Agresiones contra periodistas o medios
Matar al mensajero
Reporte Indigo

1. Jesús Lemus

27 de abril de 2017
La libertad de expresión se observa severamente amenazada en México. En apenas cuatro meses se han registrado cuatro homicidios de periodistas, agresiones a 25, amenazas de muerte contra al menos otros 7 y el autoexilio de dos comunicadores.
De acuerdo a organizaciones internacionales, este saldo se atribuye a la corrupción y la impunidad en las esferas policiales, y a la creciente presencia del crimen organizado.
En su informe “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017: un Mapa del Mundo Cada vez más Sombrío”, publicado ayer por la organización Reporteros Sin Fronteras, se establece que México, es “un caso preocupante”, pues en 15 años descendió del lugar 75 hasta la posición 147, en la lista de los países en donde el ejercicio del periodismo es más seguro.
De acuerdo al informe de esta organización, la más importante en cuanto a la revisión de condiciones para la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en el mundo, este año se apunta, otra vez, como ha sido la constante en los últimos 10 años, como un año violento para la prensa mexicana.
Los cuatro homicidios de periodistas que van a la fecha, así lo presagian.
El autoexilio anunciado por la periodista Patricia Mayorga Ordoñez, corresponsal de la revista Proceso en Chihuahua, se suma al del periodista de Guerrero, Martín Méndez Pineda, reportero del diario Novedades de Acapulco, quien también decidió salir del país, ante la serie de amenazas de muerte vertidas en su contra a causa de su trabajo periodístico.
Patricia Mayorga dejó su natal Chihuahua luego de una serie de amenazas que se presumen provienen de quien o quienes mandaron asesinar a la periodista Miroslava Breach, según confirmó una fuente del Gobierno estatal de Chihuahua, en donde se estableció que la periodista había realizado algunas investigaciones conjuntas con la periodista asesinada el pasado 23 de marzo.
Por su parte, con sus propios medios, Martín Méndez Pineda decidió salir del país el pasado 2 de febrero, luego que elementos de las fuerzas federales, concretamente de la Gendarmería, lo amenazaron de muerte tras una serie de coberturas para el diario Novedades de Acapulco, que daban cuenta de la brutal violencia que se vive en la entidad.
A estos hechos se suman las amenazas de muerte que se han vertido contra otros periodistas, dos del estado de Puebla, dos de Guerrero, uno de Veracruz, uno de Tamaulipas y otro más de Michoacán, quienes denunciaron los hechos ante el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desde donde se les implementaron medidas de protección.
“México sigue gangrenado por la corrupción y la violencia del crimen organizado, muy presentes en ciertos estados de la república: en Veracruz, Michoacán y Tamaulipas, investigar un tema delicado puede poner en peligro a un periodista rápidamente”, concluye el informe dado a conocer por la represente de Reporteros Sin Fronteras en México, Balbina Flores.
La presentación del informe que expone los riesgos de la prensa a nivel mundial, pero que insiste en las condiciones de impunidad en nuestro país, coincide con el primer aniversario de la muerte del periodista Francisco Pacheco Beltrán, asesinado en Guerrero, en cuya investigación no hay avances, y más bien su familia fue obligada al desplazamiento a causa de amenazas con ella.
Asesinatos sin pistas
Igual que el de Francisco Pacheco Beltrán, también se encuentran sin avance en las investigaciones los homicidios de Adrián Rodríguez, en Chihuahua; Aurelio Cabrera Campos, en Puebla; Agustín Pavía, Marcos Hernández Bautista, Salvador Olmos García y Elido Ramos, en Oaxaca; Pedro Tamayo, Manuel Torres González y Anabel Flores, en Veracruz, y Moisés Lutzow, en Tabasco, todos asesinados el año pasado.
Los asesinatos de periodistas registrados en lo que va de este año, mucho menos tienen avances; el caso de Cecilio Pineda, en Guerrero, todavía no apunta ni a las razones por las que fue ejecutado. El homicidio de Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz, cuenta con cinco hipótesis que van desde la riña personal hasta la ejecución del narco.
En el caso del homicidio de Miroslava Breach, se ha intentado esclarecer el asesinato por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en base a un ejecutado que se insiste en señalar como el autor material, partiendo de un mensaje encontrado a un costado del cuerpo de quien en vida era Gabriel Ochoa Cárdenas.
El otro caso empantanado es el del periodista de nota policiaca, Maximino Rodríguez Palacios, del colectivo Pericú, de La Paz, Baja California Sur, en donde las autoridades ministeriales ni siquiera han establecido los posibles móviles del asesinato, el que se registró apenas el pasado 14 de abril, en donde se pretende desvincular el homicidio con su actividad periodística.
Sin dinero, para proteger a periodistas
De acuerdo a datos que obran en el Mecanismo de Protección a Periodistas, de los 25 comunicadores que -en lo que va de este año- han sido objeto de agresiones físicas, y de los siete que cuentan con amenazas de muerte, a solamente cinco de ellos se les ha podido dotar de seguridad personal, el resto cuenta sólo con un “botón de pánico”.
El Mecanismo de Protección a Periodistas, que a la fecha otorga protección a 509 personas, entre periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, no cuenta con fondos suficientes para atender la demanda de los que son agraviados por el ejercicio de sus funciones, reconoce el diputado de Morena, Virgilio Caballero Pedraza, integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.
La razón por la que el mecanismo no cuenta con fondos para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, es porque en el Proyecto de Egresos de la Federación 2017, no se destinaron fondos a esa partida, que es dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Cabe señalar que el Mecanismo de Protección opera con los fondos aportados al fideicomiso que con este fin fue puesto en operación desde el 2012, cuando se aportaron 40.8 millones de pesos. Al inicio de la actual administración el fondo se robusteció hasta llegar a 127. 5 millones de pesos, pero luego se dejó de invertir en la seguridad de los comunicadores.
