Entregan a IFT plan para escindir Telmex
Reuters
26 de abril de 2017
América Móvil presentó al IFT su propuesta para implementar la separación de Telmex y esperará que se apruebe en los próximos dos meses.
América Móvil presentó al IFT una propuesta para escindir parte de su infraestructura de línea fija y aguardará su aprobación en los próximos dos meses, dijo el miércoles un ejecutivo de la firma.
La firma de Carlos Slim, sujeta a una regulación más estricta tras ser declarada dominante, tenía un plazo de 65 días hábiles a partir de su notificación el 8 de marzo para presentar el plan para hacer independiente a su unidad Telmex y así permitir a sus competidores el acceso a su infraestructura.
“El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ya está estudiando nuestra propuesta y tiene de 65 a 70 días para responder”, comentó Daniel Hajj, director general de la compañía, en una conferencia con analistas sobre sus resultados del primer trimestre.
La empresa tendrá hasta dos años para implementar la separación de Telmex -que ofrece telefonía fija e internet- una vez que defina totalmente el plan en conjunto con la autoridad.
Las acciones de América Móvil subían un 2.68 por ciento, a 14.55 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, tras reportar el martes sólidos resultados para el periodo enero-marzo de este año.
 
Avalan en comisiones reforma que elimina facultades al Ifetel
La Jornada
Enrique Méndez / Roberto Garduño
26 de abril de 2017
La Cámara de Diputados se dispone a aprobar una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión que extinguirá las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) en materia de derechos de audiencias, y permitirá a los concesionarios de radio y televisión presentar la información política como simple publicidad.
El dictamen, que modificará 10 artículos de dicha norma, fue aprobado en la Comisión de Radio y Televisión por PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza. Ese grupo de trabajo envió el documento a la mesa directiva de San Lázaro para darle trámite aprobatorio en lo que resta de la presente semana.
El texto es producto de las iniciativas presentadas por el panista Federico Döring y del coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. El segundo solicitó el retiro de su propuesta; no obstante, la comisión retomó de ella argumentos para elaborar el documento en cuestión.
Federico Döring también fue autor de la polémica iniciativa que en 2007 se aprobó en San Lázaro. En aquel episodio, 257 diputados de PRI y PAN aprobaron, en sólo siete minutos, lo que a la postre resultó en la llamada Ley Televisa, que otorgó enorme poder de concentración a esa empresa y al resto de los medios de comunicación electrónicos.
El documento, que será respaldado otra vez por PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social, se publicó ayer en la Gaceta Parlamentaria en proceso de declaratoria de publicidad.
Elimina facultades del Ifetel en materia de derecho de las audiencias, favoreciendo a los concesionarios privados, quienes además contarán con la opción de autorregularse y actuar a libre albedrío en materia de contenidos de índole político, sobre todo en temporada de elecciones (tanto locales como federales).
La polémica que ha generado se manifestó también en diciembre pasado, al expedirse los lineamientos generales para la defensa de las audiencias, cuando éstos ya existían en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y ya facultaban al Ifetel para dictar criterios y regulaciones en la materia.
Hace cuatro meses, las regulaciones citadas recibieron el respaldo de organizaciones sociales, no así de los propietarios de radio y televisión, quienes emprendieron por medio de sus empleados una campaña contra la decisión del Congreso. Así forzaron a la Presidencia de la República a interponer, junto con el PVEM y la mesa directiva del Senado, controversias constitucionales por la supuesta ilegalidad de los lineamientos aprobados en diciembre.
Ahora, esta iniciativa –que espera ser aprobada en el salón de plenos– corta posibilidad a los ciudadanos en materia de libertad de expresión y protege a los empresarios para autorregularse en la materia.
En el fondo se borra la diferencia entre opinión e información noticiosa en los medios de comunicación electrónica, como ocurrió desde la pasada elección presidencial.
La bancada de Morena en San Lázaro reprochó tal medida porque atenta contra los derechos de las audiencias, señalaron los diputados Virgilio Caballero y Ángel de la Piedra.
Es una confabulación del poder político y empresarial que atenta contra la libertad de expresión y alienta vergonzantes actos de impunidad al aire en los medios.
 
Contra las audiencias y el regulador
Homo Zapping
Aleida Calleja
26 de abril de 2017
La disputa por los derechos de las audiencias continúa, como le comentaba en mis colaboraciones anteriores además de la Consejería Jurídica y la Cámara de Senadores en este mes de abril se unió la Cámara de Diputados para tratar de derogarlos y minar las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para tutelarlos.
Diversas organizaciones sociales defensoras de estos derechos como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, A Favor de lo Mejor, Redes, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, entre otras, y personas expertas de la talla de Clara Luz Álvarez, Gabriel Sosa Plata, Irene Levy, Jenaro Villamil, Raúl Trejo Delarbre y otras más, han dado argumentos más que sólidos en contra del Dictamen aprobado en la Cámara baja por la Comisión de Radio y Televisión para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que darían al traste no solamente contra las disposiciones que protegen a las audiencias, sino contra la noción misma de servicio público en la que esta catalogada el servicio de radiodifusión.
