comisión de Radio y Televisión. Y si nuestros representantes tienen dudas sobre su pertinencia, hablen con los expertos internacionales, especialmente con el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, o con el relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, David Kaye, para que analicen lo que se pone en juego con una reforma como esta.
Canal 22 y el sismo
Hace un par de semanas, escribí en este espacio que durante cuatro días Canal 22 enmudeció en su función de informar sobre el sismo del pasado 19 de septiembre. La periodista Irma Gallo, reportera de Noticias 22 y conductora de Semanario N22, escribió a este columnista que sí hubo cobertura (por Youtube y en la página web de la televisora pública), en “un esfuerzo coordinado por Guadalupe Alonso, Directora de Noticias de Canal 22, bajo las instrucciones de Pedro Cota, nuestro director general”. Agregó que “si bien es cierto que no pudimos trabajar desde los estudios, sí lo hicimos con cámaras y computadoras propias, así como celulares”.
Al leer la versión de Irma Gallo, otro periodista de Canal 22 (que solicitó reservar su nombre) me buscó para informarme que “Noticias 22 no se transmitió del martes 19 al viernes 22” y que “no es cierto que un grupo de reporteros fueran coordinados por Pedro Cota, director de la televisora”. Aclaró que la cobertura periodística de los reporteros “se debió más que nada a un espíritu profesional” y a “una decisión personal que tomaron”. Y es tan evidente que no contaron con el apoyo de los directivos del canal, que -como detalla Irma Gallo- tuvieron que hacer uso de sus propios equipos. “De haber contado con una coordinación y apoyo, las cámaras del canal se hubieran dispuesto para la realización de esa cobertura, pero no fue así”.
Irene Levy y la privacidad
Muchas felicidades a la reconocida académica y experta en telecomunicaciones, Irene Levy, quien este jueves 19 de octubre, a las 17:30 horas, presenta su obra “El ejercicio de la función pública: una perspectiva desde las nuevas tecnologías, la transparencia y los derechos humanos”, que publica el INAI en su colección Cuadernos de Transparencia. Su texto parte de un hecho que generó un debate académico y legal: el uso de Periscope para evidenciar a ciudadanas y ciudadanos que supuestamente habrían violado la ley en esta capital. Los comentarios estarán a cargo del periodista Javier Solórzano y el profesor José Luis Caballero Ochoa. La bienvenida la hará el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, mientras que la moderación será del comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford. La cita es el INAI: Insurgentes Sur 3211, en la Ciudad de México.
Criminalizar la libertad de expresión
Sin Embargo
Gabriel Sosa Plata
17 de octubre de 2017
Llevar a la cárcel a quien instala estaciones de radiodifusión sin concesión es contrario a los derechos humanos. Algo tan básico, no quiere ser asimilado o atendido por los diputados que en la Comisión de Radio y Televisión aprobaron una reforma que criminaliza esa actividad e ignora las recomendaciones que se han emitido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es obvio: los legisladores actúan con agenda política ante las elecciones de 2018 y buscan congraciarse así con un sector de la industria que comparte esa visión estrecha del problema de la radiodifusión ilegal y, claro, de los derechos de las audiencias. Los intereses políticos se imponen a los derechos humanos.
La iniciativa fue presentada por un Diputado del PRI, Benjamín Medrano, y ha contado con el respaldo de ese partido y del Partido Verde. Como lo han denunciado diversas organizaciones, como Artículo 19 y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México, la reforma al artículo 172 del Código Penal se inspira en la legislación chilena, de los gobiernos militares, con el fin de imponer penas de dos a seis años de cárcel, multas de 100 a 300 días de salario mínimo, así como el decomiso de los equipos a las personas que utilicen las frecuencias sin la autorización correspondiente. También la iniciativa busca modificar el artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que aquellas personas sancionadas por la instalación de estas emisoras ilegales queden inhabilitadas para obtener directa o indirectamente concesiones durante un periodo de cinco años.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) han establecido que en materia de libertad de expresión “las leyes deben adecuarse a estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales, y no mediante el empleo del derecho penal” (CIDH, RELE, “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, 2009). Sin embargo, históricamente, el gobierno mexicano ha actuado en un sentido distinto con operativos, en muchas ocasiones muy violentos, de desmantelamiento de estaciones ilegales y, desde luego, encarcelando a los impulsores de estos proyectos de comunicación.
