INAI

El Gobierno federal da a Virgilio Andrade el reparto de tarjetas con dinero para los damnificados

Sin Embargo

Linaloe R. Flores

15 de octubre de 2017

Fue el ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que investigó y exoneró a sus propios amigos, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; su esposa, Angélica Rivera; y al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Ahora, cuando el país requiere reconstrucción por los sismos del 7 y 19 de septiembre, Virgilio Andrade Martínez ha regresado a protagonizar la escena pública. Por mandato presidencial, tiene la responsabilidad de la entrega de miles de tarjetas para que los damnificados reinicien su patrimonio.

La entrega de monederos electrónicos se iniciará en Oaxaca y Chiapas, pero se expandirá de manera gradual a Morelos, Puebla y la Ciudad de México, según anunció el Presidente Peña Nieto en Jiquilpas de Chiapas. Por lo pronto, Andrade Martínez es el responsable de entregar entre 115 mil y 118 mil tarjetas con dinero en efectivo para realizar arreglos o reconstruir viviendas. Hay plásticos con 30 mil pesos para daños menores y de 120 mil pesos para pérdida total. Un dato cerrado hasta ahora es cuántas hay con la cantidad mínima y cuántas con la máxima. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) ya han concluido el censo de damnificados, pero no han brindado la información.

Después de su renuncia a la SFP, parecía que el hombre que exoneró a los miembros del Gobierno federal se había alejado de la política; pero en enero de 2017, el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade lo llamó de nuevo al Gabinete federal. Lo nombró Director general del Bansefi, el pilar de la banca de desarrollo que debe operar después de los estragos de los desastres naturales para canalizar ayuda para los damnificados.

Pero la institución bajo la dirección de Virgilio Andrade Martínez está reprobada en Transparencia ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En una evaluación en la que el organismo calificó el cumplimiento de las disposiciones de la nueva Ley General de Transparencia que entró en vigor en mayo de 2016, el banco dirigido por Andrade Martínez obtuvo 28.1 puntos sobre 100, una de las calificaciones más bajas de la Administración Pública Federal.

Dentro del banco será difícil contar con controles. En estos momentos en que miles de damnificados reclaman operatividad del Gobierno en aras de reconstruir su patrimonio, el Bansefi a cargo de Andrade Martínez mantiene acéfalas varias posiciones clave. Por ejemplo, la Gerencia de Transferencias Bancarias no tiene titular a cargo. Se trata de una posición con 31 mil 943 pesos de percepciones brutas. Tampoco hay quien esté  al frente de la Gerencia de Prevención de Fraudes. El sueldo en ese puesto es también de 31 mil 943 pesos.

Las tarjetas llevan el logotipo del Gobierno de la República, el Escudo Nacional, las siglas de la Sedatu y el señalamiento de que es tarjeta Fonden. De ellas está a cargo Andrade Martínez, el funcionario que llegó a decir ante un micrófono: “La corrupción es un asunto cultural que forma parte de los seres humanos que siempre buscamos rentabilidad comercial y respondemos a otros incentivos”. Estaba en el foro “La información en el Combate a la Corrupción ¿Cómo nos arreglamos?”

Quienes lo perdieron todo recibirán dos tarjetas, una con 80 por ciento de los recursos para comprar materiales de construcción a precios preferenciales, y otra para disponer de efectivo y pagar mano de obra. Ese dinero también puede servir para poner un negocio.

En el anuncio, el 23 de septiembre, en Jiquipilas, Chiapas, el Presidente Peña Nieto dijo: ““Casa por casa, van a ir personas, así como se hizo el centro, ahora de manera más fácil, llegar a las viviendas, el abrirles una cuenta a ustedes en Bansefi, van a constituir ustedes su cuenta y van a recibir su tarjeta y vamos a entregar dos tipos de tarjeta, una que va a ser para aquellas que tienen daños parciales y otra para quienes tuvieron pérdidas totales para que en distintas administraciones puedan adquirir, y sólo eso, materiales para construcción en su vivienda, lo vamos a hacer así para que ese recurso no lo vayan a emplear en otra cosa”.

Andrade Martínez presentó su renuncia a la SFP el 18 de julio de 2016, cuando el Presidente Peña Nieto promulgó las leyes en las que debe sustentarse el Sistema Nacional Anticorrupción y le pidió perdón a los gobernados por el escándalo de la “casa blanca” en el que estuvo involucrado. “Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar sobre derecho y con integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos y en esto reconozco que cometí un error”, dijo el Jefe del Ejecutivo. A su diestra permaneció el hombre que lo exoneró por ese escándalo. En las fotos del evento quedaron juntos.

 

Diagnósticos sobre transparencia

Critica ONG resultados del Segundo Informe de Gobierno

Milenio Jalisco

Victoria Félix

15 de octubre de 2017

Pese a que durante el Segundo Informe de Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón se presumieron avances en transparencia y combate a la corrupción, la organización Redes Quinto Poder expresó que más bien existe un estancamiento y retroceso en estas áreas. En entrevista telefónica, el vocero de la ONG, Juan Manuel Ramos, señaló que la administración actual ha presumido una reducción de deuda, sin embargo, no lo comunica mediante un lenguaje simple y por lo tanto no es transparente.

“El tema de la reducción de la deuda del Gobierno es lo menos transparente y, ¿por qué es lo menos transparente? porque no se comunica en términos que el ciudadano pueda entender. Entonces pueden estar hablando ellos siempre de que bajan la deuda, de que hay una reducción y ese es el discurso que se mantiene, pero eso es muy difícil en este momento (saber) qué así sea”, dijo. Asimismo dijo que también han percibido una opacidad por parte del Estado en el tema de acceso a la información, y advirtió que las transmisiones en vivo no son sinónimo de transparencia.