Ante la ola de protestas la semana pasada la diputada federal Lía Limón del Partido Verde Ecologista de México y presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, propuso una adenda al dictamen aprobado para que el IFT siga manteniendo la atribución de ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones de radio y televisión cuando se afecten los derechos de las audiencias infantiles, sin que se pueda aplicar a programas informativos, sin embargo el resto del dictamen se mantiene intacto en sus principales puntos que incluso son anticonstitucionales como derogar la prohibición concreta de transmitir publicidad o propaganda como si fuera información periodística, por cuanto configura un claro engaño a las audiencias.
A esta intentona de contrarreforma a la LFTR se ha unido la voz del senador Francisco Búrquez del Partido Acción Nacional con argumentos más que lamentables comparando la protección de los derechos de las audiencias al modelo ¡venezolano! Ignorante de lo que significa la protección en clave de derechos humanos que implica un diseño institucional y legal para evitar que particulares violen los derechos de terceros, en su lógica no importan las posibles afectaciones a sectores vulnerables como la niñez o el engaño a las audiencias, asumiendo que la libertad de expresión es absoluta, cuando es claro que tiene límites cuando afecta los derechos de terceros. Aplaude que se conculquen las facultades al IFT para regular en este terreno, lo que hace suponer que opta por que sea la Secretaría de Gobernación quien lo realice, o sea que prefiere que sea una instancia dependiente del Ejecutivo quien lo haga… precisamente como el modelo venezolano.
Otra pifia de este senador es pretender que desaparezcan los medios de uso público, definidos por organismos internacionales de derechos humanos como indispensables para fomentar el pluralismo y la diversidad mediática, y como parte de las responsabilidades estatales para fortalecer la libertad de expresión, la cultura, la educación, entre otros objetivos. No cabe duda que este legislador esta más perdido que un gato regalado en el metro de Tokio a la hora pico.
Queda muy poco tiempo para que termine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, todo parece indicar que esta perniciosa iniciativa bautizada como la #LeyTelevisaDöring no se aprobará, pero ante los albazos legislativos habrá que ver que pasa, pues esa comisión ha optado por la opacidad y los acuerdos en lo oscurito desoyendo la demanda ciudadana de tener un debate abierto de cara a la sociedad.
Lo cierto es que tanto el poder ejecutivo como el congreso han realizado una serie de acciones tendientes a debilitar al órgano regulador que ellos mismos propusieron y aprobaron crear y que hasta el momento es un modelo en América Latina no solamente por contar con autonomía constitucional, sino porque también es un regulador convergente.
Pero la apuesta al desgaste del IFT, que además nada se defiende, también viene por otros lados, hay que ver la reciente ratificación del Senado de la propuesta del Presidente de la república para nombrar al comisionado que sustituirá a Ernesto Estrada que terminó su periodo en febrero de este año. De la lista de las personas con mejores calificaciones en el examen había perfiles experimentados, sin embargo para sorpresa de muchos, incluyendo gente al interior del IFT, a quién se escogió fue al Ingeniero Arturo Robles Rovalo que era Director General Adjunto de Investigación en Prospectiva en el Instituto y que cuenta con una trayectoria mucho menos meritoria que otros que también pasaron el examen con las más altas calificaciones.
A pesar que el proceso diseñado desde la Constitución para integrar al regulador intentó evitar la discrecionalidad y dotarlo de mayor transparencia, lo cierto es que la práctica no logra ese objetivo, públicamente no se sabe qué calificación en específico tuvieron las personas que integran las listas, como tampoco los criterios y parámetros objetivos para dictaminar los méritos de las propuestas más allá de la comparecencia pública. Tampoco es pública qué información le proporciona el Ejecutivo al Senado cuando le envía su propuesta seleccionada, si le da el expediente completo, evaluación u otros criterios orientadores. Ni el Poder Ejecutivo ni las Comisiones del Senado tomaron una decisión basada en méritos, y ante igualdad de méritos y credenciales, tampoco promovieron la equidad de género en el Pleno del IFT.
Coincido con Irene Levy en que este tipo de prácticas desincentiva la participación de expertos con méritos y trayectoria para participar en este tipo de procesos, esperemos que el Ingeniero Robles tenga una actuación destacada que nos obligue a decir que nos equivocamos.
Presidencia del Pleno
Otro punto en el que habrá que estar atentos es en la próxima designación de la presidencia del Pleno del IFT que deberá de cambiar en septiembre de este año. El nombramiento tiene que hacerlo el Senado por mayoría calificada y debería de ser bajo un proceso objetivo, competitivo, transparente, con equidad de género y basado en capacidades y habilidades de liderazgo, visión, innovación, negociación, independencia real del poder público y de los poderes fácticos y lejanía de aspiraciones políticas a corto plazo ¿ o veremos nuevamente repartos de cuotas partidistas o de intereses de grupo como ha sucedido hasta el momento en otras tantas designaciones?