Activista pide al Itei determinar si la CEDHJ violó la Ley de Transparencia

Luego de que durante el cuarto informe del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) se le negará la entrada, el académico y activista en derechos humanos, Jaime Hernández Ortiz interpuso un recurso de investigación ante el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei), por considerar que se violaron los artículos 55 y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), “al cerrar e impedir al público el acceso al informe anual de actividades de forma discrecional y arbitraria, conculcando con ello el derecho a la información de la ciudadanía”.

La solicitud de investigación, de la cual La Jornada Jalisco posee una copia, se interpuso contra el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, el secretario Ejecutivo del mismo, Rodolfo Armando Casanova Valle, y demás funcionarios que resulten responsables por violar dichos artículos, al permitir el paso de manera selectiva y a discreción, “hecho discriminatorio e ilegal”.

El derecho a la información

La Calle

Luis González de Alba

Los ciudadanos, por definición, somos mayores de edad. También de edad mental. De todos los derechos cancelados por la reforma de 2007, el más importante me parece el derecho de todo votante a saber no sólo por quién votar, sino por quien no votar. Y eso no lo va decir el partido ni el candidato impugnables, sino sus opositores. Muchos han citado hasta la náusea los ejemplos absurdos, pero a la Suprema Corte no le parece que lo sean porque no ha concedido un amparo que busca restituir derechos que no deberían ser motivo siquiera de discusión.

 

Televisa ampliaría inversión en cableras

Angelina Mejía Guerrero

La decisión de Televisa de aumentar su participación de 58.3% a 100% en Cablemás, representa el primer paso de la televisora para hacer lo mismo en TVI, de Monterrey y en Cablevisión, e incluso podría llegar a adquirir a Megacable, según un reporte de Banamex Casa de Bolsa.

Por la operación en Cablemás pagará 4 mil 700 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones podrían pagarse con la emisión de hasta 25 millones de acciones CPO de Televisa, explicó la firma.

“Consideramos que la adquisición representa el primer paso de Televisa para comprar las participaciones restantes en los otros dos negocios de cable (Cablevisión, del que Televisa posee el 51%; y TVI, del que posee el 50%) por otros 500 millones de dólares”, estimó la institución financiera.

 

Detectan en IFE contrato irregular para monitoreo

La Contraloría General del Instituto Federal Electoral (IFE) determinó que Grupo Tecno, empresa que ganó una licitación por casi 26 millones de dólares para trabajos de monitoreo, fue favorecida por un dictamen técnico que omitió diversos incumplimientos y errores que representaban causales de desechamiento.

En la fiscalización no fueron localizados 300 servidores de respaldo entregados por el proveedor y pagados por el IFE a razón de 1.2 millones de dólares equivalentes a 18.2 millones de pesos al tipo de cambio de la fecha de factura. “El dictamen técnico que sirvió de base para la adjudicación de la licitación pública internacional No. 001000001- 019/2008 omitió señalar diversos incumplimientos en que incurrió la empresa ganadora, los cuales representaban causales de desechamiento”, indica el informe de la Contraloría del IFE del 28 de febrero, cuya copia tiene EL UNIVERSAL

Obliga IFAI a la PF a dar información

La Policía Federal (PF) deberá transparentar —en versiones públicas— las facturas y los pedimentos de importación de los helicópteros con los que cuenta, así como la documentación de entrega de los tres Black Hawk que han sido otorgados mediante la Iniciativa Mérida.

Así lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), después de que un ciudadano pidió esta información, por lo que la dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública federal está obligada a informar el monto global erogado por cada tipo de helicóptero, acompañado de una descripción genérica, protegiendo así la información de la cantidad de unidades adquiridas y sus números de serie .

La PF había rechazado entregar la información y la reservó argumentando que su difusión pondría en riesgo las tareas de prevención, disuasión, investigación e inteligencia, inclusive aquellas encaminadas a tomar las decisiones para combatir y desarticular a la delincuencia organizada.