En el 2014, este mismo fondo bajó a 118 millones de pesos. Para el 2015 se dispuso de solo 102 millones de pesos, monto que descendió en el 2016 a 88.9 millones de pesos. En el 2017 no se destinó recurso alguno a este fideicomiso, por lo que el Mecanismo de Protección ha tenido que trabajar con los fondos remanentes del periodo anterior, los que a la fecha se ubican en menos de 37 millones de pesos.
Ese es el monto total con que hoy cuenta el Mecanismo de Protección para atender las solicitudes de protección y seguridad de los comunicadores y personas defensoras de derechos humanos, mismas que van al alza en lo que va de ese año, con relación al mismo periodo del año pasado, por lo que se estima que los recursos podrían verse totalmente agotados entre septiembre y octubre próximo.
Autocensura, el mejor camino
Otra estadística que revela el estado de la libertad de expresión en México es el que refiere que, de los siete periodistas amenazados de muerte, todos han optado por seguir en el ejercicio periodístico, pero ahora sin tocar temas de corrupción, violencia y narcotráfico, atribuidos como principal causa para el origen de sus amenazas.
Por eso, la organización civil chilena Corporación Latinobarómetro, que se dedica al análisis de estudios de opinión de impacto social, colocó a México, al cierre del primer trimestre del 2017, como el cuarto país en América Latina con mayor autocensura, solo después de Ecuador, el Salvador y Guatemala.
A nivel mundial, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, las condiciones de violencia para los periodistas mexicanos ubican a nuestro país por debajo de naciones como Siria y Afganistán, dos estados que oficialmente se encuentran en guerra civil. Resaltando que, en México, los periodistas “realizan su labor informativa con valor y grandes esfuerzos”, esto a causa del “deterioro constante de la seguridad”.
Y es a causa de la inseguridad que muchos periódicos en todo el país han optado por la autocensura, como ocurre en el estado de Tamaulipas, donde el crimen organizado ha obligado a muchos medios a no publicar la situación real que sucede en las regiones, según lo explicó el periodista Enrique Juárez, del periódico El Mañana de Ciudad Victoria.
Los estados que mayor autocensura registran en sus medios locales de información son Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Oaxaca, en donde decenas de medios han optado por no publicar información relacionada con la presencia del crimen organizado, ni hechos de violencia, a fin de no exponer a sus reporteros a los riesgos de agresiones anónimas.
Impunidad, la constante
En los últimos 10 años, en todo el país se han registrado un total de 79 asesinatos de periodistas, de los que 47 corresponden al periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y 31 a lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, siendo el año más violento el 2016, cuando se documentaron 11 homicidios de comunicadores, casi uno por mes.
El 2017 ya se asoma como uno de los años que podría superar cualquier cifra anterior, pues en menos de cuatro meses ya se han registrado cuatro asesinatos de periodistas, de los que oficialmente no se han esclarecido las causas, mucho menos se ha dado con la detención de los homicidas, tanto materiales como intelectuales.
“La impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra la prensa alimenta un círculo vicioso que se perpetúa”, reconoce la organización Reporteros Sin Fronteras, en donde se toma por ejemplo los últimos cuatro homicidios de este año, en donde no existen avances sustanciales en la investigación para el esclarecimiento de los hechos.
El problema de la impunidad en los crímenes contra los periodistas mexicanos es reconocido de la misma forma por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se señala que, de todos los crímenes cometidos contra comunicadores, del 2000 al 2017, menos del 10 por ciento de los casos ventilados ante tribunales han podido concluir con una sentencia condenatoria que sancione a los responsables.
Los datos de la CNDH indican que, del año 2000 a la fecha, se han registrado 119 homicidios de periodistas, en donde 12 eran mujeres. También se tienen documentados los casos de desaparición de otros 20 comunicadores, de los que 20 son mujeres. Y se han registrado 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.
De todos estos casos, solo 5 de los 50 atentados a instalaciones a medios cuentan con un procesado en prisión, en 10 casos existen procesados por igual número de homicidios, pero en el caso de los desaparecidos no existe ningún avance de las investigaciones que pueda ubicar el paradero de alguno de los comunicadores.
Pero las cifras de la CNDH se quedan cortas frente a las emitidas por la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pues aquí se indica que, de julio del 2010 a diciembre del 2016, de las 798 denuncias que se recibieron en esa instancia, por agresiones a periodistas, solo se tiene registro de dos sentencias condenatorias, es decir el 99.7 por ciento de las agresiones continúan en la impunidad.
De acuerdo a los datos aportados por la FEADLE, a través de una respuesta emitida por la Oficina de Transparencia y Apertura Gubernamental, mediante el oficio PGR/UTAG/00882/2017, los casos de agresiones a periodistas que han sido atraídos por esa dependencia, van al alza; entre los años 2013 al 2016 se atrajeron 48 casos de delitos contra periodistas, en donde los abusos de autoridad fueron los más insistentes.
En el periodo del 2013 al 2015 fueron 14 asuntos de abuso de autoridad, 13 de amenazas, tres de daño a propiedad ajena, ocho por homicidio, tres por lesiones, uno por privación ilegal de la libertad, cuatro por robo, uno por tentativa de robo y otro más por tentativa de homicidio, los que se registraron en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Ponen tierra de por medio
Las condiciones de inseguridad para el ejercicio periodístico en México, no pueden ser mejor evidenciadas que con el autoexilio que se han impuesto ya dos comunicadores: apenas hace dos días, la periodista de Proceso, Patricia Mayorga Ordoñez, decidió radicarse en Estados Unidos para conservar su vida.
En esta decisión la periodista fue auxiliada por el Gobierno estatal de Chihuahua, que ayudó en los trámites de solicitud de exilio al gobierno de Estados Unidos, así como en el operativo para trasladarla de la capital del estado a un sitio en la frontera norte, donde el gobierno norteamericano dio entrada a los trámites de solicitud de exilio.