“Nosotros hacemos una observación: en general vemos un estancamiento y en algunos rubros vemos un retroceso, es muy difícil que la gente tenga acceso a la información. El Gobierno no se ha comprometido. “La transmisión en vivo no significa transparencia y no significa que vayan a estar exentos de situaciones ilegales y el cobijagate es un claro ejemplo”, indicó. Por otra parte, sobre los avances en materia de combate a la corrupción que resaltó el Estado, el activista señaló que los resultados no son visibles aún porque no hay ningún funcionario sancionado o purgando una condena. “En el tema del combate a la corrupción pues se siguen haciendo los esfuerzos por seguir encarcelando a los ex funcionarios pero pues todavía no tenemos a nadie adentro y eso para la sociedad en general, significa que no están haciendo nada”, mencionó. Finalmente comentó que el gobernador debería de seguir sus aspiraciones presidenciales y dejar en el cargo a una persona comprometida con el estado. “Como otras organizaciones, el llamado es a que el gobernador se dedique 100 por ciento a ser aspirante y que deje a alguien que esté 100 por ciento a cargo de la entidad, que merece un Ejecutivo de tiempo completo”, concluyó.

 

 

Ministro Saldívar haría historia este noviembre si obliga a EPN a parar gasto y regular publicidad

Sin Embargo

Daniela Barragán

15 de octubre de 2017

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- En noviembre próximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá la situación de un amparo promovido por las organizaciones Artículo 19 y Fundar sobre la tarea del Poder Ejecutivo en la regulación de la publicidad oficial.

Esas dos organizaciones han documentado el tema y han insistido en una regulación que ha estado pendiente desde 2007, con la reforma al artículo 134.

Como parte de sus compromisos presidenciales, Enrique Peña Nieto aseguró que trasparentaría el dinero entregado a medios de comunicación y además, lo regularía con la creación de una instancia oficial.

Sin embargo, de 2013 a la fecha, su administración ha ejercido 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial, con un sobreejercicio constante, ya que se ha gastado 71.86 por ciento más del monto aprobado por la Cámara de Diputados. Es decir, 15 mil 162 millones de pesos.

De acuerdo con el último informe de Fundar, “El Gasto en Publicidad Oficial 2013-2016”, de continuar la tendencia anual de este gasto, Peña Nieto ejercerá un monto cercano a los 60 mil millones de pesos en este rubro al final de su administración.

“El gasto en publicidad oficial no solamente se ejerce de manera arbitraria, opaca y discrecional, sino que impacta directamente en las líneas informativas de los medios de comunicación, sesgando la información de interés público e impulsando narrativas oficiales con facha de ‘independientes’, limita la pluralidad informativa y se convierte en una forma de violencia económica contra la libertad de expresión”, sostiene Artículo 19.

Esto lo ha venido reiterando en diversos espacios, sobre todo en el último año en que 11 periodistas han sido asesinados y durante la administración de peña Nieto, un total de 36.

Artículo 19 inició un juicio de amparo “por la omisión legislativa absoluta con la intención de que la SCJN ordene al legislativo la regulación con base en principios que garanticen la libertad de expresión y de información”.

Pasaron años desde el litigio y Artículo 19 asegura que es “probable” que se resuelva en los días de noviembre.

En el caso de que la resolución sea a favor de la organización, se podría hablar de que el Ejecutivo cayó en omisiones legislativas absolutas, porque entonces, se aceptaría que existía una orden expresa de legislar.

Además, sería una orden de regular la publicidad oficial bajo principios que garanticen la libertad de expresión.

“Sabemos de facto que hay un fuerte litigio en contra del amparo por aquellas personas e instituciones que gozan del poder que el gobierno ejerce en los medios y viceversa por lo que requerimos resistencia”, señala una carta firmada por la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.

De acuerdo con datos de SinEmbargo, los medios que concentraron el gasto tan solo en 2016, fueron Televisa, con 210 contratos por mil 488 millones 934 mil 160 pesos o 4 millones 079 mil 271 pesos diarios por parte de las dependencias federales.

Le siguió Tv Azteca con 230 contratos, 921 millones 058 mil 921 pesos, el periódico Excélsior con 310 millones 611 mil 364 pesos por 450 contratos y El Universal con 157 mil 866 183 pesos por 400 contratos.

Los periódicos de la Organización Editorial Mexicana (OEM), La Prensa y “los soles”, recibieron en conjunto 151 millones 179 mil 555 pesos por 900 contratos.

Milenio y La Jornada recibieron 59 millones [650 contratos] y 53 millones de pesos [300 contratos], respectivamente.

En medios radiofónicos, la más beneficiada fue Radio Fórmula con 44 millones 201 mil 066 pesos con 65 contratos.

La Secretaria de Salud (SSa), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de  Educación Pública (SEP) fueron las entidades federales que más gastaron en 2015 y 2016, a pesar de los recortes presupuestales que se les han aplicado, según el reporte de Fundar.

Esa organización ha señalado que pese a los avances normativos en materia de transparencia, subsiste la ausencia de rendición de cuentas en el manejo de Publicidad Oficial, que en gran medida se debe a la ausencia de su regulación, y que se agudiza con la omisión legislativa que se discutirá.

La sentencia está en manos del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

De entre las propuestas de este Ministro está la de determinar que los delitos cometidos contra periodistas deban ser resueltos por los jueces federales y no por los del ámbito local, al asegurar que “cualquier definición de periodista debe partir del contexto de inseguridad en el que se ejerce el periodismo en México”.

También instó a fincar responsabilidad contra 14 funcionarios por el caso de la Guardería ABC, se ha pronunciado a favor de las garantías individuales de las personas homosexuales y en contra de las leyes que prohíben el aborto.