Ante los organismos internacionales, el gobierno ha justificado sus operativos como una respuesta “a las denuncias que le son presentadas por algunos concesionarios de estaciones de radiodifusión que son afectados por la operación de las mismas” (RELE, “Informe especial sobre la libertad de expresión en México”, 2010), y con base en los artículos 149 y 150 de la Ley de Bienes Nacionales que castigan penalmente el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico sin autorización. Ahora, como se aprecia, con la reforma al Código Penal se busca castigar con mano más dura y aumentar las sanciones consideradas en la LFTR, en cuyo artículo 305 sólo se prevé una sanción administrativa para quienes transmitan sin concesión, así como la incautación de todos los equipos e instalaciones utilizadas para estas emisoras.
En Twitter, legisladoras como Lía Limón, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, y representantes de la industria han defendido la iniciativa con el argumento de que buscan tutelar el derecho de libertad de expresión de los concesionarios ante interferencias en sus transmisiones y poner orden en la radiodifusión ilegal. También ayer, la organización Radio Independiente de México, que aglutina a radiodifusores locales, celebró la iniciativa, ya que busca “promover la cultura de la legalidad y el apego al estado de derecho”.
Nadie cuestiona tan loables objetivos, pero no es con acciones penales ni con represión como se logrará responder al desafío legal, democrático, que ha traído el crecimiento de radiodifusoras comunitarias e indígenas que operan sin permiso en decenas de poblaciones en nuestro país. La experiencia ha demostrado que la mayoría de estos proyectos no buscan perjudicar a la radiodifusión comercial en sus negocios, la competencia o limitar su libertad de expresión, sino que nacen de la necesidad de ofrecer un servicio social a las comunidades ante la ausencia u oferta muy limitada de canales de comunicación. Además, utilizan frecuencias del espectro radioeléctrico que nos pertenece a todos, pero que por un pésimo diseño de la política pública ha permitido la creación de oligopolios radiofónicos en detrimento, justo, de la diversidad y pluralidad en los contenidos, al igual que en la función social que le es inherente y obligatoria a los medios electrónicos.
La mano dura de los legisladores se da en un contexto que no podemos obviar: más periodistas asesinados, un incremento en el número de agresiones a comunicadores y medios de comunicación, así como la expulsión de periodistas y analistas críticos en la radio. La libertad de expresión vive, como los derechos humanos en su conjunto, una grave crisis en México, totalmente inaceptable. Por eso, el poder legislativo no debe aprobar la iniciativa que apoya la Comisión de Radio y Televisión. Y si nuestros representantes tienen dudas sobre su pertinencia, hablen con los expertos internacionales, especialmente con el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, o con el relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, David Kaye, para que analicen lo que se pone en juego con una reforma como esta.
CANAL 22 Y EL SISMO
Hace un par de semanas, escribí en este espacio que durante cuatro días Canal 22 enmudeció en su función de informar sobre el sismo del pasado 19 de septiembre. La periodista Irma Gallo, reportera de Noticias 22 y conductora de Semanario N22, escribió a este columnista que sí hubo cobertura (por Youtube y en la página web de la televisora pública), en “un esfuerzo coordinado por Guadalupe Alonso, Directora de Noticias de Canal 22, bajo las instrucciones de Pedro Cota, nuestro director general”. Agregó que “si bien es cierto que no pudimos trabajar desde los estudios, sí lo hicimos con cámaras y computadoras propias, así como celulares”.
Al leer la versión de Irma Gallo, otro periodista de Canal 22 (que solicitó reservar su nombre) me buscó para informarme que “Noticias 22 no se transmitió del martes 19 al viernes 22” y que “no es cierto que un grupo de reporteros fueran coordinados por Pedro Cota, director de la televisora”. Aclaró que la cobertura periodística de los reporteros “se debió más que nada a un espíritu profesional” y a “una decisión personal que tomaron”. Y es tan evidente que no contaron con el apoyo de los directivos del canal, que -como detalla Irma Gallo- tuvieron que hacer uso de sus propios equipos. “De haber contado con una coordinación y apoyo, las cámaras del canal se hubieran dispuesto para la realización de esa cobertura, pero no fue así”.
IRENE LEVY Y LA PRIVACIDAD
Muchas felicidades a la reconocida académica y experta en telecomunicaciones, Irene Levy, quien este jueves 19 de octubre, a las 17:30 horas, presenta su obra “El ejercicio de la función pública: una perspectiva desde las nuevas tecnologías, la transparencia y los derechos humanos”, que publica el INAI en su colección Cuadernos de Transparencia. Su texto parte de un hecho que generó un debate académico y legal: el uso de Periscope para evidenciar a ciudadanas y ciudadanos que supuestamente habrían violado la ley en esta capital. Los comentarios estarán a cargo del periodista Javier Solórzano y el profesor José Luis Caballero Ochoa. La bienvenida la hará el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, mientras que la moderación será del comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford. La cita es el INAI: Insurgentes Sur 3211, en la Ciudad de México.
0 Comments