Patricia Mayorga tomó la decisión del autoexilio, luego de recibir amenazas de muerte de quien o quienes se estima se encuentran detrás del asesinato de la también comunicadora Miroslava Breach. Y es que las dos reporteras realizaron trabajos conjuntos de investigación sobre la presencia de células del narcotráfico entorno a algunos proyectos mineros y de desplazamiento poblacional en la sierra Tarahumara.
El que no corrió con la suerte de contar con el respaldo de su Gobierno estatal fue el periodista Martín Méndez Pineda, quien por sus propios medios salió de Guerrero el pasado 2 de febrero para poner a salvo su vida. Esta decisión la tomó luego de recibir amenazas de muerte por parte de elementos de la Gendarmería destinados a la entidad para el combate a las células del crimen organizado.
Martín Méndez Pineda hizo solo el trayecto desde Guerrero hasta Ciudad Juárez, luego que desde hacía semanas había venido recibiendo amenazas de muerte por parte de ocho elementos de la Gendarmería, a los que señaló de violentar garantías constitucionales de unos detenidos, tras un incidente automovilístico registrado en las inmediaciones de Acapulco.
El periodista de solo 23 años de edad, movido por el instinto de la conservación, se presentó sin mayor compañía en la garita fronteriza de El Paso, Texas, en donde ante funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas solicitó el asilo político bajo el argumento del riesgo que corre su vida en suelo mexicano.
Este caso es acompañado por Reporteros Sin Fronteras, donde se ha dado a conocer que el periodista guerrerense sigue internado, en el centro de detención de El Paso, en donde ya cumple 82 días sin que se resuelva su caso. Martín Méndez Pineda es representado por el abogado Carlos Spector, quien confía en una solución favorable para el comunicador.
 
El asesinato del padre periodista fue el inicio de la tragedia; luego vino la ineptitud de Feadle y CEAV
Sin Embargo
Sandra Rodríguez Nieto
26 de abril de 2017
Un año después del asesinato de Francisco Pacheco Beltrán, el 25 de abril de 2016 en las inmediaciones de su casa en Taxco, Guerrero, la familia de la víctima acusa que no sólo no han habido avances en la investigación del crimen, sino que ha tenido que desplazarse de la entidad por amenazas que han recibido y ante la falta de mecanismos de protección. La hija de Pacheco dijo a SinEmbargo que sólo acumularon un rosario de promesas incumplidas tanto de la Feadle como de las instancias responsables de atender su situación de víctimas.
Hoy, Reporteros Sin Fronteras advirtió del deterioro que ha sufrido México desde 2002, año en que ocupaba el puesto 75 en su ranking de países menos libre para ejercer el periodismo. Ha caído más de 75 puestos en los últimos quince años. Desde que se elaboró el informe de 2016 en México, donde según RSF impera la corrupción y el crimen organizado a nivel local, han sido asesinados diez periodistas, “con una nueva avalancha de asesinatos en marzo de 2017”.
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El testimonio de lo que escribió en las últimas horas de vida sigue disponible en su página electrónica, www.franciscopacheco.mx: “Una noche de terror es la que se vivió en la zona turística del puerto de Acapulco, por las balaceras registradas en varios puntos de la Costera Miguel Alemán luego de que un grupo armado atacó la sede donde se alojan elementos de la Policía Federal”.
Publicado el 25 de abril de 2016, el reporte cerró una carrera periodística de 20 años ejercida en el Estado de Guerrero y que incluyó, por 18 años, la edición del semanario El Foro de Taxco, impreso desde su vivienda.
Esa mañana, alrededor de las seis, Francisco Pacheco Beltrán, de 49 años y también corresponsal de El Sol de Acapulco, volvía de dejar a una de sus hijas en la central de autobuses de esa ciudad cuando, frente a la puerta de su casa y donde tenía su imprenta, alguien le disparó a quemarropa dos ocasiones en el rostro.
Murió de manera automática, convirtiéndose en el cuarto periodista en ser asesinado en México ese año.
El crimen generó de inmediato la solidaridad de sus compañeros en la región, que ese mismo mediodía se manifestaron en el exterior del Servicio Médico Forense en el que estaba el cadáver para exigir justicia y que no hubiera “ni un periodista más asesinado” en México.
“Trabajadores y directivos de la Organización Editorial Mexicana (OEM) condenan estos hechos violentos y exigen a las autoridades que aceleren las investigaciones para encontrar y castigar a los culpables”, expresó un editorial El Sol de Acapulco.
“En los diversos medios donde colaboraba, Pacheco daba cobertura a las fuentes policiaca, política local y de turismo, siendo particularmente crítico de la gestión actual de Omar Jalil Flores, Presidente Municipal de Taxco”, agregó un comunicado de la organización internacional PEN, que también exigió desde entonces se investigara el trabajo periodístico como móvil del crimen.
Un año después, sin embargo, el asesinato no sólo sigue impune y la investigación sin vincularlo con el trabajo periodístico, sino que su viuda y sus tres hijos debieron abandonar el Estado de Guerrero ante hechos de intimidación por parte de personas desconocidas. Y, como en otros casos, de acuerdo con lo expuesto a este medio, acumularon un rosario de promesas incumplidas tanto por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle, dependiente de la Procuraduría General de la República) como por las instancias responsables de atender su situación de víctimas.
“Mi mamá preguntó [al agente del ministerio público de la Feadle] que qué tenían de la investigación y dijo que no tenían nada, que la gente no quiere hablar, que nadie dice nada, que los vecinos no vieron y que no tenían nada, y que iban a regresar en enero (era como el 15 de diciembre) y que nos veíamos para hablar de la investigación. Es abril y no hemos sabido de la Fiscalía”, dice una de las hijas de Pacheco Beltrán, de 25 años, y quien pidió omitir su nombre por motivos de seguridad.
“Y luego de la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dependiente de la Secretaría de Hacienda y que cuenta con recursos económicos para los afectados del delito] ni del Mecanismo [de Protección a Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación], no nos han llamado […]”, agrega la familiar.
El abandono de las instituciones mencionadas hacia el caso de Pacheco Beltrán, denuncia su hija, contrasta con los ofrecimientos hechos en los días posteriores al crimen, cuando hasta Taxco acudieron los titulares tanto de la Feadle, Ricardo Nájera Herrera, como el entonces titular la CEAV, Julio Hernández Barros, para “expresarnos sus condolencias, su apoyo, decir que era un hecho que iban a investigar, que nos iban a dar todas las facilidades; ya sabe: ese acto político, y dijimos que sí”.
Dentro de lo primero que pidieron estuvieron las medidas de seguridad, proporcionadas por la CEAV a través de un oficio a la Policía Federal que asignó una unidad al exterior de la vivienda y escena del crimen.
La vigilancia, sin embargo, resultó insuficiente y, por dos noches, escucharon y observaron la presencia de desconocidos en los alrededores; uno de ellos cortando el cartucho de un arma a un lado de la puerta principal.
“Teníamos ya un número del Mecanismo, y empiezo a marcar al mecanismo, pero nadie me contesta, y nos quedamos como en shock”, dice la familiar entrevistada.
“Llamo al Mecanismo y nada; llamo a la CEAV y me dicen que iban a tratar de contactar a alguien; tenía un correo y le mando un mensaje a esta persona, diciéndole los acontecimientos y que necesitaba seguridad, porque no nos queríamos desplazar, que necesitábamos apoyo; también mandé al Mecanismo unas fotos diciendo que necesitábamos seguridad. Nunca contestaron ni el correo ni el teléfono”, agrega.
Era 4 de mayo de 2016 y el inicio del desplazamiento de los deudos del periodista asesinado. Después de escuchar a las personas armadas, la hija entrevistada decidió avisar a sus dos hermanos, que se encontraban en el Estado de México, para que no volvieran a Guerrero.
Y, el día 7, ella misma recibió en la tienda de abarrotes que tenía la familia –contigua a la imprenta– la advertencia de una persona del sexo masculino: “Dijo que llevaba un recado, que era mejor que nos fuéramos, que dejáramos de buscar, que ‘el que busca encuentra’; fue en cuestión de dos minutos”, dice.
“Yo cerré la tienda; cierro el negocio y me voy a la casa. Le digo a mi mamá lo que pasó y tomamos la decisión de irnos. Era el 7 en la noche, como a las ocho. Avisé al Ministerio Público de la Feadle; le avisé al comisionado Julio (de CEAV), que nosotros nos queríamos desplazar, que el Mecanismo no me contestaba y que no teníamos salarios, y me dice que sí, que nos apoyan con una mudanza, que iban a ver si nos daban seguridad, y que esperara, que me iban a llamar al otro día, pero no llamaron; luego el lunes nadie nos llamó, y lo que hicimos fue contratar una mudanza y tomamos lo necesario, ropa, el refrigerador y algunas cosas de despensa y ya, nos fuimos ese día, el 10 de mayo”, dice.
“QUE SE INVESTIGUE SU TRABAJO PERIODISTICO”
El contacto con el Gobierno federal se mantuvo en los meses siguientes sólo a instancias de la familia, y casi sólo a través del Mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Le notifiqué al comisionado (de CEAV); le mandé un mensaje, y nunca contestó (…) No vuelvo a saber del Ministerio Público hasta diciembre, desde mayo”, denuncia la persona entrevistada.
En agosto, más de tres meses después del crimen, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas escucha finalmente el relato de la familia, ya desplazada, y les asigna botones de pánico, asistencia sicológica y cámaras de seguridad.
“Cuando nos tocó el turno había gente de la Policía Federal, la Feadle, Derechos Humanos, y nos piden que presentemos, y contamos todo esto: que no sabíamos quién había sido, que estábamos solos”, cuenta la entrevistada.
“Dijimos todo esto, y empiezan, ya sabe, a preguntar, que si fue su labor periodística, y decimos que sí, que para nosotros es la principal línea. Y les digo que siento que el Ministerio Público no estaba haciendo su trabajo, que no tenía avances en la investigación, y que, por tanto, decía que hacía como que trabajaba para que el Fiscal fuera y saliera en los medios diciendo que nos apoyaban. Obviamente, se me acercó el fiscal Nájera y me dijo que fuera a ver la investigación, que me daban copia del expediente”, agrega.
Nada volvió a saber de la Feadle sino hasta diciembre pasado, cuando ella llamó para preguntar por las pertenencias de su padre, como su computadora y el teléfono, y el agente asignado al caso, Yarel Bonilla, le confirmó que seguía sin avances y sin establecer una relación entre el crimen y el trabajo periodístico de Pacheco Beltrán.
Para la familia no hay duda de que se debe investigar el trabajo periodístico como probable móvil, sobre todo por la cobertura de temas políticos que, advierten, era el tema de especialización de la víctima.
“Nosotros consideramos que fue una cuestión política, porque su línea de investigación era esa área: el área política. Pero él siempre se documentaba, a través de transparencia, por el área de acceso a la información”, dice la hija.
“Días antes había pedido por transparencia y había sacado unas notas sobre un desvío de recursos; habían aparecido unos espectaculares en Acapulco del Presidente Municipal, donde decía que se habían gastado en esos espectaculares, de cuanto habían gastado. Él sacaba del Ayuntamiento, del Congreso; sí sacaba notas rojas y acudía al lugar de los hechos, tomaba fotografías y editaba, pero su línea periodística más fuerte era esta parte de la política”, agrega.
El sitio electrónico del periódico –cuya publicación fue reanudada por sus hijos– mantiene aún, como su página personal, el contenido del trabajo de la víctima.
“El Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y el de Desarrollo Social, José Antonio Meade, se dieron un baño de pueblo en el anuncio del programa de acciones por un desarrollo social con igualdad”, dice en su última columna en El Foro, titulada “Desesperación federal” y publicada el 12 de abril de 2016.
“¿Por qué Iguala?, en 22 meses el Gobierno federal ha cargado con el reclamo sobre todo desde el exterior para que se esclarezca el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en esa ciudad del norte de Guerrero”, agrega el texto.
Por eso, insiste la familia, “solicitamos que sea su trabajo periodístico su principal línea de investigación”.
Este medio envió solicitudes de información sobre el caso denunciado a la Feadle, la CEAV y el Mecanismo de Gobernación, pero no fueron respondidas.
 
México y Cuba, los países latinoamericanos con peor libertad de prensa
El Sol de México
EFE
26 de abril de 2017
París.- México y Cuba son los dos países latinoamericanos donde está más amenazada la libertad de prensa, según el último informe de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Cuba, en el puesto 173 (el 171 en 2016), es el único país de la “lista negra”, integrada por 21 estados, de esta organización, junto a países como Egipto, Libia, Irán, Yemen, Siria, China y Corea del Norte, donde el deterioro de la libertad de prensa es “muy serio”.
México, Guatemala, Colombia, Venezuela y Honduras están en el grupo calificado como de “situación difícil”.
En este grupo, Guatemala está en el puesto 118 (121 en el informe de 2016), Colombia en el 129 (134), Venezuela en el 137 (139), Honduras en el 140 (137) y México en el 147 (149).
El informe, que habla de un deterioro global de la libertad de prensa incluso en las democracias occidentales, señala también que el país latinoamericano con mayor libertad es Costa Rica, que en el sexto puesto está en el “grupo blanco” (buena situación).
En el caso de México se destaca el deterioro que ha sufrido desde 2002, año en que ocupaba el puesto 75: ha caído más de 75 puestos en los últimos quince años.
Desde que se elaboró el informe de 2016 en México, donde según RSF impera la corrupción y el crimen organizado a nivel local, han sido asesinados diez periodistas, “con una nueva avalancha de asesinatos en marzo de 2017”.
“En los estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, es extremadamente peligroso para los periodistas cubrir noticias sensibles y la impunidad para los crímenes contra los medios alimenta un círculo vicioso que se alimenta año tras año”, dice el análisis.
“En términos del riesgo para los periodistas, México está ahora solo detrás de Siria y Afganistán”, destaca.
En cuanto a Cuba, RSF afirma que es “la perpetuación del régimen comunista estilo soviético la razón por la que es el país más hostil para la libertad de prensa de toda América Latina”.
“El monopolio del Estado y de la información no ha terminado con la muerte de Fidel Castro, que -dice el informe- debe ser recordado no como el padre de la revolución cubana, sino también como uno de los depredadores de la libertad de prensa más importantes del planeta”.
Respecto a otras naciones del continente americano, Uruguay en el puesto 25 (20 el pasado año), Chile en el 33 (31) y Belice en el 41 (36) están en el grupo donde la situación de la libertad de prensa es “satisfactoria”.
Argentina en el puesto 50 (54 en 2016), Haití en el 53 (53), República Dominicana en el 59 (62), El Salvador en el 62 (58), Perú en el 90 (84), Nicaragua en el 92 (75), Panamá en el 96 (91), Brasil en el 103 (104), Ecuador en el 105 (109) y Bolivia en el 107 (97) son los países latinoamericanos del grupo con “problemas perceptibles”.
El informe cita el caso de Chile como uno de los países donde se ha deteriorado la libertad de prensa por perseguir a los filtradores o delatores.
“Aunque la caída de dos puestos es poco espectacular, la adopción de enmiendas legislativas que penalizan las filtraciones en las investigaciones judiciales ha provocado un amplio debate en la sociedad chilena”, señala.
“Las enmiendas pasaron cuando algunos políticos, grandes empresarios y oficiales militares estaban siendo investigados en presuntos casos de corrupción, abuso de autoridad o captación ilegal de fondos de campaña”, dice el informe.
Un total de 180 países están incluidos en el índice sobre la libertad de prensa elaborado por RSF, de acuerdo con unos indicadores que evalúan el pluralismo, la independencia de los medios, el marco legislativo en el que se desenvuelven y la seguridad con la que los periodistas hacen su trabajo.
El peor país del mundo en cuanto a libertad de prensa es Corea del Norte, “que continúa siendo una dictadura propia de la Guerra Fría” y donde “escuchar una emisora de radio de fuera del país puede llevarte a un campo de concentración”.
 
México, tan letal como Siria y Afganistán para periodistas
El Economista
AFP
26 de abril de 2017
La libertad de prensa en el mundo está más amenazada que nunca debido a las informaciones falsas y la retórica antimedios de líderes como Donald Trump, según el informe anual de RSF, que deplora asimismo la grave situación en América Latina y especialmente en México.
La llegada al poder de Trump en Estados Unidos “precipitó la caza de los periodistas”, deploró este miércoles Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Al acusarlos a los periodistas de publicar informaciones falsas, Trump “no solo compromete una larga tradición estadounidense de lucha por la libertad de expresión”, sino que “contribuye a desinhibir los ataques contra la prensa en el mundo”, dijo la organización.
En la era de la posverdad, “nada parece frenar el retroceso en las democracias” y países considerados antaño como “virtuosos” retroceden en la clasificación de RSF, como Estados Unidos (situado en el puesto 43, dos más abajo que en el 2016), Reino Unido (40, -2) y Chile (33, – 2).
Preocupación por Venezuela
En esta lista que abre Noruega y cierra en la posición 180 Corea del Norte, 72 países se hallan en una situación “difícil” o “muy grave”, como China (176) y Cuba (173), donde la muerte de Fidel Castro, “uno de los peores depredadores de la libertad de prensa en el mundo”, no alteró el “monopolio del Estado sobre la información”.
En este grupo, también destacan Rusia (148) México (147), Honduras (140), Venezuela (137), Colombia (129), Guatemala (118) y Paraguay (110).
Aunque México sigue encabezando la lista negra en América Latina, el caso de Venezuela preocupa especialmente a Reporteros Sin Fronteras.
“Estamos muy preocupados (…) Desde hace mucho tiempo, y acompañando ahora la crisis en Venezuela, observamos que hay un control fuerte de la circulación de información por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que no tolera las críticas”, dijo este miércoles el director para América Latina de RSF, Emmanuel Colombié, al presentar el informe anual para la región en Rio de Janeiro.
Colombié denunció que el trabajo de los periodistas en las recientes manifestaciones opositoras, en las que se han reportado una treintena de muertos, se ha vuelto “cada vez más complicado, con arrestos arbitrarios” y también lamentó la expulsión de periodistas extranjeros en el país petrolero.
México, el más peligroso después de Siria y Afganistán
RSF incide un año más en México, donde diez periodistas fueron asesinados en 2016, siendo un país “gangrenado por la corrupción y la violencia del crimen organizado, especialmente a nivel local”.
En términos de riesgo para la vida de los periodistas, la organización recordó que México se situó en 2016 solo por detrás de Siria (177) y Afganistán (120) y remarcó que la situación no parece mejorar este 2017, donde sólo en el último mes y medio ya se han registrado cuatro muertos.
Los asesinatos han tenido lugar en el estado de Veracruz (este), la zona más peligrosa de América para ejercer la profesión, pero también en Guerrero (sur) y los estados norteños de Chihuahua y Baja California Sur.
El cambio de gobiernos en Veracruz, Chihuahua y Baja California Sur ha hecho que “los cárteles de la droga reacomoden sus fuerzas y es donde recientemente han sido asesinados periodistas”, estimó la representante en México de RSF, Balbina Flores.
Brasil, el segundo país más mortífero para los periodistas en América Latina, registró el año pasado el asesinato de tres periodistas por su ejercicio periodístico y de otros cuatro presuntamente por la misma razón.
Preocupan a RSF la violencia policial contra comunicadores en manifestaciones del gigante latinoamericano y las “amenazas” a comunicadores populares en las favelas.
– Nicaragua se desploma, Colombia mejora
La organización destacó que la mayor caída en esta lista la registró Nicaragua (92, – 17), donde la reelección del presidente Daniel Ortega se caracterizó por “múltiples casos de censura, intimidación, acoso y detenciones arbitrarias”, según el informe.
En medio de este retroceso que afectó a seis de cada diez países, RSF se congratula de la mejora “esperanzadora” en Colombia (129, +5) atribuida a los acuerdos de paz para poner fin al conflicto armado, “fuente de censura y de violencia contra la prensa”. Además, en 2016, por primera vez en siete años, no fue asesinado ningún periodista.
En el mismo grupo, la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, se halla en el puesto 155 y se ha convertido “en la mayor prisión del mundo”, según RSF.
NOTICIA: 48 periodistas han muerto por su trabajo este año
Un total de 59 países se hallan en una situación sensible y solo hay 49 en unas condiciones “buenas o más bien buenas”, entre estos Costa Rica (6) y España (29, +5).
Por regiones, la libertad de prensa empeoró en todas desde el 2013. La más difícil y peligrosa para los periodistas sigue siendo Oriente Medio y el norte de África, seguida de Europa del Este y Asia Central, Asia-Pacífico, África, América y Europa Occidental.
 
Diagnósticos sobre libertad de expresión
Libertad de prensa en el mundo retrocede: Reporteros sin Fronteras
El Informador
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26 de abril de 2017
La libertad de prensa se encuentra en retroceso en todo el mundo, amenazada por la llegada de “hombres fuertes” al poder y por el declive de las democracias, alertó el grupo civil Reporteros sin Fronteras (RSF).
De acuerdo con el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2017, los ataques a los medios de comunicación se han convertido en un lugar común y la elección de “hombres fuertes” va en aumento.
Estas tendencias marcan el arribo de “la era de la posverdad, la propaganda y la supresión de las libertades, especialmente en las democracias”.
El informe destacó además que la obsesión por la vigilancia y las violaciones del derecho a la confidencialidad de las fuentes han contribuido al declive continuo de muchos países antes considerados ejemplares.
En los cinco años en que RSF ha publicado su índice, la libertad de prensa nunca había estado tan amenazada. Desde 2012, el índice ha registrado un deterioro de 14 por ciento.
En el presente índice, que mide las condiciones de libertad de prensa en el mundo en 2016, la situación se agravó en cerca de dos tercios (62.2 por ciento) de los países incluidos en la lista.
Mientras que el número de Estados en los que la situación de los medios de comunicación se considera “buena” o “mejor” disminuyó 2.3 por ciento.
“Actualmente estamos presenciando una alarmante disminución de la libertad de prensa, no sólo en Estados Unidos, como ha sido la tendencia en los últimos años, sino también en Canadá”, consideró la directora de RSF en América del Norte, Delphine Halgand.
Halgan explicó que las fuentes de los periodistas están cada vez más amenazadas, además de que algunos comunicadores enfrentan amenazas de cárcel por cubrir protestas. Asimismo, lamentó que los ataques verbales contra los periodistas vienen de algunos de los más altos cargos en el gobierno.
El Índice Mundial de Libertad de Prensa, publicado anualmente por RSF desde 2002, mide el nivel de libertad de prensa en 180 países, incluido el nivel de pluralismo, la independencia de los medios y el respeto a la seguridad y la libertad de los periodistas.
El primer lugar en el índice lo ocupó Noruega, seguido de Suecia y de Finlandia. En el otro extremo de la clasificación se encuentra Corea del Norte y apenas por encima de este régimen se ubica Eritrea, en el sirio 179.
“El régimen norcoreano sigue manteniendo a la población en la ignorancia y el terror. Por el simple hecho de escuchar una radio ubicada en el extranjero, un ciudadano puede ser enviado a un campo de concentración”, de acuerdo con RSF.
Entre los últimos de la lista también se encuentran Turkmenistán (178), una de las dictaduras más cerradas del mundo, en la que la represión de los periodistas no deja de intensificarse; y Siria (177), sumergido en una guerra interminable, que sigue siendo el país más mortífero para los comunicadores.
México, por su parte, ocupó la posición 147 en el índice, o dos lugares por encima del sitio referente al año 2015.
 
México y Cuba son los países con peor libertad para periodistas en AL: RSF; 31 asesinatos con EPN, dice Art 19
Sin Embargo
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26 de abril de 2017
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo/EFE).- Dos informes revelan la crisis de libertad de expresión por las que atraviesa México. En el primero, de Reporteros Sin Fronteras (RSF), se señaló al país a la cabeza de la lista donde la libertad de prensa es amenazada; mientras que Artículo 19, reveló que en lo que va de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, 31 periodistas han sido asesinados. Tan sólo este año suman cinco ejecuciones.
De acuerdo RSF, Cuba se ubicó en el puesto 173 (el 171 en 2016), es el único país de la “lista negra”, integrada por 21 estados, de esta organización, junto a países como Egipto, Libia, Irán, Yemen, Siria, China y Corea del Norte, donde el deterioro de la libertad de prensa es “muy serio”.
México, Guatemala, Colombia, Venezuela y Honduras están en el grupo calificado como de “situación difícil”.
En este grupo, Guatemala está en el puesto 118 (121 en el informe de 2016), Colombia en el 129 (134), Venezuela en el 137 (139), Honduras en el 140 (137) y México en el 147 (149).
El informe, que habla de un deterioro global de la libertad de prensa incluso en las democracias occidentales, señaló también que el país latinoamericano con mayor libertad es Costa Rica, que en el sexto puesto está en el “grupo blanco” (buena situación).
En el caso de México se destacó el deterioro que ha sufrido desde 2002, año en que ocupaba el puesto 75: ha caído más de 75 puestos en los últimos quince años.
Desde que se elaboró el informe de 2016 en México, donde según RSF impera la corrupción y el crimen organizado a nivel local, han sido asesinados diez periodistas, “con una nueva avalancha de asesinatos en marzo de 2017”.
“En los estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, es extremadamente peligroso para los periodistas cubrir noticias sensibles y la impunidad para los crímenes contra los medios alimenta un círculo vicioso que se alimenta año tras año”, dice el análisis.
“En términos del riesgo para los periodistas, México está ahora solo detrás de Siria y Afganistán”, destacó.
En cuanto a Cuba, RSF afirma que es “la perpetuación del régimen comunista estilo soviético la razón por la que es el país más hostil para la libertad de prensa de toda América Latina”.
“El monopolio del Estado y de la información no ha terminado con la muerte de Fidel Castro, que -dice el informe- debe ser recordado no como el padre de la revolución cubana, sino también como uno de los depredadores de la libertad de prensa más importantes del planeta”.
Respecto a otras naciones del continente americano, Uruguay en el puesto 25 (20 el pasado año), Chile en el 33 (31) y Belice en el 41 (36) están en el grupo donde la situación de la libertad de prensa es “satisfactoria”.
Argentina en el puesto 50 (54 en 2016), Haití en el 53 (53), República Dominicana en el 59 (62), El Salvador en el 62 (58), Perú en el 90 (84), Nicaragua en el 92 (75), Panamá en el 96 (91), Brasil en el 103 (104), Ecuador en el 105 (109) y Bolivia en el 107 (97) son los países latinoamericanos del grupo con “problemas perceptibles”.
El informe cita el caso de Chile como uno de los países donde se ha deteriorado la libertad de prensa por perseguir a los filtradores o delatores.
“Aunque la caída de dos puestos es poco espectacular, la adopción de enmiendas legislativas que penalizan las filtraciones en las investigaciones judiciales ha provocado un amplio debate en la sociedad chilena”, señala.
“Las enmiendas pasaron cuando algunos políticos, grandes empresarios y oficiales militares estaban siendo investigados en presuntos casos de corrupción, abuso de autoridad o captación ilegal de fondos de campaña”, dijo el informe.
Un total de 180 países están incluidos en el índice sobre la libertad de prensa elaborado por RSF, de acuerdo con unos indicadores que evalúan el pluralismo, la independencia de los medios, el marco legislativo en el que se desenvuelven y la seguridad con la que los periodistas hacen su trabajo.
El peor país del mundo en cuanto a libertad de prensa es Corea del Norte, “que continúa siendo una dictadura propia de la Guerra Fría” y donde “escuchar una emisora de radio de fuera del país puede llevarte a un campo de concentración”.
31 PERIODISTAS ASESINADOS CON EPN
El recuento de la organización internacional Artículo 19 arrojó 104 periodistas asesinados en México desde el año 2000 a la fecha. Dicha cifra, advirtió “resulta alarmante para la labor periodística en México”.
De acuerdo con datos de la organización, durante este sexenio priista, Oaxaca es el estado que lidera el acoso a periodistas con ocho muertes, seguido por Veracruz con siete asesinatos.
Sin embargo, Veracruz enciende los focos rojos. Tan sólo en el gobierno del recién capturado ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, de 2010 al 30 de noviembre de 2016, 17 periodistas fueron asesinados. Lo anterior convierte al estado en el más letal para los comunicadores acumulando 22 homicidios.
Del total de estos asesinatos, 96 fueron hombres y ocho mujeres.
CINCO ESTE AÑO
Máximo Rodríguez Palacios fue asesinado el día 15 de abril a las 11:50 horas mientras estacionaba su automóvil fuera de un centro comercial en La Paz, Baja California Sur, cuando fue abordado por sujetos que llegaron dentro de una pick up color blanco y le dispararon, mientras se contaba en compañía de su esposa quien resultó ilesa en el acto.
Artículo 19 señaló que en la documentación se encontró información sobre amenazas previas que había recibido Maximino Rodríguez. “Primero, a través de una entrevista que le realizó el medio CULCO Cultura y Comunicación BCS, publicada el 6 de diciembre de 2016, en la que a pregunta expresa el reportero respondió [que] ‘sí me hablaron por teléfono que ya le pare, que no lo haga, que va a cargar… cosas así’”.
En otro hecho reciente, derivado de su columna “Es mi opinión”, con fecha del 11 de abril de este año y en la que abordó información sobre una “célula criminal” llamada “Los Colores”– incluso, Ramírez señala el nombre de la persona que la dirige– y menciona dos ejecuciones recientes cometidas contra elementos de las policías ministerial y estatal, se lee en uno de los comentarios de ese mismo día a un usuario con el nombre “Pájaro Inquieto” que expresa: “cuidado putito periodista vendido chayote ro corruptos ya están matando agentes ministeriales, policías estatales Lic. Del m.p. Ahora no más faltan que empiecen a matar periodista chayoteros corruptos que agarran bando pinche max aguas [sic.]”.
JUAN JOSÉ ROLDÁN EN TLAXCALA
El pasado domingo fue hallado el cuerpo del comunicador y activista Juan José Roldán en un lote baldío del municipio de Calpulalpan, en Tlaxcala.
Su cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que se cree que fue ultimado a golpes.
Roldán, de 36 años de edad, era defensor de los animales y de la diversidad sexual. Hace unos años colaboró en una televisora local y actualmente realizaba trabajos freelance para diferentes medios.
Hasta el momento se desconoce si el joven comunicador habría recibido amenazas con anterioridad. Las autoridades federales no han atraído el caso.
MIROSLAVA BREACH EN CHIAHUAHUA
La periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal del periódico La Jornada y de Norte de Juárez, fue asesinada la mañana del 23 de marzo frente a su domicilio en la colonia Granjas de la ciudad de Chihuahua.
El Gobierno de Chihuahua precisó que el reporte de los hechos violentos se recibió a las 07:07 horas. La corresponsal fue atacada cuando salía de su vivienda a bordo de su camioneta, en donde quedó su cuerpo con cuatro impactos de bala en la cabeza.
Al parecer iba a llevar a un hijo a la escuela cuando fue alcanzada por criminales.
El asesinato de la reconocida periodista chihuahuense causó una gran conmoción en la entidad.
Breach trabajó para diferentes medios de comunicación nacionales y estatales, entre ellos La Jornada, El Norte y El Diario de Chihuahua. Recientemente había lanzado una agencia de noticias local.
RICARDO MONLUÍ EN VERACRUZ
El periodista de los diarios El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa, Ricardo Monluí Cabrera, fue asesinado a balazos el pasado 19 de marzo en el centro de la cabecera municipal de Yanga, Veracruz, cuando salía de una fonda acompañado de su familia y pretendían abordar su automóvil.
La esposa, hijo y un nieto del comunicador resultaron ilesos y pidieron auxilio.
Los hechos​ se suscitaron alrededor de las 10:30 horas en la avenida 2, entre calles 3 y 5, de la colonia Progreso, donde la víctima fue interceptada por un sujeto que le disparó a quemarropa, dándole al menos dos balazos en la cabeza, para luego huir.
Ricardo Monluí Cabrera es el primer periodista asesinado en el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Durante el gobierno del anterior Gobernador, Javier Duarte de Ochoa, 18 periodistas fueron asesinados, tres de ellos en 2016.
CECILIO PINEDA EN GUERRERO
El periodista Cecilio Pineda Birto fue asesinado el 2 de marzo, confirmó Roberto Álvarez Heredia, vocero de Grupo de Coordinación Guerrero en su cuenta de Twitter.
Pineda Birto se desempeñaba como reportero del periódico El Debate de los Calentanos y en sus notas denunciaba los vínculos de alcaldes de la región de Tierra Caliente con grupos de la delincuencia organizada.
El periodista también colaboró en medio como La Voz del Sur, El Universal y La Jornada Guerrero.
Pineda Birto fue ultimado por un grupo de hombres armados mientras estaba a la espera de que lavaran su camioneta Honda, en un autolavado del municipio de Pungarabato, en la región de Tierra Caliente.
Hombres con armas de alto calibre pasaron abordo de motocicletas y dispararon contra el reportero, quien de inmediato fue trasladado por paramédicos a los servicios de emergencia, sin embargo, al llegar ya había fallecido.
LA AMENAZA CONTRA ZETA
El semanario Zeta tuvo conocimiento de amenazas en su contra por parte de José Roque García, integrante del Cártel de los Arellano Félix el miércoles 5 de abril de 2017.
El medio reportó este hecho hasta el día viernes 7 de abril a través de una nota publicada en su portal. Detalló la trayectoria de José Roque García, presunto integrante del Cártel de los Arellano Félix y la información filtrada que les permitió enterarse de la intención de “acabar con el Semanario ZETA poniendo una bomba en el edificio o cerca del mismo y hacerlo explotar.”
La amenaza de Roque García, según información proporcionada por fuentes al semanario, se enmarca en un plan más amplio para demostrar capacidad operativa y recuperar la ciudad de Tijuana de manos del Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Esta no es la primera ocasión en que personal de Zeta recibe presión por su labor periodística. En noviembre de 2016 el semanario tuvo conocimiento de amenazas por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación debido a la publicación de una portada donde aparecían varios de sus presuntos integrantes.